Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

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El 17 de octubre, rueda de prensa en Oslo

El miércoles 17 de octubre hay rueda de prensa en Oslo. Tema: el inicio formal del diálogo gobierno colombiano-FARC por la paz.

Tal es la única información oficial que ha dado hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, país garante del proceso de paz junto con Cuba.

Me llama la atención que Caracol Radio reproduce sin glosas el cable de EFE, el cual dice claramente algo que es cierto:

Una vez iniciado el proceso en Oslo, está previsto que las negociaciones se trasladen luego a La Habana, donde continuarán por un período indefinido.

Lo acordado entre el gobierno y las FARC, efectivamente, es que la negociación es por periodo indefinido. Aunque para consumo interno el presidente Juan Manuel Santos afirme que será cuestión de meses, y no de años.

El documento suscrito por el gobierno colombiano y las FARC dice, respecto a los plazos:

Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas (…)

Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

Habla asimismo de que habrá un “Cronograma”

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

Aquí el despacho de EFE en Caracol Radio.

Add comment octubre 4th, 2012

Roy Chaderton, el acompañante por Venezuela en conversaciones de paz

Roy Chaderton es embajador de Venezuela ante la OEA. Entre sus muchos cargos, este diplomático de carrera ha sido embajador en Noruega (1987–1990), embajador en Colombia (2001–2002) y canciller (mayo de 2002 a febrero de 2004).

Además de Venezuela, el otro país acompañante del diálogo de paz colombiano es Chile. El gobierno de Sebastián Piñera designó el 5 de septiembre como “acompañante” a Milenko Skoknic, jefe del gabinete de la Cancillería chilena.

Cuba y Noruega participan como países garantes.

Milenko Skonik, acompañante por parte de Chile.

Add comment octubre 2nd, 2012

“Visa de salida” para negociadores de las FARC

El gobierno reglamentó  la ley de orden público para garantizar “la seguridad e integridad” de los representantes de las FARC que participarán en las negociaciones de paz en Oslo y La Habana. Los negociadores podrán salir de Colombia “sin ningún inconveniente”, sostiene El Tiempo.

El 24 de septiembre, Juan Manuel Santos expidió el decreto 1980, que establece la suspensión de las órdenes de captura para los voceros de la guerrilla, tanto las vigentes como las que sobrevengan mientras dure el diálogo de paz. Esta medida es temporal y “no los exime de la acción penal sino que paraliza la acción de la Fuerza Pública” a la hora de detener a los guerrilleros.

Previamente, el 18, el gobierno expidió la resolución 339, que “autoriza el desarrollo de una mesa de diálogo, en la que se conversará sobre los puntos consignados en la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”.

Add comment octubre 2nd, 2012

Atentamente, Simón Trinidad

Simón Trinidad le escribió a Juan Manuel Santos.

“Mi asistencia como delegado de la paz es factible”, dice la breve misiva, según la publica RCN Radio.

“Basta una sencilla gestión política y diplomática de su parte ante el gobierno de los Estados Unidos, usted lo sabe muy bien”, agrega el hombre condenado a 60 años de prisión en Estados Unidos, por haber capturado las FARC y mantenido en calidad de prisioneros de guerra a tres estadounidenses, asesores militares. Los cargos por narcotráfico no prosperaron.

Aquí el texto

Add comment septiembre 27th, 2012

Declaración conjunta de las FARC y el ELN

Llegó a mi correo pasadas las 11 am de hoy una Declaración Política conjunta de las cúpulas de las FARC y el ELN.

“No puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz”, indican ambas guerrillas.

“No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al Pentágono que se alcanzará la paz”, advierten.

Agregan que la reconciliación de los colombianos no se logrará “con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el ‘Plan Patriota’ o el ‘Espada de Honor’”, “mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz”.

Las FARC y el ELN indican que su voluntad de paz “radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía”. “La verdadera llave” de la conquista de la paz es “la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales”.

Texto completo

– DECLARACIÓN POLÍTICA –

El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), inspirados en los más profundos sentimientos de hermandad, solidaridad y camaradería, con optimismo y elevada moral de combate, estrechados en un fuerte abrazo de esperanza en el cambio revolucionario, nos hemos reunido para analizar la situación política nacional e internacional, los problemas de la guerra y de la paz  en Colombia y avanzar en el proceso de unidad que desde el año 2009 venimos forjando paso a paso, con el propósito de hacer converger ideas y acciones que permitan enfrentar junto al pueblo a la oligarquía y al imperialismo como elementos que imponen la explotación y la miseria en nuestra patria.

Indoblegable determinación nuestra, es continuar la búsqueda de una paz que para Colombia y el continente signifiquen el establecimiento de la verdadera democracia, la soberanía popular, la justicia social y la libertad.

Realizamos esta reunión, en momentos en que se desarrolla la más profunda crisis del sistema capitalista mundial, caracterizada por una desaforada carrera de guerras de invasión, saqueo y sobreexplotación de los recursos de la naturaleza, precarización de las condiciones de trabajo, que condenan al hambre y la muerte a millones de seres humanos en un planeta conducido por la voracidad del imperialismo, hacia el caos y la destrucción.

En nuestra patria las calamidades generadas por este sistema de inhumana sobre-explotación y exclusión de las pobrerías, ha escalado la desigualdad y profundizado la confrontación de clases en dimensiones nunca antes vistas, las cuales derivan directamente de la aplicación sostenida y desbocada de políticas neoliberales que favorecen a los grandes grupos financieros y grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las mayorías nacionales.

Dentro del panorama internacional de crisis sistémica del capital, que muestra sus rostros múltiples de debacle financiera, económica, ambiental, urbanística, energética, militar, política, institucional, moral y cultural, Colombia se configura como un país de economía reprimarizada y financiarizada.

A esa condición la han llevado los detentadores del poder, para permitir el saqueo que significa la extracción desaforada, el robo de sus recursos naturales y la especulación financiera. Millones de compatriotas han sido lanzados a la miseria y la guerra, impuesta por las élites para acallar la inconformidad de las mayorías frente a esta iniquidad.

