Delegados cruzan el puente de acceso al centro de convenciones de Durban donde se celebró la cumbre climática Crédito: Zukiswa Zimela/IPS

DURBAN, Sudáfrica, 12 dic (Tierramérica) – El mundo se encamina a un peligroso calentamiento planetario. Pero cuando la decimoséptima cumbre climática concluía en Sudáfrica este domingo 11, los gobiernos aceptaron discutir un nuevo tratado global para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tras dos semanas de intensas y amargas discusiones, a las que se adicionaron otras 29 horas, los 193 países partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) acordaron un complejo conjunto de documentos técnicos titulado Plataforma de Durban, por la oriental ciudad sudafricana donde se celebró la conferencia.

Los textos incluyen la continuidad del Protocolo de Kyoto, único tratado mundial obligatorio para reducir los gases invernadero, la estructura formal del Fondo Verde para el Clima y nuevos mecanismos de mercado, entre otros asuntos.

Pero el punto medular, logrado en el amanecer del domingo, fue el acuerdo de todos los gobiernos de que debe negociarse un nuevo tratado mundial para abatir las emisiones para 2015. Aunque esto pueda parecer la simple decisión de celebrar más reuniones, esta es la primera vez que todas las naciones aceptan ser gobernadas por un régimen específico en el marco de la CMNUCC.

De momento, las promesas voluntarias de recorte de emisiones formuladas en 2009 por los países industriales, China, Brasil, Sudáfrica, India y otros en el marco del Acuerdo de Copenhague, garantizan que la temperatura media del planeta se elevará 3,5 grados centígrados respecto de la era preindustrial, indica la ciencia climática.

Incluso algunos análisis afirman que la temperatura subiría más, entre cuatro y cinco grados, lo que pondría en peligro la supervivencia de la especie humana.

Pese a las declaraciones políticas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo cierto es que las naciones en desarrollo han prometido reducciones mayores que el mundo industrial que es responsable de 75 por ciento de todas las emisiones humanas causantes del calentamiento.

“Aún no hay nuevas promesas sobre la mesa, y lo aceptado en Durban en cuanto a elevar las ambiciones y los recortes es incierto en cuanto a su resultado”, dijo Bill Hare, director de Climate Analytics, un grupo asesor sin fines de lucro con sede en Alemania.

La presidenta de la 17 Conferencia de las Partes (COP 17) de la CMNUCC, la sudafricana Maite Nkoana-Mashabane, fue una de las rogaron a los gobiernos hacer a un lado sus intereses “por el bien superior del planeta y de sus pueblos”.

Países ricos como Estados Unidos, Canadá y Arabia Saudita bloquearon las conversaciones en muchos frentes, para frustración y amargura de los países más pequeños y desfavorecidos.

“La triste noticia es que los saboteadores conducidos por Estados Unidos se anotaron el éxito de incluir una cláusula de escape que podría impedir fácilmente que el próximo gran tratado climático sea legalmente vinculante”, dijo el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo.

Incluso si en 2015 se aprueba un estricto tratado legalmente vinculante, deberá ser ratificado por los gobiernos para entrar en vigor. El Protocolo de Kyoto se adoptó en 1997, pero no entró en vigor hasta 2005.

Esperar hasta 2020 para efectuar drásticas reducciones de la contaminación obligará a ir mucho más a fondo, con mayores costos, para mantener la esperanza de que la temperatura global no suba más de dos grados, dijo Hare a Tierramérica.

“La aspiración colectiva de reducción de emisiones debe elevarse muy pronto y de manera sustancial”, advirtió Alden Meyer, director de estrategia y política de la estadounidense Unión de Científicos Preocupados.

Varios estudios sostienen que las emisiones mundiales de gases invernadero deberían alcanzar su punto más alto entre 2015 y 2020 y luego declinar, si se busca una posibilidad razonable de controlar la temperatura a un costo alcanzable. Si el pico y la declinación se producen más tarde, los costos y los riesgos se dispararán.

“Los discursos contundentes y las cuidadas elecciones del lenguaje no pueden alterar las leyes de la física. La atmósfera responde solo a una cosa, las emisiones”, dijo Meyer.

Está claro que en las dos semanas pasadas los gobiernos escucharon a las corporaciones contaminantes y no a sus pueblos, sostuvo Naidoo en un comunicado.

La Plataforma de Durban incluye un segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto que debería comenzar en enero de 2013 para evitar una brecha tras el fin del primer plazo, en diciembre de 2012. Su duración y alcance serán discutidos en la COP 18 que se llevará a cabo en Qatar.

Los países en desarrollo insistieron en esta condición, pese a que el Protocolo solo obliga a pequeñas reducciones de los países industriales europeos, Canadá, Australia, Japón y unos pocos más.

Estados Unidos permanece fuera del Protocolo de Kyoto, y Canadá ignoró sus obligaciones y elevó las emisiones y ahora, junto con Japón y Rusia, afirma que no se sumará a un segundo período de compromisos.

La continuidad de Kyoto es “significativa”, dijo la secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres. Los países partes deben presentar sus ofertas de reducción para mayo de 2012.

Pero no hay una adopción formal del segundo período en el texto actual de los documentos, dijo Pablo Solón, exjefe de la delegación de Bolivia ante la Convención. “La decisión real se pospuso hasta la próxima COP”, y el Protocolo sigue “en terapia intensiva”, aseveró.

El único progreso del Fondo Verde para el Clima fue su diseño y administración. Se supone que debe distribuir unos 100.000 millones de dólares de asistencia a los países en desarrollo, a partir de 2020, para ayudarlos a reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático.

En Durban no hubo compromisos sobre el origen del dinero. Se acordó establecer un “plan de trabajo” para movilizar recursos de fuentes públicas y privadas. Estas últimas incluyen de manera explícita los mercados de carbono, pues los gobiernos del Norte industrial se escudaron en la crisis financiera y económica que les ata las manos.

La sociedad civil y algunos países en desarrollo destacaron que los gobiernos han entregado billones de dólares a bancos y entidades financieras y que el presupuesto militar mundial supera en más de 10 veces lo que necesita el Fondo Verde para el Clima.

Pese a que el mercado de carbono está en caída, el sector privado es considerado por Estados Unidos, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Japón, entre otros, como socio clave para financiar la respuesta al cambio climático.

Los mercados de compra y venta de compensaciones de carbono son un sistema muy polémico y complejo en cuanto a mediciones y propiedad del carbono en el suelo o los bosques, entre otros aspectos. También subsiste el cuestionamiento ético de que los países ricos compensen su propia contaminación comprando bosques o tierras en naciones pobres.

“Mantengan las metas, dejen los mercados”, reclamó Oscar Reyes, de Amigos de la Tierra Gran Bretaña en los últimos días de la COP 17. “Nos preocupa que cuando el Fondo Verde tenga recursos se los prestará al sector privado para impulsar el mercado de carbono”, dijo Reyes a Tierramérica.

“Al mirar las pasadas conferencias, parece más efectivo que sus miembros salgan fuera de los recintos y planten árboles durante dos semanas. Probablemente lograrían más impacto”, dijo el joven de 14 años Felix Finkbeiner, de Alemania.

Finkbeiner lanzó una organización infantil llamada Planta para el Planeta que ahora trabaja en 70 países y ha cultivado casi cuatro millones de árboles en los últimos cuatro años. Su lema es “Basta de hablar, empieza a plantar”.

* Publicado por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN)

La comunidad de Olonana Ole Pulei es una tribu de la etnia maasai de Kenia. Crédito: Isaiah Esipisu/IPS

Por Isaiah Esipisu*

DURBAN, Sudáfrica, 9 dic (IPS)  Para la comunidad laibon, una tribu de la etnia maasai de Kenia, el bosque Loita, de 33.000 hectáreas, es un santuario.

“Nuestros dioses viven aquí. Juntamos hierbas de este lugar. Lo usamos para criar abejas. Por lo tanto forma parte de nuestro medio de vida”, dijo Olonana Ole Pulei sobre ese bosque ubicado en la occidental provincia keniata del Valle del Rift.

Ole Pulei estuvo en Durban, Sudáfrica, para representar a su comunidad en la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17).

Según Nigel Crawhall, del Comité Coordinador de los Pueblos Indígenas de África (IPACC, por sus siglas en inglés), diferentes comunidades africanas poseen increíbles conocimientos indígenas que usan en la conservación de los bosques y la biodiversidad en general, y esto debería reconocerse en las negociaciones climáticas.

Crawhall puso como ejemplo a las comunidades de pigmeos bambuti y batwa, en el oriente de la República Democrática del Congo, que conservan los bosques utilizando métodos tradicionales. Ambos grupos dependen de la biodiversidad animal de los bosques ecuatoriales para sobrevivir.

“Por lo general saben identificar árboles que pueden talarse para crear una apertura única en la bóveda (forestal), lo que permite entrar la luz en los cerrados bosques del Congo. Luego la luz atrae a pájaros e insectos que ellos pueden cazar”, dijo Crawhall a IPS.

Esto ayuda a conservar la biodiversidad y, en particular, los bosques, porque este método solamente puede funcionar si la bóveda forestal está intacta.

En Kenia, la cultura maasai prohibe a los miembros de la comunidad talar árboles, ya sea para obtener leña o con cualquier otro fin. También está prohibido interferir con las raíces principales o eliminar toda la corteza de un árbol para extraer sustancias herbáceas.

Sus creencias indican que solo se pueden usar las ramas para hacer leña, y las raíces fibrosas como hierbas. Si la corteza del árbol tiene valor medicinal, solamente se puede aprovechar porciones pequeñas, tallando una “V” sobre ella. Luego ese corte se sella usando tierra húmeda.

Esta práctica se ha transmitido de generación en generación en la comunidad maasai. Entre los laibons, son los conocimientos indígenas los que han ayudado a conservar el bosque Loita.

Los miembros de la comunidad consideran que talar un árbol es atentar contra los dioses y contra su cultura.

Si bien todos los africanos son nativos de su continente, Crawhall señala que los grupos que conservan la definición de indígenas son aquellos que viven de la caza y la recolección, mientras otros practican la ganadería pastoril o la agricultura de secano.

Pese a que no hay una definición estándar sobre estas poblaciones, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce que comunidades particulares, debido a circunstancias históricas y ambientales, se han encontrado fuera del sistema estatal y han quedado poco representadas en materia de gobernanza.

“Los bosquimanos de África austral, o la comunidad ogiek de Kenia, que viven en los bosques, son ejemplos típicos de grupos categorizados como indígenas”, dijo Crawhall.

África tiene más de 40 pueblos que sobreviven completamente gracias a la caza y la recolección, señaló.

IPACC trabaja estrechamente con 155 comunidades de 22 países africanos que se reconocen como originarias a causa de sus circunstancias históricas y ambientales.

En consecuencia, representantes de estas comunidades se han unido al resto del mundo en Durban para hacer oír sus voces, a fin de que sus aportes a la conservación forestal se reconozcan como parte de los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.

“Creemos que los conocimientos ecológicos tradicionales africanos son el cimiento de políticas nacionales de adaptación adecuadas y efectivas”, dijo Crawhall.

A través de la secretaría de IPACC, las 155 organizaciones comunitarias existentes en África redactaron un borrador con su posición para la plataforma de negociación. Reclamaron que los negociadores representen a todas las partes africanas: organizaciones indígenas, autoridades y sistemas de valores tradicionales.

Exigen la formación de una entidad regional legalmente vinculante en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para manejar asuntos de conservación que son difíciles de tratar en el ámbito nacional.

“Una de las brechas dominantes en la mayoría de los países miembro de IPACC es que no hay (derechos reconocidos sobre la) tenencia de la tierra para las comunidades que viven en los bosques o dependen de ellos”, dijo Crawhall.

Sin embargo, varios países liderados por Kenia han empezado a responder a las necesidades de sus comunidades locales incluyéndolas en sus estrategias de adaptación al cambio climático.

Kenia está en proceso de redactar un proyecto de ley de adaptación al cambio climático. Y las comunidades indígenas aportarán su perspectiva en ese texto porque, según la Constitución, se las debe consultar al elaborar iniciativas legislativas.

“Atravesamos todo el país buscando opiniones sobre este proyecto. (…) Nuestra visión es participar y liderar en el desarrollo y la implementación de políticas sensibles al cambio climático, así como proyectos y actividades dentro y fuera de nuestras fronteras”, dijo John Kioli, presidente del Grupo de Trabajo de Kenia sobre Cambio Climático, presente en Durban.

* Este artículo es parte de una serie apoyada por la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN).

¿Durban conduce la respuesta africana al cambio climático? Crédito: IPS Africa

Por Stephen Leahy

DURBAN, Sudáfrica, 9 dic (IPS) Nadie estaba feliz al anochecer de este viernes 9 en las peleadas negociaciones climáticas de la ONU, que entraron en alargue hasta este sábado. Mientras las luces parpadeaban en la noche lluviosa de la ciudad sudafricana de Durban, el fallo eléctrico recordaba el fracaso del proceso multilateral.

“Si los países aceptan el texto negociado tal como está, será como una sentencia de muerte para África”, profirió el presidente de Amigos de la Tierra Internacional, el nigeriano Nnimmo Bassey. Pero los africanos y otros países vulnerables podrían ceder porque serán presionados y extorsionados, agregó.

Cuando Bolivia se puso de pie y resistió las presiones de Estados Unidos en la 15 Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en 2009 en Copenhague, Washington le retiró al año siguiente toda su ayuda al desarrollo.

“Los delegados deben demostrar que les preocupa la devastación de todo el continente (africano) y de los pequeños estados insulares… o se van a dejar torcer el brazo por unos pocos dólares”, cuestionó.

Hasta ahora, los países africanos no están bloqueando la posibilidad de llegar a un acuerdo, dijo Bassey a IPS.

El jueves por la noche, un grupo selecto de ministros y altos representantes de 28 países se reunieron hasta las cuatro de la madrugada de este viernes para trabajar en aspectos clave, pero sin llegar a un acuerdo total.

Este viernes, a medida que todos los países revisaban los detalles discutidos emergieron grandes diferencias respecto de muchas de las mismas cuestiones.

“Los países no van a acordar un segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto hasta la próxima COP, que se celebrará a fines de 2012 en Qatar, dijo a IPS el exembajador de Bolivia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Pablo Solón, quien encabezó la delegación de su país en la COP 16 de 2010 en Cancún, México.

El Protocolo de Kyoto, único tratado obligatorio para reducir la contaminación climática que expirará en 2012, “perderá su alma…, se convertirá en zombi”, dijo Solón, que había visto los puntos confidenciales discutidos por los delegados y que no fueron publicados hasta bien entrada la noche sudafricana.

Los gobiernos “solo tomarán nota” de la necesidad establecida por la ciencia de que se adopten compromisos mayores para abatir los gases que recalientan la atmósfera mucho antes de 2020. Además, la expresión “legalmente vinculante” que querían casi todos los países, está ausente, dijo Solón.

“Estados Unidos es el gran ganador… Esto nos llevará a un futuro con más de cuatro grados centígrados” de aumento de la temperatura mundial, añadió.

Esta 17 Conferencia de las Partes (COP 17) es un “desastroso fracaso”, dijo a IPS el indio Praful Bidwai, excorresponsal de esta agencia, columnista y sociólogo.

Sería mejor que las conversaciones colapsaran en lugar de redactar a las apuradas un “pacto de lavada de cara” con pretensiones de encarar la crisis, añadió Bidwai, que acaba de publicar un libro sobre la política del cambio climático.

“No se puede confiar en Estados Unidos en estas negociaciones. Nunca aceptará nada que sea legalmente vinculante”, sostuvo.

Washington fue uno de los principales arquitectos del Protocolo de Kyoto a inicios de la década de 1990, pero nunca lo ratificó pese a que el tratado solo exigía una reducción de emisiones de gases invernadero a volúmenes cinco por ciento inferiores a los de 1990 con plazo en 2012.

Canadá apoyo y ratificó el Protocolo, pero no hizo nada para honrarlo, y sus emisiones crecieron entre 24 y 28 por ciento.

La Unión Europea está apenas mejor, si bien parece que sus emisiones cayeron más de 15 por ciento. Gran parte de esa disminución obedece al colapso económico de Europa oriental en la década de 1990 y a una creciente importación de productos que le permitió evitar una parte de la contaminación doméstica.

España, Francia e Italia y otras grandes economías industriales registraron importantes aumentos de gases invernadero.

“Se podría desmoronar todo. Muchos países de bajos ingresos están furiosos”, dijo Alden Meyer, director de estrategia y política de la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos en referencia a algunas de las naciones más pobres del mundo, como Mali y los pequeños estados insulares que desaparecerían por la elevación del nivel del mar.

Canadá y Estados Unidos se hicieron, una vez más, merecedores del Fósil Colosal, un premio que entrega en cada COP la sociedad civil a aquellos estados que más obstaculizan el camino para alcanzar un régimen climático internacional. (FIN)

Complejo de almacenaje de granos y oleaginosas en Mato Grosso. La agroindustria es clave en la promesa de Brasil de reducir sus emisiones de gases contaminantes. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Mario Osava

RIO DE JANEIRO, dic (IPS) – Brasil pretende cumplir sus metas climáticas en el sector agrícola estimulando algunas técnicas ya conocidas, que reducen las emisiones de gas carbónico, pero que pueden incrementar el uso de agrotóxicos, según activistas.

La siembra directa, recuperación de pastizales, integración cultivos-ganadería-bosque, fijación biológica de nitrógeno, reforestación comercial y el aprovechamiento de residuos animales para producir biogás son las prácticas fomentadas por una línea de crédito blando, disponible desde agosto.

El Programa Agricultura de Bajo Carbono (ABC), adoptado por el gobierno, prevé eliminar de 142 a 173 millones de toneladas del gas carbónico que la agricultura liberaría hacia 2020.

Brasil asumió en 2009 en Copenhague, ante la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el compromiso voluntario de reducir entre 36,1 y 38,9 por ciento del dióxido de carbono que lanzaría a la atmósfera en 2020 si no adoptase iniciativas mitigadoras.

Eso significa evitar la emisión de entre 1.168 y 1.259 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, dependiendo del crecimiento que logre de su economía.

El mayor aporte a esa meta será reducir la deforestación. La Política Nacional sobre Cambio Climático, fijada en ley de diciembre de 2009, obliga a reducir 80 por ciento los índices de deforestación amazónica, hasta 2020, en comparación con el promedio de 1996 a 2005.

La agricultura cumplirá su parte con avances en las seis buenas prácticas fomentadas por una línea de crédito de 3.150 millones de reales (1.750 millones de dólares), con “tres ventajas” en sus préstamos, aseguró Carlos Magno Brandão, director de Sistema de Producción y Sustentabilidad del Ministerio de Agricultura.

La tasa de interés de 5,5 por ciento al año, inferior a la inflación actual, un plazo máximo de 15 años y hasta ocho años de gracia son las condiciones ofrecidas para intensificar las medidas, especialmente la recuperación de 15 millones de pastizales degradados en 10 años, que responde por 60 por ciento de la meta agrícola, destacó Brandão a IPS.

La siembra directa ya se diseminó por Brasil en las últimas décadas, alcanzando a casi 25 millones de hectáreas, cerca de la mitad del área sembrada de granos en el país, estimó Brandão. La propuesta es ampliarla en ocho millones de hectáreas hasta 2020.

Pero esa práctica los grandes productores agrícolas aumentan el uso de agrotóxicos, empleados para desecar y tumbar los restos de la siembra anterior y también para combatir los hongos, favorecidos por el aumento de la temperatura y de la humedad del suelo cubierto de paja, señaló el ingeniero forestal Luiz Zarref.

Los agrotóxicos liberan gases de impacto mucho más intenso que el dióxido de carbono (CO2) en relación al clima, como el óxido nitroso (NO3), 300 veces más potente, observó Zarref, activista de la red internacional no gubernamental Via Campesina.

Además, el ABC fomentará el empleo de fertilizantes químicos compuestos de nitrógeno, también fuente de óxido nitroso y de otros gases como los derivados del petróleo, acotó a IPS.

El programa neutraliza parte de ese aumento, al incentivar la fijación biológica de nitrógeno, una tecnología desarrollada por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) que ahorra gran volumen de ese fertilizante, con el uso de bacterias que lo captan del aire y lo fijan en las plantas, especialmente en la soja.

Pero aparte de la soja, esa tecnología todavía es solo “una promesa”, ya que afronta dificultades para extenderse a otras siembras, según Jean Marc von der Weid, fundador y dirigente de Asesoría y Servicios a Proyectos de Tecnología Alternativa (ASPTA), organización no gubernamental de apoyo a agricultura familiar y agroecología.

En su opinión, solo el crédito barato y con montos pequeños no permite superar la “complejidad” y las trabas a una expansión de la siembra directa, la recuperación de tierras degradadas y la integración cultivo-ganadería-bosques.

Los activistas critican la ausencia de la agroecología en el programa gubernamental. Pero se trata de “una opción compleja que depende de desconcentrar la tierra, diversificar la producción y evitar insumos químico-industriales”, ajena al espíritu del ABC pensado para “latifundios y monocultivos”, sentenció Zarref.

Brandão, por el contrario, considera que el programa se dirige a agricultores de pequeña y mediana escala, limitando al máximo de un millón de reales (550.000 dólares) cada préstamo, para “socializar” los recursos disponibles. “Los grandes (empresarios) tienen otras fuentes de crédito”, arguyó.

Mas allá del programa ABC, la crisis climática abre “nuevas oportunidades” para la agricultura y la investigación sectorial en Brasil, evaluó el jefe del Centro de Medio Ambiente de Embrapa, Celso Manzatto.

Se trata de desarrollar una “agricultura verde”, que comprende, por ejemplo, “fertilizantes inteligentes”, de liberación lenta y menos volátil, por lo tanto más eficientes y de pérdidas reducidas. También incluye el pago de servicios ambientales a agricultores que, además de producir alimentos, fibras y energía, conservan recursos naturales.

El aumento de la productividad es una forma de mitigar el recalentamiento global, y en la actividad agropecuaria hay un espacio enorme para ese avance, destacó Manzatto, quien hace 16 años que es investigador de Embrapa, el organismo estatal que tuvo un papel decisivo en la conversión de Brasil en potencia agrícola tropical.

Hay muchos lugares en Brasil donde la ganadería extensiva mantiene en promedio un animal cada dos hectáreas, ante lo cual es fácil duplicar la productividad, con resultados importantes en los factores climáticos, como es evitar la deforestación cuando se amplía la tenencia de vacunos, destacó.

El programa ABC exige un gran esfuerzo de transferencia de tecnología especialmente a los pequeños agricultores, anteriormente “marginado” de los avances logrados incluso por Embrapa, admitió.

La adaptación de la agricultura al cambio climático también abre grandes oportunidades a Brasil, por haber vencido el desafío “casi imposible” de desarrollar en las zonas tropicales una agricultura competitiva ante los grandes productores de clima templado, concluyó.

El compromiso brasileño de reducir sus emisiones de carbono se planteó para contribuir a un acuerdo mundial que permita evitar que la temperatura promedio del planeta aumente más de dos grados en este siglo. Fue una oferta voluntaria, de un país hasta ahora no obligado a ese esfuerzo por no pertenecer al mundo industrializado.

La reducción de la deforestación amazónica en los últimos años fortalece la imagen brasileña en esas negociaciones. En cambio, las críticas de ambientalistas proliferan ante los cambios en el Código Forestal que estudia el parlamento y que, en caso de ser aprobados, flexibilizará las reglas y penalizaciones a los terratenientes que destruyen bosques.

Casi nadie cree posible un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto. Crédito: Zukiswa Zimela/IPS

Por Kristin Palitza

DURBAN, Sudáfrica, 9 dic (IPS) – La conferencia climática de la ONU llega a su fin, pero casi nadie cree que se logre un acuerdo para un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones contaminantes.

La 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17) está previsto que termine este viernes 9 en Durban, Sudáfrica, pero es posible que el debate se extienda incluso hasta la mañana del sábado.

El martes 6 llegaron casi 150 ministros y jefes de Estado, lo que hizo que las negociaciones pasaran al plano político.

Para que se logre un tratado posterior a la expiración en 2012 del Protocolo de Kyoto, firmado en 1997 y en vigor desde 2005, economías emergentes como China, India, Corea del Sur, México y Sudáfrica tienen que estar de acuerdo. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, que ni siquiera suscribió el primer periodo del tratado climático.

El mismo hizo que 37 naciones industrializadas se comprometieran a reducir 5,2 por ciento sus emisiones de carbono, tomando como punto de partida los valores de 1990.

Otros grandes contaminadores, como Canadá, Rusia y Japón, ya proclamaron su desinterés en un segundo periodo de compromiso.

A comienzos de esta semana, las negociaciones parecieron promisorias, cuando el principal negociador de China, Xie Zhenhua, anunció que su país estaba abierto a un acuerdo internacional vinculante. Pero su declaración pronto resultó ser un juego estratégico.

Zhenhua no dijo que China estuviera dispuesta a “ser parte de” ese acuerdo.

