Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

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Comunidades proponen Comisión de la Verdad

Vanesa Coicué, una niña nasa de 11 años, pereció el 16 de septiembre de 2011 en su propio hogar, en el Norte del Cauca. El ejército y las FARC combatían, literalmente, en el jardín de su casa. Un proyectil relleno de metralla, para hacer el mayor daño posible, estalló a dos metros de la vivienda de madera. Foto Constanza Vieira/ IPS
A la misma hora en que Juan Manuel Santos y las FARC anunciaban desde Bogotá y La Habana el inicio de conversaciones de paz, varias de las comunidades que más han sufrido en Colombia enviaron hoy una carta conjunta al presidente colombiano y a los jefes de las dos guerrillas, las FARC y el ELN.
La misiva proviene del Centro y Norte del Cauca, Chocó, Antioquia, Meta, Putumayo, Caldas y Valle del Cauca.

Las comunidades proponen cinco puntos:

Cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión y participación física en espacios definidos para hacer propuestas, incluida una Comisión de la Verdad.
Además, la satisfacción básica de algunos derechos con base en la redistribución de los recursos que se destinan a la guerra. La idea es también que los recursos de cooperación internacional se destinen, entre otros, a la Comisión de la Verdad.
Finalmente, piden que los acuerdos de paz que se logren sean refrendados en un referendo o mediante una Constituyente.
Esta es la carta.Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de 2012
Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia
Señor TIMOLEÓN JIMÉNEZ Secretariado de las FARC – EP
Señor NICOLÁS BAUTISTA Comité Central ELN
Nos llena de esperanza el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN.
Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia que dan fe de estas graves condiciones que general el conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha significado en costos en vidas humanas, en costos sociales, ambientales y económicos está guerra que va a cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de la Verdad y otras iniciativas compartidas con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y otros que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.
Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de aproximación ya conocidos, y frente a lo que eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de expresión. La persistencia del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar, la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas son razones importantes para que se de un cese al fuego, se posibilite nuestra participación y podamos creer en el proceso. Es fundamental el cumplimiento de aspectos referente a estructuras criminales e igualmente la necesidad de tener acceso ya a medios de información públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y por medios físicos como medio de participación de la sociedad civil, esa expresión es importante, pero imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad política de escucharlas, de discutir y asumirlas en acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto armado.
Requerimos saber de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que nuestras propuestas de habitación, de producción, de Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una redefinición del gasto serán los que propician la viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia. Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.
Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones. La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.

• Asociación campesina agroecológica Huerto Renacer, municipio de Sucre Cauca
• Asociación campesina agroecológica Bien Andante, municipio de Sucre Cauca
• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Argelia Cauca
• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz” san Antonio, Inza Cauca
• Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco Toribio Cauca
• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiando – So Bia Drua – Pueblo Embera
• Zona humanitaria El Castillo, Comunidad de Vida y Paz – CIVIPAZ- Meta
• Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica – ADISPA – Putumayo
• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo
• Zonas de Biodiversidad Grupo Porvenir – Putumayo
• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”- Dabeiba
• Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
• Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya – Valle
• Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam – Valle
• Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA – Trujillo – Valle.
• JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle

Add comment septiembre 4th, 2012

WIKILEAKS: El temor de Uribe a la popularidad de Córdoba

Cómo nos cambia la vida Soldado William Domínguez / Foto tomada de El Espectador

Según análisis del entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo al embajador estadounidense, Piedad Córdoba bien podía ganar la consulta interna del liberalismo y quedar como candidata presidencial. Cable de la embajada estadounidense en Bogotá, fechado el 6 de marzo de 2009. Wikileaks sin censura.

Clasificación: CONFIDENCIAL

Según el embajador William Brownfield, Uribe se enfureció porque Luis Carlos Restrepo aceptó la presencia de los periodistas Jorge Enrique Botero y Daniel Samper Pizano en la liberación de cuatro uniformados el 1 de febrero de 2009 (el soldado William Domínguez, asesinado en Bogotá septiembre de 2011, y los agentes de policía Juan Fernando Galicia, José Walter Lozano y Alexis Torres).

Restrepo incluyó a los periodistas para evitar la posible participación internacional: en la semana del 2 de marzo, Córdoba se reunió con el congresista James McGovern en Washington, para supuestamente hablar de su posible participación en otra liberación de parte de las FARC.

Para Restrepo, si las Farc decidían liberar a más prisioneros, pondrían a Uribe en aprietos. El Comisionado de Paz dijo que el presidente tenía “una reacción visceralmente negativa hacia estos eventos controlados por las FARC y hacia la facilitación de Córdoba, lo que hacía su respuesta a ello algo impredecible”. También rechazaban arduamente las operaciones de liberación Juan Manuel Santos y el comandante del ejército, Padilla.

El gobierno tenía en 2009 un mensajero autorizado con las FARC: Henry Acosta, quien en 1999, siendo alcalde de Chámeza (pueblo del departamento Casanare, al oriente), se asiló porque, dijo, no le quiso entregar el presupuesto de la alcaldía a la guerrilla.

Restrepo salió de su cargo en marzo de 2009 porque Uribe estaba convencido de que la paz no llegaría ni con las Farc ni con el ELN en lo que restaba de su gobierno. En enero, el guerrillero Pablo Catatumbo escribió al mensajero Acosta que Uribe no entendía los gestos de las FARC y reconociendo que con Uribe no habría paz. Poco después, Uribe le revocó a Acosta la autorización para contactar a las FARC.

Restrepo reconoció que con la liberación de un total de seis rehenes a través de Córdoba, las FARC se anotaron un tanto propagandístico a costa del gobierno colombiano, que resultó aún más costoso por los sobrevuelos de las FFMM durante la primera de las tres operaciones de liberación.

Uribe, dijo Restrepo, ya no quería más que Piedad Córdoba participara en liberaciones subsiguientes, pues como resultado de esta labor Córdoba estaba en capacidad de ganar las primarias presidenciales del partido liberal. Una encuesta Gallup mostró a Córdoba liderando, con el 30% del apoyo en su partido. “Restrepo nos dijo que, una vez esté fuera del cargo, planea ser mucho más agresivo en sus críticas contra Córdoba y otros defensores del  diálogo de paz, como amigos de las FARC”.