El gobierno de Juan Manuel Santos fue instaurado para garantizar la continuidad de los planes de desposeción por despojo que sobre el pueblo colombiano impone el imperialismo. Una nueva espacialidad del Capital acompañada de ordenamientos jurídicos y disposiciones militaristas de seguridad y defensa inmersas en la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y terrorismo de Estado, se afianza en nuestro país para blindar los “derechos” del capital, el bienestar de los ricos a costa de los trabajadores y del pueblo más humilde. Dentro de esa perspectiva se define la nueva etapa de despojo de tierras que hoy se disfraza con el falso nombre de restitución. En la práctica, a los millones de desplazados y víctimas de las sucesivas etapas de despojo violento auspiciadas por el Estado, se suman ahora nuevas legiones de campesinos, indígenas, y gente sencilla en general, a los que se les arrebatará o se les niega ya la tierra mediante procedimientos de engañosa legalidad, engrosándose aún más las cifras de pobreza y de indigencia que colocan a Colombia en el rango del tercer país más desigual del mundo.

Es este el sentido cruel de la seguridad inversionista y de la prosperidad que difunde el presidente Juan Manuel Santos, mientras se sigue encarcelando, asesinando y reprimiendo a sus opositores.

Frente a esta realidad no puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías por cuenta del terrorismo Estado de la casta gobernante cuyas tendencias más guerreristas han conducido los destinos del país durante la última década.

No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al pentágono que se alcanzará la paz; no es con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el “Plan Patriota” o el “Espada de Honor” como se logrará la reconciliación de los colombianos. Mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz.

Nuestra voluntad de paz radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía. Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable. Por ello la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales para, sobre la base de la justicia, construir la paz, son la verdadera llave de su conquista.
Con pasos firmes de unidad en el pensamiento y en la acción, fraternalmente,

COMANDO CENTRAL, ELN.

SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL, FARC-EP.

Montañas de Colombia, septiembre de 2012

Add comment septiembre 27th, 2012

Ejercicios de ficción de José Obdulio

“Para decirlo con claridad, los ejercicios de ficción no son aceptables siempre y menos aun cuando se usan para hacer sindicaciones de grueso calibre en temas sensibles”, dice un inusual editorial de El Tiempo acerca de uno de sus columnistas, asesor de Álvaro Uribe .

El episodio de José Obdulio Gaviria y su columna en El Tiempo me recuerda que no se sabe aun quién plantó información falsa en los computadores supuestamente decomisados en el campamento de Raúl Reyes en Ecuador, bombardeado en marzo de 2008.

Add comment septiembre 26th, 2012

Comunidades proponen Comisión de la Verdad

Vanesa Coicué, una niña nasa de 11 años, pereció el 16 de septiembre de 2011 en su propio hogar, en el Norte del Cauca. El ejército y las FARC combatían, literalmente, en el jardín de su casa. Un proyectil relleno de metralla, para hacer el mayor daño posible, estalló a dos metros de la vivienda de madera. Foto Constanza Vieira/ IPS
A la misma hora en que Juan Manuel Santos y las FARC anunciaban desde Bogotá y La Habana el inicio de conversaciones de paz, varias de las comunidades que más han sufrido en Colombia enviaron hoy una carta conjunta al presidente colombiano y a los jefes de las dos guerrillas, las FARC y el ELN.
La misiva proviene del Centro y Norte del Cauca, Chocó, Antioquia, Meta, Putumayo, Caldas y Valle del Cauca.

Las comunidades proponen cinco puntos:

Cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión y participación física en espacios definidos para hacer propuestas, incluida una Comisión de la Verdad.
Además, la satisfacción básica de algunos derechos con base en la redistribución de los recursos que se destinan a la guerra. La idea es también que los recursos de cooperación internacional se destinen, entre otros, a la Comisión de la Verdad.
Finalmente, piden que los acuerdos de paz que se logren sean refrendados en un referendo o mediante una Constituyente.
Esta es la carta.Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de 2012
Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia
Señor TIMOLEÓN JIMÉNEZ Secretariado de las FARC – EP
Señor NICOLÁS BAUTISTA Comité Central ELN
Nos llena de esperanza el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN.
Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia que dan fe de estas graves condiciones que general el conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha significado en costos en vidas humanas, en costos sociales, ambientales y económicos está guerra que va a cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de la Verdad y otras iniciativas compartidas con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y otros que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.
Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de aproximación ya conocidos, y frente a lo que eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de expresión. La persistencia del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar, la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas son razones importantes para que se de un cese al fuego, se posibilite nuestra participación y podamos creer en el proceso. Es fundamental el cumplimiento de aspectos referente a estructuras criminales e igualmente la necesidad de tener acceso ya a medios de información públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y por medios físicos como medio de participación de la sociedad civil, esa expresión es importante, pero imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad política de escucharlas, de discutir y asumirlas en acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto armado.
Requerimos saber de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que nuestras propuestas de habitación, de producción, de Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una redefinición del gasto serán los que propician la viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia. Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.
Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones. La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.

• Asociación campesina agroecológica Huerto Renacer, municipio de Sucre Cauca
• Asociación campesina agroecológica Bien Andante, municipio de Sucre Cauca
• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Argelia Cauca
• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz” san Antonio, Inza Cauca
• Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco Toribio Cauca
• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiando – So Bia Drua – Pueblo Embera
• Zona humanitaria El Castillo, Comunidad de Vida y Paz – CIVIPAZ- Meta
• Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica – ADISPA – Putumayo
• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo
• Zonas de Biodiversidad Grupo Porvenir – Putumayo
• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”- Dabeiba
• Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
• Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya – Valle
• Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam – Valle
• Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA – Trujillo – Valle.
• JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle

Add comment septiembre 4th, 2012

Fabulita

Marcha Patriota, abril 23 de 2012 en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Como parte de su talante de negociación con la guerrilla, el gobierno se comprometió a cesar la demonización de este movimiento pacifista campesino que proviene de los territorios FARC y ELN. Foto Constanza Vieira/IPS

“¡Viva la paz, viva la paz!”…

Así
trinaba alegremente un colibrí
sentimental, sencillo,
de flor en flor…

Y el pobre pajarillo
trinaba tan feliz sobre el anillo
feroz de una culebra manapá.


Mientras que en un papayo
reía gravemente un guacamayo
bisojo y medio cínico:
–¡Cuá, cuá!