Muchos expertos en clima creen que Estados Unidos jugó un rol particularmente fuerte en el enlentecimiento de las negociaciones.

“El gobierno de (el presidente estadounidense Barack) Obama evidentemente vino a Durban no para ser constructivo sino para frenar el avance de otros países. Sus excusas para la inacción van y vienen como la marea. Una vez que se elimina una excusa, aparece otra”, se lamentó la portavoz del Fondo Mundial para la Naturaleza, Caroline Behringer.

Incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, echó por tierra las expectativas durante la apertura del segmento de alto nivel de la cumbre, el martes 6. Un acuerdo exhaustivo y legalmente vinculante “puede estar fuera del alcance”, dijo entonces.

Mientras los negociadores intentan llegar a una decisión, se tensa la atmósfera en los corredores del centro de conferencias de Durban, donde se realiza la cumbre.

Ministros y jefes de delegaciones se retiran a salas separadas para debatir a puertas cerradas los contenidos del documento de 131 páginas, base para todas las negociaciones.

Afuera, los delegados hablan en voz baja. Hasta que se anuncie el resultado final, todos retienen el aliento.

La posibilidad de concluir con una hoja de ruta para un acuerdo sobre la reducción de emisiones a partir de 2015 y con plazo en 2020, que incluya a los principales contaminadores y a las economías emergentes, también está en terreno resbaloso.

“Vemos una falta de voluntad política entre algunos grandes emisores (de gases de efecto invernadero) para llegar en Durban a un resultado justo y ambicioso, que salve las vidas y los medios de sustento de millones de personas pobres y vulnerables afectadas por el cambio climático”, dijo Tonya Rawe, de la organización humanitaria internacional CARE.

“Algunas partes ya hablan de postergar las decisiones sobre un acuerdo legalmente vinculante hasta 2020. Esto es un desastre, dado que puede crear una década entera sin ningún avance”, agregó.

Los delegados temen que solamente se alcance una declaración no vinculante, a través de la cual los países declaren vagamente su disposición a acordar objetivos obligatorios de reducción en algún momento.

Hasta ahora, solamente la Unión Europea (UE) y algunos otros países europeos, como Suiza, han expresado que, en las horas que quedan para que termine la cumbre, continuarán impulsando compromisos entre los principales emisores de carbono que actualmente no son parte del Protocolo de Kyoto.

“Todas las principales economías tienen que comprometerse, por supuesto respetando las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Si no se comprometen con un acuerdo en el futuro cercano, asumen una responsabilidad insoportable”, advirtió Connie Hedegaard, comisaria europea de Acción por el Clima.

Las negociaciones no solamente giran en torno a una extensión de los periodos del Protocolo de Kyoto. Otro asunto importante es la adopción del Fondo Verde para el Clima, mediante el cual se canalizará el apoyo financiero destinado a esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático en los países pobres.

Pero los debates sobre este tema también han sido escabrosos, luego de que varios países –entre ellos Estados Unidos, Bolivia, Arabia Saudita y Venezuela- dijeron estar insatisfechos con el borrador del documento y querer realizarle enmiendas.

Además, la crisis económico-financiera del mundo industrializado, que se expande al resto del planeta, retrasó los avances en este sentido: los países ricos, que se supone financiarán parcialmente el Fondo Verde, dudan de asumir los compromisos presupuestarios.

Tal como están las cosas, es probable que el Fondo Verde se apruebe en Durban, pero sin planes tangibles para su financiación.

“No tenemos más tiempo que perder para salvar a los más amenazados por el cambio climático”, urgió Mizanur Rahman Bijoy, investigador de la Red sobre Cambio Climático en Bangladesh.

“Pero en vez de actuar, a los gobiernos principalmente les preocupan sus economías nacionales. De ese modo, no se tomará ninguna decisión importante y necesaria”, agregó. (FIN)

Los países que participan de las negociaciones sobre el clima admitieron públicamente que sus actuales recortes de emisiones contaminantes no podrán limitar el recalentamiento planetario en menos de dos grados. Crédito: Zukiswa Zimela/IPS

Por Stephen Leahy

DURBAN, Sudáfrica, 8 dic (IPS) – Los países que participan de las negociaciones sobre el clima admitieron públicamente que sus actuales recortes de emisiones contaminantes no podrán limitar el recalentamiento planetario en menos de dos grados.

No obstante, los delegados en la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17), que se lleva a cabo hasta este viernes 9 en esta oriental ciudad sudafricana, propusieron encarar la llamada “brecha de emisiones” en la próxima COP 18, que se celebrará en Qatar en 2012.

Documentos negociados en Durban reconocen que la reducción necesaria de emisiones de gases invernadero, según estudios científicos, debe ser de 25 a 40 por ciento para 2020. Esos recortes y plazos son vitales para impedir que el planeta se recaliente más de dos grados, lo que significaría una catástrofe ambiental aun mayor. El borrador señala que esa debe ser la meta definida en la COP 18.

“Necesitamos un acuerdo sobre esa meta, fundamentada en la ciencia, el año próximo a más tardar”, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Granada, Karl Hood, y representante de la Alianza de Pequeños Estados Insulares.

“Y queremos que esos objetivos sean legalmente implementados antes de 2017″, subrayó.

Hood dijo a IPS que esperar hasta 2020 para cerrar la brecha era “inaceptable” y significaría un “desastre para los pequeños estados insulares”, que ya sufren los impactos del cambio climático.

El mundo tiene apenas meses para poder recortar las emisiones de gases generados por la quema de combustibles fósiles de forma que el recalentamiento planetario no supere los dos grados.

Si esto se demora unos años, las reducciones extraordinarias necesarias para revertir el proceso podrían llevar a la bancarrota a la economía mundial y revertirían avances en el desarrollo en la mayoría de los países, alertaron expertos en Durban.

“Estamos aquí para alertarle a los políticos de que nos acercamos peligrosamente a un punto en el que no podremos alcanzar la meta de menos de dos grados” en el recalentamiento planetario, dijo el científico Bill Hare, director de Climate Analytics, grupo sin fines de lucro asesor en temas climáticos con sede en Alemania.

Los actuales compromisos de reducción de emisiones, acordados en la COP 15 de Copenhague, en 2009, permiten un recalentamiento de hasta 3,5 grados, dijo Hare.

Hoy, esas promesas siguen esencialmente incambiadas, y eso significa que las opciones del mundo para no superar un recalentamiento de dos grados se hacen cada vez más pequeñas, subrayó en conferencia de prensa en Durban.

“Para decirlo claramente, cuanto más esperamos, menos opciones tendremos, más nos costará y mayor será la amenaza para los más vulnerables”, señaló.

Las emisiones mundiales generadas por la quema de combustibles fósiles se incrementaron 49 por ciento desde 1990 y alcanzaron un récord de 48.000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2010, con la probabilidad de que lleguen a 50.000 millones este año, indicó el científico.

Gracias al efecto moderador de los océanos, el planeta se ha recalentado solo 0,8 grados en promedio. Sin embargo, muchas partes de la Tierra registraron un aumento de las temperaturas mucho mayor.

La ciencia muestra que las emisiones globales deben caer a 44.000 millones de toneladas para 2020 y seguir disminuyendo dos por ciento cada año, una meta que la comunidad internacional, fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, encontrará “sumamente difícil” de alcanzar, pero aun así es realizable, aseguró.

Si los países prefieren limitarse a cumplir los compromisos asumidos en Copenhague, las liberaciones de gases invernadero mundiales probablemente crecerán entre 9.000 millones y 11.000 millones de toneladas por encima de la meta de 44.000 millones, creando una “brecha de emisiones” considerable, alertó Niklas Höhne, director de Políticas de Energía y Climáticas de Ecofys, organización consultora sobre energía.

“Nuestros resultados van de acuerdo con el Informe sobre Brecha de Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD), divulgado al inicio de las conversaciones en Durban”, dijo a IPS.

Llama la atención que muchos de los temas de intenso debate en la COP 17 –biocombustibles, agricultura, créditos del carbono para la protección de bosques, captura y almacenamiento de dióxido de carbono– no son considerados importantes por los científicos para reducir las emisiones.

“Con los biocombustibles hay que estar muy seguros de que no deriven en un incremento de las emisiones”, dijo Höhne.

Varios nuevos estudios sobre biodiésel en base a aceite de palma y etanol de maíz indican que sus emisiones netas son más altas que las generadas por la quema de combustibles fósiles cuando se calcula todo su ciclo de vida.

Los biocombustibles no tienen probabilidades de constituir un método significativo para reducir las emisiones, coincidió Höhne, y la agricultura está en la misma categoría. Las prácticas de cultivo pueden ser alteradas para recortar las liberaciones de gases pero, según estudios de diversos escenarios, solo llenarían parte de la brecha.

La brecha de emisiones solo puede ser salvada con una combinación de una mejora de la eficiencia energética en todos los sectores con un significativo incremento del uso de fuentes renovables, incluyendo biomasa, pasando del uso del carbón al gas natural. El costo de este cambio es relativamente bajo: 38 dólares por tonelada de CO2 que no es liberada a la atmósfera.

Pero esperar hasta 2020 sería mucho más caro. Cada dólar que no se destine a la reducción de emisiones del sector energético requerirá una inversión adicional de 4,3 dólares luego de ese año, para compensar todas las liberaciones de gases contaminantes producidas hasta entonces.

Así lo señala el informe “Perspectiva Mundial de Energía 2011″, de la Agencia Internacional de Energía.

Esperar hasta 2020 “es un riesgo que no queremos tomar”, dijo Höhne. Pero los delegados en Durban parecen no comprenderlo. “No actúan como si lo comprendieran”, dijo, señalando que en 17 años de negociaciones no se ha llegado a un acuerdo para reducir sustancialmente las emisiones. (FIN)

Camino en la selva amazónica de Acre para transportar árboles caídos. Crédito: Mario Osava/IPS

Por Fabiana Frayssinet

RÍO DE JANEIRO, 7 dic (IPS) El Senado de Brasil aprobó un nuevo Código Forestal en medio de críticas ecologistas y elogios de sectores vinculados a la gran agricultura. El proyecto debe volver a la cámara baja y ser sancionado por la presidenta Dilma Rousseff para convertirse en ley.

Para los ambientalistas, el texto constituye un estímulo a la tala de la Amazonia, mientras el poderoso sector agropecuario ve en él un avance para garantizar la seguridad alimentaria de este país de 192 millones de habitantes.

La reforma, aprobada el martes 6 por 59 votos a favor y siete en contra, reglamenta la preservación de los bosques en relación a las actividades económicas que utilizan el suelo y los recursos naturales.

Se modifica así el Código Forestal vigente desde 1965, convirtiéndolo no en una “ley ambiental, sino en una ley más de uso agropecuario del suelo”, lamentó en un comunicado la organización Greenpeace.

El texto “tiene tres problemas: estimula la deforestación, amnistía delitos del pasado y disminuye la protección de las selvas todavía en pie”, resumió para IPS el coordinador de la campaña de Amazonia de Greenpeace Brasil, Márcio Astrini.

El punto más polémico es el que amnistía a los propietarios que hayan deforestado las  áreas de preservación permanente (APP) hasta 2008, si bien para evitar las multas el responsable tendrá que recuperar parte de lo talado y registrar su propiedad para futuras fiscalizaciones. En Brasil hay unos cinco millones de propiedades rurales.

Según al actual Código Forestal, las APP son aquellas que, “cubiertas o no por vegetación nativa, (tienen la) función de preservar los recursos hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo genético de fauna y flora, proteger el suelo y asegurar el bienestar de las poblaciones humanas”. Por ejemplo, las márgenes y nacientes de ríos y las cumbres y laderas de cerros.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la superficie de las APP sujetas a indulto suma 79 millones de hectáreas, equivalentes a los territorios combinados de Alemania, Austria e Italia.

“Será una tragedia para Brasil y para el mundo si ahora el país da la espalda a más de una década de conquista y vuelve al tiempo de las tinieblas de la deforestación catastrófica”, advirtió WWF en un comunicado.

El nuevo texto mantiene porcentajes de protección de la reserva legal, una zona “ubicada dentro de una propiedad o posesión rural, con excepción de la APP, necesaria para el uso sustentable de los recursos naturales”, según el código vigente.

En la Amazonia legal –delimitación política que incluye los estados parcial o totalmente cubiertos por ese bioma– la proporción de reserva legal en los predios agrarios en zonas selváticas es de 80 por ciento.

Si la propiedad se encuentra en zonas de sabana tropical de la Amazonia legal, la reserva es de 35 por ciento, y de 20 por ciento en el resto del país.

El proyecto, que debe volver a la cámara baja y después ser sancionado por Rousseff, exime de la reforestación a todos los predios de entre 20 y 400 hectáreas, según la región.

Si la propiedad se encuentra en estados amazónicos con más de 65 por ciento de su territorio ocupado por tierras indígenas o por unidades de conservación –parques naturales, áreas protegidas, etcétera– la superficie que debe preservar el productor disminuye de 80 a 50 por ciento.

“La legislación ambiental de Brasil era considerada como una de las más avanzadas. Esta alteración del Código Forestal destruye totalmente esta noción”, dijo a IPS la abogada ambientalista Rachel Biderman, consultora senior en Brasil del World Resources Institute.

“Este momento en que Brasil vive un gran crecimiento económico es acompañado por la banalización y debilitamiento de la legislación ambiental”, añadió.

El gobierno, que intentó mejorar algunos puntos aprobados previamente en la cámara baja, considera que el proyecto no es ideal pero es “el mejor posible”.

El senador Jorge Viana, del gobernante Partido de los Trabajadores y relator del proyecto, estimó que se cumple la misión de dar tranquilidad a los brasileños que necesitan tanto de alimento como de preservación ambiental.

“No conozco actividad como la agrícola que necesite más del ambiente para crear y producir. Así que no tiene sentido este enfrentamiento entre ruralistas y ambientalistas”, opinó.

Las autoridades creen que con controles más estrictos, ya en marcha, se conseguirán restaurar 24 millones de hectáreas deforestadas en reservas legales o APP.

Adriana Ramos, secretaria ejecutiva adjunta del Instituto Socioambiental, sostuvo que la ley “permite actividades agropecuarias en áreas críticas que en cambio tendrían que ser recuperadas”. Se trata de  un “mal proyecto” que “refuerza la cultura de la impunidad”, dijo a IPS.

Brasil es uno de los principales productores de alimentos, y es el primer exportador mundial de carne vacuna, café y jugo de naranjas. También es un gran productor de soja y maíz.

Para los representantes del agronegocio, como la senadora Katia Abreu del Partido Social Democrático, empresaria ganadera y presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria, se “pone fin a años de dictadura ambiental”.

El lunes 5, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) reveló que la deforestación amazónica sigue cayendo. La registrada entre agosto de 2010  y julio de 2011 fue de 6.238 kilómetros cuadrados, 11 por ciento menor a la del período 2009-2010.

Es, además, la menor tala registrada desde que el INPE inició estos controles satelitales, en 1988. Por entonces, la deforestación era de 29.000 kilómetros cuadrados por año.

Por eso Abreu insistió en que es posible compatibilizar la producción de alimentos con la preservación de la selva.

Pero esto no convence a los ambientalistas.

“Brasil pierde la oportunidad” de construir “un código de desarrollo sostenible” basado en prácticas modernas “como el pago por servicios ambientales y promoción de sistemas agroforestales sostenibles, con apoyo y desarrollo de comunidades locales”, opinó Biderman.

Astrini apuntó que el país podría incumplir tratados ambientales internacionales y socavar los esfuerzos para frenar el cambio climático.

Las organizaciones que integran el Comité de la Floresta se movilizarán para exigir un veto de la presidenta Rousseff. “Le cobraremos el compromiso que hizo por escrito de que no aceptaría un texto que tuviese amnistía y promoviera más deforestación”, recordó Astrini.

Este país adoptó la meta de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 36 y 39 por ciento para 2020, dependiendo del crecimiento del producto interno bruto, para lo cual necesita disminuir en 80 por ciento la deforestación amazónica respecto del período 1996-2005.

Brasil es el sexto mayor emisor de gases invernadero en el mundo. Y la principal fuente es la pérdida de su selva tropical, causada en gran medida por la expansión agropecuaria. (FIN)

Para Ban, se necesita una combinación de recursos públicos y privados para combatir el cambio climático. Kristin Palitza/IPS

Por Kristin Palitza

DURBAN, Sudáfrica, 7 dic (IPS) – Fijar un precio a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en todo el mundo es la clave para nutrir el Fondo Verde para el Clima (FVC), que financiará proyectos de adaptación al recalentamiento planetario en los países del Sur.

A esta conclusión llegó el primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, quien preside el grupo asesor de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre financiamiento contra el cambio climático.

“Si puedes crear una amplia y más completa financiación del carbono, se podrán atraer más fondos privados”, explicó.

Se habla de “financiamiento del carbono” cuando se establece un precio a las emisiones de CO2 u otros gases invernadero, causantes del recalentamiento del planeta.

Según Stoltenberg, fijar un valor al dióxido de carbono tendría tres beneficios fundamentales:  estimularía a la industria a reducir las liberaciones de gases contaminantes, contribuirá al desarrollo de tecnologías limpias para recortar emisiones y generaría ingresos, que podrían ser utilizados con fines
gubernamentales pero también en acciones climáticas.

Ya varios países demostraron que los sistemas de comercio de carbono o los impuestos a las emisiones pueden ayudar a reducir la contaminación, a la vez que promueven el crecimiento económico, dijo Stoltenberg.

“La Unión Europea cuenta con un completo sistema de comercio de carbono y un régimen de emisiones. Australia acaba de crear un impuesto al carbono. China está fijando precios al carbono, y Sudáfrica también quiere desarrollar un gravamen”, indicó.

“Lo bueno de fijar un precio es que logra menos contaminación y más financiamiento”, añadió.

En los últimos 10 días de la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17), que se desarrolla hasta este viernes 9 en la oriental ciudad sudafricana de Durban, el tema de cómo obtener recursos para el FVC fue el protagonista.

La crisis global y las medidas nacionales de austeridad han reducido la disposición de los países ricos a comprometerse a llenar los cofres del fondo con dineros públicos.

“Las crisis financiera y de deuda, especialmente en Europa y en Estados Unidos, se han agravado. Por tanto, debemos procurar tanto financiamiento público como de fuentes privadas”, subrayó Stoltenberg quien, como co-presidente del grupo asesor, presentó a la ONU un análisis proponiendo medidas para generar financiamiento a largo plazo.

“Nuestra primera conclusión es que constituye un reto, pero es viable movilizar 100.000 millones de dólares al año”, dijo.

Stoltenberg aludía un acuerdo alcanzado en la COP 16, celebrada en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún el año pasado, según el cual la financiación por vía rápida de 10 millones de dólares anuales entre 2010 y 2013 debía ser incrementada a 100.000 millones anuales para 2020.

“No tiene ningún sentido tener un fondo si no cuentas con dinero para él”, señaló.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, coincidió en que las metas de financiamiento de corto y largo plazo solo podrían alcanzarse a través de una combinación de recursos públicos y privados. Esto no significa que los gobiernos pierdan control político sobre los mecanismos de
financiamiento del FVC, algo en lo que los países expresaban preocupación.

“Hay una variedad de posibles opciones de financiamiento, como los impuestos al carbono, al transporte, etcétera. Dependerá de cada país decidir qué regulaciones quiere implementar a nivel nacional”, indicó Ban.

Sin embargo, no exoneró a los gobiernos del Norte.

“Los países industrializados deben mostrar liderazgo inyectando suficiente capital de inmediato”, afirmó. “Es verdad que los gobiernos luchan con crisis, pero el cambio climático no es una opción, es un imperativo. Necesita un compromiso político unívoco y transparente”, subrayó.

No habrá avance en la lucha contra el cambio climático sin más financiamiento, dijo por su parte el primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi.

“Necesitamos crear una estructura de precios que atraiga al sector privado para invertir en el financiamiento del clima. Fijar precios al carbono enviará una señal al sector privado indicando que la tecnología verde es redituable”, opinó Zenawi.

“La tecnología del futuro es verde. Hay una carrera. El que llega tarde quedará rezagado”, añadió.

No obstante, expertos económicos dudan que los países industrializados tengan un verdadero interés en proveer fondos para la adaptación en el Sur.

“No necesitamos más informes, necesitamos voluntad política”, dijo el economista Nicholas Stern, consejero del gobierno de Gran Bretaña.

Cuando más rápido actúen los políticos, más barato les costará, coincidió el presidente de México, Felipe Calderón, presionando para que el FVC comience a funcionar antes de que termine la reunión en Durban.

“Una economía baja en carbono no sale barato. Costará cientos de millones de dólares al año, dependiendo de cuán rápido actuemos. Lo más pronto actuemos, menos nos costará”, indicó.

Caio Koch-Weser, vicepresidente del Deutsche Bank, uno de los grupos bancarios más grandes del mundo, expresó su preocupación sobre el lento progreso para la creación del FVC. La industria esta dispuesta a invertir en una economía verde, aseguró.

“Dennos un precio para el carbono, dennos una política confiable y el sector privado hará la mayor parte del trabajo. Ya hemos visto una gran vibración de parte de la comunidad empresarial en interacción con los gobiernos”, dijo. “Por supuesto, todavía no a la escala y velocidad que necesitamos”.

Koch-Weser además señaló que la actual crisis económica mundial presentaba una oportunidad para que los gobiernos y negocios se transformaran y encontraran nuevos motores de crecimiento.

Para poder recolectar 100.000 millones de dólares al año para 2020, con el fin de financiar la adaptación al cambio climático, “necesitamos nuevas asociaciones público-privadas que proveen marcos transparentes, seguros y de larga vida”, dijo Koch-Weser. (FIN)

Cartel del IPCC en Durban. Crédito: IPS Africa

Por Kristin Palitza

DURBAN, Sudáfrica, 6 dic (IPS)  Suecia, Gran Bretaña y Alemania ocupan los primeros lugares en el Índice de Protección Climática 2012, cuyos resultados fueron publicados este martes en la conferencia de las Naciones Unidas que se realiza en esta oriental ciudad sudafricana.

Con todo, los tres primeros lugares de la clasificación quedaron vacíos porque ningún país hace lo suficiente para contener el cambio climático, de acuerdo a los criterios del Índice.

De acuerdo a criterios estandarizados, el Índice evalúa y compara la conducta de protección climática de 58 países que, juntos, son responsables de más de 90 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) vinculadas a la producción y consumo de energía.

Suecia, con baja cantidad de emisiones de CO2, 50.600 toneladas por año y una tendencia positiva de reducción, según los últimos datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA), ocupa el cuarto lugar.

El Índice es realizado todos los años por las organizaciones Germanwatch y la Red de Acción Climática (CAN por sus siglas en inglés).

“Los resultados de este año muestran que, pese a que las emisiones globales siguen aumentando, ninguno de los grandes contaminantes hizo los verdaderos cambios que se necesitan”, indicó el director de CAN Europa, Wendel Trio. “Ninguno hizo lo suficiente”, añadió.

La política climática de Suecia no fue lo bastante ambiciosa y se quedó corta en cuanto al objetivo de que la temperatura media mundial no aumente más de dos grados centígrados, un umbral que podría dar paso a un cambio climático desastroso.

En tanto Gran Bretaña, en quinto lugar, no logró ajustar los topes de las emisiones de carbono. Mientras, los gases liberados por Alemania siguieron muy altos como para ubicarla mejor que el sexto lugar.

“La calificación promedio de las políticas nacionales e internacionales es baja”, señaló el investigador Jan Burck, de Germanwatch, uno de los autores del estudio.

“La mayoría de los especialistas no están ni de cerca satisfechos con los esfuerzos de sus gobiernos para no sobrepasar el límite de dos grados”, agregó.

Países como Turquía, en el lugar 58, Polonia, 56, y Croacia, 53, están en las peores posiciones debido a la evaluación de sus políticas climáticas.

Mientras ejerció la presidencia del Consejo de la Unión Europea, Polonia bloqueó la propuesta de reducir en 30 por ciento las emisiones contaminantes del bloque hasta 2020.

La tendencia de las emisiones y la desfavorable evaluación de sus políticas hicieron que Holanda (42) perdiera 12 lugares.

“Es de especial preocupación que no cese la tendencia global de quemar carbón” y petróleo de las arenas alquitranadas, alertó Burck. “Es la principal razón de que aumenten las emisiones respecto del producto interno bruto en muchos países”, añadió.

Suiza quedó en el noveno lugar, detrás de Brasil y Francia. El país sudamericano solía ser un ejemplo a seguir, pero perdió su posición por el aumento de sus emisiones de gases invernadero, incluso las liberadas por la deforestación.

Estados Unidos subió dos lugares y se ubica en el 52 debido a la disminución de emisiones, consecuencia de la crisis económica y financiera. Pero sigue en lo más bajo de la clasificación por la mala evaluación de sus políticas y la enorme cantidad de gases que arroja a la atmósfera.

