“Se les dijo. Se les advirtió”, decían unos cómicos radiales cuando yo estaba chiquita, hace ya varias generaciones. Pero como estos colegas míos no atienden las admoniciones respecto al terreno minado que es el cubrimiento del conflicto armado, pues uno de ellos cayó en la trampa. Igual que en su momento se la tendieron a La Silla Vacía, cuando Piedad Córdoba viajó a Buenos Aires a una importante reunión por la paz de Colombia.
Se les dijo y se les advirtió: vienen hechos de paz importantes. Ojo avizor con los montajes y las maniobras de distracción de los servicios de inteligencia que, vaya usted a saber por qué diablos, le temen tanto a las palabrejas “paz” y “solución política”.
Asistieron 25 mil personas, llegadas con un enorme esfuerzo logístico desde todos los rincones donde la guerra es de verdad, y no como en las películas, donde se acaba en hora y media mientras uno se come las crispetas y la sangre ni lo salpica a uno.
Pues hete aquí que, muy de mañanita el viernes, primer día de esa impresionante reunión que yo cubrí para IPS Noticias, Caracol Radio salió con la primicia de unas conversaciones interceptadas a “cabecillas de las FARC”, que trascribo debajo junto con el link al sonido.
Advierto que en Barrancabermeja hablé con uno de los interlocutores cuya conversación fue interceptada.
David Martínez es desplazado dos veces, por lo cual vive hoy en Villavicencio. Es vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, y presidente de una asociación campesina de la región del alto Ariari, Meta, denominada Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de El Castillo.
Uno de sus celulares le fue entregado a Martínez por el Ministerio del Interior, y el hombre tiene mucha curiosidad por saber si es ése el aparato que le están interceptando.
Dice que las voces están un poco distorsionadas, pero que uno de los que allí habla sí es él. De la otra conversación, dice reconocer a un indígena, cuyo nombre no recuerda.
Por haberlo entrevistado en Barrancabermeja, estoy en capacidad de afirmar que la que he marcado en la trascripción como “Voz 4” es la de David Martínez, a quien presento públicamente mi solidaridad.
También advierto que conocí en Codhes, durante una rueda de prensa, a varias personas de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND). Caracol Radio ha lanzado al aire, sin verificar, el nombre de una organización legal, vinculándola con la guerrilla. Seguro que no quedará difícil conseguirle a Caracol Radio teléfonos de los miembros de la junta directiva de la CND, todos líderes muy capaces que, lamentablemente, han visto sus vidas alteradas en materia grave por la guerra que algunos no quieren que termine.
La noticia que transcribo a continuación tiene esta noche de lunes festivo, en la página web de Caracol Radio, el título de “Encuentro Nacional de Paz niega infiltración de las Farc”. Es un buen comienzo para la rectificación que esperamos, de parte del estimado colega que metió las de caminar. Lo que dice él es lo irregular, en esta historia. La foto de David Martínez que acompaña esta nota no la tomé yo, ni es la mejor. Pero es un mensaje para este colega y para los demás: recordemos que nuestra labor, mal hecha, genera sufrimiento injusto.
FIEL TRASCRIPCIÓN
VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2011
Periodista:
“8 de la mañana 13 minutos. Caracol Radio tuvo, como revelamos muy temprano, acceso a cuatro interceptaciones de las FARC, realizadas entre el 20 de julio y el 2 de agosto de este año, entre un presunto cabecilla del comando conjunto de ese grupo guerrillero, hablando con uno de sus compañeros sobre cómo infiltrar el Encuentro Nacional de Paz que se realiza a partir de hoy en Barrancabermeja, y que va hasta el próximo 15 de agosto (en realidad hasta el 14). En una de estas conversaciones, los dos integrantes de las FARC hablan de toda la logística para el evento. Dicen que todo está dispuesto pero que hay dudas en las fechas.”
Voz 1:
Hay una preguntica. ¿Exactamente para cuándo es que se necesitan las delegaciones para… para lo de…
Voz 2:
¿Lo de Barranca?
Voz 1:
Lo de Barranca, sí.
Voz 2:
Eso están…tienen que estar ahí del 10 al 12, allá. O sea, tendremos que estar viajando el 13. Eeee el 11.
Voz 1:
¿El 11? Quiere decir, ¿es del 12 al 15 de agosto?
Voz 2:
Es el evento, sí. Allá.
Voz 1:
Por ahí hicimos ya todo lo que fue la… como la ¿que? La … ehhh. Lo de costos, y toda esa vaina, que estuvimos averiguando allá en la empresa y todo.
Periodista:
“En otro diálogo conocido por Caracol Radio, se reporta por uno de los aparentes guerrilleros lo que se ha hecho para el evento, al que se llevarán varias personas que hay que desplazar y alimentar. Llegarían de Santander, de Bolívar, de Norte de Santander, de Arauca, de Tolima, de Huila y del Cauca”.
Voz 3:
Pues bien hermano, estoy precisamente por aquí… Estaba en este momento pensando en usted.
Voz 4:
Já, já.
Voz 3:
Sí, porque es que estoy aquí. Estoy aquí, estamos en la asamblea nacional de la CND, la Coordinación Nacional de Desplazados y precisamente tiene la palabra el compañero que está ayudando a coordinar el encuentro de Barranca.
Voz 4:
Estamos precisamente en eso.
Voz 3:
Ajá. Aaaaah, bueno, listo, listo.
Voz 4:
Entonces yo necesitaba precisamente hablar con ustedes, cómo andamos ahí.
Voz 3:
No, pues de acuerdo a lo que estuvimos tratando, entonces pues de todas maneras echar eso adelante, ese, ese, ese ambiente.
