Fotograma de “Impunity”, de Hollman Morris y Juan José Lozano. Cortesía Contravía
Michael Reed es director adjunto en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés. Heavy Metal Colombia lo entrevistó en la premier de “Impunity” en Colombia, el pasado 20 de junio. El documental, de 85 minutos, es codirigido por el perseguido periodista colombiano Hollman Morris, reciente becario Nieman de la Universidad de Harvard, y por Juan José Lozano, colombo-suizo y radicado en Ginebra.
El asunto es que, en sus investigaciones sobre graves crímenes sistemáticos y generalizados, la Fiscalía está haciendo fotogramas de la matanza paramilitar, cuando lo que se necesita es, justamente, una película. La película que la Fiscalía debe ver. Mientras tanto, veremos “Impunity”.
Heavy Metal Colombia:¿De qué manera apoyó el ICTJ a “Impunity”?
Michael Reed: A través de unos fondos de la cooperación canadiense se creó el capital semilla para arrancar, principalmente, en un tema específico, que tenía que ver con las exhumaciones que se estaban adelantando en el marco de (la jurisdicción de) Justicia y Paz. El proceso fue creciendo y Hollman Morris y Juan Lozano decidieron hacer un mayor enfoque sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la impunidad desde la perspectiva de las víctimas.
HMC: ¿Quién es Juan Lozano?
MR: Juan Lozano es un joven documentalista colombiano. Estudió y trabajó en Colombia y ahora se encuentra radicado en Ginebra y está haciendo proyectos documentales desde allá.
HMC:¿Han enfrentado obstáculos para difundir el documental en Colombia?
MR: Por lo pronto la película ha sido presentada en el exterior. Ha sido conocida en festivales en Toulouse y en La Haya, y en el Festival de Derechos Humanos de Human Rights Watch. A partir de esta presentación en Bogotá, que para Hollman y Juan era muy simbólica, queremos ver justamente el interés comercial que pueda existir.
En el ICTJ estamos convencidos de que esta es una película que todo el mundo puede ver y que todo el mundo debe ver. No es una película árida y justamente habla sobre derechos humanos, sobre impunidad y, principalmente, sobre el sufrimiento de las víctimas para lograr justicia en sus casos. No es una película para hacer dinero. Esta es una película de las víctimas y dirigida a la sociedad colombiana.
Como ICTJ la apoyamos, porque estamos convencidos de que la atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Estamos convencidos de que la atrocidad tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también.
HMC: ¿Cree que el tema de la película es desconocido para los colombianos?
MR: Desafortunadamente creo que sí. O quizá no desconocido, pero sí bloqueado: es mucho más cómodo no saber o ignorar. Esta película pone las cifras de impunidad, las cifras de los muertos en una dimensión netamente humana, en donde se despierta la sensibilidad.
Estamos convencidos de que hay cierto agotamiento en Colombia en donde la negación empieza a ser una negación implicatoria, interpretativa. Es mejor no saber. O sí, yo soy consciente de eso, pero no quiero quedarme en el sufrimiento de las víctimas.
HMC: El documental hace un punto muy importante en la extradición de alias “HH” como la última esperanza de la verdad. ¿Qué queda sobre el tapete en Colombia en materia de justicia y de verdad sobre los crímenes de los paramilitares, una vez que se ha ido “HH”?
MR: La justicia, primero que todo, no puede ser objeto de solo confesiones. La justicia es, principalmente, un ejercicio de contradicción y de investigación autónoma independiente. Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos, lo cierto es que los casos no pueden proceder con solo confesiones. Tiene que haber una investigación independiente que señale las rutas.
Lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las ONG de derechos humanos y de las propias víctimas. Lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones.
Pero, la Fiscalía no puede depender de la voluntariedad de unos señores, tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales.
HMC: Otra inquietud que toca el documental es el momento en que sacan a la prensa: cuando los paramilitares empiezan a mencionar ciertos nombres. ¿Qué curso tienen en la justicia colombiana esas denuncias con nombre propio?
