Poco antes de las cuatro de la tarde (21:00 GMT), una delegación indígena en la cual descollaba el ex Constituyente Lorenzo Muelas logró por fin, tras más de hora y media de espera en la calle, radicar en la embajada del Perú, en Bogotá, una carta dirigida al presidente Alan García.
“Nos sumamos a las voces de las comunidades indígenas amazónicas que están reclamando el cese a la violación de sus derechos y la derogación de los derechos legislativos del TLC que facilitan la invasión y el despojo de sus territorios.
“Consideramos esta acción violenta del gobierno peruano como una masacre y una violación flagrante de la vida, integridad y derechos fundamentales de las comunidades indígenas”, expresa a García el Consejo de Gobierno de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, es decir la dirección de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia.
La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia exige al gobierno de Alan García cesar de inmediato la represión, “y abstenerse de este tipo de acciones de desalojo a la fuerza que generan muerte entre hermanos peruanos”.
También, garantizar el respeto y la protección de la vida, respetar la libertad de expresión y el derecho de asamblea pacífica, dialogar pacíficamente con los manifestantes y sus representantes sobre los temas que los llevaron a protestar, atender a los heridos e investigar los hechos, tomando medidas preventivas para éstos no se repitan.
Muelas, también ex senador y ex gobernador del suroccidental departamento del Cauca, y tres veces Gobernador de Guambía, el territorio de su etnia, que habita en el Cauca, expresó frente a la embajada del Perú que “los salvajes son esos capitalistas que entran en nuestros territorios”.
Advirtió que lo ocurrido en la Amazonia peruana “puede pasar en cualquier país en este continente”, por eso “este no es un problema indígena, es un problema de todos. Pedimos al mundo entero solidaridad”.
Como periodista, me sorprende cómo muchas comunidades en Colombia trazan cada vez más una relación entre la gran inversión privada, el vaciamiento territorial que genera desplazamiento forzado y la matanza que ocurre en el país.
Le cuentan a uno del asesinato de un líder y a continuación dicen, por ejemplo, como escuché hoy: “la represa de Salvajina”; “la mina de oro en Suárez”. Y a continuación mencionan la empresa transnacional detrás del megaproyecto al que aluden, como causa de esa muerte.
Sólo que aquí los perpetradores aprendieron desde comienzos de este siglo que matar de un plumazo y en plural no conviene.
Sean 30, 70 o 100 los muertos, como se dice que hubo en la Amazonia peruana, los de aquí son gota a gota, de uno en uno o de tres en tres, de semana en semana o de mes en mes.
Pero eso sí, en una misma región sobre la cual dentro de un par de años saldrá el anuncio de que será anegada por una represa, o que en un futuro no muy lejano va a ser concedida para una explotación minera.
Grandes proyectos económicos o yacimientos sobre cuya existencia sólo conocen con tanta antelación aquellos con acceso a información privilegiada.
Al día siguiente de la matanza de indígenas amazónicos en Perú, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó que la fiscalía colombiana solicitó orden de captura contra Aida Quilcué, Feliciano Valencia y Daniel Piñacué, los líderes más visibles de la Minga indígena que desafió al presidente Álvaro Uribe el año pasado.
La orden de captura es por “secuestro agravado” y “lesiones personales agravadas”. El asunto es altamente interesante, por dos cosas.
La más importante es que implica una colisión con la jurisdicción indígena, prevista en el artículo 246 de la Constitución de Colombia, el cual dice: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
En segundo lugar, porque la demanda fue interpuesta claramente por instigación gubernamental, por parte de un militar de origen nasa que se infiltró vestido de civil en la Minga en octubre pasado y fue sorprendido por los comuneros en territorio indígena y portando material de guerra cuya utilización podría haber desprestigiado a la Minga, como bien lo recuerda el CRIC.
Uribe necesitaba por entonces con urgencia mostrar “pruebas” de que la protesta indígena estaba penetrada, o incluso que era dirigida por la guerrilla. Y que los indígenas estaban armados de algo más que palos y piedras.
El militar fue detenido por la Guardia Indígena, fue sometido a juicio por parte del Tribunal Indígena y condenado al “remedio”, como lo consideran los usos y costumbres de los nasa, de recibir cinco fuetazos en público, y vestido.
Ni qué decir tiene que, entre tanto, fue asesinado por militares el esposo de Quilcué, Edwin Legarda, también en territorio indígena, y que la única hija de ambos, de 12 años, fue hostigada peligrosamente.