Periodista:
Así mismo, en las conversaciones las FARC intervendrían en este evento con una ponencia sobre la tierra, el territorio, la lucha por los recursos naturales y la experiencia que ha tenido la organización. Estas y otras comunicaciones conocidas por Caracol Radio están siendo analizadas por las autoridades para evitar la llegada de guerrilleros a Barrancabermeja.
Fotograma de “Impunity”, de Hollman Morris y Juan José Lozano. Cortesía Contravía
Michael Reed es director adjunto en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés. Heavy Metal Colombia lo entrevistó en la premier de “Impunity” en Colombia, el pasado 20 de junio. El documental, de 85 minutos, es codirigido por el perseguido periodista colombiano Hollman Morris, reciente becario Nieman de la Universidad de Harvard, y por Juan José Lozano, colombo-suizo y radicado en Ginebra.
El asunto es que, en sus investigaciones sobre graves crímenes sistemáticos y generalizados, la Fiscalía está haciendo fotogramas de la matanza paramilitar, cuando lo que se necesita es, justamente, una película. La película que la Fiscalía debe ver. Mientras tanto, veremos “Impunity”.
Heavy Metal Colombia:¿De qué manera apoyó el ICTJ a “Impunity”?
Michael Reed: A través de unos fondos de la cooperación canadiense se creó el capital semilla para arrancar, principalmente, en un tema específico, que tenía que ver con las exhumaciones que se estaban adelantando en el marco de (la jurisdicción de) Justicia y Paz. El proceso fue creciendo y Hollman Morris y Juan Lozano decidieron hacer un mayor enfoque sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la impunidad desde la perspectiva de las víctimas.
HMC: ¿Quién es Juan Lozano?
MR: Juan Lozano es un joven documentalista colombiano. Estudió y trabajó en Colombia y ahora se encuentra radicado en Ginebra y está haciendo proyectos documentales desde allá.
HMC:¿Han enfrentado obstáculos para difundir el documental en Colombia?
MR: Por lo pronto la película ha sido presentada en el exterior. Ha sido conocida en festivales en Toulouse y en La Haya, y en el Festival de Derechos Humanos de Human Rights Watch. A partir de esta presentación en Bogotá, que para Hollman y Juan era muy simbólica, queremos ver justamente el interés comercial que pueda existir.
En el ICTJ estamos convencidos de que esta es una película que todo el mundo puede ver y que todo el mundo debe ver. No es una película árida y justamente habla sobre derechos humanos, sobre impunidad y, principalmente, sobre el sufrimiento de las víctimas para lograr justicia en sus casos. No es una película para hacer dinero. Esta es una película de las víctimas y dirigida a la sociedad colombiana.
Como ICTJ la apoyamos, porque estamos convencidos de que la atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Estamos convencidos de que la atrocidad tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también.
HMC: ¿Cree que el tema de la película es desconocido para los colombianos?
MR: Desafortunadamente creo que sí. O quizá no desconocido, pero sí bloqueado: es mucho más cómodo no saber o ignorar. Esta película pone las cifras de impunidad, las cifras de los muertos en una dimensión netamente humana, en donde se despierta la sensibilidad.
Estamos convencidos de que hay cierto agotamiento en Colombia en donde la negación empieza a ser una negación implicatoria, interpretativa. Es mejor no saber. O sí, yo soy consciente de eso, pero no quiero quedarme en el sufrimiento de las víctimas.
HMC: El documental hace un punto muy importante en la extradición de alias “HH” como la última esperanza de la verdad. ¿Qué queda sobre el tapete en Colombia en materia de justicia y de verdad sobre los crímenes de los paramilitares, una vez que se ha ido “HH”?
MR: La justicia, primero que todo, no puede ser objeto de solo confesiones. La justicia es, principalmente, un ejercicio de contradicción y de investigación autónoma independiente. Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos, lo cierto es que los casos no pueden proceder con solo confesiones. Tiene que haber una investigación independiente que señale las rutas.
Lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las ONG de derechos humanos y de las propias víctimas. Lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones.
Pero, la Fiscalía no puede depender de la voluntariedad de unos señores, tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales.
HMC: Otra inquietud que toca el documental es el momento en que sacan a la prensa: cuando los paramilitares empiezan a mencionar ciertos nombres. ¿Qué curso tienen en la justicia colombiana esas denuncias con nombre propio?
MR: El procedimiento está reglado. En principio, el paramilitar que está confesando los actos criminales de otros debe hacerlo bajo gravedad de juramento. Esa prueba es trasladada posteriormente a quien se considera el competente y debe seguir su curso. Un punto muy importante es, justamente, aprovechar la instancia procesal -en donde confiesa-, tomarla como declaración juramentada para que se vuelva prueba.
Pero esto solo no puede marchar ni avanzar. Requiere, en efecto, de la debida diligencia de toda la Fiscalía (General de la Nación). El proceso de Justicia y Paz no puede ser un fin en sí mismo. Su valor está, justamente, en que es un medio para promover investigaciones que han estado muertas durante años o décadas en el país.
HMC:¿El ICTJ considera que ha habido “debida diligencia” por parte de la Fiscalía?
MR: La diligencia se tiene que medir y determinar en todos los casos y en cada uno de los casos. Lo cierto es: el proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada esclareciendo hechos.
Lo que pedimos como ICTJ es, justamente, ver una película, una perspectiva estratégica, en donde lo que se investiga es la maquinaria criminal, los crímenes de sistema. Esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas.
Es ahí en donde la Fiscalía está fallando.