India, una de las economías emergentes, bajó 13 lugares por su peor rendimiento, en especial en la tendencia de las emisiones.

“El Índice ofrece datos duros y tendencias en el contexto de unas negociaciones climáticas que suelen permanecer difusas. Esperamos que los países lo utilicen como motivación para elevar sus ambiciones en la lucha contra el cambio climático”, indicó Trio.

El desempeño de China está lleno de contradicciones, según los autores del estudio. Es el mayor emisor de dióxido de carbono, con 7,7 millones de toneladas al año, según la estadounidense EIA, y registra un drástico aumento de gases liberados a la atmósfera, pero su política nacional para reducirlos se intensifica con rapidez.

“China está construyendo la mitad de la capacidad mundial instalada de energías renovables al año”, indicó Burck, quien prevé que su ubicación en el Índice “mejore drásticamente” en cuanto esto empiece a reflejarse en la tendencia de las emisiones.

El gigante asiático, México, Corea del Sur y Sudáfrica tienen las evaluaciones más favorables en materia de políticas para contener el fenómeno climático.

Sudáfrica muestra un mejor desempeño año a año, pero está en el lugar 38 porque sus emisiones son todavía relativamente altas y mantiene su dependencia del carbón.

Australia tomó medidas alentadoras y trepó 10 lugares. Los especialistas reconocieron el nuevo impuesto al carbono como una iniciativa muy positiva. Pero sus emisiones muy altas hacen que permanezca entre los más contaminantes, en el puesto 48.

Pese a su mala ubicación, “Australia presenta una tendencia muy positiva”, señaló Trio. “Se unió al Protocolo de Kyoto solo en 2007, pero ahora adoptó nuevas e importantes políticas para reducir sus emisiones de dióxido de carbono”, añadió.

El tratado, firmado en 1997 y en vigor desde 2005, obliga a los países industriales que lo ratificaron a reducir sus emisiones para 2012 a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990.

La 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático está reunida en Durban desde el 28 de noviembre hasta este viernes 9 para discutir nuevos compromisos de reducción de gases contaminantes.

Los países peor ubicados en la tabla son Kazajstán, Arabia Saudita y Estonia. (FIN)

La falta de acceso al agua requiere una solución urgente en África austral. Crédito: Mantoe Phakathi/IPS

Por Joshua Kyalimpa

DURBAN, Sudáfrica, 6 dic (IPS) Cobran impulso los esfuerzos para que el agua se incluya como capítulo con peso propio en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático que se desarrollan hasta este viernes 9 en Durban, Sudáfrica.

Según expertos en temas hídricos, se lograría así más énfasis en el desarrollo de políticas y en la atracción de recursos hacia este sector mediante programas de adaptación.

“Lo primero que cada uno de nosotros usa al levantarse es agua, y también cuando se va a la cama. De todos modos la damos por sentada”, dijo Chris Moseki, gerente de investigaciones en la sudafricana Comisión de Investigación del Agua, que integra la Asociación Mundial para el Agua.

La falta de agua es un problema grave en África austral, donde afecta a casi 100 millones de personas. La región se volverá más caliente y más seca en los próximos 50 y 100 años, lo que pondrá en riesgo el suministro hídrico de establecimientos agrícolas, industrias y hogares, además de amenazar los ecosistemas, indican modelos trazados por el sudafricano Consejo de Investigación Científica e Industrial.

A expertos y políticos les preocupa que la planificación sobre cambios en la disponibilidad de agua no esté recibiendo el destaque que merece.

El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros Africanos sobre el Agua, Bai-Mass Taal, dijo que el grupo está trabajando para elevar el perfil de los temas hídricos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuya 17 Conferencia de las Partes (COP 17) tiene lugar en Durban.

“Les decimos a las partes: apreciamos lo que están haciendo en otros sectores, pero sin abordar los temas hídricos directamente todo eso habrá sido en vano”, dijo Taal.

De momento, los asuntos relativos al agua se discuten como parte de la planificación, adopción de prioridades e implementación de la adaptación a un clima cambiante.

Mientras se espera que cada vez más países padezcan escasez hídrica, la actual posición del agua en las conversaciones climáticas es inadecuada, dijo la secretaria ejecutiva de la Asociación Mundial para el Agua, Ania Grobicki.

“El producto interno bruto (PIB) de muchos países menos adelantados depende del agua. Más de 50 por ciento de los alimentos del mundo procederán de África en el futuro, y esto depende de la disponibilidad de agua”, señaló.

“Es por eso que este debate debería ir más allá”, agregó.

Más de 70 por ciento de la población de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral depende directamente de la agricultura, principalmente de la que se obtiene solo con agua de lluvia.

Las proyecciones del Consejo de Investigación Científica e Industrial están entre las muchas que llaman la atención sobre el efecto que tendrán sobre la población africana los cambios pronosticados en los patrones de lluvias, los limitados recursos destinados a la adaptación y la falta de instituciones para regular el aprovechamiento de los ríos.

Desafíos similares se pronostican para el resto del mundo, pero la falta de riego y de infraestructura general en África es un factor que multiplica la necesidad de una intervención urgente.

La respuesta de África

Al cambiar los patrones de las precipitaciones, África enfrenta crisis importantes. En 2010, millones fueron víctimas de la hambruna en Níger y Mali a raíz de una sequía que afectó a los productores agropecuarios.

Este año, el Cuerno de África padece su peor sequía en 50 años, y millones sufren hambre por ese motivo.

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas, unos 12,3 millones de personas necesitan asistencia de emergencia en esa zona.

La comisionada de la Unión Africana para la Economía Rural y la Agricultura, Rhoda Peace, señaló que cuando los líderes del continente hablan sobre el cambio climático invariablemente se refieren a sequías e inundaciones, lo que muestra que el agua ya es una prioridad.

En 2008, los jefes de Estado africanos resolvieron colocar el agua y el saneamiento como prioridad continental.

“Los gobernantes acordaron asignar por lo menos 0,5 por ciento de su presupuesto nacional al agua”, dijo Peace.

“Que ese sea realmente el caso es otra historia, pero a algunos países les está yendo muy bien y pueden lograr sus objetivos”, agregó.

Brindar un acceso adecuado al agua en toda África costará miles de millones de dólares. Y para los muchos gobiernos africanos que no honran compromisos previos, no será posible recaudar las sumas necesarias sin apoyo.

El coordinador para África oriental de la Asociación Mundial para el Agua, Simon Thuo, dijo estar sorprendido de que incluso las propuestas del grupo de negociadores africanos mencionen el agua solo superficialmente.

Como otros expertos, Thuo cree que aun si las negociaciones climáticas abordan de manera específica la administración de este elemento esencial, no recibirá la atención ni el financiamiento necesarios.

La secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, en la conferencia de Durban. Crédito: Zukiswa Zimela/IPS

Por Stephen Leahy

DURBAN, Sudáfrica, 5 dic (IPS) Cuando la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima entra en su recta final en la ciudad sudafricana de Durban, Estados Unidos se yergue como el mayor obstáculo para lograr un nuevo régimen climático internacional.

“La postura estadounidense nos puede llevar a un calentamiento de tres o cuatro grados centígrados, que será devastador para los pobres del mundo”, dijo la activista Celine Charveriat, de Oxfam International. “Propone una década muerta sin nuevas metas para reducir las emisiones hasta después de 2020″, dijo.

En la 15 Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en 2009 en Copenhague, la delegación estadounidense había prometido disminuir las emisiones de ese país de gases de efecto invernadero en 17 por ciento entre 2005 y 2020.

Esto está muy lejos de lo que se reconoce como necesario para controlar el cambio climático: un recorte de emisiones de entre 25 y 40 por ciento respecto de los volúmenes emitidos en 1990 por Estados Unidos y todas las demás naciones ricas.

La ciencia ha reiterado que la contaminación climática –los gases invernadero que liberan actividades humanas como la deforestación, la agricultura, el transporte y la industria– debe alcanzar su punto más alto a mediados de esta década y luego empezar a declinar año tras año.

Pero el negociador estadounidense Jonathan Pershing insiste en que el compromiso de Copenhague es suficiente hasta 2020.

“Así no evitaremos un cambio climático desastroso”, dijo el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Jim Leape.

Con el actual aumento de la temperatura media mundial de apenas 0,8 grados respecto de la era preindustrial, el propio Estados Unidos sufrió este año pérdidas sin precedentes por las severas condiciones climáticas en su territorio, apuntó Leape.

Si Washington “no modera esta postura, debería apartarse” de las negociaciones, agregó.

Para el director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidoo, “los delegados deben oír a sus pueblos y no a algunos intereses corporativos”. El gobierno de Barack Obama está traicionando al pueblo estadounidense y a los municipios y a las empresas que están adoptando acciones serias para reducir sus emisiones, añadió.

Un delegado del bloque de Países Menos Adelantados, el gambiano Pa Ousman Jarju, también reclamó que Washington diera un paso al costado y dejara de bloquear las conversaciones de la COP 17, que comenzaron el 28 de noviembre e ingresarán a partir de este martes 6 en sus segmentos de alto nivel para concluir el viernes 9.

Jarju reiteró el compromiso del mundo en desarrollo con un segundo período del Protocolo de Kyoto, que expirará en 2012 y que establece obligaciones para todas las naciones ricas –excepto Estados Unidos– de abatir sus emisiones de gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990.

Las emisiones de Canadá son casi 30 por ciento mayores que las de 1990, y el gobierno de este país ya anunció que no se sumaría a una segunda fase de obligaciones. Japón y Rusia tampoco están dispuestos. Y así el Protocolo de Kyoto regularía solamente un cuarto de las actuales emisiones globales.

Había rumores de que el Protocolo adoptado en la ciudad japonesa de Kyoto en 1997 encontraría la muerte en Durban, pero la secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, lo desmintió.

Naidoo admitió que Protocolo no ha muerto, pero estará “en terapia intensiva en los próximos dos años” de nuevas negociaciones.

Para Jarju, más allá de Kyoto, es crucial el carril paralelo de discusiones para regular y reducir el otro 75 por ciento de la contaminación climática.

Es en este carril en el que Washington se muestra renuente a ir más allá de lo que prometió en Copenhague, porque China, el principal emisor mundial de dióxido de carbono, se negaba hasta ahora a asumir reducciones obligatorias.

Pero, por primera vez, China ha dicho que aceptaría adoptar ese compromiso a partir de 2020, un cambio que Figueres considera “muy positivo” y que forma parte de los avances que ella espera se acrecienten con el arribo de los ministros a Durban a partir de este martes.

Además de China, otras dos grandes potencias emergentes, Brasil y Sudáfrica, han mostrado su voluntad de sumarse a reducciones obligatorias desde 2020.

India es el único país del grupo Basic –que conforma con Brasil, Sudáfrica y China– que sigue negándose.

La otra gran cuestión es la puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima, que debe ofrecer unos 100.000 millones de dólares por año para financiar la adaptación de los países en desarrollo al cambio climático, pero está empantanado porque no hay acuerdo sobre su estructura y funcionamiento, aunque lo más complicado es decidir de dónde vendrá el dinero.

En cambio, hay modestos avances en las conversaciones para abatir la deforestación, una gran fuente de gases invernadero.

La negociación del programa de Reducción de Emisiones Provocadas por Deforestación y Degradación de los Bosques  (REDD+) se ha centrado en asuntos complejos como la verificación de las reducciones, mientras la cuestión de cómo financiar estos planes quedó pospuesta hasta la COP 18, que se llevará a cabo el año próximo en Qatar. (FIN)

Nalifu Yussif sostiene cestas bolga en la COP 17, que se realiza en Durban, Sudáfrica, del 29 de noviembre al 9 de diciembre. Crédito: Isaiah Esipisu/IPS.

Por Isaiah Esipisu

DURBAN, Sudáfrica, 5 dic (IPS) Talata Nsor, originaria de la norteña comunidad ghanesa de Bolgatanga, lleva buena parte de sus 54 años de vida tejiendo las cestas típicas de la zona. Pero en los últimos tiempos se le hace muy difícil conseguir la materia prima.

La actividad fue redituable para Nsor en el pasado, pues le permitió incluso pagar la escuela de sus hijos. Sin embargo, ahora cada vez se puedan producir menos cestas bolga, famosas en África occidental y vendidas en mercados de Europa y América, porque el material usado, conocido como hierba de elefante, se extingue, debido al cambio de las condiciones climáticas.

“Hace 10 años caminaba hasta cualquier pantano cercano, en el norte de Ghana, y cortaba la hierba sin costo alguno. En cambio, ahora tengo que ir muy lejos o, incluso, llegar hasta Kumasi, a unos400 kilómetros, para comprarla”, explicó.

La hierba de elefante solo crece en pantanos, que ahora la población de la zona los utiliza para cultivar y paliar la inseguridad alimentaria ante la falta de lluvias.

“La gente prefiere convertir los pantanos en granjas hortícolas frente al fracaso de la agricultura dependiente de la lluvia”, indicó Nafisatu Yussif, oficial de programa de Abantu, organización que promueve políticas con perspectiva de género en África.

“Las precipitaciones ya no son confiables y la gente necesita cultivar en zonas donde la irrigación esté asegurada”, apuntó.

Nafisatu Yussif es una de las muchas representantes de comunidades rurales de todo el mundo que lograron llegar hasta esta ciudad sudafricana para alzar su voz en la  17 Conferencia de las Partes (COP) dela Convención Marcode las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de dos semanas que terminará este viernes 9.

“Recibimos a diferentes mujeres de distintos ámbitos”, señaló Samantha Hargreaves, de ActionAid Internacional (http://www.actionaid.org/?intl=), una de las organizadoras de la Asamblea de Mujeres Rurales, que se realiza en forma paralela a la COP 17 (http://www.cop17-cmp7durban.com/), que comenzó el 29 de noviembre.

“Más de 500 mujeres en este foro comparten experiencias de diferentes países sobre cómo seguir adelante y mostrar las mejores prácticas. El resultado de la asamblea se presentará al Grupo Africano de Negociadores como posición común de las representantes de los países más pobres”, indicó Hargreaves.

Según las participantes de la asamblea, las mujeres de países pobres afrontan dificultades similares.

“En mi país, las mujeres trabajan duro en la huerta, pero a la hora de cosechar, los hombres asumen la responsabilidad de recaudar el dinero. Me acabo de enterar de que lo mismo ocurre en África y otros países asiáticos”, indicó María Estela Jocón González, quien representa a las campesinas de tres regiones de Guatemala propensas a inundaciones, fenómeno que se agravó en los últimos tiempos.

“Cuando hay inundaciones, los pozos se llenan de agua sucia. Según nuestra cultura, es responsabilidad de la mujer garantizar la suficiente cantidad de líquido para beber y otros usos domésticos”, dijo a IPS.

González pide a la comunidad internacional, reunida en Durban, que asegure la implementación de sistemas para contener las crecientes inundaciones.

“Quiero escuchar que los países se comprometen a reducir las emisiones de gases contaminantes que causan el calentamiento global. Es bueno pensar en el desarrollo, pero no tiene sentido sin un ambiente sano”, observó.

Mientras hay inundaciones en Guatemala, faltan lluvias en el sur de Senegal.

Faty Khody, de la comunidad rural senegalesa de Kaulak, dijo a IPS que las lluvias en esa zona disminuyeron de900 milímetros, en2001, aentre 300 y400 milímetros, en la actualidad.

“Solíamos cultivar verduras que vendíamos en el mercado local. Pero ya no es posible, a menos que tengamos irrigación”, indicó Khody, oficial de promociones de Interpench, una organización que reúne a más de 7.700 campesinas senegalesas.

“El patrón de lluvias cambió, las sequías son más pronunciadas y, cuando llueve, hay inundaciones, que causan sufrimiento en la población rural, en especial mujeres, niños y niñas, añadió.”

Con apoyo de la organización no gubernamental Horizon 3000, Interpench lanzó un proyecto llamado “Una mujer, un árbol frutal”, como forma de adaptación al cambio climático.

“Decimos un árbol porque es el primer paso. Se entrega el almácigo de forma gratuita para plantar el primero y se le da el nombre del que lo haga, como recordatorio. Pero la idea es motivar a las mujeres a participar, no solo en la plantación de un árbol, sino en que este sea frutal”, explicó Khody.

“Esperamos que los debates enla COP17 concluyan con ideas que apoyen iniciativas femeninas de adaptación al cambio climático”, remarcó Hargreaves.

Pero para que esos proyectos tengan éxito, deben erigirse sobre los sistemas de conocimiento indígenas, insistió.

“El Grupo Africano de Negociadores no debe sucumbir ante la presión de los países ricos enla COP17”, remarcó.

“La mayoría de las negociaciones se realizan en salas de reuniones sin involucrar a la gente de a pie”, coincidió Elizabeth Kakukuru, oficial de programa de la Unidadde Género de la Comunidadde Desarrollo de África Austral (http://www.sadc.int/).

“Pero las recomendaciones elaboradas deben ser implementadas por campesinas. Llegó la hora de que las partes afectadas participen de forma directa en estas importantes negociaciones”, indicó.

En lo que respecta a la transferencia de tecnología para adaptarse al cambio climático, Kakukuru observó que todos los proyectos deben ser apropiados y desarrollados en consulta con las comunidades indígenas. (FIN)

Por Kristin Palitza

DURBAN, Sudáfrica, 3 dic (IPS) Con ruidosos cantos, miles de personas recorrieron las calles de la ciudad sudafricana de Durban hasta la sede de la cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático para reclamar “una inmediata y drástica” reducción de emisiones de carbono destinada a salvar el planeta.

En este sábado 3 de diciembre, Día Mundial de Acción, manifestantes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y de grupos de trabajadores, mujeres, jóvenes, académicos, religiosos y ecologistas se unieron para hacer oír ante los gobiernos del mundo la demanda de una acción firme de combate al cambio climático.

En esta ciudad del este de Sudáfrica se celebra desde el 28 de noviembre hasta el 9 de este mes la 17 sesión de la Conferencia de las Partes (COP 17) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

“Pedimos un cambio de 100 por ciento. Hoy nace un poderoso movimiento que desafía a las naciones ricas del mundo”, dijo el integrante del comité organizador del Día Mundial de Acción, Desmond D’Sa. “Los dirigentes mundiales discute la suerte de nuestro planeta, pero están lejos de lograr una solución al cambio climático”.

Es hora de que los negociadores escuchen la voz de la gente común, dijeron los manifestantes. Algunos portaban pancartas con las leyendas “Nunca confíes en la COP 17″, “Unidos contra el cambio climático”, “Justicia climática ya” y “Aseguremos la supervivencia de las futuras generaciones”.

Había en la calle el sentimiento generalizado de que la gente común sigue excluida de debates cruciales sobre asuntos que afectan sus vidas.

“Queremos que el uno por ciento que está dentro (de la conferencia) escuche lo que tiene para decir el 99 por ciento que está afuera”, explicó Bobby Peek, uno de los organizadores de la protesta y director de Amigos de la Tierra África. “Reclamamos cortes inmediatos y drásticos de las emisiones a los países ricos que han causado el cambio climático”.

Era palpable el disgusto sobre el avance lentísimo de las negociaciones en la primera semana de la COP 17, mezclado con el temor de que la cumbre termine sin resultados tangibles.

Peek sostuvo que estaba muy decepcionado por el estado de las conversaciones. “Fue una semana desastrosa. No hay señales de avance en metas” de reducción de las emisiones que están causando el calentamiento global, aseveró.

El director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidoo, acusó a Estados Unidos por no haber ratificado nunca el Protocolo de Kyoto, el único instrumento internacional obligatorio para abatir la contaminación climática.

“Esto no es un ensayo general. Esta semana de beligerancia, riñas y puñaladas por la espalda debe dar paso a acuerdos reales sobre el futuro del planeta. Quienes no estén interesados en salvar vidas, economías y ambientes, como Estados Unidos, deben apartarse y permitir avanzar a los que tienen voluntad política”, dijo Naidoo.

Una ruidosa columna de manifestantes se dirigió desde el centro de Durban hasta la entrada del Centro Internacional de Convenciones, donde se celebra la COP 17, para entregar a la secretaria ejecutiva de la CMNUCC, la costarricense Christiana Figueres, una lista con todos los puntos que los gobiernos deberían lograr antes de que concluya la reunión:

• Asegurar que el punto más alto de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se alcance en 2015.
• Prorrogar el Protocolo de Kyoto y asegurar que contenga un mandato para establecer un amplio instrumento legalmente obligatorio.

• Entregar la financiación necesaria para hacer frente al cambio climático.
• Establecer un marco de protección para los bosques de los países en desarrollo.
• Asegurar la cooperación mundial en materia de tecnología y financiación energética.
• Asegurar un sistema internacional transparente para medir y fiscalizar los compromisos y acciones nacionales.

Los activistas criticaron a las naciones ricas e industriales por usar la crisis económica mundial como excusa para dar prioridad a los intereses nacionales sobre los internacionales. Tras una semana de conversaciones, sigue sin saberse cómo se obtendrán los recursos para financiar proyectos de mitigación y adaptación, particularmente cruciales para los países pobres.

“Por ahora no sabemos de dónde vendrá el dinero. Hay un verdadero riesgo de que nos vayamos de Durban con los bolsillos vacíos. Y este fracaso se medirá en vidas, economías y hábitats”, advirtió el coordinador de política climática de Greenpeace, Tove Ryding. “Si los gobiernos no avanzan, el acuerdo final estará desprovisto de toda capacidad de proteger el clima”.

La marcha de este sábado interpela especialmente a los ministros y jefes de Estado y de gobierno que empezarán a llegar a la cumbre el lunes 5.

“No podemos seguir hablando y perdiendo el tiempo”, apuntó el coordinador de ActionAid Internacional, Harjeet Singh. “Marchamos hoy para mostrar nuestra indignación. Queremos dejarles a los ministros un mensaje claro: No pueden seguir poniendo pretextos”. (Fin)

Niños apoyan en Durban los esfuerzos para la reducción de emisiones de carbono. Crédito: Zukiswa Zimela/IPS

Por Stephen Leahy

DURBAN, Sudáfrica, 2 dic (IPS)  La sociedad civil alertó en Durban sobre el peligro de convertir tierras africanas destinadas a la producción de alimentos en cultivos con vistas a comerciar créditos de carbono.

Representantes de organizaciones no gubernamentales reclamaron este viernes 2 a Sudáfrica, país anfitrión de la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17), que no incluya la llamada “agricultura climáticamente inteligente” en las negociaciones.

El presidente sudafricano Jacob Zuma declaró que la agricultura debería ser parte de un nuevo tratado climático. Otros funcionarios de este país ya habían dicho antes a IPS que querían incluirla para que hubiera “fondos específicos y acciones específicas” en el contexto de la Convención Marco.

“Poner a la agricultura en un futuro tratado climático es como un premio consuelo para África porque los países ricos no pudieron acordar objetivos legalmente vinculantes” para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, dijo Teresa Anderson, de la Gaia Foundation, una organización no gubernamental con sede en Londres.

“Este premio consuelo es un cáliz envenenado. Conducirá a la apropiación de tierras y pondrá a los agricultores africanos en manos de los inconstantes mercados de carbono”, declaró Anderson a IPS.

La agricultura es una importante fuente de gases invernadero, como el carbono y el metano, que representan entre 15 y 30 por ciento de las emisiones contaminantes mundiales. Cuando se incluye a todo el sistema de producción de alimentos, las emisiones totales derivadas de la agricultura equivalen a casi la mitad de todas las emisiones. Por esos motivos hubo esfuerzos previos para incorporar esta actividad en un nuevo tratado climático.

Los cambios en las prácticas agrícolas pueden reducir las emisiones en gran proporción. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo es mediante regulaciones, no a través de un tratado climático ni de créditos de carbono, según Anderson.

“¿Por qué ahora los mercados se ven como la única solución, cuando hace menos de 10 años ni siquiera estaban en la mira?”, planteó.

El Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras entidades están a favor de una “agricultura climáticamente inteligente”. Esta adopta prácticas sustentables, aumenta la productividad y la resiliencia a los cambios meteorológicos y reduce y/o elimina los gases invernadero. La sociedad civil objeta esto último.

“Todo esto tiene que ver con nuevos mercados de carbono. El Norte todavía no hizo los necesarios recortes de emisiones y quiere esto para poder simular que reduce sus emisiones”, sostuvo Helena Paul, de la organización ambientalista EcoNexus.

Esto plantea un profundo peligro para la agricultura, “con un potencial real de que haya más apropiaciones de tierras y expansión de monocultivos para poder cosechar créditos”, dijo Paul.

Según Anderson, los gobiernos africanos ven los 144.000 millones de dólares del mercado de carbono europeo y piensan que pueden ser una gran fuente de financiamiento. Pero mucho menos de uno por ciento terminó en proyectos reales, agregó.

El primer proyecto para vender créditos de carbono del suelo en África está en marcha en Kenia. Financiado por el Banco Mundial, unos 15.000 agricultores y 800 organizaciones agrícolas cambian sus prácticas para secuestrar carbono por un periodo de 20 años.

