Esta noche hace 20 años paramilitares asesinaron a mi amiga periodista Silvia Duzán. Hace poco ella hubiera cumplido 50. Seguro hubiéramos hecho una rumba roquera que habría retumbado hasta la Luna.
En 2008 escribí en este blog sobre Silvia: http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=129 . La impunidad sigue intacta, a pesar de la tan mentada jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal para facilitar la desmovilización de un sector de paramilitares.
Silvia preparaba un documental sobre narcotráfico y elecciones. Decir que el tema sigue vigente es poco decir. En realidad está que arde, ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. Y ni para qué mencionar a esa extraña oficina de la ONU, la de la Droga y el Delito.
Cuando mataron a Silvia los paramilitares eran apenas unos pocos escuadrones. Pero, el negocio de combinar matanzas con elecciones fructificó. En 2002 se dijo que había unos 6.000 paramilitares, en 2003 el gobierno sostuvo que eran unos 32.000 y ahora son otra vez algo así como 11.000. Fiel a su táctica de desviar la atención y acaparar titulares, el gobierno de los vidrios polarizados dice que estos 11.000 no existen, o que no son, o que se llaman de otro modo.
Entretanto, los cultivos de droga han disminuido. Es decir, el negocio se ha racionalizado. A menos cultivos de droga, menos costos para vigilarlos. A menos oferta, mejor precio. El mercado funciona así. Tiene lógica que este gobierno haya promovido la penalización de la dosis personal. La medida sube el precio de la droga. El narcotráfico es la gallina de los huevos de oro, más aún cuando hay crisis financiera mundial. En medio de la crisis internacional, a la banca colombiana le va, como dicen las señoras, divino.
En estas semanas se multiplican las denuncias acerca de cómo corre a manos llenas el dinero en efectivo en la campaña electoral actual. Sólo en unos meses descifraremos con mayor precisión qué sucede. En todo caso, en Colombia, desde hace un tiempo, las elecciones funcionan así. Ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. No creo en ninguna unidad latinoamericana y del Caribe que siga soslayando la tragedia colombiana.
La periodista María Jimena Duzán dedicó a su hermana Silvia su columna en la revista Semana. El economista Salomón Kalmanovitz escribió hoy en el diario El Espectador sobre su esposa Silvia. El Espectador editorializó: Veinte años y ni siquiera un arrepentimiento. Y destaca una frase lacerante de un narco que fue condenado a 22 años de cárcel en Estados Unidos, pero que acaba de regresar a Colombia después de sólo pagar tres años: “No me arrepiento de ayudar a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, aunque cometieron excesos como las masacres de La Rochela y Cimitarra, en la que murió la hermana de María Jimena Duzán”.
Se llamaban autodefensas. Pero el virtual candidato uribista, Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa tuvo la gentileza de aclarar cómo es que no eran tales. En este blog también, recogí sus palabras. En realidad se dedicaban a actividades contrainsurgentes, masacre de la población para atemorizarla y quitarle apoyo político a la guerrilla.
El negocio siempre ha sido muy racional. Su otra cara ha sido siempre bloquear y boicotear activamente y al costo que sea cualquier posibilidad de solución política con la guerrilla. El narcotráfico necesita la guerra. Los negociantes de armas también.
El 9 de diciembre de 2007 se conoció una extraña conversación telefónica del majestuoso presidente colombiano.
Álvaro Uribe llama a un amigo suyo, uno de esos extraños frecuentadores de “la Casa de Nari”, como le dicen los narcos a la sede presidencial. De hecho había trabajado allí.
El interlocutor de Uribe tiene el extraño ¿alias? de “la Mechuda”.
Uribe le reclama a gritos a “la Mechuda” por un extraño tema relacionado con propiedades de narcos.
“Y si lo veo le voy a dar en la cara marica”, es la refinada expresión de Uribe en su agitado monólogo, que se puede oír en Youtube.
Ahora, parece que Mr. Hyde apareció de nuevo en Cancún, durante la cumbre del Grupo de Río.
Allá su interlocutor fue el presidente de Venezuela Hugo Chávez, otro gamín de la cuadra. Fue Uribe quien interrumpió a Chávez y se armó la grande.
Mañana las noticias se concentrarán en esa pelea entre presidentes en Cancún, y comprobaremos, otra vez, cómo el odio nacionalista es la mejor manera de manipular y envilecer a un país.
Y habrá menos espacio para que el público se entere para qué sirve la Secretaría General de la Casa de Nari, para qué sirve la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, y qué tienen que ver ambas con la Stasi de la seguridad democrática.
Así sí, una se siente protegida.Quién sabe si sentirá lo mismo el sargento Pablo Emilio Moncayo, cuando tras 12 años de permanecer en las cárceles selváticas de las FARC, nuevamente se rumora su liberación.