MR: El procedimiento está reglado. En principio, el paramilitar que está confesando los actos criminales de otros debe hacerlo bajo gravedad de juramento. Esa prueba es trasladada posteriormente a quien se considera el competente y debe seguir su curso. Un punto muy importante es, justamente, aprovechar la instancia procesal -en donde confiesa-, tomarla como declaración juramentada para que se vuelva prueba.
Pero esto solo no puede marchar ni avanzar. Requiere, en efecto, de la debida diligencia de toda la Fiscalía (General de la Nación). El proceso de Justicia y Paz no puede ser un fin en sí mismo. Su valor está, justamente, en que es un medio para promover investigaciones que han estado muertas durante años o décadas en el país.
HMC:¿El ICTJ considera que ha habido “debida diligencia” por parte de la Fiscalía?
MR: La diligencia se tiene que medir y determinar en todos los casos y en cada uno de los casos. Lo cierto es: el proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada esclareciendo hechos.
Lo que pedimos como ICTJ es, justamente, ver una película, una perspectiva estratégica, en donde lo que se investiga es la maquinaria criminal, los crímenes de sistema. Esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas.
Es ahí en donde la Fiscalía está fallando.
Es muy importante el esclarecimiento de un homicidio, de 10 homicidios. Muy importante poder devolverle los restos a una familia. Pero, eso solo ayuda en lo micro, no contribuye realmente a develar la maquinaria criminal que ha estado instalada y que sigue instalada en el país.
HMC: Y eso, ¿qué salida tiene?
MR: Requiere, justamente, la diligencia debida. Aplicar métodos de investigación que difieren de los tradicionales de la escena del crimen; requiere comprender cuál es el universo de crímenes que debe esclarecerse; y plantear hipótesis plausibles de investigación que cobijen a todos, y sobre todo a los máximos responsables, que no son necesariamente quienes han confesado y quienes se han desmovilizado.
Este martes 24 de mayo, hacia las 5 de la tarde, asaltantes intentaron ingresar al apartamento de Ignacio Gómez, forzando la entrada.
Tras un robo en febrero de 2009, cuando se llevaron únicamente su computador personal, varios documentos físicos y una libreta de apuntes; y luego de similar episodio en septiembre de 2010, cuando se alzaron –únicamente- con otro computador y varias memorias USB, Ignacio mandó poner puerta blindada.
Como hoy no pudieron penetrar, destruyeron la puerta de tal manera que Ignacio no la pudo abrir.
Ignacio Gómez es subdirector de Noticias Uno, periodista investigativo y presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
Por la mañana, durante la estremecedora presentación de la demanda que interpuso la Flip ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya, Ignacio denunció la toma del Estado por parte de la mafia y los ataques que sigue sufriendo la prensa en Colombia.
¿Casualidad?
Jineth fue privada de la libertad 16 horas, torturada y violada el 25 de mayo hace 11 años, por individuos que tienen protectores lo suficientemente poderosos como para mantener esta y, seguramente, muchas otras atrocidades en la total impunidad.
Jineth, hoy subeditora judicial de El Tiempo, trabajaba entonces para El Espectador.
Cuando se disponía a realizar una entrevista periodística en medio de una guerra entre paramilitares y guerrilleros que estalló en la cárcel La Modelo de Bogotá, fue secuestrada en plena entrada principal de la cárcel. Luego fue abandonada cerca de la ciudad de Villavicencio, 86 kilómetros al sur de Bogotá.
Los atacantes advirtieron en ese entonces a Jineth que planeaban matar a tres periodistas, entre ellos a Ignacio Gómez, quien para la época era jefe de unidad investigativa del diario El Espectador. El día antes, Ignacio fue seguido en un taxi por un hombre que el periodista identificó como un paramilitar.
La vida no volvió a ser la misma.
“El proceso sigue en etapa de investigación en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sin que haya alguna persona procesada por lo sucedido”, remarcó la Flip.
Al llevar el caso de Jineth a la justicia interamericana, la Flip tiene en cuenta estos puntos:
- El Estado colombiano ha incumplido su deber de investigar y sancionar a los responsables, durante un periodo de tiempo razonable. El estado de impunidad en que se encuentra la investigación debe ser motivo de vergüenza para las autoridades competentes.