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“Restrepo lamentó que el ELN también continuara jugando. Dijo que el exmiembro del Comando Central del ELN (COCE), Pacho Galán, convencido de que la lucha armada no tiene futuro en América Latina, está decidido a presionar públicamente al grupo a renunciar a la violencia. Galán, cuyos esfuerzos son financiados por los suecos y la Alcaldía de Medellín, piensa que el modelo tradicional de diálogos de paz con las FARC y el ELN solo ha servido para prolongar la guerra. Restrepo dijo que el gobierno colombiano aspira a explotar los comentarios de Galán para presionar tanto al ELN como a las FARC”.

Link original del cable en Wikileaks:

http://wikileaks.org/cable/2009/03/09BOGOTA768.html

First published on Thu, 1 Sep 2011 23:24 UTC

Reference ID: 09BOGOTA768

SUBJECT: "NO CHANCE" OF FARC PEACE TALKS AS PEACE COMMISSIONER RESTREPO RESIGNS

Add comment septiembre 15th, 2011

Tanto les estorba Claudia Julieta

Claudia Julieta Duque – Foto Constanza Vieira/IPS

La periodista investigativa Claudia Julieta Duque recibió información acerca de que un sector de Inteligencia militar prepara ataques directos en su contra.

Esta es su carta abierta al presidente Juan Manuel Santos (tomada del sitio Facebook de Contravía TV). Santos debe intervenir de inmediato.

Bogotá, 14 de septiembre de 2011

Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Ciudad.

Ref. Llamado urgente de intervención para prevenir posibles atentados contra la periodista Claudia Julieta Duque

Respetado señor Presidente,

Reciba un atento saludo. Soy una periodista defensora de derechos humanos especializada en investigación de temas sensibles en el país y como tal he sido amenazada y perseguida por el Estado colombiano desde el año 2001, razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares desde noviembre de 2009 y recibo atención del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior desde enero de 2004.

Entre las labores más conocidas que he realizado figuran la investigación por el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero en agosto de 1999, del también periodista Clodomiro Castilla en 2010, mis denuncias respecto a la conformación de una empresa criminal al interior del DAS para el espionaje y persecución de defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas, sindicalistas y líderes de la oposición siguiendo las directrices de la Casa de Nariño, para entonces en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Como es bien sabido, he sido una de las principales víctimas de ese organismo de inteligencia, que incluso llegó a elaborar un memorando para la ejecución de acciones de tortura psicológica en contra mía y de mi hija. Según reposa en los expedientes judiciales, dicha persecución en contra de miembros la sociedad civil tuvo también la participación de las demás agencias de inteligencia del Estado y de la llamada Junta de Inteligencia Conjunta (JIC).

Recientemente fui coautora de un artículo publicado en primera página de The Washington Post, titulado “Ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia”, que como es de público conocimiento causó diferentes reacciones y ataques en contra de sus autores, pese a lo cual su contenido hasta la fecha no ha sido desvirtuado. De igual manera he publicado dos artículos en el quincenario Un Pasquín respecto a periodistas y columnistas de opinión que figuran como corresponsales del líder de las AUC Carlos Castaño, y que según la USB que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación habrían sobrepasado la línea profesional en sus relaciones con la comandancia del paramilitarismo.

Tales publicaciones han generado una fuerte reacción en contra mía, a tal punto que he sido calificada como “activista de extrema izquierda” por parte de un columnista de opinión, mientras otro ha dicho en redes sociales que mis artículos son escritos por el secretariado de las FARC, aseveraciones respecto a las cuales mis abogados estudian eventuales acciones legales.

En días pasados fui informada por una fuente de altísima credibilidad y posicionamiento en la sociedad, cuyo nombre me reservo por razones de estricta seguridad, que desde Inteligencia Militar o sectores de la misma se han impartido órdenes y se estarían fraguando eventuales operativos para realizar ataques directos en mi contra.

Por lo anterior, y haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, me permito solicitarle muy respetuosamente se sirva intervenir ante sus subalternos en las fuerzas militares para que se desactive cualquier plan dirigido a atentar contra mi integridad física, así como acciones de seguimiento, inteligencia, desprestigio o de judicialización infundados (montajes) que hayan podido ser puestos en marcha.

Por medio de la presente, responsabilizo al Estado colombiano por la materialización de cualquier ataque que se llegare a producir en contra mía o de cualquier miembro de mi familia, no sólo por las posibles omisiones en que se incurriera sino por la participación directa que pudiera existir de organismos de inteligencia del Estado en estos planes criminales. Confío en su eficaz intervención para que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier atentado en contra mía o de mi familia tanto ahora como hacia futuro.

Recibiré notificaciones en la calle 16 No.6-66 Piso 25, sede de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que actúa como mi representante legal ante diferentes instancias nacionales e internacionales.

Atentamente,

CLAUDIA JULIETA DUQUE ORREGO
Periodista C.C.42.097.329 de Pereira

c.c. General Alejandro Navas, Comandante de las Fuerzas Militares Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República Dra. Vivianne Morales, Fiscal General de la Nación Dr. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación Dr. Christian Salazar, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Dr. Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Brigadas Internacionales de Paz – Colombia, Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos

Add comment septiembre 14th, 2011

El turno de Caracol Radio

“Se les dijo. Se les advirtió”, decían unos cómicos radiales cuando yo estaba chiquita, hace ya varias generaciones. Pero como estos colegas míos no atienden las admoniciones respecto al terreno minado que es el cubrimiento del conflicto armado, pues uno de ellos cayó en la trampa. Igual que en su momento se la tendieron a La Silla Vacía, cuando Piedad Córdoba viajó a Buenos Aires a una importante reunión por la paz de Colombia.

Se les dijo y se les advirtió: vienen hechos de paz importantes. Ojo avizor con los montajes y las maniobras de distracción de los servicios de inteligencia que, vaya usted a saber por qué diablos, le temen tanto a las palabrejas “paz” y “solución política”.

Palabrejas que, precisamente, fueron las protagonistas en el Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia, realizado en Barrancabermeja del 12 al 14 de agosto.