Los costos de establecer el Proyecto de Carbono Agrícola de Kenia, junto con los que implica medir el carbono y comerciar los créditos, se estiman en más de un millón de dólares, dijo Anne Maina, de la filial keniata de la African Biodiversity Network.

Con los actuales precios del carbono, los agricultores recibirán apenas un dólar al año por sus esfuerzos, cuando les prometieron mucho más, enfatizó Maina. Solamente los dueños de grandes predios pueden esperar algún beneficio. Los grandes terratenientes, los consultores y otros expertos serán quienes se quedarán con la mayor tajada, dijo a IPS.

“África ya está sufriendo una epidemia de concentración de tierras. La carrera por el control de los suelos para el comercio de carbono solo puede empeorar esto”, añadió.

El Proyecto de Carbono Agrícola de Kenia promueve prácticas agrícolas sustentables como la agroforestería, que son buenas para la tierra y aumentan la producción alimentaria, reconoció. Sin embargo, sería mucho mejor financiarlo con los fondos para la adaptación al cambio climático que prometieron aportar los países industrializados.

“Los mercados de carbono son altamente volátiles”, dijo Steve Suppan, del Institute for Agriculture and Trade Policy, con sede en Estados Unidos.

En noviembre, la tonelada de carbono se cotizó a apenas seis dólares, 50 por ciento de su precio de enero. En buena medida, esto es consecuencia de la crisis financiera europea. Los precios del carbono simplemente son demasiado poco confiables para que la mayoría de los inversores los consideren a largo plazo, señaló Suppan.

Además, medir cuánto carbono se secuestra es un procedimiento extremadamente técnico e incierto a largo plazo, así que inversores como el Banco Mundial reducen 60 por ciento su valor.

“Los créditos del carbono del suelo solo generarán ganancias diminutas para los agricultores, permitiendo que los mayores contaminadores sigan contaminando”, dijo Suppan.

Lo que necesita la agricultura africana es reducciones reales de las emisiones, junto con un sustancial financiamiento para la adaptación al cambio climático, agregó.

Nnimmo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, dijo que “los créditos de carbono del suelo son una falsa solución” al cambio climático.

Bassey reclamó a los países ricos, responsables de la crisis climática, que reafirmen sus compromisos de establecer “recortes legalmente vinculantes de las emisiones, en línea con la ciencia y la igualdad”.

“El presidente sudafricano Jacob Zuma debe apoyar a África y ser intransigente… Necesitamos que los países ricos hagan recortes profundos, drásticos y vinculantes de las emisiones, y finanzas climáticas reales y públicas, no un mandato para una nueva ola de colonialismo financiero” a través de disposiciones contenidas en el Fondo Verde para el Clima, señaló en un comunicado el activista Bobby Peek, del capítulo sudafricano de Amigos de la Tierra.

Manifestantes del Sierra Club declaran muerto al carbono en Durban. Crédito: Zukiswa Zimela/IPS

Por Kristin Palitza

DURBAN, Sudáfrica, 2 dic (IPS) Al finalizar la primera semana de negociaciones climáticas de la ONU, hay serias dudas sobre la adopción del Fondo Verde para el Clima y parece cada vez más improbable un tratado vinculante para reducir emisiones contaminantes que suceda al Protocolo de Kyoto.

Varios países sudamericanos, Estados Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Nigeria y Venezuela manifestaron sus reservas sobre el Fondo Verde y expresaron la necesidad de revisar algunas de sus cláusulas.

La Unión Europea (UE), que continúa apoyando el borrador que daría nacimiento al Fondo, urgió a los países a no retrasar su avance, pero hasta ahora no tuvo éxito.

“Debería ser posible acordar el instrumento tal como figura en el proyecto. Es un buen acuerdo. Y en su formato actual atraerá financiamiento significativo”, dijo el negociador de la UE Tomasz Chruszczow.

“Sería contraproducente embarcarse en más debates técnicos”, agregó.

Organizaciones no gubernamentales y activistas coinciden en que reabrir el texto en negociación perjudicará seriamente las posibilidades de dejar listo el Fondo Verde antes de que finalice la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17), que se desarrolla hasta el 9 de este mes en Durban, Sudáfrica.

“Esto significaría que no haya ningún instrumento para canalizar dinero. Entendemos que algunas partes tienen preocupaciones, pero este texto representó un acuerdo político finamente equilibrado, y finalizarlo insumió meses”, se lamentó Tasneem Essop, jefe de estrategias climáticas internacionales en el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Propuesto inicialmente en 2009 en Copenhague, el Fondo Verde para el Clima se aprobó en la COP 16, celebrada hace un año en Cancún, con el objetivo de asistir a las naciones pobres en la mitigación y adaptación al cambio climático.

Entonces, el Norte industrial se comprometió a aportar 30.000 millones de dólares en 2012 y 100.000 millones de dólares anuales para 2020.

Ahora, se espera que los delegados de más de 190 países reunidos en Durban den por concluido el proceso de puesta en marcha del Fondo Verde.

En un intento de lograr consenso, la presidenta de la COP 17, Maite Nkoana-Mashabane, dijo que dialogará con representantes de varios países en “debates transparentes e informales”.

Sin embargo, no hay un proceso o calendario definitivo para esas conversaciones. Partidarios del Fondo Verde retienen el aliento mientras esperan el informe de Nkoana-Mashabane.

Algunos expertos sugieren que, en vez de reiniciar las negociaciones, debería haber un texto adicional al borrador del documento que resuelva algunas de las preocupaciones más acuciantes, mientras que otros asuntos pueden ser abordados por la directiva del Fondo, una vez que se la elija.

Economía de la adaptación

Un financiamiento inmediato para la adaptación y la mitigación no solo ayudará a los países a enfrentar el cambio climático, sino que también tendrá un fuerte efecto económico.

El Banco Mundial y el Servicio Geológico de Estados Unidos estiman que las pérdidas económicas mundiales por catástrofes naturales en los años 90 se podrían haber reducido en 280.000 millones de dólares si se hubieran invertido apenas 40.000 millones de dólares en prevención de desastres.

Pero dos años después de comprometerse a movilizar recursos financieros para la adaptación y mitigación del cambio climático, los países industrializados todavía tienen que determinar de dónde vendrán los fondos públicos prometidos. En cambio, se han centrado en cómo movilizar al sector privado.

Si el Fondo tiene las arcas vacías, no tendrá razón de ser, advirtió Ilana Solomon, consejera de políticas en el capítulo estadounidense de ActionAid.

“Sabemos que estos tiempos son duros para la asistencia financiera y que los presupuestos son ajustados”, señaló, en referencia a la crisis de la eurozona, “pero la verdad es que los países ricos pueden aportar el dinero”.

Las dificultades para garantizar el financiamiento del Fondo Verde son alarmantes porque, aunque los países terminaran aportando la totalidad del presupuesto, eso no alcanzaría.

La Comisión Europea y el Banco Mundial estiman que se necesita por lo menos el doble de esa suma para la adaptación y la mitigación en los países en desarrollo. Otros expertos señalan que el mundo necesitará 5,7 billones de dólares para 2035 a fin de abordar los efectos del cambio climático.

“El costo de la inacción es mucho más alto que el de la acción”, dijo la consejera de políticas sobre cambio climático de la filial australiana de Oxfam Internacional, Kelly Dent.

Hasta ahora, los países no han acordado un solo mecanismo para atraer fondos públicos.

Kyoto: ¿una evasión?

En medio de los acalorados debates sobre el Fondo Verde, se agotan las posibilidades de que los países acuerden un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kyoto, que expirará a fines de 2012.

Más allá del bloque de países de la UE, ninguna otra nación industrializada apoya una extensión. Estados Unidos, Rusia y Japón expresaron su desinterés, mientras que Canadá generó protestas públicas esta semana cuando se supo que quiere abandonar el Protocolo, probablemente para evitar multas por no cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones.

“No podemos dejar que la medida adoptada por Canadá nos distraiga del progreso muy real que puede lograrse con la UE y otros, como camino crucial hacia un régimen legalmente vinculante” para la reducción de emisiones, urgió Dent.

Incluso la UE cambió levemente de pisada. Ahora quiere que los principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero acuerden para 2015 un pacto a implementarse como mucho en 2020, y a cambio ofrece ampliar sus objetivos de reducción de emisiones bajo el Protocolo de Kyoto.

La UE dice que espera salir del punto muerto en que están las conversaciones y hallar un común denominador con China y otras economías emergentes.

Pero los expertos en cambio climático creen que no se puede esperar hasta 2020 para fijar objetivos firmes de reducción de emisiones. “Necesitamos ambición para ampliar los objetivos de reducción de emisiones a partir de 2012”, dijo Dent.

Los países en desarrollo –especialmente en África, donde el cambio climático se sentirá con más crudeza– apuestan a que la UE pueda convencer a otras naciones industrializadas de comprometerse con un segundo período del Protocolo de Kyoto.

“Para nosotros hay mucho en juego”, dijo Raymond Lumbuenamo, coordinador regional para África central del Fondo Mundial para la Naturaleza.

“Ya experimentamos los impactos reales del cambio climático. Somos las víctimas de un cambio que no causamos. África no quiere ser el cementerio de este tratado”, agregó.

Las mujeres son las mayores víctimas de los efectos del calentamiento global, pero al mismo tiempo las que primero reaccionan y levantan las banderas de la lucha en la mitigación y la adaptación al cambio climático, dijo a IPS Janete Guilherme, coordinadora de la asociación comunitaria. “Los hombres vienen detrás”, aseguró.

Se necesitan fuertes incentivos para las empresas dispuestas a invertir en un futuro bajo en carbono.

BRIGHTON, United Kingdom, 21 nov (Tierramérica).- Los mercados de carbono soportan fuego cruzado, pese a la confianza en su capacidad de generar reducciones significativas de gases de efecto invernadero.

Crédito: Claudius/IPS

A medida que se aproximan la conferencia de cambio climático, que comenzará el 28 de noviembre en Durban, Sudáfrica, y el fin del primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto, en 2012, los mercados de carbono soportan bajos precios, insuficientes para los montos que requieren las tecnologías limpias, y una serie de escándalos de corrupción.

Algunos se preguntan si es correcto insistir en los mercados de carbono, y no son solo las organizaciones no gubernamentales.

El exjefe de la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones, Henry Derwent, dijo hace poco que “el mercado consiste en jugadores individuales, muchos de los cuales tienen otros lugares a los que ir si esto es muy complicado para hacer dinero o asegurar las inversiones”.

Derwent se refería al Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, una fuente de importante demanda de créditos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

El MDL, previsto en el Protocolo de Kyoto, es el instrumento central de los mercados de carbono. Se trata de un sistema de compensación que permite a los países ricos pagar a los pobres para que reduzcan, en su nombre, emisiones de gases invernadero en lugares en los que, en teoría al menos, es más barato hacerlo.

Los proyectos deben demostrar que son “adicionales” –que no se hubieran llevado a cabo sin la financiación del MDL–, y hay diferentes métodos para certificarlo. Pero varios estudios indican que hasta 40 por ciento de los proyectos son cuestionables en este aspecto.

Cables publicados por Wikileaks muestran a autoridades de gobierno asegurando que ningún proyecto de países como India –el segundo mayor receptor de iniciativas MDL– puede considerarse genuinamente adicional.

Pero el acuerdo de Kyoto fue que los países pobres tendrían derecho a obtener beneficios (tecnología, empleos, salud) por alojar esos proyectos, esto es reducir las emisiones de gases a un costo bajo a cambio de desarrollo sustentable.

La abrumadora evidencia indica que no ha ocurrido nada semejante.

A menos que los proyectos sean también acreditados por estándares privados –como Gold Standard, que cuenta con 20 por ciento del mercado– no hay más dinero por entregar beneficios de desarrollo sustentable.

Los beneficios que se establecen en los documentos de diseño de proyectos del MDL no se certifican cuando estos concluyen. La responsabilidad de evaluar si se cumplieron los criterios nacionales de desarrollo sustentable corresponde a las autoridades del país, cuya falta de tiempo para fiscalizar a fondo determina que no estén en condiciones de hacerlo.

Los defensores del mercado de carbono hablan de proyectos que han logrado reducciones de gases y desarrollo sustentable: iniciativas de energías solar, eólica, biomasa y cocinas eficientes que multiplicaron beneficios ambientales y de salud en comunidades pobres.

Los críticos arguyen que tales proyectos pueden y deberían financiarse por otros medios, como ayuda directa, en lugar de crear una oportunidad de compensación que permite a las industrias del Norte absolverse de la presión para reducir realmente la contaminación que producen.

En definitiva, los proyectos con beneficios sustanciales y duraderos son muy pocos, y siguen en pie poderosos incentivos para ir en busca de acciones mínimas, de bajo costo, pero acreedoras de grandes cantidades de créditos de carbono, como eliminar los hidrofluorcarbonos de los sistemas de refrigeración.

Con todo, muchos todavía creen que es muy pronto para tirar al bebé con el agua del baño. Según el Banco Mundial, la financiación del MDL sigue siendo la mayor fuente de recursos de mitigación disponible para los países en desarrollo, que podrían obtener 18.000 millones de dólares en ingresos directos en el período 2001-2012.

Para resolver los problemas ya observados, hay propuestas de reformar el MDL, pero que no hincan el diente en obstáculos que podrían superarse con mayor aprendizaje institucional e innovación. Por ejemplo, elevar la escala de los proyectos, reducir las barreras a los más pequeños, mejorar las observaciones a quienes conciben las ideas.

Esto toca la política profunda del mercado de carbono y el papel que juega en la respuesta al cambio climático.

El desafío, en resumidas cuentas, es pasar de una economía de combustibles fósiles a un “capitalismo climático” en el que el crecimiento y el desarrollo se logren con poca liberación de carbono.

Esto requiere trabajar con empresas poderosas y actores financieros que hagan dinero con una economía baja en carbono.

Ante la urgencia de evitar que el calentamiento llegue a tres o cuatro grados, un argumento a favor de la compensación es que gana tiempo para que los países ricos hagan la transición a esa economía.

El problema es que la mayoría de ellos no lo están haciendo. Y los que sí lo intentan, encuentran que sus acciones son superadas por el crecimiento económico que siguen aportando los hidrocarburos.

Por tanto, cabe preguntarse si la compensación de gases es una solución permanente o está destinada a ser temporaria.

Los cambios de fondo llevan tiempo y no son fáciles. Pero, ¿cuánto tiempo habrá que seguir confiando en la compensación como alternativa para combatir las fuentes de gases invernadero?

Se necesitan fuertes incentivos para las empresas dispuestas a invertir en un futuro bajo en carbono. De momento, el MDL sigue siendo positivo, pero no lo suficientemente importante para cambiar la estrategia de inversiones.

Afrontar el cambio climático también entraña una respuesta dura a las empresas que siguen invirtiendo en los combustibles fósiles, pese a la evidencia de su nocivo efecto.

* Peter Newell es profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Sussex y coautor del informe ‘Governing Clean Development: what have we learnt?’, (Gobierno del desarrollo limpio: Qué hemos aprendido) publicado el 15 de este mes con Jon Phillips, de la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad de East Anglia. Derechos exclusivos Tierramérica.

	Residentes de Kalacha propusieron que el agua de un manantial en el desierto fuera usado para irrigar el pasto autóctono, que podría ser empleado como forraje. Crédito: Isaiah Esipisu/IPS

“Cuando la horticultura fue introducida por varias organizaciones no gubernamentales hace cinco años, realmente nos entusiasmamos, porque iba a ser una alternativa a nuestro estilo de vida pastoril, que ya estaba amenazado por las cambiantes condiciones climáticas”, señaló Abdi Tuya, residente de Kalacha.

“Pero mucho tiempo antes descubrimos que todo era inútil, porque los monos y otros animales se comían las cosechas”, agregó.

Sin embargo, después de consultas con miembros de la comunidad, el Programa de Investigación de Tierras Áridas y Semiáridas (KASAL, por sus siglas en inglés), del Instituto de Investigación Agrícola de Kenia, descubrió que la comunidad ya tenía una idea mejor.

“Insistieron en que querían usar el agua y la tierra para cultivar pasto y así alimentar a sus cabras y camellos desnutridos, especialmente durante la sequía”, explicó a IPS el director de KASAl, David Miano.

La Provincia Nororiental siempre ha sido una zona árida, y el cambio climático ha hecho a las lluvias más erráticas.

El gobierno estima que más de 50 millones de animales domésticos en la zona corren riesgo de morir, mientras más de 1,4 millones de personas necesitan urgentemente ayuda alimentaria por causa de la sequía.

Ante esto, los residentes de Kalacha propusieron que el agua de un manantial hallado en el desierto fuera usado para irrigar pasto autóctono, que podría ser empleado como forraje.

“Esto obligó a nuestros científicos a iniciar una nueva investigación para identificar los diferentes tipos de pastos autóctonos que fueran tolerantes a las sequías y que tuvieran valor nutricional suficiente para alimentar a los animales”, contó Miano.

Y ahora, dos años después, los agricultores se jactan de haber salvado a miles de animales que habrían sucumbido por la última sequía en el Cuerno de África.

“El cultivo de pasto es lo mejor que me ha pasado. Todos los animales desnutridos son llevados a los pastizales para engordar. El año pasado pude salvar 80 cabras que estaban sucumbiendo ante la sequía”, dijo Tuya, dueño de 450 de estos animales y 15 camellos.

Antes, la única opción habría sido sacrificar a los animales.

Historias exitosas como la de Kalacha convencen a los expertos que África debería buscar sus propias soluciones para adaptarse al recalentamiento planetario.

Esto toma más relevancia cuando se acerca la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará entre el 28 de este mes y el 9 de diciembre en la oriental ciudad sudafricana de Durban.

“Debemos aceptar la realidad de que, no importa cuán exitoso pueda ser un proyecto en un área, no significa que pueda ser aplicado en otra, aun si las características climáticas y geográficas son las mismas”, señaló el presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), Rajendra Kumar Pachauri.

“Por ejemplo, proyectos con gran impacto en Mongolia podrían no tener éxito en África”, dijo a IPS.

El funcionario señaló que las instituciones de investigación debían concentrarse en soluciones autóctonas. “La investigación debe ser relevante para las necesidades locales, debe ser más práctica y estratégica”, subrayó Pachauri.

Los expertos han llegado a esta conclusión luego de que varios proyectos de adaptación en África demostraron ser irrelevantes para los problemas locales.

Un ejemplo fue la introducción del mezquite (Prosopis juliflora), arbusto nativo de México, América del Sur y el Caribe que se esperaba cubriría varias áreas secas y terminó siendo dañino para los residentes.

En Etiopía, estudios indican que el arbusto tuvo un impacto negativo en la seguridad alimentaria de la población, particularmente en la norteña región de Afar, donde se extendió a tierras cultivables.

“Aunque al árbol lo usamos para combustible, para fabricar vallados, para la construcción y para hacer carbón, estaríamos felices si alguien nos enseñara a erradicar el Woyane hara (nombre local del mezquite)”, dijo a IPS Ato Kebele, residente de Afar y quien trabaja en Addis Ababa, la capital etíope.

“Nos gustaría cultivar árboles autóctonos en lugar de este enemigo”, dijo.

En Kenia, los residentes del condado de Baringo, en la región del Valle del Rift, presentaron una demanda en 2007 contra la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Los residentes dijeron que, luego de que la organización introdujera el arbusto, también conocido como Mathenge, éste se propagó a sus granjas y afectó los dientes de sus cabras. Como evidencia presentaron a los animales desdentados.

La justicia declaró al árbol nocivo y ordenó que lo gobierno lo destruyera y creara una comisión para evaluar los daños y compensar a la comunidad.

Sin embargo, Alexander Alusa, consejero sobre cambio climático en el gobierno keniano, alertó que, aun cuando se buscaran soluciones autóctonas a los problemas de África, se necesitarían políticas coherentes y unificadas para que sean efectivas.

“En Kenia, por ejemplo, el gobierno que le concedió a poblaciones locales parcelas en el bosque de Mau, a través del Ministerio de Tierras, es el mismo que lucha por proteger las zonas forestales a través del Ministerio de Ambiente. Si se armonizaran las políticas, no habría confusión”, dijo a IPS.

* Este artículo es parte de una serie apoyada por la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN).(FIN/2011)

	Las ciudades africanas son propensas a sufrir las consecuencias del cambio climático. Crédito: Einberger/argum/EED/IPS.

La mayor parte del producto interno bruto se genera en las ciudades, que son el motor de la economía y donde se origina la innovación y el cambio. Pero por lo mismo, también es donde se crea la mayor parte de la contaminación y el daño ambiental.

“Las ciudades son responsables de 75 por ciento de los gases invernadero porque es donde vive la mayor parte de la gente”, Marlene Laros, asesora de política y estrategia de Iclei Sudáfrica, una asociación global de gobiernos locales dedicada al desarrollo sustentable.

Laros habló en la inauguración de la conferencia Cambio Inspirador, que se desarrolla entre este viernes 18 y el domingo 20 en Ciudad del Cabo, y donde se discuten vías para que las ciudades africanas puedan responder al recalentamiento planetario.

“A partir de 2050, 60 por ciento de la población africana vivirá en ciudades, bastante más que el actual 40 por ciento. Es un hecho que no podemos cambiar. Nuestro desafío es cómo hacer frente a la urbanización”, indicó Laros.

La experta sugirió integrar las medidas para contener el cambio climático con las políticas económicas y de desarrollo para atender al mismo tiempo, y no de forma aislada, temas relacionados con pobreza, empleo y ambiente.

El cambio climático está estrechamente vinculado con el ambiente, la economía, la política, la pobreza, la seguridad alimentaria, el acceso al agua y el entorno urbanístico. Si África quiere crear ciudades verdes, deberá considerar todos estos factores, indicó Laros.

Uno de los mayores desafíos para la creación de ciudades verdes es que las naciones africanas deberán duplicar su infraestructura a partir de 2050 para atender su rápido crecimiento urbano. Eso implicará grandes proyectos de construcción, una de las actividades más contaminantes.

“La construcción consume entre 30 y 45 por ciento de la producción global de energía. Usamos entre seis y ocho por ciento de la demanda de combustible fósil para construir. Son costos muy altos y nada sustentables”, alertó el consultor independiente Robert Zipplies. “Necesitamos encontrar formas diferentes que protejan el ambiente para desarrollar nuestras ciudades”, apuntó.

Pero no será fácil de llevar a cabo, pues el desarrollo económico sigue prevaleciendo sobre el ambiente en un continente donde el alivio a la pobreza y la creación de empleos son las prioridades de todo gobierno.

En urbes como Ciudad del Cabo es más redituable construir estacionamientos que un parque o cualquier otro espacio público, indicó Laros.

Debido a políticas de ordenamiento territorial y a fuerzas del mercado que favorecen a los ricos, los pobres urbanos de África – que constituyen la mayoría de los hogares– son cada vez más vulnerables a los potenciales efectos del cambio climático. Eso pone en riesgo la resiliencia de las comunidades urbanas en todo el continente.

Los urbanistas están por tanto en una posición ideal para contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero no se han involucrado lo suficiente en África. Solo unas pocas estrategias municipales analizan los peligros y los factores de vulnerabilidad ante los actuales y futuros efectos del recalentamiento planetario en zonas urbanas.

Disminuir la huella de carbono (la cantidad de gases invernadero emitidos) de una ciudad tendría muchos resultados positivos, como una población más saludable, arguyó Leonie Joubert, investigadora y autora de varios libros sobre cambio climático.

“Las ciudades africanas fueron construidas de forma expansiva y dispersa, por lo cual la circulación de mercancías en ellas toma tiempo y dinero. Su diseño hace que emitan mucho dióxido de carbono. Por cada caloría que llega a la ciudad se requiere de un servicio ecosistémico para producir el alimento y transportarlo”, explicó.

Es decir que el alimento transportado a los centros urbanos expandidos tiene una mayor huella de carbono y suele ser menos fresco y más procesado. “Las ciudades nos hacen gordos y nos enferman”, remarcó Joubert. “Hay una epidemia de obesidad en África, junto con una grave desnutrición, situación que deriva de significativos problemas climáticos”, explicó.

Una solución sería tener ciudades más densamente pobladas para crear economías a mejores escalas, según ella.

“Sería más fácil y barato crear sistemas de transporte público para reducir la cantidad de vehículos particulares y que haya más personas caminando. Ciudades más densas permiten bajar el costo de los alimentos saludables, así como la huella de carbono, porque se abarata su traslado”, explicó.

Joubert llamó a exigir ciudades más verdes en el ámbito municipal.

El cambio climático no es un asunto que deban atender de forma exclusiva los gobiernos nacionales, pues sus consecuencias se sienten más a menor escala. Los gobiernos locales tienen más relación con las personas que lo sufren directamente y están mejor ubicados para construir ciudades resilientes, al tiempo que evitan retrocesos en el desarrollo social y económico, alcanzado con mucho esfuerzo.

