Heavy Metal Colombia

Hombres de hierro

Militares, policías y guerrilleros nos llevan a los demás una ventaja: son concientes de que la muerte pende siempre sobre nuestras vidas.

Hace ocho días estaban en un campamento de las FARC en la selva amazónica del departamento del Guaviare, al sur de Colombia. Cuando comenzaron los disparos, celebraban con torta y transistor el cumpleaños 53 del general de la Policía Luis Mendieta.

La cortina de tiros se prolongó 20 minutos. La guardia guerrillera huyó.

María Teresa, la esposa de Mendieta, se opuso durante una década al rescate militar. No la consultaron sobre la Operación Camaleón, de la que no hay mucha información.

“Fuego en el corazón, mariposas en el estómago. ¿Tú no has tenido una novia lejos? Eso es lo que se siente”, dijo la esposa de Mendieta en diálogo con la prensa en el aeropuerto militar Catam, al occidente de Bogotá, donde se encontró por fin con su marido. “Hace 12 años no ve mi rostro. Ahora estoy más viejita, con canas”. “No le dije nada. Lo besé”. Él la miró: “Gorda”, le dijo con ternura, “y ya”, contó María Teresa.Mendieta fue atrapado por las FARC el 1 de noviembre de 1998 en el combate por Mitú, la capital del selvático departamento del Vaupés, al suroriente. Con este rescate, las FARC pierden a su prisionero de más alto rango. Mendieta es hoy el oficial más antiguo de la Policía.

“Camaleón” liberó también al coronel Enrique Murillo, apresado junto con Mendieta; al coronel William Donato y al sargento Arbey Delgado, atrapados el 3 de agosto de 1998 en la batalla de Miraflores.

La guardia guerrillera se abstuvo de disparar contra sus prisioneros. Quizá fue un milagro. Hasta donde se sabe, en las FARC sigue vigente la orden de ejecutar a los cautivos en caso de que las fuerzas estatales intenten operaciones de rescate.

La guerrilla mantiene en su poder a entre 19 y 20 uniformados, a los que espera intercambiar por sus guerrilleros presos. Cada rescate militar exitoso ha debilitado esa propuesta. En los últimos años las tragedias, las pruebas de supervivencia y el paso del tiempo, que antes favorecían el ambiente en pro del canje, tienden a generar un rechazo cada vez más activo.

El general Mendieta reveló que desde hace más de 16 meses él y sus compañeros no tenían acceso a un transistor. No saben qué ha pasado en Colombia y en el mundo en todo ese tiempo. Desde diciembre de 2008, a los mensajes de amor de sus familias y a las noticias con los sucesos de sus vidas se los llevó el viento.

Me pregunto por qué ese endurecimiento de las condiciones de cautiverio.

Las FARC encadenaron a sus prisioneros a partir de la fuga de John Frank Pinchao, el 27 de abril de 2007: es de esas cosas que se escriben fácil, pero son ya tres años y casi dos meses con cadenas.

Con la liberación unilateral del maravilloso Alan Jara, el 3 de febrero de 2009, la vida en ese cautiverio tuvo que haberse puesto mil veces más difícil. Jara, ex gobernador del departamento del Meta, por ejemplo les enseñó inglés y ruso a sus compañeros. En las mañanas los ponía a discutir ¡en ruso! las noticias y debates de la radio.

Hace 16 meses, ¿qué pasó, para que las FARC les quitaran la radio a los cautivos del grupo del general Mendieta?

Quizá esta misma noche nos lo cuenten los propios hombres que hoy han vuelto al mundo; o quizá no lo sepan.

Por lo pronto, me aventuro a compartir con mi lector o lectora una hipótesis.

Flor Múnera, responsable nacional del área de asistencia carcelaria del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), expresó en marzo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia su preocupación por las condiciones en que se encuentra el guerrillero de las FARC Simón Trinidad, (Ricardo Palmera) quien cumple condena de 60 años en Estados Unidos por pertenecer al grupo guerrillero que tomó rehenes de nacionalidad estadounidense.

Yo pienso que la firmeza, el amor y admiración por su ejército y su policía, las ganas de seguir luchando que se les ve a todos los uniformados recién libres, hayan sido rescatados o liberados unilateralmente, son la mejor prueba de que estamos hablando de prisioneros de guerra. Lo aclaro porque en Colombia todavía hay que defender y argumentar el uso de términos del Derecho de Ginebra.

Aunque muchos rechacen las pruebas de supervivencia que de vez en cuando envían las FARC, la verdad es que estas, aunque tan espaciadas, nos han permitido calibrar hasta cierto punto la situación de la gente cautiva en la selva, su estado de ánimo, su salud.