- En el caso de Jineth Bedoya se violaron la libertad de expresión, integridad física, garantías judiciales y el derecho de la mujer, a vivir libre de violencia. De igual forma, el Estado incumplió su deber de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la tortura, todos ellos previstos en la Constitución, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y normas concordantes.
El caso de Jineth no fue solo contra una mujer o contra una periodista en particular, sino contra los derechos de las mujeres, la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados.
“Hay enfermos mentales que quieren la guerra. Algunos me acusan de querer la paz. Por supuesto que quiero la paz y voy a hacer todo lo posible para lograrla, pero no a cualquier precio: del afán no queda sino el cansancio y los procedimientos a veces lo llevan a uno a más violencia. A los que me acusan de querer la paz, sí, soy culpable, quiero la paz”, declaró hoy el presidente Juan Manuel Santos.
Santos reiteró que rechaza todo acercamiento “paralelo” con la guerrilla: “Desautorizo cualquier intento en esa dirección. No es conveniente abrir todos los canales para dialogar con la guerrilla. Cuando consideremos que existe la oportunidad la abriremos, como creemos debe ser para lograr el objetivo”.
Al menos, esa es la cita que aparece entre comillas a esta hora en el sitio web del Senado, organizador del foro “Legislar para la paz”.
La versión de Presidencia no cambia el sentido, pero sí un poco la forma. Discurso completo de Santos en el foro “Legislar para la paz”, según Presidencia.gov.co
Algunos creen por acá que está muy claro quién es el enfermo mental. Por ahora, este no se ha dado por aludido en su Twitter bipolar, que oscila entre anodino y brutal.
Las madres y padres de los desaparecidos del Palacio de Justicia que han fallecido en estos 25 años y cinco meses son María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra de Castiblanco, Rosalbina León, el exjuez Enrique Rodríguez Hernández y, hace unos días, Elvira Forero.
Todos ellos murieron esperando a sus hijos. Y esperando una noticia como la de este viernes 29 de abril:
El general Jesús Armando Arias Cabrales, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, fue condenado este viernes a 35 años de prisión, por la desaparición forzada de 11 personas en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La condena incluye 20 años de interdicción de funciones públicas.
La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, dispuso también que se investigue por falso testimonio y fraude procesal al general José Ignacio Posada; al coronel, hoy retirado, Ariel Guillermo Valdés; y al ex militar Gustavo Alonso Velásquez, todos de la Brigada VII en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para la época de los hechos. También el escolta, ayudante y radio operador de Arias, el sargento (r) Luis Armando Suárez.
Todos intentaron infructuosamente desmentir al exmilitar de la Brigada VII Edgar Villamizar, quien no asistió al juicio por grave riesgo de su vida. Villamizar declaró haber sido testigo de las desapariciones forzadas.
También el abogado Pedro Capacho Pabón tendrá que responder por fraude procesal por el mismo intento.
El general Posada era comandante de la Brigada VII. Mintió al declarar que su unidad no envió tropas a Bogotá para la retoma del Palacio.
El exmilitar Velásquez, a instancias del abogado Capacho, afirmó que Villamizar no se encontraba en Bogotá durante la batalla por el Palacio de Justicia.
A Posada lo contradijo en noviembre de 2009 el propio general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985 y quien reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma.
La sentencia contra Arias Cabrales ordena, además, que la Fiscalía General de la Nación investigue la desaparición forzada de Luis Otero Cifuentes, comandante militar de la toma del Palacio de Justicia cometida por el extinto M-19.
Para la época, Arias Cabrales era Comandante de la XIII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Fue quien ejerció el mando de la operación de retoma del Palacio de Justicia.
Su subalterno directo, el entonces teniente y posteriormente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, resultó condenado en junio de 2010 a 30 años de cárcel por los mismos hechos.
En las radiocomunicaciones internas del ejército durante la retoma del Palacio, Arias Cabrales usó la identificación de “Arcano 6”. Las grabaciones conocidas de esas comunicaciones evidencian las órdenes de llevar a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Arias emitió órdenes para cambiar y desaparecer las evidencias, incluyendo sacar las armas del Palacio una vez derrotada la guerrilla. Las grabaciones demuestran que también se dio orden de remover los cuerpos.