Asistieron 25 mil personas, llegadas con un enorme esfuerzo logístico desde todos los rincones donde la guerra es de verdad, y no como en las películas, donde se acaba en hora y media mientras uno se come las crispetas y la sangre ni lo salpica a uno.

Pues hete aquí que, muy de mañanita el viernes, primer día de esa impresionante reunión que yo cubrí para IPS Noticias, Caracol Radio salió con la primicia de unas conversaciones interceptadas a “cabecillas de las FARC”, que trascribo debajo junto con el link al sonido.

Advierto que en Barrancabermeja hablé con uno de los interlocutores cuya conversación fue interceptada.

David Martínez es desplazado dos veces, por lo cual vive hoy en Villavicencio. Es vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, y presidente de una asociación campesina de la región del alto Ariari, Meta, denominada Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de El Castillo.

Uno de sus celulares le fue entregado a Martínez por el Ministerio del Interior, y el hombre tiene mucha curiosidad por saber si es ése el aparato que le están interceptando.

Dice que las voces están un poco distorsionadas, pero que uno de los que allí habla sí es él. De la otra conversación, dice reconocer a un indígena, cuyo nombre no recuerda.

Por haberlo entrevistado en Barrancabermeja, estoy en capacidad de afirmar que la que he marcado en la trascripción como “Voz 4” es la de David Martínez, a quien presento públicamente mi solidaridad.

También advierto que conocí en Codhes, durante una rueda de prensa, a varias personas de la Coordinación Nacional de Desplazados (CND). Caracol Radio ha lanzado al aire, sin verificar, el nombre de una organización legal, vinculándola con la guerrilla. Seguro que no quedará difícil conseguirle a Caracol Radio teléfonos de los miembros de la junta directiva de la CND, todos líderes muy capaces que, lamentablemente, han visto sus vidas alteradas en materia grave por la guerra que algunos no quieren que termine.

La noticia que transcribo a continuación tiene esta noche de lunes festivo, en la página web de Caracol Radio, el título de “Encuentro Nacional de Paz niega infiltración de las Farc”. Es un buen comienzo para la rectificación que esperamos, de parte del estimado colega que metió las de caminar. Lo que dice él es lo irregular, en esta historia. La foto de David Martínez que acompaña esta nota no la tomé yo, ni es la mejor. Pero es un mensaje para este colega y para los demás: recordemos que nuestra labor, mal hecha, genera sufrimiento injusto.

FIEL TRASCRIPCIÓN

VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2011

Periodista:

“8 de la mañana 13 minutos. Caracol Radio tuvo, como revelamos muy temprano, acceso a cuatro interceptaciones de las FARC, realizadas entre el 20 de julio y el 2 de agosto de este año, entre un presunto cabecilla del comando conjunto de ese grupo guerrillero, hablando con uno de sus compañeros sobre cómo infiltrar el Encuentro Nacional de Paz que se realiza a partir de hoy en Barrancabermeja, y que va hasta el próximo 15 de agosto (en realidad hasta el 14). En una de estas conversaciones, los dos integrantes de las FARC hablan de toda la logística para el evento. Dicen que todo está dispuesto pero que hay dudas en las fechas.”

Voz 1:

Hay una preguntica. ¿Exactamente para cuándo es que se necesitan las delegaciones para… para lo de…

Voz 2:

¿Lo de Barranca?

Voz 1:

Lo de Barranca, sí.

Voz 2:

Eso están…tienen que estar ahí del 10 al 12, allá. O sea, tendremos que estar viajando el 13. Eeee el 11.

Voz 1:

¿El 11? Quiere decir, ¿es del 12 al 15 de agosto?

Voz 2:

Es el evento, sí. Allá.

Voz 1:

Por ahí hicimos ya todo lo que fue la… como la ¿que? La … ehhh. Lo de costos, y toda esa vaina, que estuvimos averiguando allá en la empresa y todo.

Periodista:

“En otro diálogo conocido por Caracol Radio, se reporta por uno de los aparentes guerrilleros lo que se ha hecho para el evento, al que se llevarán varias personas que hay que desplazar y alimentar. Llegarían de Santander, de Bolívar, de Norte de Santander, de Arauca, de Tolima, de Huila y del Cauca”.

Voz 3:

Pues bien hermano, estoy precisamente por aquí… Estaba en este momento pensando en usted.

Voz 4:

Já, já.

Voz 3:

Sí, porque es que estoy aquí. Estoy aquí, estamos en la asamblea nacional de la CND, la Coordinación Nacional de Desplazados y precisamente tiene la palabra el compañero que está ayudando a coordinar el encuentro de Barranca.

Voz 4:

Estamos precisamente en eso.

Voz 3:

Ajá. Aaaaah, bueno, listo, listo.

Voz 4:

Entonces yo necesitaba precisamente hablar con ustedes, cómo andamos ahí.

Voz 3:

No, pues de acuerdo a lo que estuvimos tratando, entonces pues de todas maneras echar eso adelante, ese, ese, ese ambiente.

Periodista:

Así mismo, en las conversaciones las FARC intervendrían en este evento con una ponencia sobre la tierra, el territorio, la lucha por los recursos naturales y la experiencia que ha tenido la organización. Estas y otras comunicaciones conocidas por Caracol Radio están siendo analizadas por las autoridades para evitar la llegada de guerrilleros a Barrancabermeja.

http://www.caracol.com.co/oir.aspx?id=1530434

1 comment agosto 16th, 2011

La película que se necesita

Fotograma de “Impunity”, de Hollman Morris y Juan José Lozano. Cortesía Contravía

Michael Reed es director adjunto en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés. Heavy Metal Colombia lo entrevistó en la premier de “Impunity” en Colombia, el pasado 20 de junio.  El documental, de 85 minutos, es codirigido por el perseguido periodista colombiano Hollman Morris, reciente becario Nieman de la Universidad de Harvard, y por Juan José Lozano, colombo-suizo y radicado en Ginebra.

El asunto es que, en sus investigaciones sobre graves crímenes sistemáticos y generalizados, la Fiscalía está haciendo fotogramas de la matanza paramilitar, cuando lo que se necesita es, justamente, una película. La película que la Fiscalía debe ver. Mientras tanto, veremos “Impunity”.