De cómo se siente Trinidad, no sabemos prácticamente nada. Lo hemos visto por teleconferencia, durante audiencias en procesos que se adelantan en Colombia, encadenado de pies, manos y cintura. Cuenta Flor Múnera que, durante esas declaraciones ante la justicia, Trinidad tiene conectado un dispositivo para infligirle descargas eléctricas.

[Yo me pregunto: ¿los shocks eléctricos se aplican con qué criterio? ¿Lo decide el juez colombiano ante quien Trinidad está declarando, o el guarda carcelario estadounidense? Y si lo decide el guarda, ¿en ese caso qué hacen el juez, el fiscal y el ministerio público colombianos? ¿Los shocks eléctricos se aplican cuando el preso declara algo que no le gusta a alguien?]

Simón Trinidad está confinado en total aislamiento, con fuertes restricciones para recibir visitas. Se le prohíbe leer o conocer qué hora es. No tiene acceso a ningún medio noticioso para enterarse del acontecer en el planeta. Y también tiene a su novia lejos.

Cuando -en su estrategia judicial de quebrar la moral del guerrillero- el fiscal estadounidense Kenneth C. Kohl, que lo interrogaba en Washington, le mostró a Trinidad una foto de su amada, el acusado respondió: “No, señor fiscal. Ella no es Lucero… Es la bellísima Lucero”. Lo cuenta el periodista Jorge Enrique Botero en su libro “Simón Trinidad, el hombre de hierro”. Hacía dos años y medio no la veía ni en foto. Al “hombre de hierro” se le quebró la voz.

Dejo a mi lector o lectora con el revelador mensaje de Flor Múnera a la Corte Suprema.

Bogotá, D.C.
Marzo 10 de 2010

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA-SALA PENAL
E.S.D.

Ref: VERIFICAR CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA

Respetados Magistrados:

FLOR MÚNERA, responsable nacional del área de asistencia carcelaria de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por medio del presente escrito respetuosamente me permito expresar la gran preocupación que nos causa la información que hemos conocido sobre la situación jurídica y humanitaria del detenido político extraditado JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, rebelde conocido como Simón Trinidad.

Por distintos medios se ha advertido que JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA fue extraditado a los Estados Unidos en el mes de diciembre de 2005, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia en el Proceso No. 22450, dentro del cual se realizó el siguiente condicionamiento:

“7.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición allí podrían imponer como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que PALMERA PINEDA no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 512 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Sea lo primero advertir que la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se opone explícitamente a la extradición de colombianos, por considerar que ello constituye un desconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos y de la soberanía nacional, máxime cuando hemos percibido que en los últimos años se ha hecho un uso abusivo de esta figura.

Con referencia al caso antes señalado se conoce que, si bien JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA no fue condenado a cadena perpetua, las autoridades norteamericanas le impusieron al detenido político una pena de 60 años de prisión, la cual es superior a la que hubiera obtenido en Colombia por los mismos delitos, teniendo en cuenta la fecha en que éstos se cometieron.

JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA no ha perdido su condición de ciudadano colombiano. Por tanto, el Estado se encuentra aún obligado a garantizar y exigir el respeto de sus derechos humanos. En nuestro país, en virtud de los principios de legalidad y debido proceso, nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes pre-existentes y con el respeto de todas las garantías judiciales, así como de las formas propias de cada juicio; en el marco de tales presupuestos, ningún colombiano podría ser penado con condenas mayores a las establecidas en la normatividad nacional.

En el caso concreto de este detenido político encontramos que fue extraditado para ser juzgado por delitos por los que pudo ser investigado y eventualmente condenado en Colombia. Sin embargo, el Estado renunció a su soberanía judicial e hizo entrega de esta facultad a las autoridades norteamericanas, situación que no puede implicar adicionalmente la potestad de que éstas impongan a nuestros ciudadanos condiciones más restrictivas que las que hubiera recibido en este país. Entonces, así como la Constitución prohíbe penas como la cadena perpetua y, en virtud de ello, ningún nacional nuestro podrá ser sometido a la misma, también se proscribe la imposición de penas no previstas en la norma preexistente o superiores a ellas. Luego no resulta ajustado a nuestra carta política el que las autoridades norteamericanas le hayan impuesto al rebelde Simón Trinidad una condena de 60 años, cuando para la fecha de los hechos por los que fue acusado, la pena máxima ascendía internamente a 40 años.