Por cierto, los indígenas del suroccidental departamento del Cauca, igual que los masacrados en Perú, han liderado una importante movilización contra el TLC entre Colombia y Estados Unidos.
“No le encuentro la forma del cráneo a este hueso”. A instancias de su madre, Camilo, de 11 años, de cabello y ojos negrísimos, se ha puesto unos guantes quirúrgicos y un tapabocas.
Está sentado sobre sus talones, en el suelo de baldosín de una pequeña alcoba de la casa de los Claretianos en Bogotá, y saca uno a uno los huesos de su padre de una caja de cartón de 30 x 30 x 25 centímetros, para depositarlos en una urna de madera, a su lado.
La caja es reciclada. Lleva en sus costados la marca “Assenda”, de la empresa colombiana Carvajal S.A., que provee, entre otros, suministros de oficina. La fiscalía la entregó sellada con esparadrapo. En su interior, huesos secos en bolsas, y ropa apelmazada.
Camilo estira con sus manos una bolsa de plástico transparente, ya vacía, con un letrero: Fiscalía General de la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación. “Aquí venía todo el cráneo”, dice Camilo sin aspavientos, y luego intenta juntar dos pedazos, como en un puzzle.
El cráneo de su padre, Arnoldo Naranjo, está destruido. Lo reconocieron sólo por su carta dental.
Quizá por eso en el CTI de la Fiscalía de Pasto, capital del departamento de Nariño, retuvieron los restos durante 15 meses más, luego de que Arnoldo fue exhumado en diciembre de 2007 de una tumba en Puerto Asís, departamento del Putumayo, y en la que había sido enterrado como “N.N.”: identidad desconocida.
Identidad desconocida, a pesar de que durante tres días la emisora Putumayo FM Stéreo retransmitió un parte militar según el cual un guerrillero había sido dado de baja, y a continuación daban su nombre: Arnoldo Naranjo Ramírez. Le fueron incautados fusiles, dijo el ejército.
Los restos fueron entregados a su familia el pasado 5 de marzo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, sólo después de una tutela interpuesta por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Lo mataron el 23 de enero de 2005 en la vereda (vecindario rural) La Pradera, inspección de Arizona, municipio de Puerto Caycedo, Putumayo. Allí todo el mundo lo conocía como El Gordo, porque así lo llamaba su esposa Carmen. Por eso al comienzo nadie se dio cuenta de lo que estaba diciendo el parte militar.
“No hablé ni el 23, ni el 24, ni el 25. Yo vine a hablar como el 26 ya”, dice Carmen. El 23 pensó apenas que, si acaso, el ejército lo había detenido. El 24 una vecina le insistió en que escuchara la radio. El 25 otro vecino le dijo que a su marido, dirigente local de la extinta Unión Patriótica (UP), lo había matado el ejército.
Entonces, esta madre campesina y militante del partido comunista emprendió camino por la selva hasta llegar el 26 al teléfono más cercano, en la vereda Las Perlas, y llamó a Putumayo FM Stéreo: “Ese es mi esposo. No es ningún guerrillero”. Fue cuando “todo el mundo se dio cuenta”, relata ella.
Por la radio le dijo al ejército que cómo era posible que engañaran así al país, y a la gente.
En la mañana del 23, Arnoldo desayunó y junto con el trabajador de su finca, Yamid Tumbo, enjalmó la mula para traer frutos de chontaduro (Bactris gasipaes) a los 22 marranos. Salieron hacia las ocho. El ejército los detuvo en la orilla del Caño Picudo. Era verano, y un niño vio cómo los hicieron atravesar a pie el caño semiseco.
A las 2 de la tarde, un hombre le advirtió a Carmen: “el ejército está aquí”.
Camilo tenía entonces siete años. Era el que siempre acompañaba al padre, y conocía bien el camino para ir por el chontaduro. Carmen se sentó a hablar con su hijo mientras esperaban el regreso. Pero a las cinco de la tarde decidió aceptar que quizá Arnoldo había sido detenido. Esa noche durmieron donde unos vecinos.
Al otro día se encontró con Yamid. Estaba pálido.
– Doña Carmen, al Gordo se lo llevaron.
– ¿Se lo llevaron, o lo mataron?
– Se lo llevaron.
Hacia las dos de la tarde, una mujer le preguntó si había oído la radio. “Ese día no me doy cuenta”, recuerda ella. Pero el 24, cuando estaba en casa de un amigo, otro hombre le dijo: “Doña Carmen, al Gordo lo mandaron pa´l otro lado”.