Heavy Metal Colombia:¿De qué manera apoyó el ICTJ a “Impunity”?

Michael Reed: A través de unos fondos de la cooperación canadiense se creó el capital semilla para arrancar, principalmente, en un tema específico, que tenía que ver con las exhumaciones que se estaban adelantando en el marco de (la jurisdicción de) Justicia y Paz. El proceso fue creciendo y Hollman  Morris y Juan Lozano decidieron hacer un mayor enfoque sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la impunidad desde la perspectiva de las víctimas.

HMC: ¿Quién es Juan Lozano?

MR: Juan Lozano es un joven documentalista colombiano. Estudió y trabajó en Colombia y ahora se encuentra radicado en Ginebra y está haciendo proyectos documentales desde allá.

HMC: ¿Han enfrentado obstáculos para difundir el documental en Colombia?

MR: Por lo pronto la película ha sido presentada en el exterior. Ha sido conocida en festivales en Toulouse y en La Haya, y en el Festival de Derechos Humanos de  Human Rights Watch. A partir de esta presentación en Bogotá, que para Hollman y Juan era muy simbólica, queremos ver justamente el interés comercial que pueda existir.

En el ICTJ estamos convencidos de  que esta es una película que todo el mundo puede ver  y que todo el mundo debe ver. No es una película árida y justamente habla sobre derechos humanos, sobre impunidad y, principalmente, sobre el sufrimiento de las víctimas para lograr justicia en sus casos. No es una película para hacer dinero. Esta es una película de las víctimas y dirigida a la sociedad colombiana.

Como ICTJ la apoyamos, porque estamos convencidos de que la atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Estamos convencidos de que la atrocidad tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también.

HMC: ¿Cree que el tema de la película es desconocido para los colombianos?

MR: Desafortunadamente creo que sí. O quizá no desconocido, pero sí bloqueado: es mucho más cómodo no saber o ignorar. Esta película pone las cifras de impunidad, las cifras de los muertos en una dimensión netamente humana, en donde se despierta la sensibilidad.

Estamos convencidos de que hay cierto agotamiento en Colombia en donde la negación empieza a ser una negación implicatoria, interpretativa. Es mejor no saber. O sí, yo soy consciente de eso, pero no quiero quedarme en el sufrimiento de las víctimas.

HMC: El documental hace un punto muy importante en la extradición de alias “HH” como la última esperanza de la verdad. ¿Qué queda sobre el tapete en Colombia en materia de justicia y de verdad sobre los crímenes de los paramilitares, una vez que se ha ido “HH”?

MR: La justicia, primero que todo, no puede ser objeto de solo confesiones. La justicia es, principalmente, un ejercicio de contradicción y de investigación autónoma independiente. Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos, lo cierto es que los casos no pueden proceder con solo confesiones. Tiene que haber una investigación independiente que señale las rutas.

Lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las ONG de derechos humanos y de las propias víctimas. Lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones.

Pero, la Fiscalía no puede depender de la voluntariedad de unos señores, tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales.

HMC: Otra inquietud que toca el documental es el momento en que sacan a la prensa: cuando los paramilitares empiezan a mencionar ciertos nombres. ¿Qué curso tienen en la justicia colombiana esas denuncias con nombre propio?

MR: El procedimiento está reglado. En principio, el paramilitar que está confesando los actos criminales de otros debe hacerlo bajo gravedad de juramento. Esa prueba es trasladada posteriormente a quien se considera el competente y debe seguir su curso. Un punto muy importante es, justamente, aprovechar la instancia procesal -en donde confiesa-, tomarla como declaración juramentada para que se vuelva prueba.

Pero esto solo no puede marchar ni avanzar. Requiere, en efecto, de la debida diligencia de toda la Fiscalía (General de la Nación). El proceso de Justicia y Paz no puede ser un fin en sí mismo. Su valor está, justamente, en que es un medio para promover investigaciones que han estado muertas durante años o décadas en el país.

HMC: ¿El ICTJ considera que ha habido “debida diligencia” por parte de la Fiscalía?

MR: La diligencia se tiene que medir y determinar en todos los casos y en cada uno de los casos. Lo cierto es: el proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada esclareciendo hechos.

Lo que pedimos como ICTJ es, justamente, ver una película, una perspectiva estratégica, en donde lo que se investiga es la maquinaria criminal, los crímenes de sistema. Esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas.

Es ahí en donde la Fiscalía está fallando.

Es muy importante el esclarecimiento de un homicidio, de 10 homicidios. Muy importante poder devolverle los restos a una familia. Pero, eso solo ayuda en lo micro, no contribuye realmente a develar la maquinaria criminal que ha estado instalada y que sigue instalada en el país.

HMC: Y eso, ¿qué salida tiene?

MR: Requiere, justamente, la diligencia debida. Aplicar métodos de investigación que difieren de los tradicionales de la escena del crimen; requiere comprender cuál es el universo de crímenes que debe esclarecerse; y plantear hipótesis plausibles de investigación que cobijen a todos, y sobre todo a los máximos responsables, que no son necesariamente quienes han confesado y quienes se han desmovilizado.

Add comment junio 28th, 2011

“Los seguimos esperando”

Las madres y padres de los desaparecidos del Palacio de Justicia que han fallecido en estos 25 años y cinco meses son María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra de Castiblanco, Rosalbina León, el exjuez Enrique Rodríguez Hernández y, hace unos días, Elvira Forero.

Todos ellos murieron esperando a sus hijos. Y esperando una noticia como la de este viernes 29 de abril:

El general Jesús Armando Arias Cabrales, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, fue condenado este viernes a 35 años de prisión, por la desaparición forzada de 11 personas en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La condena incluye 20 años de interdicción de funciones públicas.

La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, dispuso también que se investigue por falso testimonio y fraude procesal al general José Ignacio Posada; al coronel, hoy retirado, Ariel Guillermo Valdés; y al ex militar Gustavo Alonso Velásquez, todos de la Brigada VII en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para la época de los hechos. También el escolta, ayudante y radio operador de Arias, el sargento (r) Luis Armando Suárez.