De otra parte, a través de la información trasmitida sobre los juicios en los Estados Unidos pudo percibirse la connotación eminentemente política de su juzgamiento, evidenciándose una posición vindicativa por su condición de rebelde. Esto nos hace suponer que su extradición fue requerida y concedida en vulneración de lo preceptuado en la Constitución nacional, que proscribe la concesión de ésta por delitos políticos.

Sobre este asunto, la FCSPP es consciente del alcance de la posición adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-456 de 1997, la cual seguimos considerando como un abono a la desnaturalización del delito político en Colombia. Pero ello no obsta para poder plantear que, cuando una persona es objeto de un juzgamiento en el que se le recrimina con especial énfasis su condición de rebelde, se puede identificar un trasfondo político que trasgrede el límite constitucional que habla de no permitir la extradición por delitos políticos.

Ahora bien, mayor preocupación nos merecen las reiteradas denuncias que a pesar de los impedimentos prácticos se han podido conocer sobre la situación en que se encuentra el detenido político Simón Trinidad en una cárcel norteamericana. Ha sido confinado en total aislamiento, con restricciones serias del derecho a la visita, no solo por el hecho de encontrarse fuera de su país de origen sino por la vigilancia a la que es sometido durante el poco tiempo de contacto con su familia y abogados, además de la prohibición inexplicable de leer, tener un reloj, medios de comunicación, contacto con otros reclusos, entre otras.

No podemos dejar pasar por alto que durante las audiencias (en procesos que se adelantan en Colombia) realizadas a través de teleconferencias, permanece con cadenas en los pies, manos, cintura y con un dispositivo para realizar descargas eléctricas sobre su cuerpo.

Todo ello lleva a concluir que el detenido político y además ciudadano colombiano JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA se encuentra sometido a un régimen penitenciario en el que el respeto de los derechos humanos no constituye una prioridad. Las condiciones reseñadas atentan, de manera abierta y flagrante, contra la dignidad humana, la familia, la intimidad, la información, la defensa, etc, todos ellos derechos fundamentales consagrados no sólo en la Constitución y la ley nacional, sino en tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.

Adicionalmente a todo lo anterior, hemos tenido conocimiento de que por orientación de las autoridades norteamericanas se ha restringido el carácter público de las audiencias previstas en la etapa de juicio según el código de procedimiento penal (Ley 600). Esto constituye una limitación inaceptable del debido proceso, además de la independencia de los jueces colombianos, quienes son los que tienen la dirección absoluta de estas diligencias en nuestro país.

Dada la gravedad de esta situación, de manera respetuosa nos permitimos solicitar a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:

Primero. Adoptar los mecanismos necesarios para verificar las condiciones en que se encuentra el detenido político JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, conocido como Simón Trinidad, y establecer si, de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales previstos en Colombia, se están violentando sus derechos humanos.

Segundo. Adoptar medidas eficaces para que las garantías judiciales y derechos humanos que hasta ahora han sido vulnerados al detenido político conocido como Simón Trinidad, sean restablecidos y respetados de manera ininterrumpida e incondicional.

Agradecemos allegar su respuesta a la Calle 26 No. 4a–45 Piso 12 de Bogotá.

Cordialmente,

FLOR MÚNERA
Área Nacional de Asistencia Carcelaria FCSPP

Add comment junio 14th, 2010

Mancuso en directo, 14:30 GMT

En el link http://bit.ly/dxc1Cg, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo retransmite en directo desde la Corte Suprema de Justicia de Colombia el interrogatorio al extraditado ex capo paramilitar Salvatore Mancuso, dentro del juicio contra Jorge Noguera, el ex director del DAS (la Stasi colombiana).

Como funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, Noguera puso el DAS al servicio de la mafia paramilitar.

Mancuso está preso en Estados Unidos, luego de ser extraditado por Uribe junto con otra docena de jefes paramilitares. Para la Corte Suprema, en los capos extraditados está “la materia prima de la verdad”.

Las familias de Mancuso y de otros de sus colegas han sido objeto de asesinatos, atentados, amenazas de muerte y seguimientos intimidatorios, como advertencia para que guarden silencio desde las cárceles estadounidenses.

Add comment abril 29th, 2010

He aquí una amenaza

He aquí una amenaza. Hoy firman “Los Rastrojos”; antes firmaban las AUC, o los Comandos Cualquier Cosa. Lo que importa es que hacen lo mismo. Los de esta generación surgieron en 1977 y no en 1983, como reseña la historia. Lo que pasa es que sólo desde 1983 sus jefes descubrieron una sigla apropiada y consiguieron padrinos adinerados. Pero, son los mismos. A veces, cambian de tropas. Cambian de jefes, a veces. Anuncian que el baño de sangre volverá. Copio tal cual. Nótese que entre los amenazados está el PNUD, de la ONU. También, religiosas de la Diócesis de Tumaco de la Iglesia Católica.