Un hombre que tenía una lancha se ofreció a traer el cuerpo desde Puerto Asís, por dos millones de pesos (unos 800 dólares), pero otro le advirtió que no era seguro de que se tratara de Arnoldo, y que más bien podía ser peligroso para ella.
Carmen se demoró un tiempo vendiendo algunas cosas para juntar dinero y poder viajar a Bogotá. Lo hizo en julio, y expuso lo ocurrido ante un foro de la corporación Reiniciar, que lleva el caso del exterminio de la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Su relato llevó a activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Desaparecidos. Junto con Yamid, fue citada en mayo de 2006 por la Procuraduría General de la Nación (ministerio público).
Los restos de Arnoldo fueron encontrados dos años y 11 meses después de que el ejército presentó la muerte de este dirigente campesino como un éxito militar. Y sólo otro año y otros tres meses más tarde, fueron entregados a su mujer y a sus hijos.
Carmen es hija de campesinos comunistas. En 1987 comenzó a meterse en política, en Mapiripán, departamento del Meta. Conoció a Arnoldo en 1991 y a los tres meses se fueron a vivir juntos. Quince días después, ella le preguntó por sus opiniones políticas. “Me dijo: yo soy de la Unión Patriótica. Y le dije: yo soy del partido comunista. Me abrazó y me dijo: ‘Carmenza, usted es la mujer para mí”.
Arnoldo nació en 1967 en Puerto Rico, departamento del Caquetá. Era el segundo de nueve hijos de una familia campesina. Cursó hasta tercero de primaria. A los 12 años se fue a trabajar en la finca de una tía, en Cartagena del Chairá, a orillas del río Caguán, también en Caquetá, donde en 1986 supo de la UP.
Ese movimiento político había sido creado un año antes, en 1985, propuesto por las FARC en medio de negociaciones de paz con el gobierno, como fórmula para integrarse a la vida civil. A la UP se unieron el partido comunista, y movimientos locales y regionales o individuos independientes.
En 1987 Arnoldo se marchó a buscar suerte en Puerto Asís, y allí se vinculó a la UP. Ya había comenzado la matanza de ese partido y tuvo que huir por tres meses hacia la frontera con Perú.
Dos años más tarde, cuenta su hija Karen, la dirección de la UP en Putumayo lo delegó para construir esa organización en la región fronteriza de Piñuña Blanco, donde estuvo cerca de un año, pues “entraron los Masetos (paramilitares) y asesinaron familias enteras, lo mismo que en Puerto Asís”. Se refugió hasta finales de 1990 con un tío en una región cercana, llamada Piñuña Negro.
Arnoldo y Carmen se establecieron en Putumayo, compraron una finca, “hicimos una casa muy bonita”, cuenta ella, pero a los dos meses de terminarla les tocó irse.
La razón: 13 comunidades se declararon en paro para hacer que el alcalde fuera a la zona, pues tenían problemas con el costo de los víveres. Una panela (melaza solidificada de jugo de caña de azúcar) costaba 10 mil pesos (cuatro dólares), una libra de arroz, siete mil (2,80 dólares).
Pero el vecino, que tenía una camioneta y se beneficiaba de esos costos, se opuso al paro. Y por su parte, las FARC declararon “paro armado”, es decir que apoyaron el paro amenazando a quienes transitaran.
A partir de ahí, cuenta Carmen, “nos tildan de guerrilleros”, “ni siquiera de auxiliadores” de la guerrilla.
Carmen está huyendo.
El 1 de septiembre fue sacada de la región por el CICR, junto con sus hijos. Ya en Bogotá, el 2 de marzo fue abordada por una mujer desconocida que le advirtió que la están siguiendo. Antes, hace unos 20 días, y “para que no vayan solos los militares”, ella anunció que acompañará in situ una inspección judicial convocada por la Procuraduría.
Carmen no cree que la persecución se deba a que ella sigue siendo comunista. Es “porque he llevado hasta las últimas consecuencias este proceso” de Arnoldo, a quien, como resume ella, “lo retienen, lo torturan, lo asesinan y lo desaparecen”.
Arnoldo Naranjo Ramírez encontró el 10 de marzo su tumba definitiva, luego de una misa oficiada en la sede de los Claretianos en Bogotá. “Seguimos denunciando estos atropellos contra la vida”, dijo el sacerdote.
Acompañaron a Carmen, Karen y Camilo apenas una veintena de personas, incluidas dos corresponsales de prensa extranjera.
El DAS destruyó archivos comprometedores, menos una caja que nadie sabe dónde está.