Es muy importante el esclarecimiento de un homicidio, de 10 homicidios. Muy importante poder devolverle los restos a una familia. Pero, eso solo ayuda en lo micro, no contribuye realmente a develar la maquinaria criminal que ha estado instalada y que sigue instalada en el país.
HMC: Y eso, ¿qué salida tiene?
MR: Requiere, justamente, la diligencia debida. Aplicar métodos de investigación que difieren de los tradicionales de la escena del crimen; requiere comprender cuál es el universo de crímenes que debe esclarecerse; y plantear hipótesis plausibles de investigación que cobijen a todos, y sobre todo a los máximos responsables, que no son necesariamente quienes han confesado y quienes se han desmovilizado.
Las madres y padres de los desaparecidos del Palacio de Justicia que han fallecido en estos 25 años y cinco meses son María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra de Castiblanco, Rosalbina León, el exjuez Enrique Rodríguez Hernández y, hace unos días, Elvira Forero.
Todos ellos murieron esperando a sus hijos. Y esperando una noticia como la de este viernes 29 de abril:
El general Jesús Armando Arias Cabrales, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, fue condenado este viernes a 35 años de prisión, por la desaparición forzada de 11 personas en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La condena incluye 20 años de interdicción de funciones públicas.
La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, dispuso también que se investigue por falso testimonio y fraude procesal al general José Ignacio Posada; al coronel, hoy retirado, Ariel Guillermo Valdés; y al ex militar Gustavo Alonso Velásquez, todos de la Brigada VII en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para la época de los hechos. También el escolta, ayudante y radio operador de Arias, el sargento (r) Luis Armando Suárez.
Todos intentaron infructuosamente desmentir al exmilitar de la Brigada VII Edgar Villamizar, quien no asistió al juicio por grave riesgo de su vida. Villamizar declaró haber sido testigo de las desapariciones forzadas.
También el abogado Pedro Capacho Pabón tendrá que responder por fraude procesal por el mismo intento.
El general Posada era comandante de la Brigada VII. Mintió al declarar que su unidad no envió tropas a Bogotá para la retoma del Palacio.
El exmilitar Velásquez, a instancias del abogado Capacho, afirmó que Villamizar no se encontraba en Bogotá durante la batalla por el Palacio de Justicia.
A Posada lo contradijo en noviembre de 2009 el propio general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985 y quien reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma.
La sentencia contra Arias Cabrales ordena, además, que la Fiscalía General de la Nación investigue la desaparición forzada de Luis Otero Cifuentes, comandante militar de la toma del Palacio de Justicia cometida por el extinto M-19.
Para la época, Arias Cabrales era Comandante de la XIII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Fue quien ejerció el mando de la operación de retoma del Palacio de Justicia.
Su subalterno directo, el entonces teniente y posteriormente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, resultó condenado en junio de 2010 a 30 años de cárcel por los mismos hechos.
En las radiocomunicaciones internas del ejército durante la retoma del Palacio, Arias Cabrales usó la identificación de “Arcano 6”. Las grabaciones conocidas de esas comunicaciones evidencian las órdenes de llevar a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Arias emitió órdenes para cambiar y desaparecer las evidencias, incluyendo sacar las armas del Palacio una vez derrotada la guerrilla. Las grabaciones demuestran que también se dio orden de remover los cuerpos.
La sentencia contra Arias Cabrales se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial, en abril de 1998, del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba la representación de todas las víctimas. Su asesinato sigue impune.
Al comentar el fallo contra Cabrales, los abogados actuales de las víctimas, Germán Romero y Jorge Molano, reivindicaron su memoria.
Arias Cabrales “es el primer general condenado por por el delito de desaparición forzada de personas”, destacó el abogado Germán Romero, quien representa a algunas familias de las víctimas. Romero ve en la sentencia “un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, de que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos”.
La expectativa ahora es a dónde trasladan a Arias Cabrales a pagar su condena.
El coronel (r) Plazas Vega debería estar preso en una cárcel civil. Sin embargo, permanece recluido en una guarnición militar al norte de Bogotá, en contravía de lo que ordenó expresa y reiteradamente la juez María Stella Jara, a cargo de su sentencia.
Ante este hecho, el abogado Jorge Molano declaró que “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios”.
A instancias del entonces fiscal general Mario Iguarán, la fiscal delegada Ángela María Buitrago desenterró a finales de 2005 el proceso del Palacio de Justicia.
Tras lograr la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, el 1 de septiembre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a Arias Cabrales y a los también generales, hoy retirados, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica.
Este caso trata del asesinato del jurista auxiliar Carlos Horacio Urán, pues existe un video que lo muestra cuando sale vivo del Palacio de Justicia.
El 2 de septiembre Buitrago fue destituida por el sucesor de Iguarán, Guillermo Mendoza. Por su parte, la juez María Stella Jara tuvo que asilarse con su familia durante varios meses en Alemania, debido a amenazas de muerte por su fallo contra Plazas Vega. No son, ni mucho menos, las únicas amenazas en el caso Palacio de Justicia.
Perdón habían pedido también, con lágrimas y todo, las abogadas que representaron al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.
Hasta último momento alegaron y negaron todo lo que pudieron, pues para eso les pagan (con mis impuestos). Inopinadamente un día se presentaron ante el Tribunal de luto completo; reconocieron la responsabilidad del Estado en este asesinato cometido por militares y paramilitares en agosto de 1994, y lloraron y pidieron perdón. No eran lágrimas de Vick Vaporub. Eran lágrimas reales, me contó alguien que presenció la escena en San José de Costa Rica, sede de la Corte.