COMUNICADO PÚBLICO  # 003

                                 Abril  10  de 2010

Luego de un nuevo  exhaustivo y largo proceso de inteligencia que incluyó seguimientos e infiltraciones directas a organizaciones sociales, entre otras actividades, de varias organizaciones de  derechos humanos, Desplazados y sindicalistas en los departamentos de  Nariño y Norte, Centro y pacifico del Valle, Norte del Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío, Tolima, Caldas,Cundinamarca,Meta, Boyaca y Antioquia y comprobadas sus relaciones con grupos guerrilleros y que supuestamente defienden los derechos humanos, los Comandos Urbanos de Los Rastrojos  hemos llegado a las siguientes  claras y precisas conclusiones:

1.       Conminar a todas estas organizaciones a dejar de lado el discurso subversivo arcaico en favor de los derechos e ideologías de los narcoterroristas de las FARC y ELN y todos sus cómplices del pasado y del presente, atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz,  o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones de los 90 sin piedad ni temor alguno.  Nuestras exhaustivas investigaciones nos permiten dar el ultimátum.

2.       Declarar objetivo militar permanente y enemigos a organizaciones como: CREAR, ARCO IRIS, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS, FUNDEPAZ,OPDDI, FUNDHEFEM,CODHES, FUNDEMUD, MOVICE, PNUD, ESCUELA DE LOS PASTOS, PASTORAL DE TUMACO, UNIPA,  FUNHUMANA JESUS CORRALES , CAMAWARI,CORPORACION JURIDICA HUMANIDAD VIGENTE,ROSARIO AGUILAR,C,N,D, MIRYAM CLEMENCIA RUIZ MOLINA DE CALDAS, ACDPODEU, DE APARTADO, ASODESA DE SALGAR, ASODER DE RINEGRO MARTHA LUCIA CASTAÑO, LUCILA CASTAÑO DE MEDELLIN, FANNY ROJAS  DE MEDELLIN COOTRASOL, LUIS MORALES HURTADO “ANDES” YASMIN ALEXANDRA ARANGO MARQUEZ “JCF”,”FUNHUMANA RISARALDA “ JAVIER A SANCHEZ,”ASOCODEMAN” PROGRESAR”GENARO GONZALEZ, RAMON EMILIO VILLA DE MEDELLIN  Y TODAS LAS ORGANIZACIONES. MISAEL DELGADO RADA ,”ASOSIDEMOS”MORALES,ADECAC DE  BOGOTA,ROSALIANO RIASCOSRODRIGUEZ“COOPMINH,CAPITOLINORIAÑO CAMACHO”FUNSOYJUS” MARCO BASTIDAS “ASONACOL”JADER ANCIZAR CHICHAMBO DE TUMACO “  RUTBER MENDEZ DE ARMENIA”ASODECAL HENRY RODRIGUEZ C” JOSE EFRAIN RIVAS DE PEREIRA,”FRANCISCO J COLLAZOS,DEL VALLE, “FUNCOLB  RUBEN FLOREZ MURILLO,” JUAN CARLOS CASTRO DE REDEPAZ VALLE”ASOPRONIR,” ALEXANDER LOPEZ “SENADOR” JORGE ENRRIQUE ROBLEDO” GUILLERMO JARAMILLO “SENADOR, COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE VALVEAR RESTREPO”LUIS EDUARDO AÑES, ALFONSO CAICEDO,HERMANA ALBA ESTELA,  HIPOLITO RENNTERIA, FREDY GUERRERO, FELIPE FLOR,  POLODEMOCRATICO DE LAS REGIONES DONDE TENEMOS JURIDICCION Y SUS INTEGRANTES, y muchos mas que según nuestras infiltraciones  tienen relación directa con mandos de la guerrilla de las   FARC  y el ELN.

     3-   Los rastrojos nos reservamos nuestro derecho de continuar en la lucha por un

            Por un país libre de escorias como ustedes que lo único que hacen es  estar

            Engañando a las personas  enseñándoles  doctrinas  comunistas  contrarias a    

            Nuestras ideas y los compromisos del estado a favor de la clase más necesitada.

4.       Suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro en que están comprometidas estas organizaciones por toda la geografía de Nariño, Norte del Valle y Eje cafetero, corrompiendo mentes con sus ideologías que alteran el orden público conseguido después de una larga lucha. No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes de estas organizaciones si sabemos que están en nuestros territorios.