Luis Carlos López (Cartagena de Indias,1879-1950)

Add comment septiembre 4th, 2012

Rebelión contra la guerra

Este mes de julio, tan convulsionado en el suroccidental departamento del Cauca por cuenta del levantamiento indígena contra la guerra, le está abriendo los ojos a más de uno.

Y oh, sorpresa.

Resultó que la noticia sobre la minga de la desmilitarización, que decidió expulsar a todos los combatientes del territorio nasa, viene de hace un año. La desmilitarización fue decidida el 20 de julio de 2011 y es un mandato de miles de indígenas del Cauca que echó a andar en septiembre. Tan así es la cosa que esta reportera habló entonces con un alto funcionario del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, sobre las salidas que pudieran evitar graves riesgos para la vida de los indígenas mingueros.

El pasado 20 de abril, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, dirigió un dura carta al comandante de las FARC, Timoléon Jiménez. Publico debajo su texto completo porque parece difícil de encontrar.

La carta conocida ayer, 25 de julio, del comandante de las FARC a los indígenas, es respuesta a otra misiva de ACIN a la guerrilla, fechada en Miranda (Cauca) el 15 de este mes.

Pero sobre esta carta, a continuación, no conozco respuesta. En ella los indígenas abordan temas tan delicados, que quizá las FARC respondieron por canales confidenciales que no me pillé.

Cxhab Wala Kiwe –Territorio del Gran Pueblo Nasa en el Cauca–, abril 20 de 2012

Señor
Timoleón Jiménez
Comandante
FARC.

Reciba un saludo de la Asociación de Cabildos Indígenas de la Cxhab Wala Kiwe ACIN. Como en anteriores ocasiones, le escribimos desde nuestro compromiso por abrir las rutas para la paz en Colombia.

Esta carta es para seguir con el diálogo y debate público que iniciamos hace ya tres años (7 de marzo de 2009) con un mensaje que  también firmó nuestro CRIC. Y para invitarlos nuevamente a un diálogo sobre temas humanitarios en el territorio indígena del norte del Cauca, como ya lo hicimos en el Encuentro por la Paz de Barrancabermeja, en agosto del año pasado. Tal diálogo es más urgente a medida que el conflicto se intensifica en nuestra región, y por los hechos reiterados de parte de sus tropas y algunos mandos contra nuestra Asociación y autoridades tradicionales. Al final le solicitamos que nos haga una aclaración importante sobre la política de su organización hacia nosotros.

1. El primer punto que queremos analizar son los términos de la carta que el comandante Alfonso Cano nos envió (abril de 2009), respondiendo la nuestra. Allí ustedes señalaron cuatro cosas relevantes, entre otras: que hay “desencuentros y dificultades puntuales” de la insurgencia con los indígenas; que ustedes han colaborado en la lucha indígena; que reafirman y reiteran el llamamiento a los frentes que operan en zonas indígenas a que respeten la “organización autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna”; y que reconocen su identificación “con la esencia de principios como Territorio, Unidad, Cultura, Autonomía, Resistencia, Justicia y Moral”.

Debemos reconocer que en esa ocasión en general nos pareció bien que respondieran la carta. También valoramos positiva la parte en que reconocen la existencia de atropellos, así sea sin darle el nombre que es; porque algunas de las situaciones que ustedes llaman “dificultades puntuales”, para nosotros han sido en realidad crímenes contra las comunidades, más o menos reiterados. Pero reconocer que hay problemas puede ser el principio para seguir tratándolos en futuros diálogos humanitarios, y eso nos parece muy importante.

Lo que sí nos sigue pareciendo un poco vanidoso es que se arroguen como propias las luchas y las recuperaciones de tierras de los años 70s que hicimos las comunidades indígenas del Cauca. Se trata de una posición frágil en términos históricos, y más bien podría resultar oportunista en términos políticos. Lo cierto es que en las recuperaciones de tierras han participado de forma protagónica indígenas y no indígenas de todas las corrientes políticas: conservadores, liberales, comunistas, socialistas, maoístas, gaitanistas, del MRL, del MOEC, protestantes, católicos, y hasta funcionarios públicos; pero no hay lugar a dudas de que el cuerpo principal de estas acciones ha sido la movilización indígena de raíz autonomista, y así lo corroboran historiadores de quienes no se puede dudar su independencia. Pudo haber gente influida por distintos grupos insurgentes que haya estado esos años en las recuperaciones, pero no es posible hablar de un papel muy significativo; porque aunque han sido hechos de fuerza ninguna recuperación fue hecha con las armas; ninguna fue resultado de una acción donde la guerrilla pudiera haber tenido un papel protagónico, pues de haber sido así simplemente nos hubieran aniquilado militarmente.

La realidad es que las enormes movilizaciones del CRIC de esa década encontraron incomprensión en varias fuerzas políticas que veían en lo indígena el atraso y la ignorancia, y no reconocían ni sabiduría ancestral ni derechos milenarios, y ni siquiera formas económicas sustentables; y tienen que acordarse que también en esa época las necesidades de la guerra los llevó a ustedes a hacer acuerdos con terratenientes para mantener los impuestos de guerra que ellos pagaban, lo que generó duras denuncias de nuestra parte.

Se trata de un argumento ligero que solo sirve a quienes siempre quieren quitarle protagonismo a las comunidades organizadas, y en últimas subvaloran la capacidad de los pobres y los indios de dar luchas contundentes por nuestra propia cuenta. Son los que dicen que las tierras recuperadas fueron una concesión del Estado porque algunos funcionarios del Incora fueron fundamentales en esa lucha, o porque el gobierno de Lleras Restrepo de algún modo promovió la formación de la Anuc; los que repiten que se trata de una conquista de los partidos tradicionales porque nuestro primer mártir de la actual etapa de lucha fue Gustavo Mejía, que era un liberal del MRL; o que es un logro de la Iglesia  porque Álvaro Ulcué y Pedro León Rodríguez eran curas católicos. En resumen, que hay que torcer mucho el análisis histórico y político para sostener esa superficialidad.