El objetivo era que la Corte aceptara como suficiente esa escena de contrición. Por el contrario, el Tribunal dispuso que, antes de un año, el Estado deberá realizar en Colombia un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“En aras de crear conciencia sobre las consecuencias de los hechos del presente caso dicho acto o evento de reconocimiento deberá ser realizado en el Congreso de la República de Colombia, o en un recinto público prominente, con la presencia de miembros de las dos cámaras, así como de las más altas autoridades del Estado”, se lee en la histórica sentencia, la primera sobre la Unión Patriótica, el partido político que fue vencido a plomo.
Así que la estrategia del llanto no sirvió, y el domingo el máximo representante del Estado colombiano (como se ha vuelto costumbre en lo doméstico) arengó contra el fallo judicial publicado el miércoles. El presidente Álvaro Uribe se negó a reconocer que el Estado sea responsable de la muerte de Manuel Cepeda, como lo ha fallado el máximo tribunal del hemisferio occidental.
Uribe expresó: “Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo sí que puedo decir es que los asesinaron, y que eso es muy grave, y que eso no se puede repetir. Y hoy pido perdón”.
El hijo de Manuel, Iván Cepeda Castro (foto), le devolvió el desprecio por el fallo de la Corte. Comparto una entrevista radial y la carta abierta que él y su apoderado le enviaron a Uribe.
+ Carta abierta, con fecha lunes 28, de Iván Cepeda y el abogado de la parte civil, Rafael Barrios:
Señor Presidente de la República:
A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.
1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”[1].
Con su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.
2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.
3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.
4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: “No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones”; “no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos”; “yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio”[2].
Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).
A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal. La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.
Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.
Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara
Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Rafael Barrios Mendivil
Presidente
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Copia:
- Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 124.
[2] El Tiempo, “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda, pero hoy pido perdón: Uribe”, 24 de junio de 2010.
La jueza que firma esta orden se exilió el martes, cercada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad.
Fue ella quien dispuso este mes una sentencia de 30 años de prisión para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de una docena de sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Tras 24 años y siete meses de impunidad, ella se atrevió. Es la pionera. El gobierno saliente blandió contra esta jueza serena y seria su enorme capacidad de intimidación. Un buen resumen de las agresiones a la justicia, con motivo de su fallo, se publica al pie. Es una solicitud de rectificación pública que las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le dirigieron al Ejecutivo. Aún no hay respuesta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar y reclamar que sobre María Stella Jara pesan medidas cautelares. Clamó también la ONU. Y, a su manera, clamó el Departamento de Estado: publicó documentos clasificados que no dejan bien parado a Plazas.
Para eludir la cárcel, Plazas Vega se mudó a vivir desde septiembre al Hospital Militar, en Bogotá, donde la jefa de Psiquiatría lo recibió con efusivo abrazo. El oficial retirado no volvió al juicio presidido por Jara. Dijo que no la reconocía como juez suya y presentó un dictamen del Hospital, que sostenía que padecía una crisis de nervios.El concepto de Medicina Legal, que establecía que Plazas no tenía ningún impedimento físico ni mental para acudir a las audiencias, nunca fue acatado. Tampoco ahora, cuando la jueza Jara dispuso que el ex militar debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario y en ello la respalda la autoridad médica forense.
A las familias de los desaparecidos del Palacio les indigna que Plazas continúe en el Hospital Militar, en lugar de comenzar a pagar su sanción en una cárcel. “Definitivamente, luchar contra el poder de todo un Estado es tarea de quijotes”, escribe René Guarín, hermano de Cristina.
A Cristina Guarín se la ve en un video salir, en esas horas aciagas, en hombros de un militar que la rescata y la salva del Palacio sitiado. Nunca más se supo de Cristina y desde entonces, el ingeniero René no conoce la paz.
“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles y no podemos claudicar”, recibe Guarín una respuesta. Es Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudiante desaparecido en Antioquia el 3 de octubre de 1984.
4.428 días después, doña Fabiola recuperó los restos de su hijo. A pesar de todo.
“Toca estar ahí todos los días, insistiendo y persistiendo. Soportando persecuciones, atropellos, montajes y adversidades de toda índole”, escribe a René Guarín esta decana Dolorosa.
“No importa mucho que Plazas Vega siga en el Hospital Militar”, lo tranquiliza. “Lo que verdaderamente cuenta, en este momento, es la condena, después de 25 años de negar siempre la responsabilidad de los militares y, especialmente, la de Plazas Vega, por los desaparecidos de la cafetería que salieron con vida”.
Bogotá, 16 de Junio de 2010
Doctor
Carlos Franco Echavarría
Programa Presidencial de Derechos Humanos
Director
Doctora
Margarita Rey
Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería
Directora
Ref: Solicitud de rectificación pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus declaraciones sobre la condena a uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares.
Saludo cordial
Como es de su conocimiento, el pasado 9 de junio la juez Tercera Especializada de Bogotá profirió condena contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada agravada de nuestros familiares: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda.
La sentencia fue proferida por la Juez luego de realizar un análisis en derecho de los cientos de pruebas practicadas y aportadas debidamente en la etapa de investigación y juicio, las que fueron controvertidas por los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Estos elementos de convicción llevaron a la Juez a concluir sobre la responsabilidad del coronel Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada agravada.
La investigación y posterior juicio en contra del coronel retirado se circunscribe a determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros familiares, quienes conforme a la prueba que obra dentro del proceso, salieron con vida de las instalaciones del Palacio, bajo la custodia de miembros del Ejército Nacional. Hoy, luego de más de 24 años, desconocemos su paradero. Ni la sentencia, ni nuestras exigencias de derechos han pretendido hacer una tacha a las Fuerzas Militares, sino que se han dirigido, en derecho, desde las pruebas valoradas en sana crítica, a dictar una sentencia que se debe interpretar como un llamado a depurar las Fuerzas Armadas de violadores a los derechos humanos.