Todos intentaron infructuosamente desmentir al exmilitar de la Brigada VII Edgar Villamizar, quien no asistió al juicio por grave riesgo de su vida. Villamizar declaró haber sido testigo de las desapariciones forzadas.

También el abogado Pedro Capacho Pabón tendrá que responder por fraude procesal por el mismo intento.

El general Posada era comandante de la Brigada VII. Mintió al declarar que su unidad no envió tropas a Bogotá para la retoma del Palacio.

El exmilitar Velásquez, a instancias del abogado Capacho, afirmó que Villamizar no se encontraba en Bogotá durante la batalla por el Palacio de Justicia.

A Posada lo contradijo en noviembre de 2009 el propio general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985 y quien reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma.

La sentencia contra Arias Cabrales ordena, además, que la Fiscalía General de la Nación investigue  la desaparición forzada de Luis Otero Cifuentes, comandante militar de la toma del Palacio de Justicia cometida por el extinto M-19.

Para la época, Arias Cabrales era Comandante de la XIII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Fue quien ejerció el mando de la operación de retoma del Palacio de Justicia.

Su subalterno directo, el entonces teniente y posteriormente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, resultó condenado en junio de 2010 a 30 años de cárcel por los mismos hechos.

En las radiocomunicaciones internas del ejército durante la retoma del Palacio, Arias Cabrales usó la identificación de “Arcano 6”. Las grabaciones conocidas de esas comunicaciones evidencian las órdenes de llevar a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Arias emitió órdenes para cambiar y desaparecer las evidencias, incluyendo sacar las armas del Palacio una vez derrotada la guerrilla. Las grabaciones demuestran que también se dio orden de remover los cuerpos.

La sentencia contra Arias Cabrales se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial, en abril de 1998, del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba la representación de todas las víctimas. Su asesinato sigue impune.

Al comentar el fallo contra Cabrales, los abogados actuales de las víctimas, Germán Romero y Jorge Molano, reivindicaron su memoria.

Arias Cabrales “es el primer general condenado por por el delito de desaparición forzada de personas”, destacó el abogado Germán Romero, quien representa a algunas familias de las víctimas. Romero ve en la sentencia “un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, de que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos”.

La expectativa ahora es a dónde trasladan a Arias Cabrales a pagar su condena.

El coronel (r) Plazas Vega debería estar preso en una cárcel civil. Sin embargo, permanece recluido en una guarnición militar al norte de Bogotá, en contravía de lo que ordenó expresa y reiteradamente la juez María Stella Jara, a cargo de su sentencia.

Ante este hecho, el abogado Jorge Molano declaró que “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios”.

A instancias del entonces fiscal general Mario Iguarán, la fiscal delegada Ángela María Buitrago desenterró a finales de 2005 el proceso del Palacio de Justicia.

Tras lograr la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, el 1 de septiembre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a Arias Cabrales y a los también generales, hoy retirados, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica.

Este caso trata del asesinato del jurista auxiliar Carlos Horacio Urán, pues existe un video que lo muestra cuando sale vivo del Palacio de Justicia.

El 2 de septiembre Buitrago fue destituida por el sucesor de Iguarán, Guillermo Mendoza. Por su parte, la juez María Stella Jara tuvo que asilarse con su familia durante varios meses en Alemania, debido a amenazas de muerte por su fallo contra Plazas Vega. No son, ni mucho menos, las únicas amenazas en el caso Palacio de Justicia.

Add comment abril 30th, 2011

¿Operación Silla?

Piedad Córdoba Foto: Patria GrandeLa dirigente liberal Piedad Córdoba y el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz completaron por sus gestiones, esta semana que pasó, 19 rehenes y prisioneros de guerra liberados por la guerrilla de las FARC. Y, desde este lunes, emprenden en Buenos Aires un encuentro internacional que analizará las opciones de paz en el país con más desplazados y refugiados en el mundo.

En ese encuentro exponen, entre otros internacionales, el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex director mundial de UNESCO Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Participan activamente altos funcionarios del gobierno argentino y parlamentarios de México y Uruguay. También el Premio Nóbel Alternativo Juan Garcés, juez que abrió las puertas a la justicia transnacional y, con ello, a que Pinochet pudiera ser juzgado por Baltasar Garzón; e intelectuales peso-pesado como Atilio Borón, entre muchos otros.

Los prolegómenos de tamaña reunión, que propone explorar ya mismo, y de forma coherente, vías de aproximación política tanto para diálogos estratégicos de paz como para el legítimo objetivo de humanizar la guerra colombiana, fueron acompañados desde Colombia de un extraño estertor.

En la operación humanitaria que culminó el miércoles 16 pasó algo raro. La liberación de dos uniformados, incluido un mayor de la Policía que fue capturado fuera de combate, debió haber sido el domingo 13.

Extrañamente –una no sabe de estas cosas, pero el año pasado me enteré de que las coordenadas se miden distinto según el país de origen de los GPS- hubo una mala interpretación de las coordenadas que proporcionaron las FARC a la Misión Humanitaria liderada por el CICR y Piedad Córdoba, y que se transportaba en helicópteros prestados por el gobierno de Brasil…

…O las FARC dieron coordenadas erradas. O hubo obstáculos de terreno, de clima, de realidad militar, que impidieron que la guerrilla cumpliera la cita el domingo puntualmente. O todas las anteriores y aún más: mala fe, burla al país, como interpretó el gobierno a través de la persona a cargo de temas de paz, Eduardo Pizarro…

…O se trató de que la operación fue usada por la guerrilla para sacar a su jefe, “Alfonso Cano”, por un huequito de un supuesto cerco militar. Los medios divulgaron obedientemente esta versión, remitiéndose a fuentes de inteligencia militar que nunca fueron identificadas ni contrastadas. Los comentaristas –los inocentes y los que no lo son tanto- tuvieron abierto el camino para atribuir la supuesta huida de Cano al cese de hostilidades de varias horas, que fue pactado para llevar a cabo la liberación, cese igualito al que se ha fijado en todas las liberaciones anteriores.

Yo no descarto que a Cano le vayan a dar cacería algún día, a diferencia de su antecesor, Manuel Marulanda. No es, sin embargo, el tema de este escrito.