2. Sobre los otros dos temas de ese mensaje del 2009 –que orientaron respetarnos y que comparten nuestros principios de vida y de lucha–, vemos que sus palabras no corresponden del todo con la realidad. Sinceramente creímos que iban a mermar lo que ustedes llaman “dificultades”, pues después de la masacre de los Awá eso era lo mínimo que tenían que hacer para distinguirse de sus enemigos. Pero no ha habido cambios visibles: desde ese momento hasta ahora, siguió el paralelismo en lugar del respeto a la autonomía; siguieron las agresiones y asesinatos por los milicianos y sus combatientes; el ataque a casas de la gente y los ataques indiscriminados siguen ocurriendo todas las semanas; siguen usando minas y armas que disparan para cualquier lado.

En Tacueyó, vereda  Gargantillas, ustedes tenían una escuela de entrenamiento, que el Ejército bombardeó hace un año; varios menores indígenas murieron. El gobierno dijo que no tuvo la culpa de los niños muertos porque estaban en un campamento, que es un objetivo militar legítimo. Pero el gobierno sabía no solo del campamento sino de la presencia de los menores, porque la información les había llegado por un desertor de ustedes mismos. De modo que usó las armas sabiendo de la presencia de personas que debían ser protegidas –los niños y niñas. Eso es un crimen de guerra del Estado. Pero también de ustedes, porque está prohibido reclutar menores y llevarlos al matadero. En un comunicado ustedes dijeron que en realidad los muchachos fueron llevados con engaños por un infiltrado del Estado que actuó a nombre de las FARC; sin embargo el supuesto infiltrado actuó siempre con otros guerrilleros que siguen con ustedes, y con la protección y apoyo de todas las estructuras de las FARC de la zona.

Lo de Toribío y Corinto del 10 de julio de 2011 es lo mismo, pero al revés. Enviaron carros-bomba contra las estaciones de Policía cargados con explosivos. Saben ustedes que los cilindros y los tatucos salen para cualquier lado; sabían que era día de mercado; sabían que había muchos civiles indígenas en el centro de ambos pueblos; sabían que las explosiones iban a destruir viviendas, y matar y herir civiles. Pero no les importó; actuaron a conciencia de que iban a destruir el centro de esas poblaciones. La fuerza pública es responsable de poner sus bases en medio de la población, y eso es una infracción al DIH. Pero ustedes son responsables de atacar con armas que tienen efecto indiscriminado y por atacar a civiles que estaban siendo usados como escudos. En esa ocasión murieron 3 comuneros y ustedes dañaron casi 400 viviendas.

Los responsables de las FARC de la zona dicen que son cosas inevitables. O peor, que es culpa de las víctimas estar cerca de los batallones y cuarteles de policía, como apareció en un comunicado del Sexto Frente. Si el gobierno instala una base militar en medio de la población civil y la usa como escudo humano –que es lo que viene haciendo y es una infracción al DIH–, la obligación de la insurgencia es proteger en todo momento a la gente desarmada, y más si se trata de gente humilde. Ustedes no pueden exigirle al gobierno que cumpla con el DIH, como aparece en el comunicado, y no asumir que ustedes también están obligados a cumplir. Eso no es serio. El cuento del “daño colateral” lo usan los Rambos y los fascistas cuando ametrallan las comunidades y mueren civiles; nosotros esperaríamos que ustedes no pensaran igual.

3. De todos modos, es claro que la orden del comandante Cano de respetarnos la vida, la autonomía y la organización no se ha cumplido. Hay un tema de urgencia que queremos analizar con usted, y que muestra que lo que afirmamos es cierto. Según información confiable que no han desmentido los miembros del Comando Conjunto de Occidente de las FARC luego que les preguntáramos explícitamente, esa estructura de la organización que usted comanda ha ordenado la ejecución del delegado de nuestra organización para representarnos en la Comisión Política de la Minga Social y Comunitaria, del encargado de dirigir el Equipo de Paz, del coordinador de la Guardia Indígena a nivel zonal y del coordinador del Tejido de Justicia y Armonía (responsable de apoyar la función jurisdiccional de las autoridades indígenas); los cuatro líderes hacen parte de la Comisión Política de la ACIN y del CRIC. Ese mismo Comando Conjunto de Occidente unos días después de conocida la orden de ejecución, distribuyó un comunicado fechado en marzo de este año, en el cual aparecen las que serían las “justificaciones” para cometer tales crímenes; dicho comunicado en buena medida fue respondido por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en términos que compartimos plenamente, pues se trata de la posición que históricamente ha adoptado el movimiento indígena del Cauca.

Hay unas consideraciones de orden en ese comunicado que merecen nuestra crítica. Ya señalamos que nos parece una total inexactitud histórica decir que ustedes hayan reconquistado “para los indígenas” las tierras que se encontraban en manos de terratenientes, como dice el comunicado al que nos referimos. Por otra parte, según el CCO nuestra interpretación de la autonomía indígena es “errónea y engañosa” y genera odio contra la insurgencia, porque es “confrontacional” frente a la presencia guerrillera y frente a “los indígenas que se alejan de sus [nuestras] políticas proclives al Estado”. Resulta extraño que el CCO nos “acuse” hoy de no querer la presencia guerrillera en el territorio indígena, cuando se trata de una posición que hemos expresado por todos los medios desde hace décadas, y siempre hemos dicho que exigimos también que salga el ejército oficial. Hemos dicho que no necesitamos a ninguno de los dos. Hemos dicho que nuestros problemas los resolvemos nosotros. Es más: no estamos solamente contra la presencia de la guerrilla o del ejército en nuestros territorios; ¡estamos en contra de la guerra en todas sus dimensiones, en nuestros territorios y en el país! Lo afirmamos porque llevamos cinco siglos soportándola, y sabemos como nadie de sus dolores y de sus miserias, incluso cuando fue inevitable que nos tocara meternos directamente en ella, con la Gaitana y el Quintín.

No estamos en orillas diferentes de un mismo río, como dice el comunicado del CCO. En realidad estamos en dos ríos distintos; puede que ambos desemboquen en el mismo mar, pero pensamos que el de ustedes difícilmente llegará al de un país más justo. Hemos escogido la lucha civil, masiva, directa, comunitaria, en montonera, no por simple diferencia con la lucha armada, sino porque nos parece que nuestro modo de hacer las cosas es más efectivo y eficaz para consolidar un poder popular alternativo y construir un modo de vida más inteligente, porque permite que sea siempre la comunidad la que decida sobre las formas de lucha, y porque entendemos que una guerra como la colombiana, más que en un posible remedio, se ha convertido en una “enfermedad crónica” que produce mucho dolor y muerte injustificados. Para enfrentar el modelo imperante, que es inhumano y avallasador frente a la Madre Tierra, nuestros esfuerzos se han encaminado a la consolidación de un modelo distinto, basado en el poder de la comunidad y en la construcción de nuestros sistemas propios de economía, justicia, educación, salud y bienestar, orientado a un nuevo país que nos permita vivir y convivir con otros sectores y pueblos. No somos soberbios, pero mucho de eso hemos ido logrando estos años, sin armas: la tierra, la cultura, la unidad, la autonomía.