Sin embargo, en los días previos y posteriores a que la sentencia fuera proferida, altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, realizaron manifestaciones públicas de rechazo a la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
El 8 de junio, dos días antes que el fallo fuera proferido, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sostuvo ante medios de información que esperaba que se acabara la “justicia espectáculo” contra oficiales como el coronel Alfonso Plazas y los otros militares investigados. Afirmó además ser amigo personal del coronel, a quien le ha facilitado toda la solidaridad y acompañamiento institucional. Afirmó: “Hemos dicho que hay que acabar con la justicia espectáculo en el caso del coronel Plazas y de los demás uniformados afectados por procesos de esa naturaleza”[1].
El 10 de junio, conocido el contenido de la sentencia, el presidente Álvaro Uribe, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior y de Justicia manifestaron públicamente su rechazo a la decisión proferida por la rama judicial.
El primer mandatario, en un comunicado público proferido por la Presidencia de la República y ampliamente difundido por los medios de información, señaló que el fallo era un abuso y un desestímulo para a fuerza pública: “Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública. Registro con tristeza hoy un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado”[2].
Señaló además que la solicitud de investigación en contra de ex presidente Belisario Betancur es un abuso y una falta de conocimiento de los hechos. “…(t)odos sabemos de su patriotismo, de su buena fe. El patriotismo y la buena fe excluyen el dolo. Sin dolo no hay delito”.
Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares activos [3] hicieron público un comunicado de 5 puntos en el que expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial, manifiestan su solidaridad con el ex oficial, “esperan que la defensa del coronel (r) Plazas Vega pueda exponer sus criterios probatorios en las instancias procesales a seguir” y exhortan a los todos los miembros de la fuerza pública “a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”[4].
Por su parte,el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en declaración dada a los medios de comunicación, puso en duda la desaparición de personas en los hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia. “Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio. Mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos”. Además, controvirtió la decisión judicial al señalar que con ella se quiere condenar la legitimidad del Estado.
Finalmente, en horas de la noche, en una alocución en televisión difundida en canales públicos y privados, el Presidente, acompañado del Ministro de Defensa y rodeado de altos mandos de la fuerza pública, se dirigió al país para condenar, nuevamente, el fallo contra el ex alto militar. Luego de sostener que habían estado reunidos analizando la decisión de la justicia contra el señor coronel en uso de retiro expresó, entre otros aspectos, que: “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”[5].
El Presidente, además, creó una simetría entre nuestros familiares desaparecidos y nuestras familias que hemos sido víctimas de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y los responsables de estos crímenes, a quienes calificó de “víctimas”, al decir que “la forma de apoyar a las víctimas no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”.
Estas manifestaciones muestran un irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un proceso contradictorio dotado de las garantías procesales correspondientes. Son además una indebida injerencia en la administración de justicia que compete a la rama judicial de Colombia, que mina el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución Política. El Presidente, conocido el fallo proferido por una autoridad competente en ejercicio de sus competencias constitucionales, no puede hacer otra cosa que acatarlo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo.
Estas declaraciones públicas proferidas por el alto gobierno y la cúpula militar ponen en riesgo a los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante más de 20 años hemos reclamado justicia y verdad por parte del Estado colombiano. El ejercicio de este derecho no puede ser interpretado como un mecanismo para atacar las instituciones del Estado o, como el Presidente Uribe lo señala en sus comunicados, “bajar la moral de la tropa”.
En un Estado de Derecho las fuerzas militares tienen el deber constitucional de garantizar la vida e integridad de todos los colombianos con plena sujeción a los mandatos legales y constitucionales; la omisión o extralimitación de sus poderes, o la utilización de estos para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos erosiona los cimientos de un Estado Social de Derecho y merecen el máximo repudio moral, político y jurídico de todas sus instituciones.
Por esta razón y en procura de conjurar, en algo, la situación de riesgo creada por tales manifestaciones, que como es sabido fueron ampliamente difundidas por medios de información públicos y privados, solicitamos al Presidente de la República, como máxima autoridad civil y como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, una rectificación pública de sus declaraciones de rechazo al fallo proferido.
Una rectificación por parte del Presidente, en las mismas condiciones en las que pudo expresar su opinión respecto al fallo proferido, a partir de las cuales enfrentamos una situación de mayor vulnerabilidad, contribuirá a generar verdaderas y eficaces garantías para continuar en el ejercicio de nuestros derechos. Una rectificación del Presidente de la República sería una medida idónea de protección ante el clima de estigmatización y repudio que sus declaraciones han generado en nuestra contra y en contra de los sujetos procesales.
Cordialmente,
Familiares de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda, desaparecidos del Palacio de Justicia.
[3] El Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante Ejército Nacional, General Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo.
La hija del inmolado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, Gloria Gaitán, respondió a los comentarios del candidato presidencial por el Partido Verde, Antanas Mockus, sobre una eventual alianza con el partido de centro-izquierda, Polo Democrático Alternativo. A la pregunta de un periodista, Mockus dijo el lunes que en el Polo algunas “fuerzas” no habían roto sus lazos con la guerrilla. Gaitán le pidió denunciar hechos concretos y le advirtió sobre la práctica de acusaciones falsas y “temerarias”.
La carta de Gloria Gaitán al candidato que le pisa los talones al aspirante a sucesor uribista, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, es una genealogía breve de la guerra.