FAC transporta 600 militares de forma simultánea en aviones Hércules
Con el fin de fortalecer la capacidad de transporte militar de personal y carga, la Fuerza Aérea Colombiana realizó en días pasados, una misión de transporte de 600 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional y 10 toneladas de apoyo logístico, desde Tolemaida hacia San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá y la Macarena en el departamento del Meta.
El ejercicio se planeó y ejecutó en un tiempo record de 1 hora y 30 minutos, en 5 aviones tipo Hércules C-130, saliendo desde la Base Aérea del Comando de Transporte Militar CATAM en Bogotá, demostrando la capacidad de transporte diurno y nocturno, el alistamiento de aeronaves de manera simultanea y el profesionalismo de las tripulaciones para cumplir con elevados estándares de seguridad en la misión asignada.
De igual forma, la Fuerza Aérea Colombiana realizó misiones de entrenamiento, en las que participaron aviones tanqueros tipo Boeing y aeronaves de combate, con los que se realizan operaciones de reabastecimiento de combustible en vuelo diurnos y nocturnos, permitiendo mantener el entrenamiento y destrezas de las tripulaciones.
Es así como la Fuerza Aérea Colombiana demuestra día a día en cada una de sus misiones, el compromiso por la seguridad y control del espacio aéreo colombiano.
El estudiante de Bellas Artes Nicolás Castro fue involucrado −con ayuda del FBI− con un grupo en Facebook que invita a asesinar a uno de los hijos del presidente Uribe, conocidos éstos por su habilidad para los grandes negocios al filo de la ética.
A Castro seguro se le pegaron expresiones de Uribe como ese muerto va de mi cuenta, usada no hace mucho por el mandatario colombiano cuando dio orden pública al ejército de matar a alguien.
Castro, de 23 años, lleva tres meses en la penitenciaría La Picota de Bogotá, en el pabellón vecino al de presos genocidas del paramilitarismo. La fiscalía lo llamó a juicio; lo acusa de instigación para delinquir agravada con fines de homicidio.
A mí me llamó la atención, sobre todo, que el estudiante bogotano está acusado de visitar las páginas web de las FARC y de ETA. Leer a las FARC es delito.
Dado que hoy es sábado, mi día predilecto; y ya que a mí me encanta llevar la contraria; y además como un servicio a mi lector o lectora, para evitarle problemas con el FBI y con la fiscalía colombiana, copio la carta abierta del comandante del Bloque Oriental de las FARC Jorge Briceño al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Freddy Padilla de León, fechada en enero pasado.
Carta abierta
Señor:
Freddy Padilla de León.
Compatriota:
Escuché atentamente su alocución radial del día 21 de enero 2010 que me pareció inspirada más con fines de propaganda, de perdona vidas y de guerra psicológica, que en sincero ánimo reconciliatorio y de grandeza, invitándome a la entrega y a la rendición.
No es pionero usted en este tipo de “invitaciones”. Nuestro insigne Comandante Manuel Marulanda Vélez, solía relatarnos cómo en los comienzos de esta lucha por la liberación de nuestro pueblo, el general Álvaro Valencia Tovar también acostumbraba dirigir mensajes de ese mismo tenor al Comandante Ciro Trujillo, incluso ofreciéndole dinero a modo de soborno, a tiempo que se concentraban las tropas, se estrechaba el anillo y se afinaban los mecanismos para dar comienzo a la agresión contra la población civil de las regiones de Marquetalia y Riochiquito, dentro del diseño del Plan LASO y en el medio de una situación política en que las Fuerzas Militares iniciaban su carrera como instrumento clasista de represión al servicio de los latifundistas para despojar de la tierra a los campesinos.
Qué poco nos conoce usted señor Padilla de León: con toda sinceridad, sin odios ni resentimientos y con el respeto que todo revolucionario profesa por sus adversarios, le respondo: No, muchas gracias, general.
En las FARC no tenemos alma de traidores, sino de patriotas y de revolucionarios.
Hemos luchado y continuaremos haciéndolo, con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido de las oligarquías y construir otro orden social, o por alcanzar acuerdos que ayuden a construir una patria en donde quepamos todos.