En coincidencia con la posesión de Barack Obama, el 19, 20 y 21 de enero fueron destruidos en el DAS (servicio de inteligencia civil que depende directamente del presidente) decenas de cajas de archivos, discos duros, discos externos, grabaciones y trascripciones que contenían el seguimiento a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, políticos opositores y periodistas que cubren fuentes “duras”. La revista Semana publica sólo algunos de esos nombres.
El magistrado auxiliar e investigador principal de la parapolítica en la Corte Suprema, Iván Velásquez, ha tenido vigilancia “hombre a hombre”.
También, entre otros magistrados, el ex presidente de la Corte César Julio Valencia, a quien el presidente Álvaro Uribe tiene demandado por calumnia. El abogado defensor de Valencia, Ramiro Bejarano, además columnista de El Espectador y ex director del DAS, también ha sido espiado.
Los ataques públicos del mandatario contra Velásquez y Valencia tienen relación con el proceso contra el primo del presidente, Mario Uribe, quien renunció al Senado para que su caso por parapolítica tuviera que pasar de la Corte a la justicia ordinaria.
Funcionarios del alto gobierno también espiados habían pedido con anterioridad “favores políticos” a distintos funcionarios del DAS, y éstos los “conectaban” a los aparatos de interceptación para “asegurarse”. Semana no menciona al ministro de Defensa Juan Manuel Santos, pero el noticiero de Televisión Noticias Uno, sí.
Estos aparatos de interceptación son donados en su mayoría por Gran Bretaña, aunque también por parte de la patria del Watergate.
La operación para destruir información (con excepción de la dichosa caja) fue adelantada por un puñado de funcionarios.
El 16 de enero, tres días antes de que, según Semana, el gobierno diera la orden de recoger grabaciones y documentos, se anunció el nombramiento del nuevo director del DAS, Felipe Muñoz. Este se posesionó el 22 de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos.
La revista Semana adelantó esta investigación por más de seis meses. Las siguientes son declaraciones de cinco funcionarios del DAS, que Semana no identifica, y que trabajan en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de Inteligencia, y en la direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa de esa entidad. Resumen el contenido de la Seguridad Democrática:
“Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales”.
“De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue destruido”.
“Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las Bacrim [bandas criminales, como llama ahora el gobierno a los paramilitares rearmados o que no se sometieron a la negociación de desmovilización], algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro [el senador Gustavo Petro, del partido de izquierda PDA], que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a [la senadora liberal y opositora] Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla”.
“Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un ‘blanco’ legítimo las actividades de la Corte [Suprema de Justicia], y algunos de sus miembros”.
“Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que fueran más prioritarios como Velásquez”.
“Lo de los medios de comunicación tiene varios fines, uno de ellos informar al gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas. La cosa es simple y básicamente se divide en dos categorías. Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman ‘linea editorial’. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes ‘duras’. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan”.
“En el tema de medios es obvio que la prioridad es conocer la información de aquellos que le inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos o porque a diferencia de otros medios, no los puede controlar a su antojo”.
“Hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea. Como no hay una figura de peso en la dirección muchos de los jefes de direcciones simplemente llaman a X o Y funcionario en Palacio y le pasan la información que consideran de interés, obviamente también con la intención de ganar puntos con esos funcionarios”.
“Lo que irónicamente ocurre es que aquellos que llaman a pedir ‘favores’ desde Palacio terminan siendo víctimas de su propio invento. También son ‘chuzados’ y la razón es muy simple: hay que tener un seguro”.
Andrea Flórez, una detective que trabajaba en la subdirección de análisis, fue asesinada en octubre de 2007, poco antes de que ella denunciara y entregara pruebas de que cierta información confidencial bajo su manejo terminaba en manos del jefe paramilitar alias “Cuchillo”, que opera en la Orinoquia y cuyas fuerzas copan los pueblos tiempo después de que los ha ocupado el ejército.
“La versión que dieron en Contrainteligencia sobre el homicidio es que había sido un crimen pasional, algo que no tenía lógica pues todo el mundo sabía sobre la vida privada de ella y sabíamos que no tenía problemas de ese tipo. Cuando varios de los compañeros y amigos de ella empezamos a investigar el caso por nuestra cuenta, nos advirtieron que no nos metiéramos en eso. A algunos de los que insistieron en el tema y dar con los asesinos coincidencialmente los llamaron para pruebas de polígrafo que no pasaron y con eso los sacaron del DAS”.
Certificados de antecedentes judiciales, que son documentos de carácter reservado a los que tiene acceso sólo un reducido grupo de directivos del DAS, resultaron en manos de la organización en Arauca del narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”.