En su página web, Caracol Radio informa hoy -11 de mayo de 2010-, que en Manizales Ud. dijo ayer “que no hará ningún tipo de alianza con el Polo Democrático porque hay fuerzas en ese movimiento que todavía no han roto lazos con la subversión”.
Este es un señalamiento de una gravedad extrema, pues coloca un difuminado manto general de duda sobre todos los integrantes de esa agrupación política, por lo que es urgente que Ud. denuncie con exactitud a quiénes se refiere, ya que lo que Ud. denomina “fuerzas”, está integrado por personas que tienen nombre propio e identidad ciudadana.
De lo contrario, si es un rumor que Ud. ha acogido – como el que lo señala como ateo – está Ud. advirtiéndonos que es capaz de aplicar en su gobierno el método ignominioso de la calumnia y de los falsos positivos. Con dichas acusaciones – que para mí no son otra cosa que imputaciones temerarias – Ud. está colocándole a todos los militantes del Polo una peligrosa lápida en el pecho. Mi familia toda está afiliada al Polo. Yo misma estoy inscrita en esa organización política y he dicho que, a pesar de ello, votaré por Ud., creyendo que tiene más posibilidades de derrotar a Santos que Petro y que su principal propósito es la defensa de la vida. ¡Pero no!
En Manizales Ud. ha puesto en grave peligro la vida de todos los militantes del Polo. Ha expuesto la integridad de mi familia y, en especial, la de mi yerno, quien es uno de los más cercanos colaboradores de Petro, habiendo ejercido posiciones destacadas en los mandos directivos del partido.
No ha sido fácil para mí hacer campaña por su candidatura, apartándome de la opción política de mi familia de votar por Petro. Y digo que no ha sido fácil, porque razón no les falta cuando dicen que el programa del Polo está más cerca de nuestros ideales que el suyo. Pero yo argumento que el voto a su favor es de transición y que su gobierno puede preparar el terreno para implantar una verdadera democracia en Colombia que le dé juego verdaderamente libre a las fuerzas de izquierda, sin temer el asesinato de sus líderes populares y de sus dirigentes.
Pero ahora, con semejante declaración pública la suya, que coloca a los militantes del Polo en la picota de la subversión, sólo cabe que Ud. diga la verdad, toda la verdad, todo lo que dice saber, para que no se convierta en encubridor de subversivos, al empañar el buen nombre democrático de todo una colectividad política.
En consecuencia, le exijo, en nombre de la vida de mis familiares y mis compañeros, que señale con nombre propio a quienes Ud. aparentemente sabe que guardan vínculos con la guerrilla, confesándole que me he sentido aludida en lo personal, porque los orígenes de la lucha armada en Colombia se remontan a la orfandad que dejó en nuestro pueblo el magnicidio de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, y no puedo menos que mantener un cordón umbilical de carácter emocional muy fuerte con quienes, en sus orígenes, se vieron obligados a tomar las armas para defender sus vidas debido a la persecución y la muerte que generó el magnicidio al Movimiento Gaitanista, lo que no me impide discrepar tajantemente de ellos en sus acciones violadoras de los derechos humanos y en la forma de financiamiento de la organización – métodos que distan completamente de cualquier táctica auténticamente revolucionaria -, Pero eso no me impide entender que la guerrilla requiere un campo verdaderamente honesto y transparente para poder desmovilizarse y no la farsa de un hipócrita diálogo, donde nunca hubo la intención del gobierno de cumplir sus aparentes compromisos para forjar la paz.
A la espera de una pronta respuesta suya, de la cual depende la vida de mucha gente, me suscribo de Ud. como su compatriota adolorida,
Gloria Gaitán
Post-Data de Heavy Metal Colombia: en la noche, Mockus suavizó sus palabras.
He aquí una amenaza. Hoy firman “Los Rastrojos”; antes firmaban las AUC, o los Comandos Cualquier Cosa. Lo que importa es que hacen lo mismo. Los de esta generación surgieron en 1977 y no en 1983, como reseña la historia. Lo que pasa es que sólo desde 1983 sus jefes descubrieron una sigla apropiada y consiguieron padrinos adinerados. Pero, son los mismos. A veces, cambian de tropas. Cambian de jefes, a veces. Anuncian que el baño de sangre volverá. Copio tal cual. Nótese que entre los amenazados está el PNUD, de la ONU. También, religiosas de la Diócesis de Tumaco de la Iglesia Católica.
COMUNICADO PÚBLICO# 003
Abril10 de 2010
Luego de un nuevoexhaustivo y largo proceso de inteligencia que incluyó seguimientos e infiltraciones directas a organizaciones sociales, entre otras actividades, de varias organizaciones dederechos humanos, Desplazados y sindicalistas en los departamentos deNariño y Norte, Centro y pacifico del Valle, Norte del Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas,Cundinamarca,Meta, Boyaca y Antioquia y comprobadas sus relaciones con grupos guerrilleros y que supuestamente defienden los derechos humanos, los Comandos Urbanos de Los Rastrojos hemos llegado a las siguientesclaras y precisas conclusiones:
1.Conminar a todas estas organizaciones a dejar de lado el discurso subversivo arcaico en favor de los derechos e ideologías de los narcoterroristas de las FARC y ELN y todos sus cómplices del pasado y del presente, atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz,o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones de los 90 sin piedad ni temor alguno. Nuestras exhaustivas investigaciones nos permiten dar el ultimátum.