Jamás hemos proclamado el principio de la guerra por la guerra, ni asumido esta lucha como algo personal, ya que nuestros objetivos son los de lograr cambios profundos en la estructura social de Colombia, que por fin tengan en cuenta los intereses de las mayorías nacionales y de los sectores populares y que conduzcan al desmonte del actual régimen político criminal, oligárquico, corrupto, excluyente e injusto, como está consignado en nuestra Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
Con la honestidad que corresponde a nuestro compromiso con el cambio social y la lealtad que le debemos a nuestro pueblo, le aseguramos, que no vamos a desistir después de más de 40 años de lucha, ni a aceptar una falsa paz. No traicionaremos los sueños de justicia de la Colombia que clama por la paz con justicia social, ni la memoria de los miles de muertos, ni a las víctimas de las innumerables tragedias que ha ocasionado esta cruenta guerra, declarada por la oligarquía al pueblo desde hace más de 50 años.
Colombia necesita encontrar los caminos que conduzcan a poner fin a esta guerra entre hermanos, senderos de reconciliación que nos lleven a Acuerdos de Paz. Pero no será a través de una paz falsa donde una minoría oligárquica continúa acaparando todas las riquezas, a tiempo que las grandes mayorías nacionales quedan aplastadas por el peso de la pobreza, el terror militarista, la miseria y la degradación moral de una clase dirigente corrupta hasta los tuétanos, el camino más seguro para alcanzar la reconstrucción de la patria y la reconciliación de los colombianos.
Una paz entendida como rendición o entrega es una fantasía de la oligarquía y solo sería un crimen de lesa traición al pueblo y a sus históricos anhelos por alcanzar, al fin, la justicia social para todos.
Acuerdos de paz sí, pero, el punto cardinal es: ¿con o sin cambios estructurales en lo político y social?
¿Más Democracia o más autoritarismo y más represión y arrodillamiento al imperio?
Lo invitamos a reflexionar sobre estas serenas palabras plenas de sensatez y actualidad, contenidas en el mensaje que dirigió el comandante Manuel Marulanda Vélez a los miembros de las Fuerzas Militares:
“El futuro de Colombia no puede ser el de guerra indefinida, ni el de expoliación de las riquezas de la patria, ni puede continuar la vergonzosa entrega de nuestra soberanía a la voracidad de las políticas imperiales del gobierno de los Estados Unidos; nosotros estamos en mora de sentarnos a conversar en serio para dirimir nuestras diferencias, mediante el intercambio civilizado de opiniones hacia la solución definitiva de las causas políticas, económicas y sociales generadoras del conflicto interno, para bien de las futuras generaciones de compatriotas “.
Hoy, queremos compartir este razonamiento con usted y también, como siempre, con los sargentos, los cabos, los tenientes, capitanes y coroneles, y con todos los hombres de experiencia que ponen el pecho en los combates, pero que a pesar de ello, les está vedado ascender a la oficialidad por su origen social, su color de piel o su raza.
Le recuerdo general, que el paso por la milicia en defensa de intereses extranjeros u oligárquicos que hacen algunos de ustedes, así sea prolongado en el tiempo, es efímero, y que pronto será usted llamado calificar servicios, y de seguro el pueblo o la justicia internacional, le irá a reclamar su responsabilidad como comandante de las Fuerzas Militares en los crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo, hipócritamente llamados “falsos positivos” o, en su papel como jefe en un tiempo de la nefasta XX Brigada de “inteligencia y contra inteligencia” (B I N C I), de tan ingrata recordación para los colombianos, así como el florecimiento y extensión del paramilitarismo tras su paso por la comandancia de la Segunda División del ejército, al lado del hoy presidiario general Iván Ramírez.
Hemos hecho reiterados llamamientos a todos los patriotas y demócratas de Colombia, a intercambiar sobre estos temas para impedir el establecimiento perpetuo en nuestra patria de una dictadura o un gobierno totalitario y despótico.
Hoy las FARC queremos invitar a todos los militares e integrantes de la Fuerza Pública a retomar el camino de defensa de la soberanía patria, a trabajar por la formación de un ejército bolivariano patriótico, que no vuelva las armas contra sus conciudadanos, integrado a las luchas populares, y que trabaje en beneficio de alcanzar la paz, a la vez que por el intercambio humanitario y para a continuar la obra que dejó sin culminar el Libertador Simón Bolívar, para que Colombia no vuelva a sufrir jamás la afrenta de ver a los soldados que usted comanda, sumisos y despojados de sus armas, para ser revisadas por los representantes del ejército de la potencia extranjera que nos avasalla, como ocurrió en pasada visita del presidente Bush.
Compatriota,
Jorge Suárez Briceño.
Integrante del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC EP.
Si acaso todavía se enseña en las facultades de periodismo que es preciso desconfiar de las declaraciones de los poderosos, el documento que copio a continuación debería convertirse en clásica pieza de estudio.
Y, al final aporto algunos nombres que no se detallan en este texto, que gira en torno a aquello que tan tiernamente se ha dado en llamar “interceptaciones” o “chuzadas”, pero que en realidad son actos de terror cometidos desde el Estado contra disidentes, jueces y periodistas.