Cada urbanita africano tiene un papel para desempeñar, señaló Joubert. “Las políticas nacionales parecen impenetrables para las personas de a pie, pero es mucho más fácil movilizar a la gente en las ciudades”, sostuvo. (FIN/2011)

BHUBANESWAR, India, nov (IPS) – En el interior del oriental estado indio de Orissa, unas 200 mujeres tienen la misión de identificar, recolectar y conservar variedades de semillas autóctonas y fomentar su uso entre familias campesinas.

	Dada la irregularidad de las lluvias monzónicas, las comunidades agrícolas que dependen de sus propias semillas se las arreglan mejor. Crédito: Manipadma Jena/IPS.

Son formidables almacenes de conocimiento sobre variedades autóctonas y conservación de la biodiversidad y se conocen como madres de semillas (bihana-maa en el dialecto local).

En las comunidades koya y kondh logaron que 1.500 familias de los distritos de Malkangiri y Kandhamal adoptaran las nuevas simientes y siguen adelante.

Mediante la recolección, la multiplicación y la distribución a través del intercambio de variedades locales de arroz, mijo, legumbres, verduras y vegetales de hojas verdes, las mujeres lograron que 80 aldeas usaran semillas locales.

Mientras difunden su mensaje por el interior, llegando a otras 140 comunidades, promueven la total independencia de fertilizantes y pesticidas.

El logro de estas madres de semillas es admirable teniendo en cuenta que Malkangiri es el distrito menos desarrollado de Orissa, con una tasa de analfabetismo de 50 por ciento y aislado por ríos y selvas, con una topografía ondulada y mal conectada.

Las dificultades que afrontan las comunidades campesinas de Malkangiri por el cambio climático se puede apreciar en la aldea de Gudumpadar, donde estas mujeres reactivan con pasión el patrimonio agrícola y convencen a otras aldeas de utilizar las semillas locales, así como pesticidas y fertilizantes orgánicos.

“Es la mejor forma de hacer frente a las lluvias irregulares, asegurar el alimento a niños y niñas y evitar las garras de los prestamistas”, señaló Kanamma Madkami, de 65 años y residente de la aldea Kanjeli, quien pudo multiplicar 29 variedades de semillas de mijo y arroz.

Mangu Adari, de 35 años, quien posee menos de dos hectáreas de cultivos de secano, con una parte en la ladera de una colina, es uno de los recién convertidos a las semillas locales.

En la anterior temporada monzónica solo pudo cultivar, arroz, mijo, frijoles y legumbres en la mitad de su terreno, porque las lluvias llegaron más tarde de lo habitual y fueron fuertes. Este año espera tener un excedente para vender en el mercado y obtener dinero en efectivo, tan necesario.

“Las plantas locales son el resultado de siglos de adaptación a las características del suelo y del clima local. El arroz autóctono soporta 30 días de sequía, en vez de los 15 de las variedades híbridas de alto rendimiento”, explicó Kusum Misra, coordinadora de Navdanya en Orissa.

Navdanya es una red de personas dedicadas a la conservación de semillas que están dispersas por los 16 estados indios y cuenta con apoyo de 54 bancos comunitarios de simientes.

El arroz cultivado tradicionalmente en zonas bajas puede aguantar dos semanas de suelos anegados, en tanto el de tierras altas puede cosecharse en solo 60 días, casi la mitad de los 125 que requiere la variedad híbrida, precisó Misra.

Originario del distrito arrocero de Balasore, Misra recolectó y propagó el uso de más de 65 variedades de arroz tradicional, incluidas las de tipo aromáticas, las resistentes a suelos salinos, para el cultivo costero, y a las inundaciones y sequías, así como algunas con propiedades medicinales.

Las variedades tradicionales responden a los pesticidas y fertilizantes naturales. Si el agricultor conserva las semillas de forma adecuada, puede cultivar sin costo.

“Al tener los simientes, los campesinos pueden decidir cuándo plantar y hasta hacerlo una segunda vez si fuera necesario”, indicó Kanamma.

“Al mantener bajos los precios que pagan al productor por las variedades tradicionales, las autoridades desaniman su cultivo. Una de las razones es que los molinos prefieren tener granos de tamaños uniformes y variados. Además, los mercados de semillas híbridas del gobierno deben cumplir metas de ventas”, explicó Misra.

Omprakash Rautaraya, presidenta de la Organización de Reconstrucción Rural y Actividades Integradas de Servicio Social, explicó que la metódica “cartografía de las variedades locales de semillas y su priorización sobre la base del uso llevaron a que las prácticas agrícolas y los requisitos de agua permitieran los múltiples cultivos”.

La organización de Rautaraya fue la que recuperó el concepto de madres de semillas.

Al plantar entre seis y 14 cultivos en forma simultánea, los agricultores de tierras altas cosechan por lo menos dos de ellos, aun con sequías frecuentes.

Las madres de semillas necesitan poco más que su patio trasero o una pequeña parcela para reproducir las simientes y completar la alimentación familiar. Kausalya Madakami, de la aldea Manga en Malkangiri, desarrolló 57 variedades de plantas y también las intercambió.

Las ferias comunitarias, organizadas todos los años tras la cosecha del Monzón, ayudan a promover e intercambiar simientes y conocimiento. Las madres de semillas aprovechan a cocinar y mostrar platillos tradicionales hechos con arroz y mijo autóctono.

Las mujeres reaprenden formas tradicionales de preservar semillas de sus congéneres. Las simientes de verduras se untan con ceniza de madera y begonia amarga y se almacenan en postes de bambú huecos, mientras el arroz y el mijo están seguros en bolsas de yute colgadas de vigas.

El tratamiento previo al cultivo puede requerir excremento y orina de vaca o el uso de resina de hiedra como pesticida y anti-fúngico.

Las semillas de mala calidad comercializadas por el gobierno es un asunto preocupante. El Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola y Rural (Nabard, por sus siglas en inglés) señala en un informe publicado en marzo que la producción de arroz disminuye en seis estados orientales, incluido Orissa, el cuenco arrocero del país.

La tasa de germinación de semillas de arroz común es de 55 por ciento y puede caer hasta 25 por ciento.

Según el estudio de Nabard, el área cultivada en el estado disminuye y, la mala calidad de las semillas así como las crecientes inundaciones y sequías hacen de la agricultura una actividad poco redituable.

La fundadora de Navdanya y conocida activista, Vandana Shiva, dijo a IPS que “es vital para la seguridad climática que las mujeres tengan semillas resistentes a las variaciones del clima y que, las corporaciones que consiguieron 1.600 patentes de esas variedades son biopiratas”.

“Permitir que las corporaciones secuestren y monopolicen el suministro de semillas es la receta de la inseguridad alimentaria y climática”, afirmó. (FIN/2011)

NACIONES UNIDAS, nov (Tierramérica) – A menos que la sociedad civil organizada lance su propio plan de acción en la Cumbre de la Tierra (Río+20) que se realizará en junio de 2012 en Río de Janeiro, la conferencia será poco más que un lujoso debate.

	El mundo según las corporaciones Crédito: Fabricio Vanden Broeck/IPS

Esto se debe a que los delegados de los gobiernos no abordarán el problema de reorientar la economía mundial, tarea que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera esencial para hacer frente a la creciente crisis de sustentabilidad ambiental.

El informe que a comienzos de este año presentó el secretario general Ban Ki-moon al comité organizador de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) señala que para hacer sustentables los modelos de consumo y producción, las políticas públicas deben ir “mucho más allá” de enderezar los precios.

Pero Ban no dijo qué medidas específicas se necesitan. De hecho, en ninguna parte de la enorme cantidad de documentación que la ONU ha producido desde que convocó la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, en junio de 1972 en Estocolmo, se puede hallar un solo análisis sobre ese tema.

La Agenda 21, el voluminoso plan de acción adoptado en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río, tampoco abordó el asunto, y la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, que vigiló su implementación durante dos décadas, no lo consideró.

El Estudio Económico y Social Mundial que la ONU publicó este año, estima en 72 billones de dólares el costo de hacer verde la economía mundial, sin detallar cómo.

Estas lagunas reflejan una ineludible realidad política contemporánea: el poder de las corporaciones que dominan la economía mundial y que establecieron los actuales modelos de producción y consumo con el objetivo de maximizar sus ganancias y de oponerse a los acuerdos que intenten restringir sus efectos sociales y ambientales negativos.

Entre los años 70 y 80, la ONU intentó infructuosamente negociar un código de conducta para las corporaciones transnacionales. En la década posterior, probó un enfoque más blando, invitándolas a integrarse al Pacto Mundial para el cumplimiento voluntario de una serie de estándares ambientales y de derechos humanos.

Menos de 5.000 de las 60.000 corporaciones con ganancias anuales de más de 1.000 millones de dólares se unieron al Pacto Mundial. E incluso esta cifra minúscula maquilla su verdadero impacto, ya que incluye empresas pequeñas y medianas, muchas de países en desarrollo.

Durante este prolongado punto muerto, los problemas ambientales adquirieron proporciones de catástrofe. La contaminación y la pérdida de habitat llevan especies a la extinción a un ritmo que no se veía desde la desaparición de los dinosaurios.

En la última década, condiciones meteorológicas extremas que los científicos asocian con el recalentamiento planetario causaron desastres naturales sin precedentes en todo el mundo.

A menos que se frene el calentamiento, los científicos proyectan cambios significativos en lluvias y sequías, con importantes consecuencias para la productividad agrícola. Si no se hace nada para evitar el recalentamiento planetario, podría acuñarse una era de guerras por la tierra que destruirían toda semblanza de legalidad y orden internacional.

Pese a estas perspectivas aterradoras, pocos gobiernos están dispuestos a enfrentarse a los intereses corporativos.

En este escenario, la sociedad civil organizada es la que puede elaborar una estrategia de salida segura. Conoce la naturaleza y el alcance de los problemas ambientales, e Internet le ha dado una capacidad sin precedentes para crear redes mundiales.

Si el activismo combina esos elementos con la capacidad local para la acción efectiva –lo más sencillo sería aliarse con pequeñas y medianas empresas–, podría crear un mecanismo poderoso y flexible, capaz de trazar el mapa de los problemas ambientales, controlar su desarrollo y hacerles frente, promoviendo al mismo tiempo actividades económicas amigables con la naturaleza en lo local y regional.

Así se movería gradualmente la economía mundial de los enormes intercambios internacionales que desperdician gigantescas cantidades de energía y recursos naturales hacia modelos de actividad regional y subregional mucho más eficientes.

Semejante cambio tendría impactos mínimos en la creación de riqueza y puestos de trabajo. De hecho, como las empresas medianas y pequeñas son mucho más intensivas en mano de obra que los monstruos que hoy controlan la economía mundial, veríamos un ascenso del empleo, la demanda y de un crecimiento socialmente justo.

Los gobiernos no necesitarían negociar reglas comunes para naciones y comunidades terriblemente desiguales en riqueza y capacidad técnica.

Si las decisiones y las medidas quedaran por completo en manos de autoridades nacionales y locales, la red mundial se convertiría en un poderoso mecanismo de solidaridad internacional, transferencia tecnológica y apoyo financiero, coordinando acciones donde sea necesario y divulgando las mejores prácticas.

Necesitamos ir a Río+20 preparados para acordar un manifiesto que recoja estos principios y un plan de acción que se detalla en el siguiente borrador:

Plan de acción

En el marco de los objetivos y valores ya expresados, los activistas presentes en la conferencia Río+20 acuerdan:

1. Red: Los activistas crearán una red electrónica mundial organizada en una estructura de acceso sencillo (local, nacional, regional, mundial) para facilitar la información compartida, el debate interactivo y la acción concertada.

2. Organizar: Los activistas trabajarán con empresarios que estén al frente de compañías pequeñas y medianas a fin de crear organizaciones comunitarias para la acción cooperativa. Estas organizaciones serán las unidades básicas de la red mundial y tendrán dos objetivos principales: proteger el ambiente y acelerar el crecimiento económico en los planos local, subregional y regional.

3. Inspeccionar y controlar: La red compartirá los mejores conocimientos disponibles en las agencias nacionales e internacionales, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desempeñará un rol de coordinación. Los activistas iniciarán un relevamiento ambiental mundial alimentado con aportes comunitarios, creando un sistema de control permanente para brindar informes de situación en tiempo real a las autoridades nacionales, regionales y mundiales.

4. Analizar: Con base en la información recolectada, un grupo experto gubernamental que trabajará con la red creará un plan técnico de medidas preventivas y correctivas para todos los problemas ambientales mundiales. El plan se implementará mediante la acción comunitaria, donde sea posible, y los gobiernos y agencias internacionales aportarán capacidad financiera y técnica.

5. Educar y movilizar: Las organizaciones comunitarias y sus redes se abocarán a la tarea de educar y movilizar apoyo popular para la acción ambiental.

Estos pasos deberían crear un aparato mundial capaz de fiscalizar los daños causados por la acción humana y de asumir su remediación. Ese proceso debería reorientar toda la gama de actividades económicas hacia modelos amigables con el ambiente y crear y sostener el apoyo de la opinión pública para una acción permanente.

* Bhaskar Menon tiene cuatro décadas de experiencia en la cobertura de la Organización de las Naciones Unidas y edita http://www.Undiplomatictimes.com. Publicado el 12 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2011)

	Productoras rurales y promotoras de la audiencia, al finalizar la jornada Crédito: Mariela Jara /IPS

Ella y otras cuatro campesinas de diferentes regiones peruanas brindaron su testimonio durante la Audiencia Pública Mujeres Rurales Frente al Cambio Climático, realizada este jueves 10 en esta ciudad a 1.105 kilómetros al suroeste de Lima.

El foro fue organizado por el feminista Centro Flora Tristán e integra la iniciativa Tribunales Mujer y Cambio Climático, impulsados en 15 países del Sur en desarrollo por el Grupo de Trabajo Feminista del Llamado a la Acción Global contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés).

El objetivo de ellos es canalizar las propuestas de las mujeres rurales ante la XVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que comenzará el día 28 en Durban, Sudáfrica.

Unas 200 personas, entre autoridades, productoras agrarias y representantes de instituciones de la sociedad civil, escucharon conmovidas las voces de las mujeres en un auditorio del gobierno del departamento surandino de Cusco.

Además de Huatay, pobladora de un caserío del norteño departamento de Cajamarca, atestiguaron Sonilda Atencio, del suroriental y altoandino Puno, María Ibárcena del surandino Arequipa, Bertha Berecho, del norte-costero Piura, e Hilara Yanque, de Cusco.

Las cinco, tres de ellas indígenas, denunciaron el impacto del cambio climático en sus vidas, en su economía, en sus relaciones familiares, en su salud física y mental.

Ellas ejemplifican la realidad de pobreza y abandono en que se encuentran miles de familias en un país cuya economía exhibe un sostenido y alto índice de crecimiento económico. Pese a ello, 40 por ciento de los 29 millones de peruanos viven en pobreza o en extrema pobreza.

Las personas más desfavorecidas se concentran en las zonas rurales, donde 70 por ciento son pobres y tienen la agricultura por principal actividad. Este sector recibe menos de uno por ciento del presupuesto peruano, aunque genera siete de cada 10 toneladas de alimentos consumidos en el país.

“En mi comunidad las mujeres aún vestimos polleras (faldas étnicas), no sabemos de zapatos y usamos nuestras ojotas (calzado de caucho), cocinamos con fogón (leña) y dormimos sobre los cueros de animales que colocamos en el suelo”, relató a IPS Atencio, de 35 años y con tres hijos.

	Las cinco campesinas que testimoniaron, sentadas en primera fila Crédito: Mariela Jara /IPS

“Desde niñas nos dedicamos a la casa, a la agricultura y a pastar nuestros animales”, explicó.

En su comunidad Pacha Ccaccapi, a 3.810 metros sobre el nivel del mar, las heladas son históricas. Sin embargo, en las últimas décadas han incrementado su ferocidad por el cambio climático.

La temperatura desciende a los 33 grados bajo cero destruyendo siembras y pastizales, que son el alimento de los animales y que terminan muriendo de hambruna.

“Nosotras trabajamos duro en el campo y basta con una noche de frío intenso para que al día siguiente solo veamos matas secas. Sentimos que la pachamama (madre tierra) está molesta porque estamos destruyendo la naturaleza, se ha roto el equilibrio y tenemos que corregir”, dijo Atencio.

Su historia no difiere de las otras testigos, aunque cada una provino de regiones muy diferentes, dentro de uno de los países más megadiversos del planeta. Perú es también altamente sensible a los impactos del cambio climático, un fenómeno global producido por la acción de los países del Norte industrial, se destacó en la audiencia.

Si bien la variabilidad y cambios bruscos del clima afectan a la población en general, son las mujeres pobres y de zonas rurales las más expuestas a los riesgos y amenazas ocasionados por la vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Ibárcena no pudo cosechar nada de los frutos y flores que sembró este año pues resultaron destruidos por las heladas, y la preocupación por las deudas con el banco la han sumido en el desasosiego y la depresión.

Huatay perdió su siembra de papa, maíz y frijol por las sequías, lo que empujó a sus hijos a migrar a otras zonas del país para trabajar, mientras ella quedó al cuidado de los nietos. Una sobrecarga de trabajo y preocupación constante, detalló a IPS.

A Yanque la incertidumbre en el futuro la angustia desde que el desbordamiento del río Lucre arrasara con su vivienda y sus bienes. Mientras, Berecho aún no se recupera de las pérdidas de sus semillas y sembrados tras la inundación por sucesivas y torrenciales lluvias.

Cuando compartieron con el auditorio sus penas y frustraciones las voces de las cinco se quebraron por instantes, pero al hablar de propuestas, afloró la fortaleza con que afrontan la injusticia climática que llegó a sus vidas.

	Parte de los participantes en la audiencia en Cusco Crédito: Mariela Jara /IPS

Su capacidad de resistencia es enorme, pese a que viven tiempos en que todo parece estar al revés y certezas aprendidas ancestralmente se desdibujan ante la exacerbación del cambio climático. Un ejemplo: las estaciones del año que permitían definir los ciclos agrícolas y del agua han dejado de ser predecibles.

“No queremos que nos regalen dinero, pedimos apoyo en capacitación para sobresalir con nuestras propias habilidades y herramientas, que se reforeste nuestra zona para crear microclimas que contrarresten las heladas, que se conserve la biodiversidad y se fomente la producción orgánica”, propuso Atencio.

Blanca Fernández, coordinadora del Programa de Desarrollo Rural del Centro Flora Tristán, dijo a IPS que el Estado muestra todavía debilidad para enfrentar el cambio climático. Existen algunas iniciativas en regiones, pero no hay una política nacional y menos con un enfoque de género, puntualizó.

“El gobierno se ha comprometido a incluir los enfoques de cambio climático y desarrollo sostenible en todas sus políticas de desarrollo, nosotras como sociedad civil estaremos vigilantes de que estas incorporen a las mujeres y sus organizaciones”, explicó.

Tania Villafuerte, funcionaria regional de Cusco, reconoció que el Estado está todavía “ciego, sordo y mudo” frente al fenómeno y que tiene por delante el desafío de “bajar las políticas de las nubes y aterrizarlas en la vida de la gente”.

“Este fenómeno no afecta a todos por igual, no es neutro”, reflexionó. “Es necesario que las mujeres sean actoras protagónicas en el proceso del cuidado de los recursos naturales porque tienen el conocimiento ancestral que ha permitido el cuidado y preservación de la biodiversidad, como es el caso de las semillas nativas”, dijo.

Entre las propuestas presentadas por las cinco testigos destacan el desarrollo de capacitaciones a productoras rurales para el uso eficiente del agua, mejoramiento de suelos y la producción orgánica en el campo. También el establecimiento de seguros agrarios que las incluyan.

Igualmente plantearon la forestación de las zonas altoandinas para favorecer la generación de microclimas que atenúen la agresividad de las heladas, y políticas sostenidas para promover la conservación de la biodiversidad.

Rosa Montalvo, encargada de comentar los testimonios, aseguró que son propuestas viables, si se establecen políticas de género con presupuestos y “entendiendo el impacto diferenciado del cambio climático en mujeres y hombres”.

También se debe “reconocer los saberes ancestrales de las productoras y fortalecerlas con tecnologías modernas, y asegurar el cumplimiento de las leyes y planes de igualdad de oportunidades en todos los niveles del Estado”, concluyó la especialista en género.(FIN/2011)

CHAR NONGOLIA, Bangladesh, nov (IPS) – La aldea bangladesí de Char Nongolia parece un caso perdido: frecuentes ciclones, marejadas, lluvias impredecibles, sequías prolongadas y suelos cada vez más salinos.

	Arzu Begum presta testimonio en el tribunal sobre mujeres y justicia climática en la aldea de Char Nongolia. Crédito: Naimul Haq/IPS.

Pero la población de 40.000 habitantes de Char Nongolia, asentada sobre un delta que drena grandes cuencas hídricas de la región, hace frente a la devastación de su territorio en el sudeste de Bangladesh sin ayuda.

No hay agua potable ni tierras donde plantar nada, ni centros de salud, ni caminos, ni empleo, ni señal de autoridad o seguridad alguna. Hace mucho tiempo desapareció toda la protección natural que alguna vez ofrecieron los bosques.

“No nos queda nada. Perdimos hasta el último pedazo de tierra que teníamos por la erosión del río”, relató Salma Khatun, de 72 años, en un tribunal para revelar los problemas que sufren las mujeres por el cambio climático, realizado en octubre.

“Nos mudamos de la isla Hatiya hace nueve años porque perdimos nuestro hogar ancestral por la erosión del río. Después de asentarnos aquí, el mismo desastre nos golpeó cinco veces más”, señaló Arzu Begum, de 35 años.

Begum, su esposo y su familia extensa de 10 integrantes perdieron sus pertenencias por la erosión y las inundaciones. Ahora viven todos en una frágil choza de bambú sobre la margen del río.

Khadiza Akhtar, de 24 años, y su esposo se mudaron a Char Nongolia hace cinco años con la esperanza organizar su vida allí. Pero las inundaciones del año pasado y la incesante erosión del río ahogaron sus sueños.

“Llevábamos una vida decente con ingresos seguros gracias a la venta de leche”, relató. “Teníamos tres vacas lecheras y cuatro docenas de patos. Todo desapareció cuando el agua inundó nuestra aldea”, añadió.

“Hace 15 años, mi esposo ganaba entre 25.000 y 30.000 takas (327 – 392 dólares) por temporada vendiendo arroz que cultivaba en una tierra arrendada”, relató Rumani Akhtar. “Dejó de plantar porque aumentó la salinidad del suelo y ahora vivimos al día”, añadió.

Muchas otras mujeres relataron cómo perdieron su sustento ante un jurado simbólico organizado por la no gubernamental Sociedad de Desarrollo Rural de Noakhali y el Foro Popular para los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, con apoyo del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés).

La mayoría abogados de la ciudad de Noakhali, el tribunal escuchó con paciencia las duras historias de las víctimas del cambio climático que perdieron su hogar, ante una concurrida audiencia en la misma Char Nongolia.

Las mujeres esperan que su voz llegue a la Conferencia de las Partes (COP 17) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo entre el 28 de este mes y el 9 de diciembre en la ciudad sudafricana de Durban.

“¿Cuántas veces más tendremos que sufrir? Perdimos nuestras pertenencias ocho veces en tres años. Ya no puedo más. Dios ayúdanos”, gritó Jannatul Ferdous.

La joven de 26 años vive con su esposo y sus dos hijas pequeñas en un terreno cercano a la margen del río. Se mantenían gracias a la pesca, pero ahora están en la miseria.

“Nadie nos pregunta por nuestro sufrimiento”, indicó Shumi Akhtar. “Este lugar es un infierno. Están probando cuánta tortura podemos resistir”, añadió.

Conocida alguna vez por sus bosques de gran diversidad, Char Nongolia ahora es un territorio estéril y rodeado de islas similares de cieno acumulado. Son raras las plantaciones, pese a que las zonas cercanas al río son naturalmente fértiles.

Durante siglos la población de esta zona soportó ciclones, inundaciones y sequías, pero su capacidad de adaptarse a la mayor frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos adversos llegó al límite.

“Nunca tuvimos frío extremo ni altas temperaturas. De hecho, nunca hubo sequía ni niebla durante nuestra infancia”, indicó Nurul Islam, comerciante de 74 años.

Char Nongolia y el ahora seco el río cercano, era famoso por su abundancia de peces de agua dulce. La gente solía llegar desde todo el país en plena temporada para conseguirlos.

“Vendíamos varias toneladas de pescado cada temporada y había mucho dinero. Pero la captura se redujo de forma drástica”, indicó Syed Abdullah, de 68 años, quien ahora ejerce su oficio en el mar.

“En aquellos días, la población de Char Nongolia vivía relativamente bien. Pero mira lo que nos hizo la naturaleza. No tenemos trabajo”, se lamentó.

La mayoría de los hombres sanos emigraron a la ciudad portuaria de Chittagong en busca de empleo, dejando a las mujeres que se arreglen como puedan. Hasta las instituciones de microcrédito que ayudan a sus congéneres en todo el país están ausentes aquí.