2.Declarar objetivo militar permanente y enemigos a organizaciones como: CREAR, ARCO IRIS, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS, FUNDEPAZ,OPDDI, FUNDHEFEM,CODHES, FUNDEMUD, MOVICE, PNUD, ESCUELA DE LOS PASTOS, PASTORAL DE TUMACO, UNIPA,FUNHUMANA JESUS CORRALES , CAMAWARI,CORPORACION JURIDICA HUMANIDAD VIGENTE,ROSARIO AGUILAR,C,N,D, MIRYAM CLEMENCIA RUIZ MOLINA DE CALDAS, ACDPODEU, DE APARTADO, ASODESA DE SALGAR, ASODER DE RINEGRO MARTHA LUCIA CASTAÑO, LUCILA CASTAÑO DE MEDELLIN, FANNY ROJASDE MEDELLIN COOTRASOL, LUIS MORALES HURTADO “ANDES” YASMIN ALEXANDRA ARANGO MARQUEZ “JCF”,”FUNHUMANA RISARALDA “ JAVIER A SANCHEZ,”ASOCODEMAN” PROGRESAR”GENARO GONZALEZ, RAMON EMILIO VILLA DE MEDELLINY TODAS LAS ORGANIZACIONES. MISAEL DELGADO RADA ,”ASOSIDEMOS”MORALES,ADECAC DEBOGOTA,ROSALIANO RIASCOSRODRIGUEZ“COOPMINH,CAPITOLINORIAÑO CAMACHO”FUNSOYJUS” MARCO BASTIDAS “ASONACOL”JADER ANCIZAR CHICHAMBO DE TUMACO “RUTBER MENDEZ DE ARMENIA”ASODECAL HENRY RODRIGUEZ C” JOSE EFRAIN RIVAS DE PEREIRA,”FRANCISCO J COLLAZOS,DEL VALLE, “FUNCOLBRUBEN FLOREZ MURILLO,” JUAN CARLOS CASTRO DE REDEPAZ VALLE”ASOPRONIR,” ALEXANDER LOPEZ “SENADOR” JORGE ENRRIQUE ROBLEDO” GUILLERMO JARAMILLO “SENADOR, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE VALVEAR RESTREPO”LUIS EDUARDO AÑES, ALFONSO CAICEDO,HERMANA ALBA ESTELA,HIPOLITO RENNTERIA, FREDY GUERRERO, FELIPE FLOR,POLODEMOCRATICO DE LAS REGIONES DONDE TENEMOS JURIDICCION Y SUS INTEGRANTES, y muchos mas que según nuestras infiltracionestienen relación directa con mandos de la guerrilla de lasFARCy el ELN.
3-Los rastrojos nos reservamos nuestro derecho de continuar en la lucha por un
Por un país libre de escorias como ustedes que lo único que hacen esestar
Engañando a las personasenseñándolesdoctrinascomunistascontrarias a
Nuestras ideas y los compromisos del estado a favor de la clase más necesitada.
4.Suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro en que están comprometidas estas organizaciones por toda la geografía de Nariño, Norte del Valle y Eje cafetero, corrompiendo mentes con sus ideologías que alteran el orden público conseguido después de una larga lucha. No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas organizaciones si sabemos que están en nuestros territorios.
EN ALGUN LUGAR DE COLOMBIA, Y EL VALLE DEL CAUCA
Abril 10 DE 2010
NUESTRA LUCHA SERA DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINCONTRA NUESTROSD ENEMIGOSLAS FARC Y EL ELN COMO SUSORGANIZACIONES AMIGAS.
La Fiscalía General de la Nación (ente investigador y acusador) y la Procuraduría General de la Nación (organismo de control al debido proceso) pidieron este martes condena para 10 militares, en el juicio por la matanza de ocho integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005.
Los oficiales y suboficiales del Batallón Vélez son juzgados por homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir. Se exponen a una pena de hasta 40 años de prisión, dadas la crueldad y sevicia con que fue ejecutado el crimen.
En los hechos fueron asesinados cuatro menores entre los 18 meses y los 17 años de edad. Dos de ellos fueron degollados. Además, fueron muertos cuatro adultos, incluido el líder histórico de la comunidad campesina pacifista, Luis Eduardo Guerra.
El crimen fue atribuido por el presidente Álvaro Uribe y por el Ministro de Defensa a las FARC. Oficiales de la Brigada XVII pagaron testigos para que declararan en ese sentido.
La procuraduría considera que en los hechos actuaron “aparatos de poder organizados” y debe aplicarse la responsabilidad “por autoría mediata”, fórmula recogida por el Tribunal para la ex Yugoeslavia y por la Corte Suprema de Justicia de Perú, en el caso Fujimori.
El presidente Uribe no ha manifestado la menor condolencia a la Comunidad de Paz. Nosotros recordamos aquí sus nombres y el estremecimiento vivo de este drama.
Luis Eduardo Guerra, de 35 años; su compañera Beyanira Areíza y su hijo Deyner Andrés Guerra Tuberquia, de 11 años de edad.
Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia, de cinco años, y Santiago Tuberquia Muñoz, de dieciocho meses de edad.
Ayer sábado fue detenido el líder del pueblo nasa Feliciano Valencia. Feliciano es líder visible de la Minga, junto con la extraordinaria Aida Quilcué. En el pasado ejerció el cargo equivalente a ministro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el gabinete o máxima jerarquía del pueblo nasa que habita el Norte del suroccidental departamento del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Valencia es acusado por la fiscalía de “secuestro” y “lesiones personales”.