En resumen, no se trata de una diferencia en las formas de la lucha, sino que estamos en desacuerdo con la necesidad y utilidad actuales de la guerra. Eso no cambia el hecho de que entendemos las causas del conflicto y las razones para su persistencia; pero es claro que hacer la guerra no es un mero resultado de las condiciones socio-económicas, sino que es resultado de una decisión política. Ahora bien, sería una verdadera tragedia que las FARC consideraran enemigo y objetivo militar a quienes rechazamos la guerra y nos oponemos a ser involucrados en ella, o que ahora su estrategia sea considerar enemigos a todos quienes optamos por la lucha no armada para construir el nuevo país que necesitamos.

4. La otra acusación política solo puede ser resultado de la ignorancia. Le hubiera bastado a quien redactó ese comunicado ver la prensa burguesa, para saber que la política del CRIC y la ACIN es cualquier cosa, menos proclive al Estado. ¿No se enteraron de las movilizaciones del 2007 y 2008, impulsadas por nuestras organizaciones, que fueron las más importantes acciones contra el régimen de Uribe Vélez? ¿No supieron de la consulta contra el TLC con los Estados Unidos? ¿No han sabido de la Minga Social y Comunitaria, que propone un proceso legislativo popular? ¿No han tenido conocimiento del Congreso de los Pueblos? ¿No les contaron del masivo Congreso de Tierras y Territorios? Solo la ignorancia o la mala intención permitiría decir tamaña necedad.

Dice el CCO que nosotros tenemos una política confrontacional con los indígenas que nos critican por nuestras supuestas políticas gobiernistas. No hemos escuchado esas críticas en ninguna de las miles de asambleas que realizamos cada año. Al revés, hay un sector financiado y promovido por el gobierno que nos acusa de ser muy radicales en nuestra exigencia de derechos; en las pasadas elecciones ese sector votó unánimemente con los candidatos contrarios a nuestro proyecto político-electoral. Y claro que otros sectores nos cuestionan: por posibles problemas de autoritarismo y por manejos administrativos que no se comparten; casi todas esas acusaciones han resultado no tener ningún fundamento, salvo el odio personal y la calumnia de algunas personas, que por desgracia son rápidamente acogidas por su organización en el afán de ganar “amigos”; se trata de asuntos que abordamos en nuestras instancias internas y que hemos resuelto en la inmensa mayoría de los casos, corrigiendo y aplicando remedio. Porque cuando las autoridades indígenas no servimos, simplemente la comunidad nos cambia, en cualquier momento. Ninguna organización de este país puede mostrar una experiencia de democracia directa más profunda que la nuestra. ¡Ninguna! No tenemos cargos que duran cuarenta años, ni suplentes designados a dedo. Lo que sí no vamos a aceptar es que la guerrilla que usted comanda, o el ejército o los ministerios del Estado, nos digan cómo resolver nuestros debates internos.

Otra cosa es el asunto de los indígenas milicianos, que sin decirlo es a lo que creemos se refiere el CCO en su comunicado. No podemos negar que los milicianos indígenas son indígenas; no somos ciegos. Pero en el mismo momento en que decidieron ser miembros permanentes de una organización militar han renunciado a su condición civil y se han puesto por fuera de nuestra comunidad política. El pueblo nasa no ha decretado la guerra ni al Estado ni a ustedes, y por tanto cualquier comunero o comunera indígena que se arme o realice acciones militares está violando nuestra ley, sea que se meta en el ejército o en la guerrilla o en cualquier otro grupo; si quiere ser miliciano no puede ser comunero con derechos políticos, porque en tal caso tendríamos que sancionarlo por violar la ley indígena. Les hemos dicho: si se queda en la comunidad, tiene que cumplir la ley indígena; si quiere irse a la guerra, debe acogerse al derecho de la guerra, que es el DIH y el reglamento de guerra de ustedes o el del ejército; si quiere salirse de la guerra, tiene que aceptar el camino indígena de regreso a casa. Lo que no pueden hacer es escudarse en medio de la población civil y ponerla en riesgo, actuar armados dentro de la comunidad o atacar o amenazar a sus miembros con medios armados, y esperar que la comunidad los proteja o no los sancione. No es tan difícil entender esto, que es lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre la condición de combatiente, pero que también lo dice el derecho de gentes y el mínimo sentido común. Sabemos que ustedes no comparten del todo el DIH, ¿pero exigir a los actores armados que cumplan el DIH es un acto hostil según las FARC?, ¿exigir que se proteja a los civiles indígenas es un acto militar? Nos parece muy extraño que digan eso.

Ahora bien, para oponerla a nuestro proyecto de autonomía territorial, el CCO habla de la supuesta “verdadera autonomía”, que consiste en una que le guste a los comandantes guerrilleros; es la misma autonomía de que habla el gobierno: una que le haga caso a sus ministros y sus generales. Pero nosotros cuando decimos “libre determinación” entendemos “libre determinación”, no autonomía tutelada. La autonomía no consiste en que algún actor armado, o intelectual, o político, o religioso, legal o ilegal, nos da la bendición sobre cómo debemos ejercerla; precisamente la autonomía se refiere a lo contrario: a que las autoridades y los líderes indígenas no le rendimos cuentas sino a la comunidad organizada.