Lo que quiero abordar es esta operación -¿qué nombre le ponemos? ¿Operación Silla?-, de distracción, mediante la cual, en los hechos, se está ambientando el encuentro de Buenos Aires.

Fase 1

El primer rumor se deslizó cuando no bien terminaba la operación de liberación del miércoles.

Los helicópteros enviados por el gobierno de Dilma Roussef apenas apagaban sus rotores cuando surgió el absurdo de que Cano vive en Brasil. Tal era, pues, la explicación de por qué  el ejército colombiano no ha podido mostrarlo aún como trofeo, vivo o muerto. Este rumor no prosperó. Ni siquiera cuando se hizo eco de él el fallido heredero de la “Casa de Nari”, como solían llamar los narcos a la sede presidencial en la administración de Álvaro Uribe.

Fase 2

Entonces, siguió la fase siguiente, más atrevida.

Hacia el mediodía del viernes 18 apareció un mensaje de twitter del presentador de TV  y periodista deportivo Ricardo Orrego, anunciando la muerte de Alfonso Cano.

El portal de periodismo independiente La Silla Vacía, dirigido por la periodista Juanita León, no se desprendió de la noticia. Poco después de las 6 p.m. lanzó la “exclusiva” que confirmaba la muerte de Cano.

Quizá por la precipitación, el texto hacía aseveraciones absurdas como que Cano había hecho votos de obediencia y pobreza; dudosas, como que al entrar a las FARC en los inicios de los 80s había sido “mediador” entre las concepciones de los dos máximos jefes, Marulanda y Jacobo Arenas (que en realidad trabajaban al unísono desde la fundación de las FARC en 1964); contraevidentes, como que Cano había sido el artífice de la expansión de las FARC en el gobierno de Belisario Betancur (cuando en los años 80 no hubo expansión de las FARC sino por el contrario un fuerte estancamiento, según analistas militares a quienes escucho con atención).

A pesar de estos elementos, que mostraban desconocimiento del tema, Juanita y su magnífico portal me hicieron dudar: por su experticia personal en este oficio; y por la valentía y el buen periodismo que ha demostrado La Silla Vacía.

Y eso que, más temprano, para mí el asunto había quedado cancelado cuando la colega especializada en asuntos militares, Yineth Bedoya, de El Tiempo, advirtió por Twitter al atardecer que la noticia no era cierta. La Policía desmintió poco después, también por Twitter.

Aun así, por unas horas en la noche del viernes, cuando Bogotá estaba de rumba, los periodistas discutíamos febrilmente si la versión era cierta.

Mientras, otra vez, el odio se desbocó en Twitter. Y esa resultó ser la clave.

Incluso personajes públicos y respetables que actúan dentro de la ley y, por lo tanto, deben tener clara la diferencia diametral entre venganza y Justicia, con epítetos provocadores contribuyeron a azuzar el festín de sangre anticipado – una micosis que dejó implantada la Era Uribe.

La presidencia no desmintió públicamente a La Silla, pero sí por teléfono. “Nuestras fuentes se mantienen, pero Presidencia desmiente”, twitteó La Silla hacia las 11 pm.

Y todo esto, a pesar de que desde la tarde el periodista Ricardo Orrego estaba advirtiendo por Twitter: “Amigos twitteros YO NO ESCRIBI LO DE CANO… Mi cuenta la cancelo en este instante. Ese tipo de rumores no son mi estilo”. “Hoy chequeé mi cuenta y vi seguidores sin nombres… Sólo claves… Mi cuenta la está manipulando alguien más”. “A partir de este momento no escribo ningún tipo de información. Yo en la tarde he informado sobre el caso América de Cali”, “que corresponde a mi área de trabajo… Sobre Cano yo no me he referido… Quiero excusarme, pero alguien me metió en este lío”. “Repito. No escribí nada referente a Alfonso Cano y mi twitter ya no será más este”. “Es muy delicado salir a confirmar una noticia de esta magnitud…”

Es decir, pareciera que para poder medir la sed de sangre de los colombianos, mediante un delincuente informático alguien desató la noticia falsa sobre la muerte de Cano. Resultó un éxito.

La mañana del sábado nadie podía contradecir al comandante general de las Fuerzas Militares, general Edgar Cely, cuando habló por Caracol Radio. El militar se refirió al entusiasmo de las redes sociales apenas circuló la información sobre la muerte del jefe de las FARC. Lo que demuestra, dijo el general, que Cano “es el delincuente que más quieren ver muerto los colombianos”.

Así que este es el ruido de fondo que acompaña las vísperas del Encuentro de Buenos Aires por la paz en Colombia.

Add comment febrero 19th, 2011

Si esas palabras fueran un puente…

…yo, en el lugar de ustedes, no pasaría por él.

Me refiero a las contundentes declaraciones de funcionarios colombianos, encabezados por el presidente Álvaro Uribe, y que afirman que no. Que el gobierno de Uribe no espió a Rafael Correa.

Como suele suceder por acá desde hace unos años, los funcionarios se tornan más amenazantes mientras más evidencias surgen de que están mintiendo. La cosa ya va en que quien diga que sí hubo espionaje contra Ecuador es porque tiene oscuros intereses y busca que no se restablezcan las relaciones entre Bogotá y Quito.

Es precisamente sobre ese formato de sospecha que el DAS suele designar los “blancos” de sus acciones criminales, como ha quedado en evidencia en los casos de magistrados de las Cortes, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas. Que conste: escribo en presente.

Mentiras que sí: el guerrillero Rodrigo Granda no fue secuestrado en Caracas sino capturado en Cúcuta.

El bombardeo al campamento de Raúl Reyes no fue una operación cuidadosamente planeada para abortar negociaciones internacionales con las FARC sino resultado de una persecusión en caliente.

En la Operación Jaque no se violaron los convenios de Ginebra ni la neutralidad de la Cruz Roja, como recuerda en esta videopastilla para la memoria mi amigo Vladdo.

Aparecen como actores Álvaro Uribe y el general Mario Montoya, hoy retirado y embajador en República Dominicana. Ambos hablan en el show televisado en la noche de la exitosa e incruenta Operación Jaque. La rescatada Ingrid Betancourt se prestó para la mentira, así como algunos de los uniformados liberados. Dejo constancia aunque la crítica no es contra ellos, que tantos años tuvieron que pasar en la selva.