La sentencia contra Arias Cabrales se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial, en abril de 1998, del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba la representación de todas las víctimas. Su asesinato sigue impune.
Al comentar el fallo contra Cabrales, los abogados actuales de las víctimas, Germán Romero y Jorge Molano, reivindicaron su memoria.
Arias Cabrales “es el primer general condenado por por el delito de desaparición forzada de personas”, destacó el abogado Germán Romero, quien representa a algunas familias de las víctimas. Romero ve en la sentencia “un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, de que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos”.
La expectativa ahora es a dónde trasladan a Arias Cabrales a pagar su condena.
El coronel (r) Plazas Vega debería estar preso en una cárcel civil. Sin embargo, permanece recluido en una guarnición militar al norte de Bogotá, en contravía de lo que ordenó expresa y reiteradamente la juez María Stella Jara, a cargo de su sentencia.
Ante este hecho, el abogado Jorge Molano declaró que “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios”.
A instancias del entonces fiscal general Mario Iguarán, la fiscal delegada Ángela María Buitrago desenterró a finales de 2005 el proceso del Palacio de Justicia.
Tras lograr la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, el 1 de septiembre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a Arias Cabrales y a los también generales, hoy retirados, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica.
Este caso trata del asesinato del jurista auxiliar Carlos Horacio Urán, pues existe un video que lo muestra cuando sale vivo del Palacio de Justicia.
El 2 de septiembre Buitrago fue destituida por el sucesor de Iguarán, Guillermo Mendoza. Por su parte, la juez María Stella Jara tuvo que asilarse con su familia durante varios meses en Alemania, debido a amenazas de muerte por su fallo contra Plazas Vega. No son, ni mucho menos, las únicas amenazas en el caso Palacio de Justicia.
El domingo es Primero de Mayo. Y habrá manifestaciones, cómo no. También en Bogotá, donde en plena manifestación de 2005 fue muerto a palos y patadas por la policía antimotines (Esmad) un chico de 15 años, Nicolás Neira. La placa que lo recuerda está en este muro de la Carrera Séptima con Calle 18, frente al lugar donde Nicolás cayó.
La bicicleta que se ve ahí la pintó el artista argentino Fernando Traverso para el Primero de Mayo de 2010, es decir para los cinco años de la muerte de Nicolás.
Traverso vino a Colombia a acompañar el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, que tuvo lugar en Bogotá a finales de abril de 2010. Durante el congreso, sobre telas de colores como banderas, junto con las víctimas pintó decenas y decenas de bicicletas.
El artista comenzó a pintar bicicletas una noche de marzo de 2001 en su ciudad, Rosario. Desde entonces pintó y pintó bicicletas, sobre paredes y esquinas, al frente de escuelas, cerca de fábricas abandonadas, en los muros de los que fueron centros clandestinos de detención, tortura y desaparición, hasta completar tantas bicicletas cuantos desaparecidos por la dictadura había en Rosario.
Cada bicicleta de Traverso tiene una historia, un nombre y un número. Cada una recuerda a un ausente. Y en cada ausente está, a la vez, uno especial: su amigo, el que en una cita clandestina con el propio Traverso, pasó de largo en bici, al darse cuenta de que lo venían siguiendo los esbirros. De ese amigo solo quedó su bicicleta, atada a un árbol, dos cuadras más allá. Así lo recuerda Traverso:
Me cuidaste
Me cuidaste
seguiste de largo.
Dos cuadras más adelante,
quedó tu bicicleta atada a un viejo árbol,
debajo del asiento
se asomaba una bandera.
-puede no haber banderas- pensé
Seguro que la enarbolaste
antes de tocar el agua,
o la llevaste a otras tierras
y de tanto en tanto la desempolvás,
o la encontró tu vieja
y se fue de ronda con ella.
Fernando Traverso
La bicicleta de Traverso dedicada a Nicolás Neira fue borrada diligentemente días después del Primero de Mayo de 2010. ¿Qué más podría esperarse de un país donde se promueve la desmemoria?