En ese mismo departamento, fronterizo con Venezuela, el insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) resultó con informes confidenciales detallados sobre una operación militar contra esa guerrilla, que habían sido enviados por el Ejército a la Dirección General Operativa del DAS en Bogotá.
Departamento de Nariño, sur de Colombia (Foto ACNUR /M.H.Verney)
Si el próximo lunes a las seis de la tarde, hora colombiana (23:00 GMT), la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC no ha indicado el sitio donde están los cuerpos de los ocho indígenas que reconoció haber masacrado; o si las autoridades colombianas no han encontrado sus restos, se activará la Minga Humanitaria por la Dignidad, que irá a buscar a “nuestros hermanos sacrificados para que podamos devolverlos a la Madre Tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.”
Según dijo a esta periodista José Paí, Autoridad del resguardo indígena Tortugaña Telembí, la Minga Humanitaria podría reunir a 10 mil indígenas del país y responsabiliza “tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.”
La Minga exige al gobierno colombiano “las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia”.
La Minga exige a todos los actores armados, legales e ilegales, que se retiren de inmediato del territorio awá, antes del ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y de la Guardia Indígena.
Luego de que el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz, que lleva adelante desde septiembre un Diálogo Epistolar con el Secretariado del Estado Mayor Central, le solicitara a éste el 12 de febrero un pronunciamiento público sobre la matanza, un día después la Columna Sucre reconoció ser perpetradora de las “ejecuciones”.
El sitio web oficial de las FARC reprodujo el comunicado de la Columna Sucre ayer 18 de febrero, lo que interpreto como una aceptación de parte de la comandancia de las FARC sobre la autoría de este crimen de guerra.
A continuación, el comunicado de la Minga Humanitaria:
POR LA DIGNIDAD, LA VIDA YLA DEFENSA DEL TERRITORIO
PUEBLOS INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA
COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
EL PUEBLO INDÍGENA AWÁ, CON APOYO DE LA ONIC, OPIAC, CIT, COORDINACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS EN COLOMBIA, AICO, CRIC, FCAE DENUNCIAMOS QUE LOS AWÁ SIGUEN CAYENDO MUERTOS POR MANOS CRIMINALES.
La Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA-, la ONIC, OPIAC, CIT, AICO, Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia, el CRIC y la FCAE alertan a la comunidad nacional e internacional sobre el recrudecimiento de la grave situación de violación a los derechos humanos, los derechos fundamentales del pueblo indígena Awá de Nariño y las infracciones al DIH.
Dichas violaciones se realizan de manera reiterada por los grupos insurgentes, paramilitares y la fuerza pública a través del minado del territorio, la restricción a la libre movilidad, el asesinato a más de ciento cincuenta indígenas Awá en los últimos 7 años, amenazando y desplazando a nuestros hermanos indígenas de Tortugaña Telembí, Tronquería, Pulgande Palicito, Las Planadas Telembí, El Sande, Maguí y Vegas, bombardeando viviendas, planteles educativos y demás sitios de reunión, realizando detenciones arbitrarias y desarrollando políticas y estrategias para involucrar a la población civil en un conflicto social y armado que no compartimos, no apoyamos, no es nuestro y del cual no participamos ni directa ni indirectamente.
En los últimos días el mundo conoció la masacre de 17 indígenas Awá, responsabilizándose de ella el grupo insurgente de las FARC, quienes de manera cínica reconocieron su responsabilidad en los hechos, justificando este acto de barbarie como una retaliación a la política de seguridad democrática sobre una población indefensa, inerme, aislada y que siempre se ha declarado ajena a la guerra interna que se libra en nuestro país; con el agravante de que las FARC manifiesta abiertamente su desconocimiento a la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, a la autonomía y jurisdicción de nuestras autoridades tradicionales.
A pesar de las denuncias y encontrándose la población Awá desplazada y concentrada, el día 15 de febrero del año en curso a las 3:15 p.m. fue asesinado el compañero Ernesto Jiménez García en la vereda El Pailón, y en horas de la noche el compañero Claudio Nastacuás a las 10:30 p.m., en el corregimiento Justo Ortíz – El Diviso (municipio de Barbacoas). Los dos compañeros pertenecían a los resguardos de Alto Ulbi Nunalbi y Maguí. A la vez que se detectó la presencia de personas de civil que realizan labores de inteligencia, seguimiento y que no se han identificado de pertenecer a ningún organismo oficial como tampoco son conocidos de la zona.
Hoy, después de quince días de la masacre, vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados frente a la búsqueda de los cuerpos de nuestros hermanos asesinados, como tampoco el gobierno ha facilitado los espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. Por el contrario, pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes, haciendo prevalecer la lógica de la
guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos.