Se trata de que el Ministerio de Defensa, en violación de la Constitución, promovió que Valencia y Quilcué fueran denunciados por ambos cargos. Durante la Minga por la Liberación de la Madre Tierra, las autoridades indígenas detuvieron a un militar vestido de civil, infiltrado dentro de los manifestantes. En su mochila le fueron encontrados artefactos explosivos iguales a los que estaban generando terribles heridas a los indígenas manifestantes. La Policía estaba acusando a los propios indígenas de hacer uso de ese armamento. El general Naranjo señalaba a los indígenas incluso de “uso de armas no convencionales”.
Total, el soldado fue detenido por la Guardia Indígena y posteriormente llevado a juicio dentro de la jurisdicción indígena, reconocida por la Constitución de 1991. Debido a su cargo en el momento de la Minga, Feliciano Valencia estuvo al frente de dicho juicio, que terminó con una condena de acuerdo a los usos y costumbres nasa, que estos indígenas llaman “remedio”. Se trató de varios latigazos en público. El militar fue incentivado, desde el Ministerio de Defensa, a demandar a las autoridades indígenas por “secuestro” (por el tiempo que duró detenido) y “tortura”, cargo que luego fue cambiado por el de “lesiones personales”.
Valencia pretendía viajar el sábado a un encuentro internacional y fue detenido en el aeropuerto que sirve a la occidental ciudad de Cali.
Para el gobierno, la detención de Valencia es de doble filo. Porque si no liberan, digamos, en cuestión de horas a Feliciano, habrá que recordar qué pasó en la Minga. Cómo fue que el gobierno acusó a los indígenas de “terrorismo”. Y en qué terminó el episodio, luego de cierta publicación por parte de CNN. Habrá que recordar por cuál hacienda era esa pelea, a quién se la ha entregado el gobierno y para qué macroproyecto. Observar si quienes ocupan hoy esa Hacienda fueron financiadores de las campañas de Uribe y si son beneficiarios de subsidios estatales.
Lo bueno de la detención de Feliciano es que, si esta prosigue, probablemente terminará en el fortalecimiento de la jurisdicción indígena. Así que Heavy Metal Colombia queda atenta a esta importante noticia en desarrollo.
Esta noche hace 20 años paramilitares asesinaron a mi amiga periodista Silvia Duzán. Hace poco ella hubiera cumplido 50. Seguro hubiéramos hecho una rumba roquera que habría retumbado hasta la Luna.
En 2008 escribí en este blog sobre Silvia: http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=129 . La impunidad sigue intacta, a pesar de la tan mentada jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal para facilitar la desmovilización de un sector de paramilitares.
Silvia preparaba un documental sobre narcotráfico y elecciones. Decir que el tema sigue vigente es poco decir. En realidad está que arde, ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. Y ni para qué mencionar a esa extraña oficina de la ONU, la de la Droga y el Delito.
Cuando mataron a Silvia los paramilitares eran apenas unos pocos escuadrones. Pero, el negocio de combinar matanzas con elecciones fructificó. En 2002 se dijo que había unos 6.000 paramilitares, en 2003 el gobierno sostuvo que eran unos 32.000 y ahora son otra vez algo así como 11.000. Fiel a su táctica de desviar la atención y acaparar titulares, el gobierno de los vidrios polarizados dice que estos 11.000 no existen, o que no son, o que se llaman de otro modo.
Entretanto, los cultivos de droga han disminuido. Es decir, el negocio se ha racionalizado. A menos cultivos de droga, menos costos para vigilarlos. A menos oferta, mejor precio. El mercado funciona así. Tiene lógica que este gobierno haya promovido la penalización de la dosis personal. La medida sube el precio de la droga. El narcotráfico es la gallina de los huevos de oro, más aún cuando hay crisis financiera mundial. En medio de la crisis internacional, a la banca colombiana le va, como dicen las señoras, divino.
En estas semanas se multiplican las denuncias acerca de cómo corre a manos llenas el dinero en efectivo en la campaña electoral actual. Sólo en unos meses descifraremos con mayor precisión qué sucede. En todo caso, en Colombia, desde hace un tiempo, las elecciones funcionan así. Ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. No creo en ninguna unidad latinoamericana y del Caribe que siga soslayando la tragedia colombiana.
La periodista María Jimena Duzán dedicó a su hermana Silvia su columna en la revista Semana. El economista Salomón Kalmanovitz escribió hoy en el diario El Espectador sobre su esposa Silvia. El Espectador editorializó: Veinte años y ni siquiera un arrepentimiento. Y destaca una frase lacerante de un narco que fue condenado a 22 años de cárcel en Estados Unidos, pero que acaba de regresar a Colombia después de sólo pagar tres años: “No me arrepiento de ayudar a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, aunque cometieron excesos como las masacres de La Rochela y Cimitarra, en la que murió la hermana de María Jimena Duzán”.
Se llamaban autodefensas. Pero el virtual candidato uribista, Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa tuvo la gentileza de aclarar cómo es que no eran tales. En este blog también, recogí sus palabras. En realidad se dedicaban a actividades contrainsurgentes, masacre de la población para atemorizarla y quitarle apoyo político a la guerrilla.
El negocio siempre ha sido muy racional. Su otra cara ha sido siempre bloquear y boicotear activamente y al costo que sea cualquier posibilidad de solución política con la guerrilla. El narcotráfico necesita la guerra. Los negociantes de armas también.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
He aquí una amenaza. Hoy firman “Los Rastrojos”; antes firmaban las AUC, o los Comandos Cualquier Cosa. Lo que importa es que hacen lo mismo. Los de esta generación surgieron en 1977 y no en 1983, como reseña la historia. Lo que pasa es que sólo desde 1983 sus jefes descubrieron una sigla apropiada y consiguieron padrinos adinerados. Pero, son los mismos. A veces, cambian de tropas. Cambian de jefes, a veces. Anuncian que 