                            EN ALGUN LUGAR DE COLOMBIA, Y EL VALLE DEL CAUCA

                                                  Abril 10  DE 2010

 NUESTRA LUCHA SERA DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN  CONTRA NUESTROSD ENEMIGOS  LAS FARC Y EL ELN COMO SUS                        ORGANIZACIONES AMIGAS.

GRUPO ARMADO LOS RATROJOS – COMANDOS URBANOS

1 comment abril 20th, 2010

Solicitan condena de militares por matanza de San José de Apartadó

La Fiscalía General de la Nación (ente investigador y acusador) y la Procuraduría General de la Nación (organismo de control al debido proceso) pidieron este martes condena para 10 militares, en el juicio por la matanza de ocho integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005.

Los oficiales y suboficiales del Batallón Vélez son juzgados por homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir. Se exponen a una pena de hasta 40 años de prisión, dadas la crueldad y sevicia con que fue ejecutado el crimen.

En los hechos fueron asesinados cuatro menores entre los 18 meses y los 17 años de edad. Dos de ellos fueron degollados. Además, fueron muertos cuatro adultos, incluido el líder histórico de la comunidad campesina pacifista, Luis Eduardo Guerra.

El crimen fue atribuido por el presidente Álvaro Uribe y por el Ministro de Defensa a las FARC. Oficiales de la Brigada XVII pagaron testigos para que declararan en ese sentido.

La procuraduría considera que en los hechos actuaron “aparatos de poder organizados” y debe aplicarse la responsabilidad “por autoría mediata”, fórmula recogida por el Tribunal para la ex Yugoeslavia y por la Corte Suprema de Justicia de Perú, en el caso Fujimori.

El presidente Uribe no ha manifestado la menor condolencia a la Comunidad de Paz. Nosotros recordamos aquí sus nombres y el estremecimiento vivo de este drama.

Luis Eduardo Guerra, de 35 años; su compañera Beyanira Areíza y su hijo Deyner Andrés Guerra Tuberquia, de 11 años de edad.

Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia, de cinco años, y Santiago Tuberquia Muñoz, de dieciocho meses de edad.

También Alejandro Perez Castaño.

Add comment abril 13th, 2010

Para que no se pudra en la cárcel

La Seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la organización de derechos humanos más antigua de Colombia, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le otorgó medidas cautelares al preso Diomedes Meneses Carvajalino.

La Comisión solicitó al gobierno que asegure la atención médica adecuada para este interno de tal modo que no sólo se garantice su derecho a la salud, sino mucho más allá: la protección de su vida y su integridad personal.

La inadecuada atención en salud a Meneses motivó en la Penitenciaría de Girón, en el departamento de Santander, una huelga de hambre que decretaron los 57 presos políticos compañeros suyos el 24 de marzo. La levantaron al día siguiente, tras llegar a un acuerdo con la administración del penal.

La CIDH impuso al gobierno que los tratamientos médicos a Meneses deben ser concertados con él. Igualmente, Bogotá deberá brindar información para investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar. El gobierno de Álvaro Uribe tiene 20 días para presentar un primer informe. Además, debe reportar periódicamente el estado actualizado de Meneses.

En el momento de su captura, Diomedes Meneses fue torturado por miembros del ejército hasta el punto de quedar parapléjico, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En marzo de 2009 sufrió una pequeña herida en el talón del pie izquierdo. Mal atendida, un año después está en alto grado de infección, y el médico ortopedista ya habla de la posibilidad de una amputación o de raspar el hueso.

El CSPP ha acompañado a Meneses desde el momento de su detención, y ha instaurado acciones jurídicas y de exigibilidad, incluyendo el año pasado una tutela por el derecho a la salud. Aunque ésta fue otorgada, el INPEC (la autoridad carcelaria) “continúa siendo negligente con la atención dada a este detenido político”, advierte el CSPP, que evalúa que en el sistema penitenciario colombiano se vive una “grave situación humanitaria”.

Respecto a la medida cautelar, el CSPP solicita al gobierno “reales garantías para la concertación y seguimiento de la medida”, incluyendo “facilitar el diálogo entre beneficiario y peticionario”, es decir entre Meneses y el CSPP.

Miren, pues, todo lo que hay que hacer para que un preso no se pudra en una cárcel de Colombia.

Add comment abril 12th, 2010

La detención del líder de la Minga, Feliciano Valencia

Ayer sábado fue detenido el líder del pueblo nasa Feliciano Valencia. Feliciano es líder visible de la Minga, junto con la extraordinaria Aida Quilcué. En el pasado ejerció el cargo equivalente a ministro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el gabinete o máxima jerarquía del pueblo nasa que habita el Norte del suroccidental departamento del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Valencia es acusado por la fiscalía de “secuestro” y “lesiones personales”.