Frente a la crisis humanitaria del pueblo indígena Awá, los firmantes de este documento exigimos tanto a las FARC como al gobierno nacional y damos un ultimátum para que a más tardar el lunes 23 de febrero de 2009 a las 6:00 p.m. entreguen a nuestras autoridades indígenas los cuerpos de nuestros hermanos sacrificados, para que podamos devolverlos a la madre tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.
De lo contrario iniciaremos la Minga Humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos, responsabilizando tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.
Exigimos a los actores armados legales e ilegales que desocupen inmediatamente el territorio del pueblo Awá previo al ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y guardia indígena, y al gobierno nacional que realice las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia por las razones expuestas anteriormente.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, para que nos solidaricemos.
¡¡POR LA DIGNIDAD, LA VIDA YLA DEFENSA DEL TERRITORIO PUEBLOS
INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA!!
Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA
Federación de Centros Awá del Ecuador – FCAE
Autoridad del Gobierno Indígena Nacional ONIC
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC
Autoridades Indígenas de Colombia – AICO
Confederación Indígena Tayrona – CIT
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC
Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia
Breve, como las cosas más urgentes. Colombianos por la Paz se pronunció sobre la matanza de indígenas awá, atribuida a las FARC. Este es el texto:
Bogota DC, Febrero 12 de 2009
Colombianas y Colombianos por la Paz, cuyo lema es el respeto a la vida y a la dignidad humanas, expresa su indignación por la masacre cometida contra la comunidad indígena Awá en el departamento de Nariño. Exige a las autoridades de la república el esclarecimiento total de los hechos, al mismo tiempo que solicita al Secretariado de las Farc un pronunciamiento público respecto de ese luctuoso insuceso.
Piedad Córdoba Ruíz, Alpher Rojas Carvajal, Alberto Cienfuegos, Jorge Enrique Botero, Medófilo Medina, Alan Jara, Olga Amparo Sánchez, Francisco Caraballo, Mark Chernik, Felipe Zuleta, María Elvira Bonilla, Mario Esteban Hernández, Gloria Inés Ramírez, Ricardo García Duarte, Gloria Cuartas, Iván Cepeda Castro, Florence Thomas, Luis Fernando Medina, Andrés Felipe Villamizar, María Teresa Arizabaleta, Fabio Morón Díaz, Rocío Londoño Botero, Víctor Manuel Moncayo, Consuelo González de Perdomo, José Gregorio Hernández, William Ospina, Alfredo Beltrán Sierra, Gabriel Misas Arango, Lilia Solano, Gustavo Gallón Giraldo, Luis Eladio Pérez, Ricardo Sánchez, Oscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Orlando Beltrán Cuellar, Daniel Samper Pizano, Alfredo Molano, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlen Tickner, Vladimir Florez (Vladdo), Gustavo Páez Escobar, Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, John Sudarsky, Leopoldo Múnera Ruíz, Efraín Viveros, Daniel Garcia-Peña, Consuelo Ahumada, Ricardo Bonilla, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, Ricardo Montenegro, León Valencia, Raúl Alameda, Marleny Orjuela, Gladys Jimeno, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna, Carlos Rodríguez Díaz, Apecides Alviz, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Gálvez, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guizado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Jaime Caicedo, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Darío Villamizar, Luis Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Luz Helena Sánchez, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, María Eugenia Sánchez, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Hayck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortéz, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de los Ángeles Moreno, Dian Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín, Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luis Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Griselda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chágueza, Janeth Moreno Chágueza, Fernando Romero Romero, Oscar Romero Romero, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Daniel Lasso, Marleny Orjuela Manjarrés, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco, Juanita Bazán, Luis Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Florez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto.
El presidente Álvaro Uribe lanzó oficialmente el sábado el “bloque intelectual de las FARC”, que no figuraba en las cuentas de ningún experto en la guerra colombiana.
Para el mandatario, aunque no lo nombró, eso sería el movimiento Colombianos por la Paz, que la semana pasada consiguió que un soldado pueda seguir combatiendo a la guerrilla, y que tres agentes de Policía retornen a su lucha contra el secuestro.
“Grupo de intelectuales por la paz”, ha venido llamando la prensa a esta confluencia de 150 intelectuales, académicos, artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos, líderes sociales, políticos, deportistas y ex rehenes de las FARC, que en septiembre propusieron un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla.
Colombianos por la Paz es respaldado hoy por 180 mil firmantes. Ahora, el diálogo por carta se inicia también con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).