El domingo es Primero de Mayo. El domingo es el día de Nicolás Neira. Hoy tendría 21 años.
No comparto el lenguaje ni el estilo periodístico de Anncol, agencia de noticias sobre Colombia que emite desde Suecia.
En mi análisis, tiene una limitada visión política que la ha llevado a cometer errores en momentos delicados, cuando estaban en juego la vida y la libertad de personas, la paz de Colombia o incluso la paz entre Estados.
Estoy convencida de que Anncol no es “de las Farc”. Sus comentarios editoriales no son comunicados de la cúpula de las Farc, como muchas veces y equivocadamente algunos colegas colombianos han afirmado, sino opiniones de individuos que simpatizan con esa guerrilla. Es probable que por esa abierta simpatía sea Anncol, la mayoría de las veces, la que primero se entera de las noticias que producen las Farc.
Ahora que, por primera vez, se conoce el nombre del director de Anncol, hay que estar atentos a los argumentos jurídicos en contra de Joaquín Pérez. Es un riesgo que estemos ante un procesamiento por el delito de opinión, así para algunos, o para muchos colombianos, quien opine distinto merezca el cadalso.
Joaquín Pérez es un sobreviviente. Fue concejal (legislador local) de la Unión Patriótica en Corinto, suroccidental departamento Cauca. Su esposa fue asesinada. Suecia le dio refugio y, más tarde, nacionalidad.
Es extremamente delicado deportar a su país de origen a un refugiado. El apego de los gobiernos de Suecia y Venezuela a las normas internacionales y nacionales sobre refugio está siendo puesto a prueba.
Que la identifiquen por las miradas de los hombres que se quedaron pegadas a su cuerpo.
Adheridas a sus grandes ojos negros y a sus pobladas cejas, a su lunar en el pómulo izquierdo, a sus labios carnudos y sus grandes dientes blancos, a la pelusa de su nuca, a su piel canela, a su espalda enhiesta, a sus ijares, marcados mejor por la canana.
Cuando oí el anuncio de su muerte, de boca del propio presidente Juan Manuel Santos, pensé en él. En su soledad, en su también tortura cotidiana. Pensé que, para ver su dolor, los americanos romperán su mutismo para contarle prontamente que Lucero murió. Pensé que él los recibirá en su celda con un brillo de dicha en la mirada. Que él ya lo sabrá. Que ella misma ya habrá ido a decírselo entresueños.
“¿Esta es Lucero?”, le preguntó en la Corte de Washington el fiscal Ken Kohl, mostrándole unas fotos suyas durante el juicio “Estados Unidos de América contra Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, también conocido como Simón Trinidad”.
“No señor”, contestó el acusado. “Ella no es Lucero. Es la bellísima Lucero”.
Esta mañana todavía, un portavoz del Instituto de Medicina Legal decía: no se ha identificado a ninguno. Se refería a 22 cadáveres de guerrilleros que fueron abatidos el domingo, en un bombardeo en el departamento de Putumayo, en un sector pegado a Ecuador, y trasladados a la autoridad forense.
El total de insurgentes muertos fue de 27, según el presidente Santos. Y una de las guerrilleras abatidas, dijo Santos ayer lunes, era “María Victoria Hinojosa, alias ‘Lucero’, responsable de la emisora Voz de la Resistencia de las FARC, y compañera sentimental de alias ‘Simón Trinidad’”.
Con toda seguridad que no es Lucero. Es la bellísima Lucero, presidente. Y aún debe llevar las miradas de todos los hombres colgadas a su cuerpo. Por eso la reconocerán fácilmente en Medicina Legal.
De seguir con los ojos su belleza no se salvaron ministros ni altos consejeros, ni diplomáticos, ni directores de Wall Street: los que la vieron en Los Pozos, sede de las negociaciones del Caguán.