En este tema sí que estamos bien lejos. Y si esa es la posición de las FARC, es más atrasada que la de los Estados capitalistas, que por lo menos de palabra aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Dicen los dirigentes del CCO que los pueblos indígenas no podemos tener autonomía mientras persistan ciertas amenazas crecientes que ellos van a “combatir” (palabras textuales), la primera de las cuales son los “gobiernos propios”, es decir nuestros gobiernos indígenas, “que no constituyen garantía de justicia social y pulcritud para las comunidades”. Preguntamos: ¿Las FARC en adelante van a “combatir” a los cabildos, a la ACIN y al CRIC? ¡Vaya enemigo el que escogieron: una organización popular!  ¿Si no es eso lo que quisieron decir, por qué lo escriben? ¿Para intimidarnos? ¿Es un error de redacción? Cualquiera sea la razón, los indígenas del Cauca no vamos a cambiar de política por miedo.

Sin ánimo pendenciero, nos parece que a menudo ustedes no le disputan el poder al Estado colombiano en nuestros territorios, sino que por el contrario le están disputando al movimiento indígena sus gérmenes de poder popular, su derecho a gobernarse y su ejercicio de libre determinación.

Las otras amenazas de las que nos pretenden cuidar los miembros del CCO son la fuerza pública y el saqueo de los recursos naturales. Varias veces hemos cuestionado esta afirmación. Ningún ejército está hecho para proteger a la población civil. Cuando el ejército oficial arrasa las comunidades no es la guerrilla la que sale a defendernos; nunca lo ha hecho y tampoco esperamos que lo haga, porque no nos interesa y porque lo primero que protege una fuerza armada cuando se encuentra en desventaja obviamente son sus propios intereses militares; en cambio es la Guardia Indígena, la comunidad desarmada, la que no sale corriendo y en cambio enfrenta con el pecho y los bastones las agresiones reiteradas de todos los ejércitos. Y sobre la supuesta protección de los recursos naturales, hay demasiadas evidencias de que no es así; basta recordarle la posición de sus frentes sobre la minería y el petróleo, que no es exactamente de oposición.

5. Queremos terminar refiriéndonos al segundo tipo de consideraciones del comunicado del CCO, las de carácter militar. Dice, entre otras acusaciones amenazantes, que entre las autoridades y líderes de los Cabildos, de la ACIN y del CRIC hay “agentes abiertos o encubiertos del Estado”, que hemos sido cómplices de la “estrategia [militar] de reclutar a dirigentes, guardias indígenas y comuneros para su bando”, y que abogamos porque haya más “pie de fuerza del ejército y más represión”. Con esas acusaciones, concluyen que la ACIN, el CRIC y sus Cabildos nos hemos involucrado “peligrosamente en la guerra dentro del bando oficial”, que hemos tomado “partido al lado de las fuerzas del Estado” y, lo más delicado, que promovemos “acciones hostiles” y orientamos que la guardia indígena sea una “extensión de los cuerpos policíacos del Establecimiento”.

¿De dónde sacan tamañas conclusiones? De una frase en una circular interna del Cabildo de Jambaló, sacada de contexto a propósito, donde se orienta a la guardia indígena “continuar en el ejercicio de control y verificación e información a las autoridades competentes”. En realidad la frase completa continúa “…, defensoría del pueblo, cruz roja internacional, personería, derechos humanos”, y tiene como encabezado que se trata de la “reafirmación de la emergencia territorial y humanitaria, y las acciones de resistencia pacífica”. Cualquiera que habite nuestra zona sabe que los indígenas solo hablamos de “autoridades” cuando nos referimos a las “autoridades indígenas”, las únicas con quienes deben reportarse los Kiwe Tengna (guardias); cualquiera que lea la circular entiende que se trata de orientaciones humanitarias; cualquiera que conozca nuestra organización así sea por encima, sabe que la Guardia Indígena es una forma milenaria de protección de los pueblos indígenas, cuyo mandato es la defensa de la vida en su integralidad, incluyendo la vida de combatientes puestos fuera de combate, que la Guardia ha protegido independientemente del actor armado a quien pertenezca. ¿Por qué entonces esta utilización perversa de nuestras palabras de paz? Sinceramente no vemos otra explicación que un interés provocador.

También señalan que no hacemos “nada concreto por impedir la presencia de la policía y el ejército” en las cabeceras municipales. El CCO sabe que cuando hemos exigido la desmilitarización, nos hemos referido por igual al ejército y a la guerrilla; y sabe que hemos realizado las acciones civiles a nuestro alcance para desmontar la infraestructura militar de ambos actores sin darle ventaja militar a ninguno de los dos, como manda el DIH. ¿A qué medidas concretas se refieren? Parece que nos acusaran de no realizar acciones bélicas contra el ejército y policía; pero es que nosotros no estamos en guerra. No sabemos a usted, pero a nosotros nos parece que hay un poco de cobardía militar al exigir a una comunidad inerme que haga por ellos lo que han sido incapaces de hacer estando armados.

Comandante Jiménez: Usted sabe lo que significa decir que somos elementos “hostiles”. No son cosas que se escriban por jugar. Según el DIH, significa que las FARC considera al CRIC, la ACIN y los Cabildos sus enemigos militares y nos “combatirá” mediante las armas.

Hemos tomado la decisión de solicitarle directamente a usted un pronunciamiento específico sobre este asunto, y por su intermedio al Secretariado de las FARC, porque nos negamos a creer que ustedes hayan tomado esa decisión, y menos cuando vienen insistiendo en buscarle salidas políticas dialogadas al conflicto armado y han manifestado su disposición a acogerse al Derecho Internacional Humanitario. Tenemos la duda de si los términos del mensaje del Comando Conjunto de Occidente expresan adecuadamente la posición de su organización, o si por el contrario se trata de un documento escrito de forma apresurada o superficial, o fruto de la intensificación del conflicto en el norte del Cauca que pone a los actores militares en estado de paranoia permanente, o motivado por razones que no son exactamente las de su organización político-militar.

Nos preguntamos y quisiéramos saber si a las FARC les resulta una amenaza militar el planteamiento de la autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a gobernar nuestro territorio o el planteamiento de generar sistemas propios que fortalezcan nuestra autonomía; si les incomoda que nuestra comunidad se autogobierne y por eso mandan a quitar del camino a nuestros dirigentes.