El comisionado de distrito, Sirajul Islam, dijo a IPS que pronto distribuirá tarjetas de alimentación para grupos vulnerables entre la población pobre de Char Nongolia. La iniciativa también incluye una campaña de reforestación para elevar la protección ante ciclones y reducir la erosión.

“Ya solicité a las autoridades competentes la liberación de los fondos”, indicó Islam.

Desde hace décadas se descuidan las necesidades más básicas, reconoció, y prometió que las “familias de los pescadores recibirán alimentación de emergencia”.

Pero las promesas de reforestar y construir terraplenes para mitigar los desastres naturales y las consecuencias del cambio climático permanecen incumplidas.

Es tal la sensación de impotencia en las áreas costeras de este país, que el ministro de Ambiente, Hasan Mahmud admitió que 30 millones de personas podrían ser desplazadas por la incesante pérdida de tierras.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 17 por ciento de Bangladesh estará bajo el mar en 2050, y más de 100 millones de personas se verán obligadas a abandonar las zonas costeras.(FIN/2011)

	Beatriz Vásquez denuncia el impacto de la construcción de una represa Crédito: Emilio Godoy /IPS

“Por la falta de agua ha habido plagas de ratas, piojos y cucarachas. Y la mala calidad provoca dermatitis y otras infecciones”, denunció Salazar, de 51 años, ante el Tribunal Popular de Justicia Climática, que congregó en Ciudad de México a afectados por alteraciones ecológicas provenientes de varios estados.

El foro, auspiciado por las organizaciones no gubernamentales Mexicanos Contra la Desigualdad y Comunidad en Movimiento, integró tres audiencias paralelas sobre desastres naturales y sociales, el campo y la soberanía alimentaria, y la urbanización salvaje, la insostenibilidad y la pérdida de los bienes naturales de las comunidades.

En ellas, los asistentes testimoniaron el jueves 10 el desplazamiento por razones ecológicas como el aumento de sequías, escasez de agua, pérdida de recursos naturales y conflictos socio- ambientales a causa de proyectos hidroeléctricos.

A diferencia de otras audiencias públicas realizadas desde octubre en América Latina, la de México se convocó bajo el lema “Justicia Climática. Las comunidades de México alzan la voz” y no se concentró en las mujeres, como sector especialmente vulnerable a los efectos del calentamiento global, lo que fue criticado por algunas participantes.

Desde Amatlán de los Reyes, a unos 450 kilómetros al sudeste de la capital, llegó Beatriz Vásquez, activista del Comité Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, para denunciar la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, que impactará a ocho municipios del estado centro-oriental de Veracruz, por la desviación del río Blanco.

	Participantes en audiencia mexicana sobre justicia climática Crédito: Emilio Godoy /IPS

“El río está muy contaminado. Al desviar su curso, hay riesgo de que infiltre la fuente subterránea que nos da agua. Además, van a desaparecer el cementerio y el campo deportivo, va a pasar por zonas urbanas y va a dividir a las comunidades”, relató Vásquez.

Los opositores a la represa formaron la agrupación y recogieron 8.500 firmas en 26 asambleas regionales, pero las autoridades estaduales han desoído su rechazo.

México, con 112 millones de habitantes, sufre ya el calentamiento global que ocasiona mayores sequías, huracanes, inundaciones e incremento del nivel del mar. A pesar de que las mujeres son las más perjudicadas por esos efectos, están ausentes de los programas oficiales para enfrentar el cambio climático, denuncia la sociedad civil.

“Tenemos que hablar más desde la perspectiva de género, sobre cómo les afecta el cambio climático en sus vidas cotidianas. Las primeras en organizarse y levantar la voz son ellas”, resaltó a IPS Humberto Jaramillo, coordinador de Mexicanos contra la Desigualdad.

“Queremos que ellas expongan su situación y planteen propuestas, se organicen y luchen por la justicia climática”, dijo el representante de la organización aliada del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés).

Las audiencias forman parte de los Tribunales de Género y Justicia Climática, promovidos por el Grupo de Trabajo Feminista y GCAP, que en octubre comenzaron a desarrollarse en 15 países del Sur, entre ellos Argentina, Brasil, El Salvador, México y Perú.

Estos foros buscan incidir en las negociaciones de la XVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que incluirá como tema relevante la justicia climática y que se realiza en la ciudad sudafricana de Durban entre el 28 de noviembre al 10 de diciembre.

Además, comparten ese mismo propósito frente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable que acogerá la ciudad brasileña de Río de Janeiro en junio próximo, conocida como Río+20, en referencia a la primera Cumbre de la Tierra, celebrada en la misma metrópoli en 1992.

Xochimilco, otro distrito emblemático de la megalópolis mexicana, también es escenario de problemas acuíferos. La Presa San Lucas Xochimanca, que funciona en esa localidad desde los años 40, contamina el ambiente que circunda a cinco de los 14 barrios que lo conforman.

“La presa recibe las aguas residuales de asentamientos irregulares que van a dar al río que la alimenta. El principal problema es la contaminación del aire”, denunció a IPS Esther González, una enfermera jubilada de 50 años, que brindó su testimonio sobre las enfermedades padecidas por los habitantes de la zona.

La comunidad se ha arremolinado en el Comité San Lucas Xochimanca, que propugna la defensa y conservación de la cultura del barrio y su salud ecológica.

Iztapalapa y Xochimilco son dos de las 16 demarcaciones en que se divide el Distrito Federal, asiento de la capital, con una población conjunta de 2,23 millones, que comparten el temor por la polución de los mantos freáticos que les proveen de agua, la deforestación y la construcción desmedida.

Dos pozos surten a la primera y seis a la segunda, pero las infiltraciones son una amenaza permanente para sus habitantes.

“Nos hemos organizado para guardar y acarrear agua. Estamos a la espera de que el gobierno capitalino nos autorice la instalación de sistemas de recolección de lluvia y uso de celdas solares”, indicó Salazar.

Los resultados de estas audiencias serán incorporados al eje ambiental del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, lanzado el 21 de octubre y que desembocará en un veredicto dentro de unos dos años.

“Sufrimos sequías e inundaciones que luego echan a perder la siembra. Por eso, la justicia climática puede sensibilizar más a la gente y ayudar a organizarse”, refirió Vásquez, en cuya comunidad la población trabaja mayoritariamente en el comercio ambulante, el servicio doméstico y el cultivo de café, caña de azúcar y frutas.

En 2010, el gobierno mexicano, académicas y representantes de la sociedad civil lanzaron la Declaratoria Mexicana sobre Género y Cambio Climático, que demandó políticas con enfoque de género, acciones de adaptación y mitigación y el financiamiento respectivo, sin que se hayan registrado avances en esa dirección.

“Ahora hay más enfermedades de la piel, respiratorias y gastrointestinales, por la exposición al sol y la contaminación del aire. Si obtenemos justicia climática, tendremos una mejor salud y una mejor convivencia”, sostuvo González.

Las audiencias para recoger las denuncias y propuestas de las mujeres en pro de la justicia climática cuentan también con el respaldo de Greenpeace International y de la agencia internacional de noticias Inter Press Service (IPS). (IPS/eg/egf/ la sl mx ip wd pr cj kp en md wo/2011)(FIN/2011)

	Además de recortar presupuestos, el gobierno de Harper amordaza a los científicos. Crédito: Ted Buracas/dominio público

Entre los programas recortados por el primer ministro Stephen Harper está la red canadiense de vigilancia de la ozonosfera, respetada mundialmente y que tuvo un papel decisivo en el descubrimiento del primer hueco en la capa de ozono sobre este país de América del Norte la pasada primavera boreal.

“Los ajustes propuestos van tan lejos que la red no podrá hacer ciencia seriamente”, advirtió Thomas Duck, experto atmosférico en la Universidad Dalhousie, de Halifax.

Canadá fue pionera en el desarrollo de la primera herramienta precisa para medir la capa de ozono, gracias a la cual se descubrió en los años 70 que esta se hacía cada vez más delgada en algunas áreas.

El hallazgo llevó a la firma en los años 80 del Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Agotan el Ozono.

Este país administra un tercio de las estaciones en el Ártico dedicadas a vigilar la ozonosfera. También alberga el archivo mundial, consultado por científicos de todo el mundo, sobre información de la capa que cubre la Tierra a una altitud de alrededor de 15 a 30 kilómetros de su superficie y protege a todos los organismos vivos de los dañinos rayos ultravioletas (UV).

“Solo había una persona administrando todo el archivo, y ya recibió una carta de despido”, dijo Duck a IPS.

La investigación y seguimiento de la capa de ozono es parte de las tareas de Environment Canada (Ambiente Canadá), departamento gubernamental encargado de proteger el ambiente, promover la conservación y proveer información climática y meteorológica.

Esa oficina equivaldría en Estados Unidos a una combinación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés).

Environment Canada contaba con un presupuesto de 1.070 millones de dólares en 2010, que ahora fue reducido 20 por ciento para el periodo 2011-2012. Los fondos de EPA y de NOAA para el año pasado fueron de 10.300 millones y 5.500 millones de dólares respectivamente.

Unos 776 empleados de Environment Canada fueron despedidos. Ese departamento ha sido objetivo favorito de recortes y reducciones de personal en la última década, al punto de que es apenas funcional, indicó Duck.

Recortes similares se realizan en Fisheries and Oceans Canada (Pesca y Océanos Canadá), departamento responsable de proteger y administrar las zonas marítimas canadienses, incluyendo los Grandes Lagos.

No sorprende que cada vez más científicos abandonen el país.

“Mis colegas internacionales están impactados por lo que ha ocurrido en Canadá. Fuimos líderes mundiales por mucho tiempo en ciencia e investigación ambiental”, señaló Duck.

En 1988, Canadá organizó y auspició la primera conferencia internacional de alto nivel sobre cambio climático, realizada en Toronto.

La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente contaron también con un destacado liderazgo de canadienses.

Pero todo eso llegó a su fin, subrayó Duck. Ahora, con la excusa de reducir el modesto déficit fiscal, el gobierno de Harper ajustó los programas ambientales, incluyendo los que hacen un seguimiento de los metales pesados y contaminantes, y que, por tanto, tenían un impacto importante en la salud y bienestar de los propios canadienses, apuntó.

“Hablo claro porque estos recortes serán muy malos para mis hijos”, añadió.

Duck fue uno de los pocos científicos canadienses dispuestos a hablar abiertamente con IPS.

Los especialistas que trabajan para el gobierno se encuentran bajo una “orden mordaza”, que les impide hablar con los medios de comunicación bajo ninguna circunstancia salvo un permiso especial de la oficina del primer ministro.

Pero tampoco quisieron declara los científicos que trabajan en universidades, por temor a perder fondos para sus programas o sufrir otras formas de represalias.

“Habrá un bombardeo sobre cualquiera que hable con ustedes”, alertó Duck a IPS. “Mis perspectivas de hacer cualquier trabajo con Environment Canada son ahora cero”, aseguró.

Organizaciones de la sociedad civil tienen experiencia en represalias del gobierno canadiense. Muchas que cuestionaron las políticas oficiales perdieron su financiamiento.

Durante 34 años, la no partidista Red Ambiental Canadiense caminó exitosamente en la línea entre las necesidades del gobierno y las de sus más de 650 miembros de la sociedad civil. Pero, el 13 de octubre, luego de esperar más de seis meses por sus habituales 536.000 dólares de fondos anuales del Estado, el grupo fue informado por una carta que no los recibiría… nunca más.

La red era el mejor canal de comunicación entre el gobierno y la sociedad en los asuntos ambientales. Ahora la administración de Harper dice que esto se puede hacer en forma más efectiva a través de Internet.

Apenas seis días después de recortar esos fondos para la red, el gobierno de Canadá firmó contratos por 32.000 millones de dólares para la construcción de barcos para la Armada y la Guardia Costera. También se comprometió a gastar otros 29.000 millones de dólares en 65 aviones de combate.

“Uno de los primeros actos del gobierno de Harper fue reducir a cero nuestro financiamiento”, dijo Hannah McKinnon, de la Climate Action Network Canada (CAN Canada), organización ambientalista que recibía fondos del gobierno antes de las elecciones de 2006.

“Los canadienses están profundamente preocupados por el cambio climático y quieren que su gobierno actúe”, agregó.

En vez de acciones, el gobierno de Harper hace promesas y afirma que la economía es más importante, y que proteger el ambiente tiene un costo demasiado alto. Las únicas acciones que se toman son a nivel provincial y local, añadió McKinnon.

“Si se necesita reducir el déficit presupuestal federal, ¿por qué Canadá continúa dándole a la industria petrolera y gasífera 1.400 millones de dólares (canadienses, equivalentes a 1.300 millones estadounidenses) en subsidios cada año?”, cuestionó. (FIN/2011)

- México: Ellas no están en venta.

- Guatemala: “Queremos niñas visibles e inevitables”

	Construcción de parque eólico en Bom Jardim da Serra, en el sureño estado de Santa Catarina. Crédito: Cortesía Abeeólica

Brasil no es ajeno a la tendencia. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), su economía cuenta con más de 2,6 millones de puestos de trabajo formales que se ajustan a esos criterios y que emplean a 6,7 por ciento de la fuerza laboral.

El estudio “Empleos verdes en Brasil: Cuántos son, dónde están y cómo evolucionarán en los próximos años”, publicado en diciembre de 2009 por la oficina local de la OIT, prevé que esos números se multipliquen a mediano plazo.

Las energías renovables generan por sí solas casi 550.000 de estos empleos y constituyen uno de los nichos que más estimulan la perspectiva de crecimiento.

Si bien la biomasa (cultivo de caña de azúcar) y las grandes centrales hidroeléctricas son las principales empleadoras, el motor del crecimiento del sector renovable lo aportan las turbinas eólicas.

Lo que coloca a la energía del viento al frente de las demás es su oferta de trabajo decente, según la OIT un prerrequisito para que un empleo sea realmente “verde”.

“Dar a los empleados condiciones de trabajo justas es fundamental. El sector eólico está conformado por grandes proyectos que mantienen sobre todo empleos formales”, dijo a Tierramérica el coordinador del programa de trabajo decente y empleos verdes de la OIT en Brasil, Paulo Sérgio Muçouçah.

“El hecho de que el trabajador esté registrado y se le garanticen sus derechos ya permite catalogar el suyo como trabajo decente. Tanto la industria cañera como las hidroeléctricas tienen historial de conflictos laborales, tanto en las plantaciones como en la construcción de represas”, dijo. “Eso las coloca en desventaja respecto de la energía del viento”.

La proporción de la fuente eólica en la matriz energética mundial creció casi 32 veces en 15 años.

Pero en este país sudamericano el avance es más tímido: aunque los vientos permitirían generar 300 gigavatios (GW), según el Atlas del Potencial Eólico Brasileño, en mayo de este año se llegó apenas a un GW (1.000 millones de vatios) de capacidad instalada.

El Plan Decenal de Energía del gobierno prevé contar con 12 GW en 2020. Para la Asociación Brasileña de Energía Eólica (Abeeólica), esa meta es demasiado modesta. “En verdad, estamos esperando casi duplicarla y llegar a unos 22 GW. Se necesita que este crecimiento continúe para consolidar la industria nacional”, dijo a Tierramérica la presidenta ejecutiva de Abeeólica, Élbia Melo.

De momento, el sector aporta casi 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos, repartidos en las áreas de generación y distribución del servicio, que incluyen los puestos creados en la construcción de los parques eólicos.

“Además de la perspectiva de aumento de empleo, en coincidencia con la ampliación de la capacidad instalada, están también las empresas fabricantes de turbinas y demás componentes, que conforman un mercado promisorio”, dijo Muçouçah.

Ya hay tres fábricas instaladas y varias empresas completaron estudios para “inaugurar más plantas fabriles”, agregó.

Otro aspecto a favor del viento como creador de empleo frente a la hidroelectricidad (matriz de momento dominante) es que para generar y distribuir un teravatio (un billón de vatios) por hora de energía eólica se necesitan entre 918 y 2.400 trabajadores. Mientras que, para la misma cantidad, las hidroeléctricas requieren apenas 250 personas.

“La diferencia en volumen de mano de obra no afecta el precio de la electricidad. El costo tan elevado de la construcción de centrales y turbinas hidroeléctricas iguala lo que el consumidor final debe pagar por ambas”, dijo Muçouçah.

De los 62 parques eólicos instalados, 43 están en el Nordeste, la región preferida para desarrollar la mayoría de los nuevos proyectos y asentar las industrias del sector, por la gran concentración y potencia de los vientos de su litoral atlántico.

“El hecho de que las nuevas plazas se creen en el Nordeste, una región más empobrecida y menos desarrollada, hace de la energía eólica un factor de desarrollo y convierte esos empleos en más verdes”, añadió el funcionario de la OIT.

En la última licitación lanzada por el gobierno federal, la energía eólica ganó la mitad de la oferta, casi dos GW, ofreciendo un precio medio de menos de 100 reales (58 dólares) por megavatio/hora, más barato que la hidroelectricidad.

Ese volumen constituye un impulso clave para dar escala al sector eólico. Pero un crecimiento robusto, que engorde las estadísticas nacionales de empleos verdes, requiere que Brasil mejore sus medios de transporte y su logística. “Hay que mejorar esos rubros para dar lugar al gran volumen de proyectos contratados”, advirtió Melo.

Además, agregó la presidenta de Abeeólica, “ampliar la producción de esta energía es un desafío que exige gran capacidad de gobernanza para explorar potencialidades aún limitadas por el paradigma energético vigente, de intensa emisión de gases de efecto invernadero”.

* La autora es colaboradora de Tierramérica. Este artículo fue publicado originalmente el 5 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

(FIN/2011)

	Puerto de la comunidad amazónica e indígena San Miguel, sobre el río Pirá Paraná, en el departamento colombiano del Vaupés Crédito: María Cristina Vargas/IPS

“Es una gran noticia” que el gobierno de Colombia estudie anular títulos mineros que se hayan concedido en áreas protegidas y en zonas fronterizas declaradas de seguridad nacional, dijo a Tierramérica el antropólogo Martín von Hildebrand, director de la Fundación Gaia Amazonas.

En la Amazonia colombiana, los parques nacionales abarcan unos siete millones de hectáreas. El área considerada de seguridad nacional por el Ministerio de Defensa abarca 4,8 millones de hectáreas, pero podría ser redelimitada.

En el total de la Amazonia hay actualmente 138.571 hectáreas con títulos mineros vigentes. Las solicitudes en trámite y aún vigentes abarcan 5,4 millones de hectáreas, según el Ministerio de Minas y Energía. “Desafortunadamente”, advirtió Von Hildebrand, “tenemos que pensar también que, en la medida en que se defienden ciertos territorios, como parques y áreas de seguridad nacional, la gente que está ahí buscando minerales se dispersa a las otras áreas donde no existe esta protección”.

Por eso, se necesitan políticas muy serias de seguimiento y control para las otras zonas de la selva, instó.

Setenta por ciento de la Amazonia colombiana es considerada área forestal con cierto grado de protección. El título minero se otorga, pero condicionado a una licencia ambiental.

El anuncio del Ministerio de Minas y Energía de que estudia anular concesiones mineras se efectuó el 26 de octubre, en la presentación del Índice Amazonas 2030, elaborado por una alianza del mismo nombre que recopila información social, ambiental y económica de la porción colombiana de esta selva que constituye el corazón de América del Sur.

El estudio es innovador, pues concede la misma importancia a las dimensiones ambiental e indígena que a las de carácter económico, social e institucional. Cada una tiene un peso de 20 por ciento. El valor mínimo del índice es cero (el peor escenario) y el máximo es 100 (el mejor).

El resultado es un análisis estratégico equilibrado: justo la visión que requieren la crisis ambiental y el cambio climático, en contravía de estudios habituales que privilegian lo económico.

El quid está en medir la calidad de vida de los ecosistemas. Si esta se valorara en la Amazonia según el índice de necesidades básicas insatisfechas, resultaría que las comunidades indígenas viven en la indigencia, y no es así.

Al tener en cuenta el componente ambiental y la relación de conocimiento ancestral de los indígenas con su territorio, objetivamente es verificable que la selva y la cultura sí proporcionan calidad de vida.

En todo caso, a través de decenas de variables que podrían denominarse “convencionales” –como nivel educativo y servicios públicos– el índice observa el efecto de las políticas públicas, en primer lugar, y de la gestión privada, en segundo término.

“La visión es que, mal que bien, esto es lo que tiene o no tiene el Estado en el Amazonas. Y luego, se trata de hacer entender que estos indicadores para la Amazonia tienen otras bases”, dijo a IPS la bióloga Natalia Hernández, quien coordinó el diseño del estudio de Amazonas 2030 en sus inicios.

“Solo teniendo en cuenta al mismo nivel lo cultural, lo social y lo ambiental con lo económico e institucional, se le está abriendo paso a una visión de desarrollo desde la Amazonia”, agregó.

Amazonas 2030 es una alianza de organizaciones no gubernamentales, empresas y medios de comunicación para promover la sostenibilidad y la calidad de vida en esta región colombiana y colocarla en la agenda nacional e internacional.

Su nombre obedece a que, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, de mantenerse el ritmo de deforestación, en 2030 más de la mitad del bosque amazónico estaría degradado.

Los datos oficiales relevantes sobre la Amazonia presentan tales falencias, que los investigadores dejaron consignado que “fue difícil conseguir gran parte de la información, especialmente datos relacionados con salvoconductos de movilización de madera, etnoeducación y legalización de sustracciones de áreas en reserva forestal, entre otros”.

Además, las cifras recolectadas e incluidas en el índice corresponden solo a asentamientos urbanos. “El índice no refleja la cosmovisión de los indígenas debido a la falta de información que pueda capturarla”, advierte un texto sobre la metodología.

Quizá las variables donde esta falla es más protuberante son las de salud, que no tienen en cuenta la labor de los chamanes, cuyo impacto nunca se ha medido.

Los departamentos que se evalúan son Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Guainía, que suman 403.348 kilómetros cuadrados, una extensa región que abarca el sur y suroriente. El estatal Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi agrega al territorio amazónico colombiano nueve municipios del departamento del Meta, uno del Vichada, tres del Cauca y cuatro de Nariño.

Según esto, la Amazonia colombiana comprende 483.164 kilómetros cuadrados, 42 por ciento de su territorio continental de 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Colombia aporta 17 por ciento de los ríos de la región amazónica, que su vez es fuente de 20 por ciento del agua dulce del planeta. Por su tamaño, la Amazonia regula el clima global.

Pero la dimensión geográfica de la Amazonia varía, según tres formas de entender este gran tesoro de diversidad biológica y cultural.

Una comprende la Amazonia como región o bioma, e incluye la cuenca del río Amazonas y parte de las de los ríos Orinoco y Paraná. La otra abarca la cuenca y los afluentes del Amazonas. Y finalmente está la Amazonia político-administrativa de cada país, que se mide en términos de planificación y desarrollo.

Bolivia, Perú y Ecuador, llamados como Colombia países “andinos”, en realidad tienen casi la mitad de sus territorios en la Amazonia.

Venezuela definió que su Amazonia incluye únicamente la cuenca amazónica, en el borde sur del sureño estado Amazonas. Así, se denomina Guayana Venezolana toda la selva en el resto del estado venezolano de Amazonas y la mayor parte de la del estado Bolívar, al sur del Orinoco.

El resultado global del Índice Amazonas 2030 es de 51,4, un número que encierra marcados contrastes.

En el colombiano Caquetá se ha destruido cerca de la mitad de la selva, en Putumayo la cuarta parte y en Guaviare la tercera parte. Estos tres departamentos de la Amazonia noroccidental se caracterizan por una alta proporción de colonos, pocos nativos y resguardos –territorios bajo administración indígena–, ciudades grandes e infraestructura vial.

Por el contrario, en los también colombianos Amazonas, Vaupés y Guainía hay muy poca deforestación, mayor diversidad étnica, centros urbanos más pequeños, grandes resguardos y parques nacionales y no existe infraestructura vial.

Las diferencias entre estas dos regiones de la Amazonia colombiana se reflejan meridianamente en una encuesta de percepción entre los habitantes de la región, presentada también por Amazonas 2030 y adelantada únicamente en centros urbanos.

* La autora es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el 29 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2011)

	Sistema de bicicletas compartidas en Changwon, Corea del Sur Crédito: Alcaldía de Changwon

Berlín no es la única. París, Tokio, Seúl, Bogotá, Nueva York y otras grandes urbes no pueden hacer frente a los costos, la contaminación, el ruido y la congestión de más y más automóviles. Y están explorando un territorio nuevo, la “ecomovilidad”, o movilidad sostenible: el transporte sin vehículos particulares.

“La ecomovilidad no es sólo caminar, pedalear o usar el transporte público. Se trata de que esos sistemas funcionen juntos: la clave es la conectividad”, explicó el colombiano Guillermo Peñalosa, exdirector de parques y recreación de Bogotá, a los asistentes al congreso EcoMobility Changwon 2011, celebrado a fines de octubre en esta ciudad de la costa sudeste de Corea del Sur.