Add comment julio 1st, 2010

Lágrimas de Vick Vaporub

Jun2310 Ivan Cepeda

Perdón habían pedido también, con lágrimas y todo, las abogadas que representaron al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas.

Hasta último momento alegaron y negaron todo lo que pudieron, pues para eso les pagan (con mis impuestos). Inopinadamente un día se presentaron ante el Tribunal de luto completo; reconocieron la responsabilidad del Estado en este asesinato cometido por militares y paramilitares en agosto de 1994, y lloraron y pidieron perdón. No eran lágrimas de Vick Vaporub. Eran lágrimas reales, me contó alguien que presenció la escena en San José de Costa Rica, sede de la Corte.

El objetivo era que la Corte aceptara como suficiente esa escena de contrición. Por el contrario, el Tribunal dispuso que, antes de un año, el Estado deberá realizar en Colombia un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

“En aras de crear conciencia sobre las consecuencias de los hechos del presente caso dicho acto o evento de reconocimiento deberá ser realizado en el Congreso de la República de Colombia, o en un recinto público prominente, con la presencia de miembros de las dos cámaras, así como de las más altas autoridades del Estado”, se lee en la histórica sentencia, la primera sobre la Unión Patriótica, el partido político que fue vencido a plomo.

Así que la estrategia del llanto no sirvió, y el domingo el máximo representante del Estado colombiano (como se ha vuelto costumbre en lo doméstico) arengó contra el fallo judicial publicado el miércoles. El presidente Álvaro Uribe se negó a reconocer que el Estado sea responsable de la muerte de Manuel Cepeda, como lo ha fallado el máximo tribunal del hemisferio occidental.

Uribe expresó: “Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo sí que puedo decir es que los asesinaron, y que eso es muy grave, y que eso no se puede repetir. Y hoy pido perdón”.

El hijo de Manuel, Iván Cepeda Castro (foto), le devolvió el desprecio por el fallo de la Corte. Comparto una entrevista radial y la carta abierta que él y su apoderado le enviaron a Uribe.

+ Audio: Iván Cepeda en entrevista de ContagioRadio.com

+ Carta abierta, con fecha lunes 28, de Iván Cepeda y el abogado de la parte civil, Rafael Barrios:

Señor Presidente de la República:

A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.

1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP”[1].

Con  su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.

2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.

3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.

4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: “No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones”; “no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos”; “yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio”[2].

Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).

A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal. La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.

Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara

Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Rafael Barrios Mendivil

Presidente

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Copia:

- Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos


[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 124.

[2] El Tiempo, “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda, pero hoy pido perdón: Uribe”, 24 de junio de 2010.

1 comment junio 28th, 2010

Al exilio, la jueza que condenó al coronel Plazas Vega

La jueza que firma esta orden se exilió el martes, cercada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad.

Fue ella quien dispuso este mes una sentencia de 30 años de prisión para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de una docena de sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Tras 24 años y siete meses de impunidad, ella se atrevió. Es la pionera. El gobierno saliente blandió contra esta jueza serena y seria su enorme capacidad de intimidación. Un buen resumen de las agresiones a la justicia, con motivo de su fallo, se publica al pie. Es una solicitud de rectificación pública que las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le dirigieron al Ejecutivo. Aún no hay respuesta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar y reclamar que sobre María Stella Jara pesan medidas cautelares. Clamó también la ONU. Y, a su manera, clamó el Departamento de Estado: publicó documentos clasificados que no dejan bien parado a Plazas.

Para eludir la cárcel, Plazas Vega se mudó a vivir desde septiembre al Hospital Militar, en Bogotá, donde la jefa de Psiquiatría lo recibió con efusivo abrazo. El oficial retirado no volvió al juicio presidido por Jara. Dijo que no la reconocía como juez suya y presentó un dictamen del Hospital, que sostenía que padecía una crisis de nervios.El concepto de Medicina Legal, que establecía que Plazas no tenía ningún impedimento físico ni mental para acudir a las audiencias, nunca fue acatado. Tampoco ahora, cuando la jueza Jara dispuso que el ex militar debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario y en ello la respalda la autoridad médica forense.

A las familias de los desaparecidos del Palacio les indigna que Plazas continúe en el Hospital Militar, en lugar de comenzar a pagar su sanción en una cárcel. “Definitivamente, luchar contra el poder de todo un Estado es tarea de quijotes”, escribe René Guarín, hermano de Cristina.

A Cristina Guarín se la ve en un video salir, en esas horas aciagas, en hombros de un militar que la rescata y la salva del Palacio sitiado. Nunca más se supo de Cristina y desde entonces, el ingeniero René no conoce la paz.

“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles y no podemos claudicar”, recibe Guarín una respuesta. Es Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudiante desaparecido en Antioquia el 3 de octubre de 1984.

4.428 días después, doña Fabiola recuperó los restos de su hijo. A pesar de todo.

“Toca estar ahí todos los días, insistiendo y persistiendo. Soportando persecuciones, atropellos, montajes y adversidades de toda índole”, escribe a René Guarín esta decana Dolorosa.

“No importa mucho que Plazas Vega siga en el Hospital Militar”, lo tranquiliza. “Lo que verdaderamente cuenta, en este momento, es la condena, después de 25 años de negar siempre la responsabilidad de los militares y, especialmente, la de Plazas Vega, por los desaparecidos de la cafetería que salieron con vida”.

Bogotá, 16 de Junio de 2010

Doctor

Carlos Franco Echavarría

Programa Presidencial de Derechos Humanos

Director

Doctora

Margarita Rey

Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería

Directora

Ref: Solicitud de rectificación pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus declaraciones sobre la condena a uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares.

Saludo cordial

Como es de su conocimiento, el pasado 9 de junio la juez Tercera Especializada de Bogotá profirió condena contra el  coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada agravada de nuestros familiares: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda.

La sentencia fue proferida por la Juez luego de realizar un análisis en derecho de los cientos de pruebas practicadas y aportadas debidamente en la etapa de investigación y juicio, las que fueron controvertidas por los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Estos elementos de convicción llevaron a la Juez a concluir sobre la responsabilidad del  coronel Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada agravada.