Nos preguntamos si las FARC van a honrar el compromiso firmado en La Uribe, el 21 de febrero de 1989, por Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Raúl Reyes, Alfonso Cano y usted mismo, de “reconocer y respetar los lineamientos organizativos de las comunidades indígenas: unidad, tierra, cultura y autonomía”

6. Permítanos una consideración final. Los mayores de las comunidades dicen que ustedes patinan y patinan en el mismo barro y se hunden cada vez más. Están tan metidos en esa lógica de la guerra que no ven las cosas de otro modo que no sea el de mandar y hacer cumplir con el fusil en la mano, aunque lo que manden no tenga ningún sentido. Ya deben saber ustedes lo que pasó con uno de nuestros comunicadores hace unos meses: como no le tuvo miedo a un miliciano, ¡éste le pegó un tiro en el pie! ¿Qué pensamiento político puede tolerar este comportamiento? Así de enferma es la gente que ustedes están reclutando, o así la está enfermando la misma guerra. Casi todos los casos que hemos sufrido estos meses tienen la misma forma: como no tienen argumentos o no les tenemos miedo o hacemos las cosas sin pedirle permiso a nadie o queremos gobernarnos a nuestro modo o hablamos con toda la sociedad, simplemente disparan o mandan disparar.

Es posible que ustedes tengan desde hace tiempo la enfermedad del militarismo y de la violencia sin contenido y no se hayan dado cuenta. Esa enfermedad es la que hace que el Secretariado diga que van a respetar la autonomía, y sin embargo sus mandos medios, sus combatientes y milicianos hagan otra cosa. Es que a la gente que lleva tanto tiempo en la guerra le parece normal que si alguien se roba una gallina, o conversa muy duro, o habla con un funcionario del gobierno, o si se duerme en la guardia, o piensa contrario al que manda en el pueblo, hay que fusilarlo por orden de un comandante, sin derecho a defenderse y sin poder saber de qué lo acusan. Todo se vuelve un problema de seguridad del Estado o de seguridad del grupo guerrillero; todo lo que es distinto se les vuelve una amenaza. Es que también la guerra se vuelve burocrática, y los funcionarios armados matan por pura costumbre, como si fuera el trámite en una ventanilla.
Ese pensamiento hace que la vida de la gente termine por no valer nada. Y que los comandantes terminen también por aceptar todos esos atropellos de sus miembros porque “así es la guerra”, y no corrijan de verdad, y se hagan los que no saben. Entonces vuelven sus combatientes a cometer crímenes, y vuelve otra vez la misma rueda en el mismo charco. Y ustedes y el país se hunden más y más.

Así será la guerra, pero así no tiene por qué ser la vida de la gente, que merece dignidad y respeto. Cuando la vida y la muerte no tienen valor, ninguna lucha tiene valor. Si la vida de la gente no vale nada, ¿para qué es la pelea de ustedes? Bueno sería que ustedes nos respondieran qué análisis han hecho sobre la forma de proteger la vida de las personas desarmadas, y cómo es que respetan a los que no comparten sus ideas. Es a esto último a lo que nos referimos cuando insistimos en resolver el conflicto armado: cuando lo militar es más importante que la propuesta política, cualquier lucha armada ya está herida de muerte y está condenada a la derrota, aunque ganaran algún día la guerra.

Eso tiene que parar. Cada vez que hay un asesinato o una amenaza o un ataque a las poblaciones, ustedes se alejan más y más del país que dicen querer construir, y alejan a los colombianos y colombianas de la posibilidad de tener un país decente.

7. Hemos tomado atenta nota de las diferentes comunicaciones sobre la disposición de diálogo de las FARC, enviadas por Alfonso Cano y Pastor Alape al Encuentro por la Paz realizado en Barrancabermeja, donde los indios del Cauca estuvimos planteando nuestra postura de paz de forma clara y seria; también leímos las comunicaciones suyas como comandante de las FARC sobre la necesidad y voluntad de sentarse a dialogar, que los sectores democráticos de la sociedad saludaron como un cambio de lenguaje positivo; y conocimos la decisión  del Secretariado de esa organización de dejar en libertad a todos los soldados y policías retenidos, de renunciar al secuestro como medio de financiación y del muy posible acatamiento al DIH, que la ACIN saludó públicamente como hechos positivos hacia la paz.

Ese último hecho era un pedido que también la ACIN había hecho como avance hacia la solución del conflicto armado. Como muchos, creemos que ustedes deben profundizar algunas acciones humanitarias, como suspender el reclutamiento de menores y abandonar el uso de armas de efecto indiscriminado. Pero sin duda es al gobierno a quien corresponde ahora realizar hechos ciertos de paz, que podrían empezar por la descriminalización de la protesta, el inicio de la depuración de las fuerzas militares y el enfrentamiento más decidio al paramilitarismo. Así lo señalamos en nuestro mensaje al Encuentro de Paz de Barrancabermeja, que ustedes debieron leer pero que le enviamos de nuevo.

Por nuestra parte, luego de los hechos del 9 de julio de 2011 en Toribío y Corinto, la Junta Directiva del CRIC del 20 de julio de 2011 aprobó la “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”. Allí reiteramos que estamos por los diálogos humanitarios y por los diálogos políticos; que vamos a profundizar el control de nuestro territorio; y que haremos lo posible para desmilitarizar nuestras comunidades. Es nuestra forma de aportar a la paz: con hechos de paz.

Ciertamente resultan una contradicción muy grande los mensajes de paz y diálogo con la sociedad colombiana que han emitido las FARC a nivel nacional, y la orden de asesinato de nuestros líderes o las justificaciones utilizadas para hacerlo, que los frentes y columnas de las FARC que operan en el Cauca han puesto de manifiesto. Esperamos que usted pueda atender nuestra expectativa de que nos aclare específicamente la posición de las FARC frente al movimiento indígena del Cauca organizado en la ACIN y el CRIC, frente a la Minga Social y Comunitaria, y frente a la paz y los que la estamos construyendo, y si hay una orden de matar a quienes nos representan en esos espacios.

Comandante Jiménez:

Para nosotros ha sido muy doloroso recoger nuestros muertos, sobre todo cuando en la época reciente la mayoría de ellos han sido ocasionados en nombre de la revolución. Consideramos que puede haber sectores provocadores que quieren que las FARC cometan un genocidio contra los indígenas, o que esperan infructuosamente que los indios nos metamos en la guerra para justificar un ataque militar. Sabemos a ciencia cierta que esos provocadores no están en la dirección de nuestra organización. Nos parece necesario que usted confirme lo propio en la suya.

