Mexicanas reclaman justicia ante embates climáticos

Posted on 11 November 2011 by admin

Por Emilio Godoy
MÉXICO, 11 nov (IPS) – Tras quince días sin agua, finalmente este jueves 10 esta volvió a fluir por los grifos del hogar de Araceli Salazar y de los demás residentes del populoso barrio de Iztapalapa, en el oriente de la capital de México.

Beatriz Vásquez denuncia el impacto de la construcción de una represa / Crédito:Emilio Godoy /IPS
Beatriz Vásquez denuncia el impacto de la construcción de una represa

Crédito: Emilio Godoy /IPS

“Por la falta de agua ha habido plagas de ratas, piojos y cucarachas. Y la mala calidad provoca dermatitis y otras infecciones”, denunció Salazar, de 51 años, ante el Tribunal Popular de Justicia Climática, que congregó en Ciudad de México a afectados por alteraciones ecológicas provenientes de varios estados.

El foro, auspiciado por las organizaciones no gubernamentales Mexicanos Contra la Desigualdad y Comunidad en Movimiento, integró tres audiencias paralelas sobre desastres naturales y sociales, el campo y la soberanía alimentaria, y la urbanización salvaje, la insostenibilidad y la pérdida de los bienes naturales de las comunidades.

En ellas, los asistentes testimoniaron el jueves 10 el desplazamiento por razones ecológicas como el aumento de sequías, escasez de agua, pérdida de recursos naturales y conflictos socio- ambientales a causa de proyectos hidroeléctricos.

A diferencia de otras audiencias públicas realizadas desde octubre en América Latina, la de México se convocó bajo el lema “Justicia Climática. Las comunidades de México alzan la voz” y no se concentró en las mujeres, como sector especialmente vulnerable a los efectos del calentamiento global, lo que fue criticado por algunas participantes.

Desde Amatlán de los Reyes, a unos 450 kilómetros al sudeste de la capital, llegó Beatriz Vásquez, activista del Comité Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, para denunciar la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, que impactará a ocho municipios del estado centro-oriental de Veracruz, por la desviación del río Blanco.

Participantes en  audiencia mexicana sobre justicia climática / Crédito:Emilio Godoy  /IPS
Participantes en audiencia mexicana sobre justicia climática

Crédito: Emilio Godoy /IPS

“El río está muy contaminado. Al desviar su curso, hay riesgo de que infiltre la fuente subterránea que nos da agua. Además, van a desaparecer el cementerio y el campo deportivo, va a pasar por zonas urbanas y va a dividir a las comunidades”, relató Vásquez.

Los opositores a la represa formaron la agrupación y recogieron 8.500 firmas en 26 asambleas regionales, pero las autoridades estaduales han desoído su rechazo.

México, con 112 millones de habitantes, sufre ya el calentamiento global que ocasiona mayores sequías, huracanes, inundaciones e incremento del nivel del mar. A pesar de que las mujeres son las más perjudicadas por esos efectos, están ausentes de los programas oficiales para enfrentar el cambio climático, denuncia la sociedad civil.

“Tenemos que hablar más desde la perspectiva de género, sobre cómo les afecta el cambio climático en sus vidas cotidianas. Las primeras en organizarse y levantar la voz son ellas”, resaltó a IPS Humberto Jaramillo, coordinador de Mexicanos contra la Desigualdad.

“Queremos que ellas expongan su situación y planteen propuestas, se organicen y luchen por la justicia climática”, dijo el representante de la organización aliada del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés).

Las audiencias forman parte de los Tribunales de Género y Justicia Climática, promovidos por el Grupo de Trabajo Feminista y GCAP, que en octubre comenzaron a desarrollarse en 15 países del Sur, entre ellos Argentina, Brasil, El Salvador, México y Perú.

Estos foros buscan incidir en las negociaciones de la XVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que incluirá como tema relevante la justicia climática y que se realiza en la ciudad sudafricana de Durban entre el 28 de noviembre al 10 de diciembre.

Además, comparten ese mismo propósito frente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable que acogerá la ciudad brasileña de Río de Janeiro en junio próximo, conocida como Río+20, en referencia a la primera Cumbre de la Tierra, celebrada en la misma metrópoli en 1992.

Xochimilco, otro distrito emblemático de la megalópolis mexicana, también es escenario de problemas acuíferos. La Presa San Lucas Xochimanca, que funciona en esa localidad desde los años 40, contamina el ambiente que circunda a cinco de los 14 barrios que lo conforman.

“La presa recibe las aguas residuales de asentamientos irregulares que van a dar al río que la alimenta. El principal problema es la contaminación del aire”, denunció a IPS Esther González, una enfermera jubilada de 50 años, que brindó su testimonio sobre las enfermedades padecidas por los habitantes de la zona.

La comunidad se ha arremolinado en el Comité San Lucas Xochimanca, que propugna la defensa y conservación de la cultura del barrio y su salud ecológica.

Iztapalapa y Xochimilco son dos de las 16 demarcaciones en que se divide el Distrito Federal, asiento de la capital, con una población conjunta de 2,23 millones, que comparten el temor por la polución de los mantos freáticos que les proveen de agua, la deforestación y la construcción desmedida.

Dos pozos surten a la primera y seis a la segunda, pero las infiltraciones son una amenaza permanente para sus habitantes.

“Nos hemos organizado para guardar y acarrear agua. Estamos a la espera de que el gobierno capitalino nos autorice la instalación de sistemas de recolección de lluvia y uso de celdas solares”, indicó Salazar.

Los resultados de estas audiencias serán incorporados al eje ambiental del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, lanzado el 21 de octubre y que desembocará en un veredicto dentro de unos dos años.

“Sufrimos sequías e inundaciones que luego echan a perder la siembra. Por eso, la justicia climática puede sensibilizar más a la gente y ayudar a organizarse”, refirió Vásquez, en cuya comunidad la población trabaja mayoritariamente en el comercio ambulante, el servicio doméstico y el cultivo de café, caña de azúcar y frutas.

En 2010, el gobierno mexicano, académicas y representantes de la sociedad civil lanzaron la Declaratoria Mexicana sobre Género y Cambio Climático, que demandó políticas con enfoque de género, acciones de adaptación y mitigación y el financiamiento respectivo, sin que se hayan registrado avances en esa dirección.

“Ahora hay más enfermedades de la piel, respiratorias y gastrointestinales, por la exposición al sol y la contaminación del aire. Si obtenemos justicia climática, tendremos una mejor salud y una mejor convivencia”, sostuvo González.

Las audiencias para recoger las denuncias y propuestas de las mujeres en pro de la justicia climática cuentan también con el respaldo de Greenpeace International y de la agencia internacional de noticias Inter Press Service (IPS). (IPS/eg/egf/ la sl mx ip wd pr cj kp en md wo/2011)(FIN/2011)

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