Según Uribe, “el ‘bloque intelectual’ de las FARC defiende a las FARC simplemente hablando de paz”.
Los integrantes de ese “bloque” se dedican a advertir en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC), “a toda hora viven hablando de derechos humanos simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías”, paralizan la Seguridad Democrática “con el cuentico de su paz y con la acusación a las Fuerzas Armadas, permanente”, y lideran la “exaltación del terrorismo”, según el mandatario.
“No vamos a permitir ahora que el ‘bloque intelectual’ de las FARC nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca al terrorismo”, dijo Uribe, y advirtió: “Nos toca dar esta batalla en todo el país”.
Lo que sigue es el aparte del discurso de Uribe el sábado en Villavicencio, capital del central departamento del Meta, ciudad donde también habló Alan Jara el martes, tras su liberación. Los ex rehenes Jara y Sigifredo López (liberado el jueves) pidieron ingreso a Colombianos por la Paz en sus primeras intervenciones públicas.
La trascripción es de Presidencia de la República.
“Mire compatriotas, ustedes sí que lo han vivido en el Llano. La seguridad no nace de apoyar a las Farc en nombre de la paz, la seguridad nace de combatir a los terroristas.
“El ‘brazo intelectual ‘de las Farc durante muchos años justificó a las Farc, entonces crecía las Farc. A ustedes aquí en el Meta no los protegían, los secuestraba las Farc, los mataban, como en todas las regiones de Colombia.
“Entonces, el ‘brazo intelectual’ de las Farc la justificaba, y no había política de seguridad, sino que el país entretenido esperando un diálogo con las FARC.
“Y mientras el país lo entretenían esperando ese dialogo, y el brazo intelectual justificaba a las Farc, las Farc crecían y mataban a mas colombianos y secuestraban a mas colombianos.
“Y vinieron los paramilitares, y ustedes saben lo que vivimos. Ustedes saben lo que es tener un departamento atrapado entre guerrilla y paramilitares, y todavía tenemos bandas de narcotráfico que con ‘Cuchillo’, con el ‘loco Barrera’ y tenemos al señor (Jorge) Briceño de las Farc, y al otro, ‘Jhon 40’, y compañía-
“No estamos en el paraíso, esa culebra todavía sigue viva.
“Yo qué le digo a los compatriotas: insistamos en la Seguridad Democrática, es el único camino que conduce a la paz, por eso se han desmovilizado 13 mil de la guerrilla.
“No nos dejemos ahora distraer. La guerrilla, mientras secuestra y asesina y pone carro bombas, se quiere vestir con el manto de la paz.
“No vamos a permitir ahora que nos engañen. La guerrilla tratando de desorientar, produce sangre, pero habla de paz. No vamos a permitir eso, compatriotas.
“No vamos a permitir ahora que el ‘bloque intelectual’ de las Farc nos desoriente con un discurso de paz, que finalmente fortalezca al terrorismo. Y nos toca dar esta batalla en todo el país.
“El ‘bloque intelectual’ de las Farc es muy hábil. En el pasado en Europa decían: ‘es que las Farc se justifican, porque Colombia es un país muy injusto, en Colombia no hay democracia’, sabiendo que ellos le enseñaron a este país y le enseñaron a los paramilitares, a asesinar alcaldes, a presionar gobernadores, a eliminar la democracia, y sabiendo que ellos causaron más y más pobreza, por que ellos y los paramilitares fueron los grandes artífices de los desplazamientos en Colombia, de la generación de desempleo, de la ausencia de inversión.
“Y se escudan en otra cosa: a toda hora viven hablando de derechos humanos, simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías.
“Toda violación de los derechos humanos la sancionamos, pero lo que no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación a las Fuerzas Armadas, permanente, nos paralicen la política de Seguridad Democrática, como lo hace el ‘bloque intelectual’ de las Farc.
“Ahora, a mí me dicen: Presidente, que no tenga lenguaje pendenciero, que mucho cuidado. Entonces yo pregunto: ¿no damos esta batalla?, ¿dejamos entonces que el país vuelva a la desorientación que conduce a la exaltación del terrorismo, liderada por el ‘bloque intelectual’ de las Farc? No caigamos en esa trampa.
“Ahora, la política de seguridad tiene que ser imparcial. Compatriotas, llevamos seis años y medio del Gobierno, seguramente hemos cometido muchos errores como obra humana que somos, pero hemos combatido a todos los terroristas por igual.