Se trata de que el Ministerio de Defensa, en violación de la Constitución, promovió que Valencia y Quilcué fueran denunciados por ambos cargos. Durante la Minga por la Liberación de la Madre Tierra, las autoridades indígenas detuvieron a un militar vestido de civil, infiltrado dentro de los manifestantes. En su mochila le fueron encontrados artefactos explosivos iguales a los que estaban generando terribles heridas a los indígenas manifestantes. La Policía estaba acusando a los propios indígenas de hacer uso de ese armamento. El general Naranjo señalaba a los indígenas incluso de “uso de armas no convencionales”.

Total, el soldado fue detenido por la Guardia Indígena y posteriormente llevado a juicio dentro de la jurisdicción indígena, reconocida por la Constitución de 1991. Debido a su cargo en el momento de la Minga, Feliciano Valencia estuvo al frente de dicho juicio, que terminó con una condena de acuerdo a los usos y costumbres nasa, que estos indígenas llaman “remedio”. Se trató de varios latigazos en público. El militar fue incentivado, desde el Ministerio de Defensa, a demandar a las autoridades indígenas por “secuestro” (por el tiempo que duró detenido) y “tortura”, cargo que luego fue cambiado por el de “lesiones personales”.

Valencia pretendía viajar el sábado a un encuentro internacional y fue detenido en el aeropuerto que sirve a la occidental ciudad de Cali.

Para el gobierno, la detención de Valencia es de doble filo. Porque si no liberan, digamos, en cuestión de horas a Feliciano, habrá que recordar qué pasó en la Minga. Cómo fue que el gobierno acusó a los indígenas de “terrorismo”. Y en qué terminó el episodio, luego de cierta publicación por parte de CNN. Habrá que recordar por cuál hacienda era esa pelea, a quién se la ha entregado el gobierno y para qué macroproyecto. Observar si quienes ocupan hoy esa Hacienda fueron financiadores de las campañas de Uribe y si son beneficiarios de subsidios estatales.

Lo bueno de la detención de Feliciano es que, si esta prosigue, probablemente terminará en el fortalecimiento de la jurisdicción indígena.  Así que Heavy Metal Colombia queda atenta a esta importante noticia en desarrollo.

Add comment abril 11th, 2010

Un hombre del pueblo

Me contó que en el poblado donde vive, la gente escucha al ex ministro del Interior y de Justicia de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, a través de Radio Súper, y “a la RCN de Juan Gossaín”.

De Londoño los convence, por ejemplo, que el ex ministro defiende a los militares acusados de cometer “falsos positivos”. Al fin y al cabo los asesinos son hombres del pueblo, es el argumento palabras más, palabras menos, de Londoño. “La gente cae en la cuenta de que es cierto”, me dijo.

Me dijo que una mañana, no hace mucho, estaban unos 700 hombres reunidos en el mercado del poblado donde vive. Y que tras oír una arenga radial de Londoño, alguien gritó: “¡Toca votar por Juan Manuel Santos!”; que todos dejaron sus quehaceres, echaron vivas y luego se dedicaron a celebrar ruidosamente, lanzando voladores al cielo, su decisión colectiva sobre a quién elegirán para la Presidencia de la República.

Su expresión cambió levemente cuando calculó que Santos no gana en la primera vuelta, pero sí en la segunda.

Me dijo que “en Colombia el paramilitarismo nunca se va a acabar”. Que él fue DAS rural y que, ante los abigeos, “la orden era ir a buscarlos y matarlos”; la orden de los terratenientes, aclaró. “La gente nos decía ‘chulos’”, me contó.

Me anunció que apenas termine el mandato de Uribe el baño de sangre volverá. Que están esperando a que Uribe se vaya para no hacerlo quedar mal. Porque lo aprecian, porque lo quieren. Me dijo que Uribe se ha sintonizado con el pueblo que vive en el campo; que éste es muy distinto al de ciudad; que “el pueblo está ávido de sangre y Uribe lo interpretó”.

Me dijo que el paramilitar alias “Cuchillo” tiene la orden de no desmovilizarse (sus fuerzas se mueven en la Orinoquia). Que algunos otros también recibieron inicialmente la misma orden y se han ido entregando a cuentagotas. Me habló de “El Alemán” como de un tipo clave.

Como ejemplo de que la guerra se va a desatar, me contó que en el sur del Meta hay un grupo llamado “Los Tuparreros”, que “ya están lista en mano”, prestos a comenzar a asesinar uno a uno a algunos que quedan en Mapiripán. Los han observado en estos años. En sus denuncias, protestas y exigencias, quizá en su negativa a desplazarse, aunque de las razones no me habló. En todo caso los tienen ubicados y ahora los van a acabar, me dijo.