El Congreso Mundial sobre Movilidad para el Futuro de Ciudades Sustentables fue organizado por la alcaldía de esta ciudad y por Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, una alianza de autoridades de más de 1.220 ciudades en 70 países.

“La famosa Times Square de Nueva York ahora es un paseo peatonal. ¿Quién lo hubiera pensado tres años atrás?”, cuestionó Peñalosa a Tierramérica.

“Y solo cinco años atrás, ¿quién hubiera pensado que París tendría más de 22.000 bicicletas compartidas gracias a ese sistema enormemente exitoso?”, añadió Peñalosa, director ejecutivo de 8-80 Cities, una organización no gubernamental de Toronto que promueve la caminata, el ciclismo y las sendas y parques urbanos como formas de mejorar la vida en las ciudades.

“Tenemos que construir las ciudades en torno de la gente y no de los autos”.

Según la ecomovilidad, las personas y los bienes se pueden trasladar en zonas urbanas con una combinación de medios: desde caminar y pedalear hasta usar bicicletas eléctricas, patines de ruedas, transporte público y vehículos eléctricos ligeros.

La idea es buscar formas más baratas, efectivas y sustentables de transporte.

“Las ciudades deben preocuparse más por mover a la gente que por mover vehículos”, opinó el alcalde de la australiana Adelaide, Stephen Yarwood.

A decir verdad, los autos no son muy buenos para transportar gente. Una calle común de cualquier ciudad, con un ancho de 3,5 metros, soporta el pasaje de hasta 2.000 personas en automóviles por hora. Por la misma vía y en igual tiempo, pueden pasar 14.000 ciclistas y 19.000 peatones.

Un tren ligero en ese mismo espacio podría transportar a 22.000 personas, y dos carriles de autobuses de tránsito rápido llevarían a 43.000 pasajeros, dijo Manfred Breithaupt, director de Proyecto Transporte Urbano Sustentable, una organización no gubernamental alemana.

El transporte automotor es responsable de arrojar a la atmósfera entre 25 y 30 por ciento de los gases de efecto invernadero.

Y entre los medios de transporte, los coches y las motocicletas son de lejos la mayor fuente de dióxido de carbono por kilómetro y por persona, dijo Breithaupt. Caminar o andar en bicicleta no produce ningún gas invernadero.

Lograr que la gente abandone los autos constituye un desafío enorme. En primer lugar, por la interminable y multimillonaria publicidad de la industria automotriz, que machaca a los consumidores con la idea de que comprar un automóvil es la vía rápida al éxito, la libertad, el prestigio y otras boberías, dijo Peñalosa.

“Las fabricantes de automóviles atacan el transporte público con sus anuncios. Alguien me contó que en su país una publicidad sugiere que viajar en metro tiene cierto tipo de ‘hedor subterráneo”, agregó.

En América del Norte, el costo de tener y usar un auto oscila entre 8.000 y 12.000 dólares por año, según los clubes de automovilistas. Eso puede representar entre 25 y 50 por ciento de los ingresos anuales netos de una familia media, e ilustra hasta qué punto tiene éxito la publicidad. “¿Por qué otro motivo gastaríamos 20 veces más de lo necesario para trasladarnos?”, se preguntó Peñalosa.

Esa realidad está cambiando en Alemania. “Más de 80 por ciento de los jóvenes no sienten que necesiten autos particulares”, dijo Bernhard Ensink, secretario general de la Federación Europea de Ciclistas, con sede en Bruselas.

La propiedad de vehículos particulares en Alemania y en otros países europeos está cayendo lentamente, porque hay medios más sencillos y baratos, dijo.

La movilidad es también una cuestión moral, según Ensink. “¿Quién soporta los impactos negativos de los automóviles? Jamás los conductores, sino el resto del público, en especial los peatones pobres que viven en ciudades hechas para circular en coche”, argumentó.

Por ejemplo, los accidentes de tránsito en los que mueren a diario miles de peatones y ciclistas en todo el mundo. Este tipo de siniestro es la primera causa mundial de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

Pero adoptar la idea de la ecomovilidad es difícil, sostuvo Yeom Tae Young, alcalde de Suwon, una ciudad situada en las cercanías de Seúl. “Los ciudadanos deben conocerla, y los compromisos del gobierno deben ser claros”, afirmó el funcionario ante los participantes del congreso.

Suwon, una antiquísima ciudad con algo más de un millón de habitantes, compite con Changwon en la carrera para ser la urbe más verde y de menor huella de carbono de Corea del Sur.

No toda la gente aceptará los inconvenientes, pero el público apoyará los cambios si entiende que son por un bien mayor. “No podemos cerrar los ojos al desafío del cambio climático”, concluyó.

* El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el 29 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (FIN/2011)

E

	El retorno a las temperaturas previas al fenómeno del cambio climático es muy improbable. Crédito: US EPA Creative Commons

Si no se frenan muy pronto las emisiones de dióxido de carbono (CO2), las temperaturas en grandes regiones de África, la mayor parte de Rusia y el norte de China aumentarán dos grados en menos de 10 años. Luego vendrán Canadá y Alaska, indica el estudio.

Fijar un pico mundial de emisiones y un año límite para éste tiene sentido desde una perspectiva científica, dijo Joeri Rogelj, del Instituto para Ciencias Atmosféricas y Climáticas en Zurich, director del análisis publicado el domingo en la revista Nature Climate Change.

Entre el 28 de noviembre y el 9 de diciembre se celebrará en Durban la 17 Conferencia de las Partes (COP 17) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Representantes de gobierno realizarán una nueva ronda de negociaciones por un tratado mundial que garantice un incremento menor a dos grados centígrados.

IPS le preguntó a Rogelj si los delegados en Durban deberían fijar un año en el cual las emisiones mundiales tendrían que alcanzar su pico y luego disminuir para asegurar ese límite en el aumento de las temperaturas.

“Comprometerse con esas metas nos obligaría a embarcarnos a nivel mundial en un camino de bajas emisiones tecnológica y económicamente viable”, respondió el científico.

El análisis señala que para tener una probabilidad de 66 por ciento o más de que el recalentamiento no supere los dos grados este siglo, las emisiones globales de carbono deberían llegar a su pico antes de 2020.

Las liberaciones de CO2 tendrían que llegar hasta 44.000 millones de toneladas en 2020, esto es, 4.000 millones menos que las estimadas para 2010.

Después de 2020, las emisiones deberían disminuir rápidamente, alrededor de dos o tres por ciento al año, para llegar a 20.000 millones de toneladas en 2050, según los modelos elaborados por computadora.

Pero éste será un camino muy difícil de emprender, reconocieron Rogelj y sus colegas en el estudio.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que 80 por ciento de las emisiones proyectadas de parte del sector energético en 2020 ya están aseguradas, puesto que provendrán de plantas que están funcionando ahora o se encuentran en construcción.

“El significativo incremento en las emisiones de CO2 y el hecho de que futuras emisiones estén ya aseguradas debido a inversiones en infraestructura representan un serio revés para nuestras esperanzas de limitar el incremento mundial de la temperatura a menos de dos grados”, dijo en mayo Fatih Birol, economista jefe de la AIE.

El recalentamiento por causa del uso de combustibles fósiles se manifiesta en forma desigual, ya que 70 por ciento del planeta es agua, y la mayor parte es agua fría. Por varias razones, el Ártico, Canadá, Eurasia y partes de África se calientan más rápido y sufrirán un sustancial aumento de temperaturas en las próximas décadas.

También es importante entender que el retorno a las temperaturas previas al fenómeno del cambio climático es muy improbable.

Otro nuevo análisis también publicado en Nature Climate Change el domingo alerta que gran parte del Hemisferio Norte y regiones de África cruzarán el umbral de los dos grados.

Si no hay grandes reducciones en las emisiones, el Sahel africano (franja semiárida que atraviesa el continente), el Cuerno de África, el norte de Eurasia y el Ártico cruzarán el umbral muy pronto, entre 2020 y 2030, según un estudio liderado por Manoj Joshi, de la británica Universidad de Reading.

También señala que, para cuando un niño nacido hoy cumpla los 50 años, las temperaturas estarán dos grados más altas en todo el planeta, excepto en los océanos.

Aun si las emisiones de carbono no pueden ser reducidas lo suficientemente rápido hoy para evitar un aumento de dos grados en algunas partes del mundo, acciones urgentes podrían ganar tiempo (una década o dos) para que esas regiones se adapten, asumiendo que tuvieran herramientas para hacerlo.

Aunque dos grados parece poco, es suficiente para que una persona sufra fiebre alta, con graves consecuencias para todo su organismo. Del mismo modo, el incremento en la Tierra afectaría severamente los alimentos, el agua y la biodiversidad, desatando eventos climáticos extremos más fuertes, incluyendo sequías e inundaciones.

Un aumento de dos grados llevaría a la humanidad a vivir en un planeta más caliente y tormentoso, y por lo tanto con menos posibilidades de supervivencia.

Mientras, naciones africanas, del Pacífico y otras insisten en limitar el incremento de las temperaturas a menos de 1,5 grados, pues lo consideran esencial para su existencia. Sin embargo, podría ser ya demasiado tarde.

En todos los 193 escenarios examinados por Rogelj y sus colegas, solo había dos que sugerían la posibilidad de que las temperaturas no aumentaran más de 1,5 grados este siglo. Y para ello se necesitaría un fuerte uso de bioenergía con métodos de captura y secuestro de carbono.

“Los dos escenarios que analizamos indican que sería tecnológica y económicamente posible seguir un camino así. (Aunque) no tienen en cuenta el hecho de que podría haber barreras políticas y sociales”, señaló el científico.

La posibilidad de contener el recalentamiento planetario en menos de dos grados se diluye más rápido de lo que muchos creen, ni que hablar de 1,5 grados.

Los gobiernos, la industria y el público tienen poco tiempo para reducir las emisiones por lo menos 4.000 millones de toneladas. Es muy difícil, pero puede hacerse, señalaron Rogelj y sus colegas en su estudio.

Y empezando antes sería más fácil. Las conversaciones de Durban podrían ser la última chance de los gobiernos para cumplir su promesa de limitar el recalentamiento a menos de dos grados.

El estudio de Rogelj termina con una exhortación a los gobiernos y al público en general.

“Sin un firme compromiso para aplicar mecanismos que permitan un pico temprano en las emisiones globales, seguido de rápidas reducciones, existen significativos riesgos de que la meta de dos grados, apoyada por tantas naciones, se escape de las manos”.

(FIN/2011)

	La Amazonia y el Cerrado pueden experimentar una extinción de especies jamás vista por la humanidad, dice Nobre. Crédito: Fabíola Ortiz/IPS

Además de una serie de condiciones naturales del país, la sociedad brasileña tiene conciencia de que ese futuro es posible, estima Nobre, secretario de Políticas y Programas de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y profesor de posgrados del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

Brasil tiene potencial para explorar un nuevo modelo de desarrollo tropical, utilizando plenamente la energía renovable y la economía del conocimiento natural, dijo a Tierramérica este ingeniero y doctor en meteorología que ha investigado el clima de la Amazonia y es uno de los galardonados con el premio Nobel de la Paz que recibió en 2007 el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Nobre habló con Tierramérica en exclusiva durante el XIV Congreso Mundial del Agua de la International Water Resources Association (IWRA), que se realizó del 25 al 29 de septiembre en Porto de Galinhas, en el nordestino estado brasileño de Pernambuco.

TIERRAMÉRICA: ¿Qué evaluación hace casi 20 años después de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro?

CARLOS NOBRE: La convención sobre cambio climático (adoptada en 1992) no logró crear el ímpetu para un movimiento global de reducción de emisiones.

El esfuerzo debe ser, por equidad y justicia, primero de los países que históricamente más emitieron y, en segundo lugar, de los países en desarrollo, que tendrán también que adecuarse a reducir los gases de efecto invernadero, si queremos realmente entrar en una trayectoria menos peligrosa.

La temperatura global aumentaría entre tres y cinco grados a fines de este siglo. Eso es mucho. Ya subió 0,8 grados en 200 años. Esa trayectoria es bastante pesimista.

TIERRAMÉRICA: Entonces no se avanzó en ese aspecto desde 1992.

CN: En 2010 se registró el mayor volumen de emisiones de la historia de la civilización humana: casi 45 por ciento más que las emisiones de 1990 en dióxido de carbono y otros gases invernadero. No hay forma de mirar esos números sin preocuparse.

Cambiar el clima en 200 años, lo que lleva 20.000 o 30.000 años según los ciclos naturales de la Tierra, es una mudanza muy abrupta para la manera en que la naturaleza se ajusta a los ciclos naturales.

Y la primera víctima directa es la biodiversidad, que es muy variable. El ritmo natural de emergencia de una especie se cuenta en cientos de miles de años, pero la extinción es muy rápida, basta una perturbación.

Los biólogos estiman que si ese escenario pesimista persiste hasta el final del siglo sin control, estará amenazada la existencia de 40 por ciento de todas las especies. Esto es un gran cataclismo para la vida del planeta Tierra.

TIERRAMÉRICA: ¿Cómo puede afectar el cambio climático los recursos hídricos?

CN: El clima es más variable, y los sistemas de producción de los que dependemos para vivir se perturban. Por ejemplo: hoy hay un gran número de desastres naturales y la capacidad de resiliencia está disminuyendo.

Ese es el aspecto que importa cuando hablamos de la falta de agua: las proyecciones de las mudanzas climáticas en el siglo afectan las regiones semiáridas, donde está la pobreza del mundo.

En 100 años, el nivel del mar puede subir entre 50 centímetros y 1,4 metros. Eso inundará muchas áreas costeras bajas donde viven centenas de miles de personas que tendrán que ser reubicadas.

En general, con grandes aumentos de temperatura y con extremos meteorológicos, la agricultura global sufre porque las olas de calor aumentan, así como las sequías, que se hacen imprevisibles. El problema es que la agricultura ya usa tres cuartos de los recursos hídricos disponibles, está en su límite.

TIERRAMÉRICA: ¿Cómo se coloca Brasil en este contexto de crisis climática?

CN: Existe sin duda una crisis y para Brasil no es diferente. No sólo es étnicamente una mezcla de culturas, sino también una mezcla climática y ecológica y sufre todos los problemas globales. El cuadro de regiones semiáridas es agudo en el Nordeste de Brasil, que es el semiárido más poblado del mundo, con 20 millones de personas.

Los desastres naturales están aumentando mucho en Brasil, con inundaciones, deslizamientos, olas de calor, contaminación y un ambiente cada vez más inhóspito para la calidad de vida.

La mayor vulnerabilidad ecológica está en la Amazonia y en el Cerrado, donde hay un riesgo enorme de extinción de especies a gran escala, jamás vista por la humanidad.

Estamos hablando de una posibilidad de variación en la Amazonia no vista en decenas de millones de años, una mudanza de la floresta que podría tornarse en una sabana empobrecida. Si el clima cambia mucho en 200 años, perderemos gran parte de la selva amazónica.

TIERRAMÉRICA: Ésas son previsiones muy catastróficas. ¿Cómo puede Brasil liderar un movimiento de desarrollo más sostenible?

CN: Brasil es un país muy rico en recursos naturales, más que India y China. La demografía brasileña es muy favorable, y hay una aspiración de desarrollo sustentable. La población (hoy de 192 millones de personas) debe estabilizarse en los próximos 15 años y no pasar de 215 millones.

Brasil puede, al contrario de China e India, planificar un desarrollo mucho más equilibrado y un futuro sustentable, pues tiene una cantidad de recursos naturales que tal vez ningún otro país en el mundo tenga.

Hoy ya usa 46 por ciento de fuentes renovables de energía y puede llegar a 2050 con cerca de 80 por ciento de su matriz renovable. Todo esto permite trazar un futuro como uno de los países más limpios.

TIERRAMÉRICA: ¿Usted cree realmente que Brasil, una de las naciones emergentes, quiera transformarse en una potencia ecológica?

CN: Hoy existe una conciencia en la sociedad brasileña de que ese futuro es posible. Brasil no quiere ser una potencia hegemónica militar, pero tiene un potencial de explorar un nuevo modelo de desarrollo tropical y de ser una potencia ambiental utilizando plenamente la energía renovable en un plazo de 20 a 30 años.

La economía de Brasil no puede separarse de la economía del conocimiento natural. El gran diferencial es una economía del conocimiento natural. El país puede ser un líder mundial de esa nueva visión con la aplicación del conocimiento, y esa es la imagen que debe dar en la cumbre de Río+20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible).

Queremos ser el país más limpio del mundo en los sectores energéticos, en la producción y en el modelo de agricultura sustentable.

* La autora es colaboradora de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 1 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.(FIN/2011)

WASHINGTON, oct (IPS) – Las viviendas solares construidas por universitarios en el parque National Mall, en la capital estadounidense, son una prueba de que este país puede competir con otros en materia de energías renovables, crear empleo y ganarle “al cambio climático”, señaló el secretario de Energía, Steven Chu.

Las viviendas fueron diseñadas y construidas en el marco de la competencia bienal Solar Decathlon, patrocinada desde 2002 por el Departamento de Energía (DOE), en la que estudiantes universitarios deben levantar unidades accesibles, eficientes en materia energética y con un atractivo diseño arquitectónico.

Participaron 400 estudiantes en 20 equipos de distintos países y 200.000 personas visitaron las casas en una semana, estimó el DOE.

Eficiencia energética atractiva

En una de las casas, la luz entra a la cocina a través de un “muro viviente” de plantas y hierbas en estanterías. El prototipo fue construido por el equipo del Middlebury College, del estado estadounidense de Vermont.

Inspirada en granjas de Nueva Inglaterra, la vivienda tiene ventanas al sur, tragaluces, lavadora y secadora de carga frontal, terraza de roble blanco de Vermont y muebles diseñados por los estudiantes, quienes trabajaron dos años en el proyecto reuniéndose una vez por semana para crear, financiar y construir la casa.

“Encarna el espíritu de lo que tratamos de hacer en Middlebury”, dijo Alison Thompson, de estudios ambientales de la pequeña facultad de humanidades. Sin ingenieros logramos presentarnos a la competencia, dijo a IPS. “Estamos emocionados de haber llegado hasta aquí”, añadió.

El equipo, conformado por estudiantes de inglés y de ciencias políticas, se abocó a la tarea a instancias de la madre de uno de ellos y obtuvieron el primer lugar en el concurso de atractivo para la comercialización.

El primer lugar en la competencia general lo obtuvo la Universidad de Maryland y, Purdue y la Universidad de Victoria, del neozelandés estado de Wellington, el segundo y tercer puesto respectivamente.

La estatal Universidad de Apalaches, ubicada en las montañas de Carolina del Norte, ganó el “premio del público” por una casa de campo solar. La estructura tiene un largo porche cubierto y un diseño inspirado en los habitantes de la escarpada región de los Apalaches

Los detractores de la energía solar y de las alternativas renovables solo tienen que mirar los prototipos construidos por universitarios para darse cuenta de que la innovación está “viva y coleando” en Estados Unidos, señaló el secretario del DOE.

La energía solar cubrirá 20 por ciento del consumo para 2050, indicó Chu. China vuelca una importante cantidad de recursos al sector, apuntó.

“Algunos dicen que Estados Unidos no puede ganar esta competencia”, declaró Chu. “Arguyen que no podemos invertir en energía limpia. Yo digo que no podemos no hacerlo”, remarcó.

Hechos ignorados tras el cierre de Solyndra

La bancarrota de Solyndra, una planta de fabricación de células solares de California, con una garantía de préstamo federal de 535 millones de dólares, instaló en septiembre una discusión sobre el futuro de las energías alternativas en Estados Unidos.

Los detractores citan el caso como argumento de que ya pasó el cuarto de hora del sector de energías renovables y que no merece el apoyo del gobierno.

Desde la quiebra aparecieron numerosos artículos de prensa sobre cómo diversas circunstancias contribuyeron al desenlace final. Los críticos sostienen que Estados Unidos no puede competir con China.

Pero este país exportó más de 1,7 millones de dólares en productos de energía solar a China en 2010 y tuvo un superávit comercial neto de 247 millones de dólares, indica un informe de ThinkProgress.

La industria de dispositivos de energía solar es uno de los sectores de mayor crecimiento en Estados Unidos con 5.000 empresas que emplean a 100.000 trabajadores, indicó Alexander Ochs, director del programa de energía y clima del Instituto World Watch.

Solyndra se fundió porque tomó malas decisiones en materia de inversión y sufrió las consecuencias de las fluctuaciones del precio de materias prima, no porque el sector esté en problemas.

“Se menciona a Solyndra como ejemplo de que la energía solar no funciona en Estados Unidos o que no puede competir en el mercado internacional. Con ese caso se trata de matar a toda la industria”, dijo Ochs a IPS.

De hecho, la industria de energía alternativa creció 69 por ciento el año pasado, se duplicó a un ritmo mucho mayor que la de los combustibles fósiles, que creció en un porcentaje mínimo, o la energía nuclear, el único sector que registró un crecimiento negativo, indicó Ochs.

Las personas que cuestionan el apoyo estatal que recibe la energía renovable no tuvieron en cuenta el alto costo comparativo de los subsidios a los combustibles fósiles, remarcó.

El sector recibió 72.500 millones de dólares en subsidios entre 2002 y 2008, mientras que la energía renovable obtuvo 29.000 millones de dólares en el mismo periodo, de los que una importante proporción se destinó a los biocombustibles, según un estudio del Environmental Law Institute.

La industria de los combustibles fósiles recibió 557.000 millones de dólares en subsidios estatales en todo el mundo en 2009, mientras que la de la energía renovable y de biocombustibles juntas concentraron 46.000 millones de dólares, según el Banco Mundial.

Tras mencionar los subsidios directos, indirectos y de infraestructura, incluso los que figuran como costos externos de salud y ambientales, Ochs se preguntó cómo los detractores arguyen que las alternativas renovables podrían competir sin subsidios.

“Veinte años después de que comenzáramos a tomarnos en serio el cambio climático y, a la luz de los problemas económicos y de salud que conlleva el uso de combustibles fósiles, seguimos poniendo 12 veces más recursos en ellos”, dijo a IPS.(FIN/2011)

ABIYÁN, Costa de Marfil, oct (IPS) – El nivel del mar en Costa de Marfil y otros países de África occidental creció nuevamente este año, destruyendo casas e infraestructura en general. La búsqueda de soluciones efectivas se demora y la erosión en la costa se acelera.

	El nivel del mar en la costa de África occidental creció este año otra vez. Crédito: Fulgence Zamblé/IPS

Desde hace mucho tiempo, en el tercer trimestre de cada año se produce un incremento en el nivel del mar en el Golfo de Guinea.

En Abiyán, la principal ciudad económica marfileña, varias casas fueron destruidas y decenas de familias quedaron sin hogar en agosto pasado. El problema no está limitado a áreas urbanas: no lejos de Abiyán, la comunidad de pescadores artesanales en Grand-Bassam perdió muchos equipos, lo que afectó severamente su subsistencia.

En tanto, la capital de Mauritania, Nouakchott, ha sufrido grandes inundaciones, y algunas estimaciones prevén que 80 por ciento de la ciudad estará bajo agua para 2020.

Miles de kilómetros en la costa de Cotonou, centro económico de Benín, también sufren la erosión. Un artículo del diario Nouvelle Expression cuestionó este mes al gobierno por no salvar la costa, y documentó la inundación de varias partes de Roi de Langouste Hotel, al este de la ciudad.

Hay un proyecto en marcha para construir siete nuevas barreras contra el agua en torno a Cotonu, así como para rehabilitar la barrera existente de Siafato, que ya había sido ampliada de 220 a 260 metros.

El cambio climático es uno de los factores en el aumento del nivel del mar, pero otras actividades como la extracción no regulada de arena y la destrucción de los manglares han jugado un papel importante en toda la región.

Administrando la costa

En Costa de Marfil, especialistas señalan que lo que se necesita es reabrir la boca del río Comoé. Este río, de 813 kilómetros de largo, crece entre las ciudades de Banfora y de Bobo-Dioulasso, en el oeste de Burkina Faso, y fluye a través de Costa de Marfil de norte a sur antes de alcanzar la laguna Ebrié, no lejos de Abiyán.

La laguna, que se extiende por más de 100 kilómetros a lo largo de la costa, está abierta al mar solo a través del canal artificial de Vridi, construido en 1950 para permitir que Abiyán se convirtiera en un puerto de agua profunda.

El agua de Comoé también llega al mar unos pocos kilómetros al este, cerca de Grand-Bassam, pero esta salida natural está ahora bloqueada por el cieno del río.

“Tenemos 500 kilómetros de costa que están siendo absorbidos por el mar, y en algunos casos ésta retrocede hasta dos o tres metros por año. El mar está ganando terreno”, alertó Cédric Lombardo, ambientalista en Abiyán que trabajó en el tema para el gobierno durante cinco décadas.

Lombardo señaló que el cierre de la boca natural del río Grand-Bassam por la acumulación de sedimento tendría serias consecuencias. El estuario de Comoé recibe grandes depósitos de lodo, que varían entre 60 y 100 centímetros por año.