“Aquí está la primera Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, sabe que desde la hora cero nuestra decisión fue combatir por igual a la guerrilla y a los paramilitares, y ustedes han visto los resultados. Un país que estaba en manos de guerrilla y paramilitares, los hemos combatido por igual.
“Y entonces, el ‘bloque intelectual’ de las Farc lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: ‘cuidado, Uribe es paramilitar, no le aprueben a Colombia el TLC que Uribe es paramilitar y violador de derechos humanos’.
“El ‘bloque intelectual’ de las Farc se estrella contra los hechos, porque este es el Gobierno que le ha devuelto a Colombia confianza para denunciar. La gente no denunciaba aquí por miedo.
“Este es el Gobierno que le da la cara a la opinión pública para enfrentar cualquier violación de derechos humanos, y que no le tiembla la mano para sancionarla.
“Y entonces el ‘bloque intelectual’ de las Farc dice en todas partes: ‘Uribe paramilitar’, cuando el Gobierno que presido lleva seis años y medio, con toda la devoción patriótica, combatiendo por igual a los paramilitares y a la guerrilla.
“Es el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Es que hoy el señor ‘Cuchillo’ no es paramilitar, simplemente narcotraficante.
“¿La palabra paramilitar de donde surgió? Se utilizó para denominar bandas privadas criminales, cuyo objetivo era combatir la guerrilla. Hoy, el Estado ha recuperado el monopolio para combatir a los delincuentes.
“Por eso afirmamos, mirando al mundo a los ojos, porque tenemos fuerza en nuestra conciencia, que Colombia ha superado el paramilitarismo.
“Ahora, el ‘bloque intelectual’ de las Farc no se atreve a defender a las Farc de frente; el ‘bloque intelectual’ de las Farc es muy hábil, muy astuto, no se atreve a combatir a fondo la política de Seguridad Democrática; el ‘bloque intelectual’ de las Farc defiende a las Farc, simplemente hablando de paz.
“El ‘bloque intelectual’ de las Farc ha sido parcializado. Hay que ver qué rabia contra el paramilitarismo. Todo aquel que piense distinto a como piensa el ‘bloque intelectual’ de las Farc, lo calumnian de paramilitar.
“Eso sí, al ‘bloque intelectual’ de las Farc no se le oye una queja cuando estalla un carrobomba en Arauca, o un carrobomba en Cali, o un carrobomba en Bogotá.
“No permitamos que vuelvan a engañar al país.
“Firmes en la política de Seguridad Democrática. Donde haya errores los corregimos, y donde haya faltantes allá llegamos. Estaremos firmes”.
“Para justificarse, el terrorismo de estado fabrica terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos”, advierte el escritor uruguayo Eduardo Galeano en Brecha.
Cuando los palestinos votan por quien no debe votar, son castigados, recuerda Galeano. “Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen”, dice Galeano en su texto, dedicado “a mis amigos judíos asesinados por las dictaduras latinoamericanas que Israel asesoró” Artículo completo
“Algunos palestinos han muerto, algunos otros viven, pero la mayoría aún no ha nacido”.
Esta frase, que recuerda que las guerras contra los pueblos están destinadas al fracaso, preside el blog http://palestineblogs.net/.
De manera muy diciente, la dirección de palestineblogs se encuentra en un destacado link (una cintilla roja en la esquina superior derecha) de otro blog, de judíos en Tucumán, norte de Argentina, el cual –también de manera muy diciente – tiene esta dirección: http://ennuestronombreno.blogspot.com/
El blog “En nuestro nombre no”, se deslinda de los llamamientos de la Organización Sionista Argentina (OSA) y de otras entidades similares del país austral para cerrar filas en torno al gobierno israelí.
“En nuestro nombre no”, en un dolido comunicado, rechaza la convocatoria de OSA a la “incondicionalidad de la comunidad judía argentina con el Estado de Israel”.
Mujeres judío-canadienses ocupan consulado de Israel en Toronto
En Canadá, ocho mujeres judías fueron arrestadas el martes luego de protagonizar una sentada en el consulado de Israel en Toronto. Las mujeres fueron esposadas, arrestadas y retenidas en una camioneta policial antes de ser liberadas. En el grupo se encontraba la periodista y activista canadiense Judy Rebick. Una vocera dijo: “Israel se atribuye la representación de los judíos del mundo entero, pero estas atrocidades no se están perpetrando en nuestro nombre”.
Tomado de Democracy Now!
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Desplazadas Awá en Inda Sabaleta
Breve, como las cosas más urgentes. Colombianos por la Paz se pronunció sobre la 
coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos”, advierte el escritor uruguayo Eduardo Galeano en Brecha.
