Por Gonzalo Ortiz

QUITO, 7 may (IPS TerraViva) – A pesar de haber concluido la discusión del proyecto gubernamental de Ley de Recursos Hídricos, el presidente de la Asamblea Nacional legislativa de Ecuador, Fernando Cordero, decidió postergar sin fecha fija la votación.

La medida tiene varias lecturas. Según la legisladora e indígena shuar Diana Atamaint, del partido Pachakutik, “el oficialismo no tiene los votos, pues de lo contrario hubieran entrado a votar ayer”, por el jueves, día en que concluyeron los debates.

En declaraciones al canal Teleamazonas, Atamaint mencionó que otra causa para la postergación del voto fue la movilización y la unidad de los movimientos indígenas, algunos de los cuales abandonaron la alianza que habían mantenido con el gobierno de Rafael Correa desde enero de 2007.

Pero, según Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), “solo se trata de una estratagema del gobierno” para aprobar la ley dentro de unas semanas, cuando se desmovilicen los nativos, que se oponen al proyecto.

“El movimiento indígena está unido, y no vamos a desmovilizarnos. Estaremos vigilantes a lo que decida el gobierno”, dijo Santi al anunciar que quienes se han trasladado a Quito, se quedarán en la capital.

El presidente Correa, por su parte, descalificó la protesta indígena. “¿Qué elección ha ganado la Conaie que quiere manejar el agua?”, dijo en una intervención en Riobamba, en el centro del país.

Sólo son “1.500 personas las que quieren generar el caos en el país”, añadió. La dirigencia indígena “no tiene capacidad de movilización, la mayoría del pueblo está con nosotros. Ellos se movilizan financiados por fundaciones extranjeras”, sostuvo Correa.

Este mensaje se repitió en transmisión obligatoria por cadenas nacionales de televisión y radio, el jueves por la noche y en la mañana de este viernes.

Además, los sistemas informativos de la Presidencia, en su página web, en sus sitios en las redes sociales y en sus boletines de prensa, están recogiendo declaraciones de dirigentes de algunas organizaciones indígenas que respaldan el proyecto oficial de la ley de aguas.

Pero en un comunicado de este viernes los líderes de la Conaie, de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) insistieron en la unidad y se ratificaron “en la radicalización de la movilización nacional en defensa de la vida y el agua”.

El documento tiene especial significado porque tanto la Fenocin como la Feine fueron aliadas del gobierno hasta marzo, cuando empezaron a distanciarse por el manejo del debate sobre los recursos hídricos.

En el comunicado, exigieron “al gobierno el respeto a las organizaciones legítimamente movilizadas en ejercicio de sus derechos a la participación y a la resistencia” y denunciaron represión policial contra sus manifestaciones en el país.

“El agua no es de la Conaie, sino de todos”, dijo Correa, al criticar el punto central de las demandas indígenas: la composición y facultades que tendrá el organismo encargado de las políticas hídricas.

Para el mandatario, las cúpulas de las organizaciones indígenas pretenden manejar la distribución del agua a través de un consejo plurinacional con facultades amplias.

Correa también criticó a la Asamblea Nacional por no haber votado la ley. Fue un error “demorar ocho meses (en realidad, nueve) su aprobación. Pierden tiempo y, al parecer, se dieron más plazo. Ayer (por el jueves) se debía cerrar el debate. Están cayendo en error tras error”, dijo.

La representante Atamaint denunció el pedido de “salvoconductos” a los indígenas que se movilizan. Los autobuses que van a Quito desde Macas, capital de la oriental provincia de Morona Santiago, en la Amazonia, son detenidos no menos de seis veces por piquetes de militares o policías para pedir papeles, dijo.

A quien tiene apellido indígena, los efectivos de la fuerza pública le solicitan “salvoconductos”, denunció.

Atamaint pidió con ironía a las autoridades “que se apresuren a construir más cárceles, porque hay miles de indios terroristas que vamos a defender la ley de aguas… No agacharemos la cabeza”, insistió.

El ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh, aseguró que “no hay ningún manifestante herido de bala, como se ha expresado”.

Las manifestaciones están permitidas, siempre que no atenten contra “bienes públicos, comunitarios o privados” y recordó que “el cierre de vías es ilegal y anticonstitucional”.

El bloqueo de carreteras es un mecanismo utilizado en los levantamientos indígenas desde 1990 en este país.