La investigación y posterior juicio en contra del coronel retirado se circunscribe a determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros familiares, quienes conforme a la prueba que obra dentro del proceso, salieron con vida de las instalaciones del Palacio, bajo la custodia de miembros del Ejército Nacional. Hoy, luego de más de 24 años, desconocemos su paradero. Ni la sentencia, ni nuestras exigencias de derechos han pretendido hacer una tacha a las Fuerzas Militares, sino que se han dirigido, en derecho, desde las pruebas valoradas en sana crítica, a dictar una sentencia que se debe interpretar como un llamado a depurar las Fuerzas Armadas de violadores a los derechos humanos.

Sin embargo, en los días previos y posteriores a que la sentencia fuera proferida, altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, realizaron manifestaciones públicas de rechazo a la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

El 8 de junio, dos días antes que el fallo fuera proferido, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sostuvo ante medios de información que esperaba que se acabara la “justicia espectáculo” contra oficiales como el  coronel Alfonso Plazas y los otros militares investigados. Afirmó además ser amigo personal del coronel, a quien le ha facilitado toda la solidaridad y acompañamiento institucional. Afirmó: “Hemos dicho que hay que acabar con la justicia espectáculo en el caso del coronel Plazas y de los demás uniformados afectados por procesos de esa naturaleza”[1].

El 10 de junio, conocido el contenido de la sentencia, el presidente Álvaro Uribe, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior y de Justicia manifestaron públicamente su rechazo a la decisión proferida por la rama judicial.

El primer mandatario, en un comunicado público proferido por la Presidencia de la República y ampliamente difundido por los medios de información, señaló que el fallo era un abuso y un desestímulo para a fuerza pública: “Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública. Registro con tristeza hoy un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado”[2].

Señaló además que la solicitud de investigación en contra de ex presidente Belisario Betancur es un abuso y una falta de conocimiento de los hechos. “…(t)odos sabemos de su patriotismo, de su buena fe. El patriotismo y la buena fe excluyen el dolo. Sin dolo no hay delito”.

Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares activos [3] hicieron público un comunicado de 5 puntos en el que expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial, manifiestan su solidaridad con el ex oficial, “esperan que la defensa del coronel (r) Plazas Vega pueda exponer sus criterios probatorios en las instancias procesales a seguir” y exhortan a los todos los miembros de la fuerza pública “a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”[4].

Por su parte, el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en declaración dada a los medios de comunicación, puso en duda la desaparición de personas en los hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia. “Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio. Mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos”. Además, controvirtió la decisión judicial al señalar que con ella se quiere condenar la legitimidad del Estado.

Finalmente, en horas de la noche, en una alocución en televisión difundida en canales públicos y privados, el Presidente, acompañado del Ministro de Defensa y rodeado de altos mandos de la fuerza pública, se dirigió al país para condenar, nuevamente, el fallo contra el ex alto militar. Luego de sostener que habían estado reunidos analizando la decisión de la justicia contra el señor coronel en uso de retiro expresó, entre otros aspectos, que: “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”[5].

El Presidente, además, creó una simetría entre nuestros familiares desaparecidos y nuestras familias que hemos sido víctimas de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y los responsables de estos crímenes, a quienes calificó de “víctimas”, al decir que “la forma de apoyar a las víctimas no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”.

Estas manifestaciones muestran un irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un proceso contradictorio dotado de las garantías procesales correspondientes. Son además una indebida injerencia en la administración de justicia que compete a la rama judicial de Colombia, que mina el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución Política. El Presidente, conocido el fallo proferido por una autoridad competente en ejercicio de sus competencias constitucionales, no puede hacer otra cosa que acatarlo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo.

Estas declaraciones públicas proferidas por el alto gobierno y la cúpula militar ponen en riesgo a los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante más de 20 años hemos reclamado justicia y verdad por parte del Estado colombiano. El ejercicio de este derecho no puede ser interpretado como un mecanismo para atacar las instituciones del Estado o, como el Presidente Uribe lo señala en sus comunicados, “bajar la moral de la tropa”.

En un Estado de Derecho las fuerzas militares tienen el deber constitucional de garantizar la vida e integridad de todos los colombianos con plena sujeción a los mandatos legales y constitucionales; la omisión o extralimitación de sus poderes, o la utilización de estos para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos erosiona los cimientos de un Estado Social de Derecho y merecen el máximo repudio moral, político y jurídico de todas sus instituciones.

Por esta razón y en procura de conjurar, en algo, la situación de riesgo creada por tales manifestaciones, que como es sabido fueron ampliamente difundidas por medios de información públicos y privados, solicitamos al Presidente de la República, como máxima autoridad civil y como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, una rectificación pública de sus declaraciones de rechazo al fallo proferido.

Una rectificación por parte del Presidente, en las mismas condiciones en las que pudo expresar su opinión respecto al fallo proferido, a partir de las cuales enfrentamos una situación de mayor vulnerabilidad, contribuirá a generar verdaderas y eficaces garantías para continuar en el ejercicio de nuestros derechos. Una rectificación del Presidente de la República sería una medida idónea de protección ante el clima de estigmatización y repudio que sus declaraciones han generado en nuestra contra y en contra de los sujetos procesales.

Cordialmente,

Familiares de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda, desaparecidos del Palacio de Justicia.

(Siguen firmas de los familiares)


[1] Mindefensa espera que con sentencia a Plazas Vega se acabe la “justicia espectáculo” contra oficiales http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1309739

[2] Declaración del Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre sentencia condenatoria en el caso del atentado contra el Palacio de Justicia http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/junio/10/03102010.html

[3] El Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante Ejército Nacional, General Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo.

[4] Comunicado a la opinión pública. Ministerio de Defensa. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/documents/News/NoticiaGrandeMDN/30d0b6b9-d856-2d10-2684-84916373ba8b.xml

[5] Alocución del Presidente Álvaro Uribe Vélez http://web.presidencia.gov.co/videos/video.aspx?id=1134_alocucion_10062010

Add comment junio 23rd, 2010

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.