El canal de Grand-Bassam fue artificialmente reabierto cuatro veces, la última de ellas en 2004, solo para bloquearse de nuevo en forma casi inmediata.

Lombardo cree que la nueva operación para reabrirlo, por unos 30 millones de dólares, debería también crear otro acceso del río Comoé a la laguna, y luego hasta el mar, para así permitir que el lodo se estabilice en la ribera.

Soluciones sostenibles

“Esas son las opciones”, coincidió el ambientalista Frédéric Kouamé, de Abiyán. “Pero todavía está por verse si van a funcionar a largo plazo, y sin tener consecuencias negativas en el corto plazo. Porque, generalmente, las soluciones propuestas son solo temporales”, añadió.

Kouamé citó como ejemplo la construcción de dunas artificiales para proteger la costa hace una década, todas las cuales han colapsado por la presión del mar.

Añadió que los efectos del cambio climático, en particular el aumento en el nivel del mar, solo agravarán la erosión de la costa de África occidental.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) también ha observado que las respuestas de los gobiernos solo han tenido el efecto de enlentecer o desplazar un proceso de erosión que se intensificará.

En una reunión de ministros de Ambiente de África occidental celebrada en mayo pasado en Dakar, Senegal, la UICN subrayó la necesidad de dar respuestas más sostenibles.

En el mismo encuentro, siete países costeros, desde Mauritania en el oeste hasta Benín en el este, acordaron la creación de un observatorio costero en África occidental para reducir los riesgos relacionados con la erosión marina.

Los gobiernos también reconocieron que la mayoría de los métodos efectivos para estabilizar la costa incluyen la protección y extensión de la infraestructura natural, como los manglares, las dunas costeras y las lagunas.

(FIN/2011)

Un delicioso bistec de 500 gramos de ganado amazónico, producido con 7.000 gramos de dióxido de carbono y 7.000 litros de agua mezclados con eructos de metano, es la receta ideal del cambio climático.

BELÉM, Brasil, sep (Tierramérica) – La industria ganadera es uno de los contribuyentes más importantes al agravamiento del cambio climático.

La creciente capacidad de los consumidores lleva a reemplazar en la dieta los cereales por carne y productos lácteos. Esta tendencia, combinada con prácticas de producción insostenibles, particularmente en la Amazonia brasileña, puede llevar al colapso de la selva húmeda y de los servicios de equilibrio ambiental que presta al planeta.

El informe 2009 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) señala que la expansión de la actividad ganadera es causante de 18 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de la deforestación en algunos países, mientras genera menos de dos por ciento del producto bruto mundial.

Este escaso aporte al producto demanda sin embargo 26 por ciento de las tierras libres de hielo para pastoreo y 33 por ciento de las tierras agrícolas para producir el alimento que consume el ganado.

Hay una fuerte presión para duplicar la producción ganadera, que de la actualidad hasta 2050 pasaría de 228 a 463 millones de toneladas, elevando la cantidad de cabezas de ganado en más de 73 por ciento.

Desde la década de 1970, el gobierno brasileño fomenta la cría de ganado vacuno. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha destinado más de 10.000 millones de dólares a la industria cárnica, 30 por ciento para préstamos, 60 por ciento para adquisiciones (como las de las firmas JBS-Friboi y Marfrig) y el 10 por ciento restante para futuras compras.

La tradición de rozar y quemar las tierras para robar predios agropecuarios a la selva amazónica lleva a que el planeta pierda el servicio que le presta la biodiversidad de sus bosques.

Esas prácticas liberan a la atmósfera enormes volúmenes de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. La deforestación amazónica representa un aumento de entre cinco y seis por ciento de las emisiones de gases invernadero y contribuye en 75 por ciento a la vasta producción brasileña de carbono atmosférico.

Hasta 2009, se habían deforestado unas 74 millones de hectáreas, 15% por ciento de la Amazonia brasileña. Esa área equivale a los territorios de Alemania, Austria e Italia juntas y casi en su totalidad se destina al pastoreo.

La carne vacuna es una comida costosa. Pero su precio final, aun si es alto, no refleja el alarmante costo real de su producción, ya que para obtener un kilogramo de carne se liberan 15.000 kilos de dióxido de carbono y se requieren 14.000 litros de agua. El bistec de la Amazonia es un alimento extremadamente caro por su costo ambiental, social y económico.

La producción de carne vacuna amazónica tiene impactos sociales, pues genera poco empleo, y mal remunerado. En algunas haciendas brasileñas la esclavitud y el trabajo infantil son todavía una práctica normal.

El traslado de la producción ganadera hacia la Amazonia en los últimos 50 años no registra antecedentes en la historia.

Si proyectamos el crecimiento del ganado de este país para los próximos 20 años sobre la base del registrado entre 1994 y 2007, tendremos 103,7 millones de vacunos amazónicos en 2030, lo que puede conducir a la deforestación de 55 por ciento de esa región brasileña.

Todos estos factores contradicen el compromiso brasileño de abatir sus emisiones de gases invernadero. El desafío para los gobernantes es responder a la demanda de carne del mercado sin afectar la equidad social, el ambiente y la salud pública.

Es urgente emprender acciones para transformar la cadena de valor de la producción ganadera y cárnica. Debemos promover:

* Políticas y regulaciones nacionales e internacionales para obtener una producción social, ambiental y económicamente sostenible.

* La formalización de todas las actividades de la cadena de producción, con énfasis en la región amazónica.

* Sistemas de monitoreo que aseguren la implementación de las políticas y regulaciones y contribuyan al cumplimiento de la ley.

* Políticas sostenibles e inclusivas que contemplen las necesidades de las comunidades rurales tradicionales, campesinos y pequeños productores, para ampliar su capacidad de producir de manera más eficiente y sostenible, y para beneficiarlos de una participación activa en la cadena de valor de la producción ganadera y cárnica y en los servicios técnicos y financieros.

* Creación de conciencia a escala mundial en los consumidores sobre el costo real de la carne vacuna.

* Creación de conciencia ambiental de las comunidades rurales tradicionales, incluyéndolas en el monitoreo del impacto de la producción de ganado en sus medios de vida y diversificando estrategias que valoricen la selva, como la prestación de servicios ambientales y la venta de otros productos que contribuyan a mantener la biodiversidad.

* Mayor investigación para asegurar que los estudios sobre la cadena de valor de la industria incluyan el impacto ambiental y económico en comunidades que sufren exclusión.

* Estrategias de mejores prácticas y tecnologías más sostenibles a fin de hacer más eficiente el uso de los recursos.

* João Meirelles es director y María José Barney González es consultora del Instituto Peabiru, http://www.peabiru.org.br/index-.htm, con sede en Belém, Brasil. Derechos exclusivos IPS.

	Patrick Bond Crédito: Cortesía del entrevistado

“Necesitamos entender el concepto de deuda climática como componente de la deuda ecológica que el Norte le debe al Sur”, sostuvo el experto en justicia climática y autor del libro “Politics of Climate Justice” (La política de la justicia climática), que se publicará en noviembre.

IPS dialogó con Bond en Nueva York.

IPS: ¿Qué se necesita para que de la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17) de Durban surja un resultado que rompa con las promesas vacías de siempre?

PATRICK BOND: Se necesita que las delegaciones de Washington, Ottawa, Londres, Bruselas, Tokio, Moscú, Nueva Delhi, Beijing, Brasilia y Pretoria se queden en casa, y dejen que las principales víctimas del cambio climático fijen las reglas por las cuales los grandes contaminadores paren lo que están haciendo y paguen indemnizaciones a todos los demás. Y también crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática que imponga sanciones a quienes no cumplan con una solución para salvar al planeta.

Aunque muchos activistas en estas ciudades pedirán a sus líderes que se queden en casa en interés de un resultado que implique un avance en la COP 17 (que se realizará del 28 de noviembre al 9 de diciembre), se los ignorará, como de costumbre.

Necesitamos que los activistas de África y de todo el mundo se unan para lograr soluciones de justicia climática, para mantener los combustibles fósiles en el suelo mediante una acción directa como la que vimos a comienzos de este mes en la Casa Blanca (1.252 fueron arrestados por protestar contra el oleoducto Keystone XL) y para generar estrategias de transición justas que se aparten de los sistemas de energía, transporte, extracción, producción, distribución, consumo y eliminación (actualmente en uso) que amenazan el clima.

IPS: Como señala usted en su libro, las elites mundiales no han logrado “una solución genuina a la crisis climática”. ¿Cómo sería esa solución y por qué no la lograron?

PB: Las elites mundiales más destructivas son las del sector de los combustibles fósiles y sus aliados en el Banco Mundial y en la Casa Blanca, así como en el Departamento de Estado (cancillería) y el Departamento de Energía de Estados Unidos, el gobierno conservador de Canadá y la industria de extracción de las arenas alquitranadas. Ellos están decididos a expandir las emisiones de gases de efecto invernadero lo máximo posible.

Ellos les enseñaron esto a los gobiernos de países de ingresos medios, así que parece como si todos, tal vez a excepción de Bolivia, fueran a las conferencias de las partes con el objetivo de elevar el tope a las emisiones de gases invernadero, para permitir que cada bloque nacional de elites estatales respaldadas por sus clases capitalistas contaminen lo máximo posible, sin importar las consecuencias…

La solución debería seguir el precedente del Protocolo de Montreal de 1987, en cuanto a salvar (la capa de) ozono de los clorofluorocarbonos (CFC), y prohibir categóricamente esas sustancias luego de un adecuado periodo de eliminación (en ese caso, nueve años).

Pero los ideólogos del mercado y las industrias de los combustibles fósiles no permitirán eso, así que los delegados están atados de pies y manos y nosotros somos tontos si pensamos que con la Convención Marco tienen los medios para abordar el cambio climático, dado el actual desequilibrio de fuerzas.

IPS: ¿Considera que los países afectados y la comunidad internacional comparten de modo adecuado las cargas y responsabilidades vinculadas al cambio climático?

PB: Necesitamos entender el concepto de deuda climática como componente de la deuda ecológica que el Norte le debe al Sur.

Lo que todos sabemos es que la responsabilidad por el cambio climático radica en el Norte, lo que por supuesto incluye a las empresas que operan irresponsablemente en el Sur, como BHP Billiton y Anglo American en Sudáfrica, que obtienen la electricidad más barata del mundo y luego la exportan a Melbourne y Londres respectivamente.

Los activistas climáticos coinciden en que para que la carga esté compartida se debería poner fin a los acuerdos de precios especiales de la era del apartheid, que dan a estas compañías sus hiperganancias destructoras del clima, para que, en cambio, la vasta mayoría de la población tenga acceso a más electricidad básica gratuita que los actuales 50 kilovatios/hora mensuales por hogar.

Esto no es simplemente una demanda “nacionalista del Tercer Mundo”. La deuda climática, que según la mayoría de las estimaciones probablemente supera 400.000 millones de dólares anuales, no debería pagarse a través de tiranos, como Meles Zenawi de Etiopía o el rey Mswati de Swazilandia.

En cambio, mecanismos de pagos directos similares al namibio “subsidio del ingreso básico” deberían garantizar que a quienes fueron perjudicados por el cambio climático –la mayor parte de Pakistán el año pasado, por ejemplo- se les reembolse directamente mediante transferencias de fondos locales, eludiendo a estados corruptos y a intermediarios de la industria de la asistencia.

IPS: ¿Qué rol juegan en el ámbito mundial las economías emergentes, que son, simultáneamente, importantes emisoras de gases de efecto invernadero?

PB: Lo mejor sería que un gobierno como el de Sudáfrica deje que lideren el proceso esos países débiles, que serán los más perjudicados: en los Andes y en los Himalayas cuando los glaciares y la nieve se derriten, en las pequeñas islas que se hunden, en buena parte del África devastada por la sequía, en lugares que padecen terriblemente el aumento del nivel del mar, como Bangladesh.

Los bolivianos tienen los mejores antecedentes, y también desarrollaron en abril de 2010 un Acuerdo de los Pueblos en la central localidad de Cochabamba que, en un mundo justo, debería reemplazar al Protocolo de Kyoto (en vigor desde 2005).

En cambio, los países BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China) decidieron unirse a Estados Unidos en (la COP 15, realizada en) Copenhague. Esto los descalifica para ser parte de la solución.

Así que el rol adecuado para los negociadores de las economías emergentes es disculparse por el Acuerdo de Copenhague y por subsidiar a corporaciones multinacionales con electricidad, mano de obra ultrabarata y contaminación externalizada, y traspasar las políticas climáticas al movimiento por la justicia climática, que tiene las ideas necesarias para abordar la crisis adecuadamente.

(FIN/2011)

Colombia no tiene ningún sistema de monitoreo de biodiversidad que le indique qué puede estar pasando con relación al calentamiento global, afirma en esta entrevista exclusiva la directora del estatal Instituto Humboldt de la Biodiversidad, Brigitte Baptiste.

BOGOTÁ, 15 ago (Tierramérica).- El conocimiento ancestral de la naturaleza que desarrollaron los pueblos nativos de Colombia está perdiendo validez ante manifestaciones del cambio climático que desconciertan a sus sabios, afirma la bióloga Brigitte Baptiste.

La vida reacciona de manera sorpresiva a las presiones de cualquier tipo, afirma la bióloga transgénero Brigitte Baptiste. Crédito: Juan José Carrillo/IPS

Se trata de una comprobación a la que llegó por contactos personales con sabios de pueblos indígenas, pues el Estado “no tiene” políticas para facilitar o reconocer el conocimiento tradicional, dijo a Tierramérica esta doctora en ciencias ambientales de 47 años, reconocida catedrática y activista ecologista con estrechos nexos con comunidades campesinas e indígenas.

Lo bueno es que “el diálogo entre sabedores indígenas está fluyendo” sobre estos problemas, agregó.

Baptiste dirige desde enero el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia. Ha escrito decenas de artículos y capítulos de libros, incluidos textos sobre bioética y diversidad de género. Tierramérica dialogó con ella sobre algunos puntos de su intervención en el II Congreso Nacional del Clima, que sesionó en Bogotá del 3 al 5 de agosto.

TIERRAMÉRICA: En el Congreso usted afirmó que el conocimiento tradicional está perdiendo validez ante los cambios del clima. ¿Ya han detectado efectos concretos, por ejemplo en la observación tradicional de las comunidades indígenas?

BRIGITTE BAPTISTE: No, porque no lo hemos investigado a fondo. El Estado no tiene ninguna política concreta para facilitar el conocimiento tradicional o para reconocer su importancia. Lo sabemos por relaciones personales con taitas (ancianos sabedores) en el Putumayo, con los curacas en el río Mirití (Amazonas), o con los “mamos” de la Sierra Nevada de Santa Marta, que empiezan a decir que hay señales que están variando respecto a sus patrones con los que tomaban decisiones.

Cuando durante tres o cuatro años ciertas plantas dejan de florecer, ellos dicen: no tenemos memoria de que eso hubiera pasado. El sistema de monitoreo indígena se basa en la memoria de las personas, alimentada por todo su conocimiento ancestral, pero es muy local.

Les toca, como dicen ellos, ponerse a “conversar” si alguien más se acuerda de que eso hubiera pasado en otra parte y qué ocurría después: si era anuncio de una gran sequía, o de deterioro del suelo, o de si iba a haber 10 o 15 años de malaria. La ventaja es que lo están haciendo. El diálogo entre sabedores indígenas está fluyendo. Pero de eso nosotros, realmente, tenemos muy poca noticia.

TIERRAMÉRICA: Usted dijo también que no se sabe cuál es el efecto que tendrá el cambio climático sobre la biodiversidad colombiana. ¿En qué reside esa dificultad?

BB: La vida reacciona de manera sorpresiva a las presiones de cualquier tipo. Las especies no se adaptan una por una. Uno podría decir que si esto se calienta, las especies que son susceptibles al calor se van, desaparecen. Pero no. Las especies tienen una información genética diferenciada en todos sus organismos. Entonces, una parte de la población de una especie puede reaccionar de una manera distinta a la otra.

Y las especies están encadenadas unas con otras. Pensando en las cifras colombianas: 784 especies de anfibios, 1.714 especies de pájaros, 35.000 de plantas, no es una por una que van a reaccionar, sino lo harán en conjuntos ecológicos llenos de interacciones tróficas –quién se come a quién–, de depredación.

Necesitamos cifras y datos de 10, 20, 30 años, y eso es lo que no tenemos. Colombia no tiene ningún sistema de monitoreo de biodiversidad que le indique qué puede estar pasando.

Apenas ahora tenemos imágenes de satélite de buena calidad, de unos 20 años; ciertos registros muy precisos de investigadores del siglo XX, de hace 50, 60 años. Es información confiable con la que se puede comenzar a especular y a hacer modelos sobre cómo va a responder la biodiversidad, en caso que se caliente, llueva más o se deseque.

TIERRAMÉRICA: Usted mencionaba que hay especies de pájaros que están cambiando de piso térmico, de rango altitudinal.

BB: Algunos estudios preliminares han identificado algunas especies que pueden sufrir ese problema. Las aves están asociadas a un tipo de bosque, por ejemplo, el que hay a 1.000 metros de altitud. Eventualmente se desplaza el bosque hacia arriba, e igual suben las aves.

Pero, ¿qué tal que más arriba no haya suelo apropiado para que exista ese bosque? Entonces, ese bosque ya no va a poder subir y por tanto las aves no tienen hábitat.

TIERRAMÉRICA: ¿Cuáles son los “puestos” mundiales de la biodiversidad colombiana?

BB: Colombia es el país más rico en aves. Más de 15 por ciento de los pájaros viven en Colombia. Es probablemente el primero o segundo en anfibios, en ranas; competimos con Indonesia sobre todo en cuanto a endemismos: lo que hace que un país tenga más o menos riqueza tienden a ser las especies exclusivas que se han desarrollado en los ambientes propios del país.

En plantas también somos el primer país o el segundo, solamente equiparable a Brasil. Estamos en el tercer o cuarto lugar en mamíferos. También en peces dulceacuícolas y marinos, aunque estos últimos tienden a ser más compartidos.

El río Magdalena es único en el mundo. Corre de sur a norte cruzando casi todo el territorio ecuatorial. Es tremendamente fértil, recibe todos los aportes nutricionales de las selvas de toda la subregión andina. Casi toda su fauna es endémica. Cerca de 40 por ciento de los organismos que habitan en el Magdalena solo se encuentran en el Magdalena, lo cual hace de la cuenca, en general, un tesoro mundial de biodiversidad.

TIERRAMÉRICA: ¿Pese a lo destruida que está la ribera?

BB: Los datos de extinción total todavía no reportan que la biodiversidad haya colapsado. A pesar del mercurio o de la sedimentación excesiva, el río Magdalena sigue teniendo una biodiversidad importantísima.

TIERRAMÉRICA: ¿La biodiversidad también nos facilita adaptarnos al cambio climático?

BB: Sí, y es muy importante. Tratamos de llamar la atención a los sectores productivos acerca de que en la biodiversidad radica el mejor seguro para la producción. Porque es en ella donde estarán los controles biológicos del mañana, los servicios ecosistémicos que les pueden amortiguar los efectos de la sequía o de alguna disfunción nutricional.

Los sectores productivos deben entender mejor el funcionamiento ecológico en el cual están inmersos y reconocer que, si se pierden esas funciones ecológicas, les va a tocar a ellos ponerse la mano en el bolsillo para remplazarlas. Una diversidad abundante y sana es un indicio claro de que hay menos gasto en controlar procesos productivos.

Porque la biodiversidad amortigua los efectos del clima, aunque no sepamos muy bien cómo. Hay razones prácticas para mantenerla e invertir recursos en su gestión, porque la biodiversidad perdida no regresa.

* * La autora es corresponsal de IPS

La realidad indica que, en la economía globalizada, la pobreza es el único fenómeno sostenible, afirma en esta columna el emprendedor Gunter Pauli.

BERLIN, 8 ago (Tierramérica).- La economía mundial siguió durante décadas la senda de la globalización. El timón dirigido hacia economías de escala cada vez más grandes a costos marginales cada vez más bajos empujó al sector manufacturero a estandarizarse y reducir radicalmente los gastos mediante la subcontratación y el control de la cadena de suministros.

Así se impusieron la concentración de los proveedores, la eliminación de innecesarias gerencias internas, el fomento de las fusiones y adquisiciones y la reducción de costos para asegurar mayores ganancias a los inversores y precios más bajos a los clientes, de modo de aumentar su poder de compra y engrosar las filas de la codiciada clase media.

Se suponía que este proceso de crecimiento globalizador derramaría riqueza desde las capas sociales más altas hacia las más bajas, distribuyéndola mejor y permitiendo a más integrantes de la clase media convertirse en ricos.

Pero la realidad indica que, en la economía globalizada, la pobreza es el único fenómeno sostenible. Aunque se pueda argumentar que hubo crecimiento y expansión del mercado, la cantidad de personas que viven con menos de un dólar diario nunca fue mayor que ahora.

Se ha considerado que el control de la explosión demográfica era un factor clave para un desarrollo social equitativo para todos en el planeta. Pero controlar el crecimiento de la población no es suficiente.

La acción más decisiva que se necesita –y la menos debatida– es cambiar el modelo de negocio.

Nuestro sistema económico se condujo siempre por la eficiencia, pero nunca consideró la suficiencia. La codicia, en lugar de la necesidad, fue la musa inspiradora del impulso empresarial. Y la brecha entre los más ricos y los más pobres del mundo nunca fue tan amplia como ahora.

La alternativa, propuesta por la Economía Azul, es satisfacer nuestras necesidades básicas con lo que tenemos. Llegó la hora de cesar el consumo más allá de la capacidad real del planeta.

Para salir de la trampa de la escasez e ingresar a un mundo de suficiencia para todos los seres sensibles, y no sólo para la especie humana, debemos introducir innovaciones y tecnologías que provean nutrientes y energía en cascada, tal como lo hacen los ecosistemas.

Amory Lovins y sus expertos en energía del Rocky Mountain Institute demostraron que la sociedad moderna llegó en 2007 al “pico del petróleo” –el momento en que la extracción anual de combustibles fósiles alcanzó su punto más alto– y que desde entonces se están reduciendo progresivamente las reservas. En esta situación, abatir el consumo y buscar fuentes renovables de energía son una necesidad absoluta.

Pero el fin de la era de acceso ilimitado a los combustibles fósiles lleva consigo el “pico de la globalización”. Las empresas que se expandieron hasta transformarse en corporaciones mundiales ahora se enfrentan a una tendencia de dinámica decreciente.

Las ganadoras serán las pequeñas y medianas empresas, inspiradas por millones de empresarios que sepan responder a las necesidades básicas de sus comunidades con los recursos locales disponibles.

Este cambio permite concebir un sistema competitivo en el cual el libre comercio y el libre flujo de inversiones extranjeras directas ya no serán la clave para el éxito económico.

El nuevo modelo proporcionará oportunidades para las empresas locales que sean capaces de crear una amplia alianza de actividades económicas y sociales con múltiples ingresos y beneficios.

Ese modelo es la alternativa a la camisa de fuerza que impuso el mantra del uniformizado y globalizado mundo contemporáneo: el giro de negocio y la competencia esencial, y su fetiche, el análisis de flujos de efectivo.

Abandonar el modelo de la Harvard Business School, que obliga a las gerencias a concentrarse en un producto y un proceso a la vez, permitirá que David le gane otra vez a Goliat.

David ganará, no por tener acceso privilegiado a los mercados globales de capital, trabajo, energía y minerales, sino porque la acelerada expansión que incentivó la mundialización habrá dejado a los gigantes extremadamente vulnerables.

Y, a diferencia de las 500 corporaciones más grandes que alista la revista Fortune, pocos empresarios aspirarán a reemplazar a esos gigantes, y se darán por satisfechos si cada uno consigue morder una porción de dos o tres por ciento del mercado de sus formidables oponentes.

Este nuevo paradigma facilitará la llegada de sistemas descentralizados de producción y consumo que ya son competitivos y técnicamente viables en todos los sectores de la economía, incluyendo la minería, la forestación, la agricultura, los metales, la química, la energía y la industria papelera.

La cartera de 100 innovaciones descriptas en la Economía Azul y sus crecientes éxitos de mercado en todos los rincones del mundo demuestran que esos avances individuales no son aislados sino parte de una nueva tendencia que llamo “El fin de la globalización”.

Aunque la penetración completa de la Economía Azul en nuestro tejido social y económico quizás tome unas décadas más, ya está forjando fuerzas competitivas conducidas por necesidades y por recursos locales.

Así nacerá una nueva sociedad en la que se generen empleos suficientes, los mejores productos para la salud y el ambiente sean menos costosos, y se cree capital social por la simple dinámica de ser más productivos y competitivos.

En definitiva, eso es lo que se espera de la economía humana: que consiga mucho más con mucho menos.

* * Gunter Pauli, empresario y autor de la obra “La economía azul” (http://www.blueeconomy.de). Derechos exclusivos IPS.