Del grupo de colombianos que fue asesinado el 11 de octubre de 2009 en Venezuela, me dijo que “algunos no tenían que ver”. Los demás eran paramilitares que cumplían una misión, me dijo. Que la frontera está llena de paramilitares colombianos que penetran hasta bien adentro de Venezuela. Que por ahora sólo espían, a veces hacen sabotajes. Que se camuflan como personas dedicadas a distintos oficios. Y regresan a Colombia con información, me contó.

Hablamos varias horas atenta, cordialmente. Con respeto. Nunca le oculté mi opinión. Es gran lector. Me dijo que si el pueblo pudiera leer libros, las cosas serían diferentes. Nos despedimos. Yo me quedé preguntándome si sobreviviremos a estas verdades.

2 comments abril 7th, 2010

En guardia por Clodomiro

Advierte el colega Hollman Morris de un extraño robo ocurrido este lunes de Pascua contra un detective investigador del asesinato del periodista Clodomiro Castilla. El detective está adscrito a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) y fue comisionado por la Fiscalía General de la Nación (ente investigador y acusador) para viajar a Montería, capital del departamento de Córdoba y donde Clodomiro fue acribillado en su casa el 19 de marzo.

Dice el despacho de Hollman:

“Uno de los investigadores de la DIJIN comisionado por la Fiscalía General de la Nación, que fue enviado a Montería para investigar el homicidio del periodista Clodomiro Castilla, fue víctima hoy de un extraño atraco en pleno centro de la capital de Córdoba.

“En momentos en que se dirigía a retirar el dinero correspondiente a sus viáticos, dos hombres armados lo encañonaron a la entrada de un local de Servientrega [servicio de mensajería nacional] ubicado en la carrera cuarta con calle 32 y le robaron su arma de dotación; mientras su compañero, impávido, observaba lo sucedido desde una camioneta.

“En la mañana, los investigadores se reunieron con el director informativo de ‘La Voz de Montería’, emisora para la que laboraba el periodista, quien además dirigía la revista ‘El Pulso del Tiempo’.

“Lo extraño es que al funcionario de la DIJIN sólo le robaron su arma, y que todo sucedió a plena luz del día. Por su parte, el comandante encargado de la Policía de Córdoba, coronel Libreros, se apresuró a minimizar lo sucedido asegurando que se trató de un atraco simple.

“Otra cosa deben pensar en la DIJIN Bogotá, pues de inmediato fueron comisionados otros seis detectives a Montería para apoyar la labor de sus colegas y acompañarlos en las pesquisas del caso Clodomiro Castilla.”

Add comment abril 5th, 2010

Lección gratis de Derecho para la candidata Noemí Sanín

A Mario Madrid-Malo, mi profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, le ha tocado todo el resto de la vida seguir enseñándome, pero gratis. Todo el resto de la vida lo consulto y le pregunto, paso a paso. Ahora, mi profesor entró a hacer parte de la asociación profesional Medios para la Paz (MPP), de la que yo soy miembro también. Y parece que desde allí nos dará a todos lecciones, igualmente gratis. Este es su primer aporte desde MPP, dedicado a analizar, desde el Derecho, una reciente propuesta de la aspirante presidencial Noemí Sanín, tan insultante para con la justicia civil, como imprecisa. Bienvenido, querido profesor. Que le aproveche, estimada candidata.

La candidata del partido conservador ha formulado una inquietante propuesta. Quiere “devolverles el fuero militar a los militares” (sic) y sustraerlos a “una justicia civil que no conoce el tema castrense y (…) además, tampoco garantiza la lucha contra la impunidad”.

Quizá por razón de su larga permanencia en el exterior la señora Noemí Sanín ya no recuerda bien ni el texto del artículo 221 de la Constitución de 1991 ni la jurisprudencia que sobre esta norma ha desarrollado la Corte Constitucional. Por eso conviene recordarle:

a) Los miembros de las fuerzas militares tienen un fuero, pues por mandato de la Ley Fundamental la justicia penal militar conoce de los delitos por ellos cometidos “en relación con el servicio”. (Un fuero es la garantía en virtud de la cual las conductas punibles atribuidas a ciertos servidores públicos deben ser investigadas y juzgadas por autoridades distintas a las de la jurisdicción ordinaria o común).