Sirva este mensaje para ratificarle a su organización, así como a todo el país y al gobierno nacional, que mantenemos el espíritu de diálogo con todos los actores políticos y la continua búsqueda de salidas políticas al conflicto armado interno. Mucho nos gustaría que ustedes y el país entero estuvieran atentos a la Minga por la Paz que realizaremos del 9 al 11 de mayo próximo, en Caloto, cuando 10.000 indígenas, mujeres, afrodescendientes, campesinos, sindicalistas, la mayoría del Cauca, vamos a lanzar de nuevo nuestra palabra de paz, que dice…

Cuenten con nosotros y nosotras para la paz. Nunca para la guerra.

Consejería Mayor
Cxhab Wala Kiwe – Asociación de Cabildos Indígenas ACIN

Abril de 2012.

Add comment julio 26th, 2012

Ruido de sables

Las cartas que copio textualmente a continuación fueron difundidas esta noche por Canal Capital, el canal de la Alcaldía de Bogotá. Aparecen fechadas automáticamente por el sistema el miércoles 16, al día siguiente del atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos en Bogotá.

Estos textos pueden tener relación con un tema bajo estrecha observación de IPS y que será publicado tan pronto las condiciones lo indiquen. En poder de IPS está el listado completo de destinatarios, entre ellos distintas casillas de correo electrónico de ACORE ( Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares) y la dirección del Club Militar. Noticia en desarrollo.

Subject: ATENTADO

Date: Wed, 16 May 2012 02:55:46

Aunque en forma personal no he hablado nunca con el DR. FERNANDO LONDOÑO HOYOS, sí quiero decir que es un hombre de gran valía para el pueblo colombiano. Sus conceptos tanto hablados como escritos dejan sin duda la sensación de un hombre que conoce el país, a sus bandidos y lamenta como el que más, lo que tiene común ocurrencia: LOS ATENTADOS CONTRA LA SALUD DE LA REPÚBLICA. Hoy en forma “maestra” hubieran podido cegar (sic) por siempre sus ideas y su pensamiento. Es que los apátridas nunca podrán estar de acuerdo con él y por eso qué mejor que atentar contra su vida. Qué bien que no lo lograron, pero quedaron en la tristeza infinita unas familias las cuales valen nada para los criminales y para muchos que no sienten pertenencia por este país. OIGA PRESIDENTE SANTOS: Por muchas “CUMBRES” y paseos que Ud. se invente yo creo que la suerte del país está en decadencia. Lo que está pasando en el Sur parece no tener retorno, nos están GANANDO LOS INDÍGENAS o coloquemos el simple ejemplo acá en Bogotá, en donde los indios blindaron a uno de de (sic) sus “valiosos” representantes (ROJAS BIRRY) aclamando que los únicos que podían juzgarlo eran ellos. Si Ud. coge en su manos el mapa del país, creo que no hay zona que se le escape bien sea por la violencia, la pobreza, la falta de educación, las promesas incumplidas y la desesperanza. El invierno campeó y las ayudas no alcanzaron a llegar a los Municipios (sic) y si llegaron, se las robaron. El cuento de las regalías nadie lo cree; las intervenciones sobre la salud en nada se menciona (sic) han mejorado (ni siquiera la de su mejor “amiguis”). Ante el suceso de hoy lo único infalible era una reunión emergente “DE SEGURIDAD”. No Presidente, requerimos un mandatario de VERDAD, acá lo que se necesita es acabar con tanta gente sobrante en un Congreso inoperante, acá lo que se requiere es que haya VERDADERA JUSTICIA (sin ladrones), en fin… cómo nos enorgullecería a los Colombianos (sic) un Presidente que acabe con los bandidos de arriba y apoye al campesino que todo lo requiere y todo lo necesita. O es que Ud. cree que con las famosas 100.000 casas acabará con el conflicto del país?. (sic) Es damagogia (sic). Verdad?. (sic) Créame PRESIDENTE que la gente cada día que pasa siente más desilución (sic) de haberlo elegido a Ud. como gobernante. Lo sucedido hoy me dá (sic) la impresión de que la “guerra” (para Ud. es un conflicto) se está trasladando nuevamente a los cascos urbanos. El viernes Ud. va a dictar “una Cátedra Magistral” en la Escuela Superior de Guerra; por favor no diga mentiras porque de pronto los alumnos “ya no tragan entero”. Bueno… pero lo más seguro es que lo aplaudan estruendosamente. Porque los Militares (sic) somos así…

Mayor General (…)

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Buenos dias (sic) EDUARDO, comparto y me identifico en su pronunciamiento y comentarios relacionados con la actual situación del país (sic) y la errónea postura del presidente y su equipo de gobierno.

Justamente lo que anoche intercambiamos epistolarmente, es que llegara (sic) el momento que (sic) algunos CORONELES o GENERALES, bien sea en el auditorio de la ESDEGUE, o en el mismo Palacio (sic) de NARIÑO, pongan las cartas sobre la mesa, (KING) exigiéndoles al Dr. SANTOS, cumpla con sus obligaciones y compromisos electorales, o de lo contrario removerlo del cargo, encargar un gobierno provisional y convocar elecciones en un tiempo no mayor de 6meses (sic), reducir la cantidad de bandidos que conforman las corporación (sic) legislativas-judiciales y otros estamentos burocráticos, reconocer y pagar lo adeudado a la RESERVA ACTIVA, no regalar las 100.000 viviendas y a cambio ofrecer diuturnidades laborales en el campo a los necesitados, pero con soporte TECNICO, vias (sic) e infraestructura.

Lo anterior no lo pueden hacer los miembros del Cuerpo de Generales (sic) ni ACORE, o cualquier otra organización de militares en retiro; solamente podrán realizarlo los militares en SERVICIO ACTIVO, a quienes si (sic) les creen y respetan tanto el gobierno como la sociedad en general.

De todas maneras tener inquietudes como las suyas y de muchos otros, de alguna manera ayuda a crear conciencia e inconformidad, para que los militares en actividad se PRONUNCIEN. Saludo como veterano en UNIDAD-FORTALEZA e INTEGRACION. Mayor (R.A.) (…).-

NOTA: Los nombres de quienes firman los mensajes se omiten, a pedido de Canal Capital.

Add comment mayo 18th, 2012

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.