El mediador Kirchner, Holguín, Maduro: Vientos de cambio en el día después de la Segunda Liberación de Colombia.*
Presidentes de Colombia y Venezuela se reúnen este martes, anunció la Canciller María Ángela Holguín
Bogotá, agosto 08-2010 (OP). Esta es la declaración de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, después de su reunión con el Canciller de Venezuela, Nicolás Maduro:
“Como ustedes saben, el Presidente Santos durante su campaña, y ayer lo reiteró en el discurso de posesión, busca un diálogo directo con Venezuela. Hoy creo que el Canciller Maduro y yo hemos dado este primer paso con un diálogo franco, directo, con el objetivo de los dos países de restablecer las relaciones. Unas relaciones en un marco de transparencia, de franqueza. Y el segundo paso lo darán los presidentes, el día martes, en una reunión que tendrán en Colombia.
Le voy a dar la palabra al Canciller Maduro, pero quiero reiterar que ha sido un muy buen diálogo, como decía el Presidente Kirchner, en donde la transparencia y la franqueza es lo que ha primado. Lo que nos deja a nosotros muy satisfechos”.
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* El presidente Juan Manuel Santos llamó a su antecesor, Álvaro Uribe, “segundo Libertador”. Celebremos, es cierto: nos hemos liberado de él. Ocurrió justo el 7 de Agosto, cuando se recuerda una victoria militar decisiva del Ejército Libertador en 1819: la Batalla de Boyacá. Hay que hacerle un desagravio urgente al Libertador Simón Bolívar, el único de los aquí nombrados que no se puede defender. FOTO Marina Alexandra Maldonado, Prensa Cancillería
Me refiero a las contundentes declaraciones de funcionarios colombianos, encabezados por el presidente Álvaro Uribe, y que afirman que no. Que el gobierno de Uribe no espió a Rafael Correa.
Como suele suceder por acá desde hace unos años, los funcionarios se tornan más amenazantes mientras más evidencias surgen de que están mintiendo. La cosa ya va en que quien diga que sí hubo espionaje contra Ecuador es porque tiene oscuros intereses y busca que no se restablezcan las relaciones entre Bogotá y Quito.
Es precisamente sobre ese formato de sospecha que el DAS suele designar los “blancos” de sus acciones criminales, como ha quedado en evidencia en los casos de magistrados de las Cortes, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas. Que conste: escribo en presente.
Mentiras que sí: el guerrillero Rodrigo Granda no fue secuestrado en Caracas sino capturado en Cúcuta.
El bombardeo al campamento de Raúl Reyes no fue una operación cuidadosamente planeada para abortar negociaciones internacionales con las FARC sino resultado de una persecusión en caliente.
En la Operación Jaque no se violaron los convenios de Ginebra ni la neutralidad de la Cruz Roja, como recuerda en esta videopastilla para la memoria mi amigo Vladdo.
Aparecen como actores Álvaro Uribe y el general Mario Montoya, hoy retirado y embajador en República Dominicana. Ambos hablan en el show televisado en la noche de la exitosa e incruenta Operación Jaque. La rescatada Ingrid Betancourt se prestó para la mentira, así como algunos de los uniformados liberados. Dejo constancia aunque la crítica no es contra ellos, que tantos años tuvieron que pasar en la selva.
La periodista investigativa colombiana Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, obtuvo el premio al Coraje en Periodismo, concedido a mujeres periodistas por la International Women’s Media Foundation.
Duque recibió amenazas de muerte hace más de 10 años y ha sido constantemente acosada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, el servicio de seguridad de Colombia, la Stasi de Uribe). Fue ella quien descubrió que desde el DAS se estaba desviando activamente la investigación judicial por el crimen del periodista satírico Jaime Garzón, e identificó incluso por sus nombre a quienes así actuaban, tanto en Medellín como en Bogotá. Uno de ellos, José Miguel Narváez, ha sido señalado como asesor paramilitar. Claudia Julieta, al igual que cientos de personas designadas como “blanco” de la inteligencia ofensiva del DAS, recibió amenazas criminales que describían las torturas que harían a su hija. La Fiscalía tiene pruebas de que esas amenazas fueron ordenadas desde el DAS.
Claudia Julieta es la tercera periodista colombiana que recibe el Premio al Coraje en Periodismo: María Jimena Duzán lo recibió en 1990 y Jineth Bedoya en 2001.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
No comparto el lenguaje ni el estilo periodístico de 
Que la identifiquen por las miradas de los hombres que se quedaron pegadas a su cuerpo.