b) Como sucede en todo Estado de derecho, el fuero de los militares colombianos es restringido. Para que la jurisdicción penal militar pueda conocer de un delito se requiere el cumplimiento de dos condiciones: 1ª) Que el hecho punible haya sido perpetrado por un miembro de la fuerza pública en servicio activo; 2ª) Que ese hecho tenga relación directa y próxima con el servicio.  

c) Sólo pueden considerarse delitos en relación con el servicio aquellos que surgen —como omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones— en el marco de una actividad ligada directamente a la defensa nacional, función  propia de las fuerzas militares.

d) Hay ciertos comportamientos que siempre son ajenos al servicio, como las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario, porque quienes los asumen no cumplen un fin constitucionalmente legítimo.

e) Todo hecho constitutivo de violación  de los derechos humanos o de crimen de guerra rompe, por su inusitada gravedad, el vínculo entre el delito y el servicio. Por consiguiente, su investigación y juzgamiento corresponden a la justicia ordinaria.

f) Según la jurisprudencia y la doctrina internacionales, los tribunales castrenses sólo deben administrar justicia con respecto a los miembros de las fuerzas armadas que sean autores o partícipes de delitos de naturaleza propiamente militar. 

g) De lo dispuesto por el artículo 250 de la Constitución se infiere que corresponde a la Fiscalía General de la Nación establecer, en todo caso, si en una conducta punible se dan los elementos de índole objetiva y subjetiva cuya concurrencia justifica la aplicación del fuero militar.

h) En ninguna providencia del Consejo de Estado se afirma que los militares colombianos han perdido su fuero constitucional, o que éste es invocable para impedir el despliegue de la jurisdicción ordinaria sobre  delitos graves conforme al derecho internacional.

h) Carece de toda validez científica la tesis según la cual los civiles son incapaces de procesar a los militares con rectitud, independencia e imparcialidad.

La candidata conservadora debe documentarse con más seriedad antes de formular sus propuestas. Es frívolo —y peligroso—  presentar a los militares colombianos como víctimas de una jurisdicción común inepta y prejuiciada.

Colombia no debe retornar a los tiempos en que el fuero militar cobijaba, incluso, a los autores de las ejecuciones extrajudiciales (hoy perversamente llamadas “falsos positivos”).

Mario Madrid-Malo Garizábal

Abogado y profesor universitario

Bogotá, D. C., marzo de 2010

2 comments marzo 27th, 2010

No nos dejes en paz, Clodomiro

Sicarios asesinaron anoche al periodista Clodomiro Castilla, acusador y testigo ante tribunales en casos de parapolítica.

Ocurrió a las 9 de la noche mientras leía un libro en la terraza de su casa en Montería, capital del noroccidental departamento de Córdoba, patria chica del extraditado ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Allí, el presidente Álvaro Uribe sabe hasta qué hoja de cuál árbol se mueve. Así queda claramente mostrado en el libro de Iván Cepeda y Jorge Rojas “A las puertas de El Ubérrimo”, nombre de una de las haciendas preferidas del mandatario colombiano, cuyo portal de entrada queda a pocos minutos en automóvil del casco urbano de Montería.

Clodomiro fue uno de los testigos y fuentes de información para la enjundiosa investigación de Cepeda y Rojas.

Había hecho denuncias e instaurado acciones judiciales contra William Zalleg, director del periódico local “El Meridiano de Córdoba”, cuyas páginas son la “prueba reina” que tantos buscan.

“Era uno de los periodistas críticos que denunció incansablemente el vínculo entre personas del poder político, los ganaderos en Córdoba y Salvatore Mancuso y los grupos paramilitares. Por eso había iniciado acciones jurídicas contra William Zalleg, entre otros. Había denunciado corrupción y nexos entre paramilitares y toda esa gente”, dijo Iván Cepeda a Heavy Metal Colombia.

El periodista radial hacía sus denuncias a través de La Voz de Montería, en el espacio diario entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana, junto con Rafael Gómez, director, y Adolfo Berrocal.

En la Montería de la Seguridad Democrática “nadie se atreve a decir nada. Nosotros somos los únicos”, había dicho Gómez. Además, hace 10 días Clodomiro había publicado una revista. Para Gómez, “lo que hubo fue una condena a muerte” contra Clodomiro, “y el paredón fue su casa”.

Tenía 50 años y cuatro hijos y recibía amenazas hace tiempo.

Había renunciado a la escolta estatal, que tuvo durante dos años hasta 2009. Desde los asesinatos de los candidatos presidenciales Pardo, Galán, Pizarro y Jaramillo sabemos cuán peligrosa es su compañía. “Mi escolta es Jesucristo”, decía. 

Que tu voz se multiplique en nosotros. No nos dejes en paz, Clodomiro.

7 comments marzo 20th, 2010