Febrero 17 / 2010
Comunicado – Uribe dijo al CPJ y la FLIP: “El que intercepte es enemigo del gobierno”
El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó el martes 16 de febrero de 2010 que aquellos funcionarios que ilegalmente espiaron a la prensa son “enemigos de su gobierno”, durante una reunión con una delegación conformada por el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Uribe emitió esa declaración luego de conocer las observaciones elevadas por la delegación del CPJ y la FLIP, en una reunión de alrededor de dos horas de duración, con el mandatario y funcionarios de alto rango en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano. Entre los funcionarios participantes estuvieron el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón; el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo Trujillo, entre otros.
El CPJ y la FLIP habían presentado en la mañana sus informes anuales en una conferencia de prensa en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Según ambos informes, el espionaje ilegal a periodistas es una de las amenazas más serias que enfrenta la libertad de prensa en Colombia. Los periodistas locales tuvieron sus teléfonos y cuentas de correo electrónico interceptados, y fueron objeto de vigilancia y acoso entre 2004 y 2006, según la Fiscalía. El CPJ y la FLIP también tuvieron algunos de sus correos electrónicos interceptados. Según una investigación preliminar y versiones de periodistas locales al CPJ y a la FLIP, el espionaje ilegal habría continuado aún después de febrero de 2009, luego de que se publicaran las primeras noticias sobre el escándalo.
La delegación del CPJ y la FLIP solicitó al presidente Uribe que realizara un enérgico rechazo ante la preocupación que ha provocado el espionaje ilegal. El presidente reiteró que Colombia tiene un gobierno democrático que “no acepta la ilegalidad”. Uribe indicó: “Quien afecte la libertad de un periodista y quien intercepte es enemigo del gobierno”.
La delegación estuvo conformada por la reconocida periodista colombiana y miembro de los consejos directivos de ambas organizaciones, María Teresa Ronderos; el ganador del premio del CPJ y presidente del consejo directivo de FLIP, Ignacio Gómez; el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, y el director ejecutivo de la FLIP, Andrés Morales.
Los participantes de la delegación informaron a Uribe y al resto de los funcionarios colombianos que los periodistas están tomando medidas extraordinarias para prevenir que sus comunicaciones sean interceptadas y los exhortaron a que apoyen las investigaciones. “Me duele que no estén capturados los responsables”, afirmó Uribe. El general Naranjo dijo que la Policía Nacional comparte la frustración del presidente respecto de la investigación, pero al mismo tiempo insistió en remarcar los esfuerzos que hasta ahora se han realizado.
Como resultado del espionaje generalizado, las fuentes confidenciales se han visto en riesgo y se han mostrado reticentes a hablar con los periodistas colombianos, así lo explicaron varios reporteros al CPJ y la FLIP. Uribe dijo que su gobierno no va a permitir “cualquier acción que interfiera con el trabajo de la prensa”. El vicepresidente Santos indicó que “asumiremos la responsabilidad con sentencias judiciales en firme”.
Desde que el escándalo fue conocido, la oficina del Fiscal General ha iniciado las investigaciones que han conducido al arresto en 2009 de varios funcionarios de alto rango de la inteligencia local, incluyendo el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez. Entre todos, 40 funcionarios del DAS están actualmente investigados. Siete de ellos han sido imputados en enero y podrían enfrentar un juicio pronto.
Durante la reunión con el fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, realizada el lunes 15 de febrero, la delegación también habló con el Procurador General Alejandro Ordóñez. La oficina de Ordóñez está investigando a 26 funcionarios que podrían estar involucrados en el espionaje y tiene el poder de impartir sanciones disciplinarias sobre ellos. Entre los funcionarios investigados, según Ordóñez, se encuentran tres funcionarios de alto rango del poder ejecutivo.
Mientras los nombres de esos asesores fueron revelados por la oficina del Procurador en junio de 2009, Uribe defendió a los funcionarios y dijo que rechazaba cualquier tipo de presión por parte de los medios para “judicializar a personas inocentes”. Uribe también dijo que le preocupaba que la falta de resultados concretos en la investigación haya sido utilizada para manipular políticamente a su gobierno.
Tanto el Ministro del Interior y de Justicia como el Director del DAS, quienes participaron de una reunión el lunes 15 de febrero con la delegación del CPJ y la FLIP, emitieron declaraciones en las cuales reaccionaban a la información publicada en los informes de ambas organizaciones. Ambas declaraciones reafirmaron que el espionaje ilegal no era una política de estado y que ellos habían prestado su colaboración con la investigación.
La delegación también exhortó a las autoridades a que se abstengan de acusar, sin ninguna evidencia, a miembros de la prensa de tener vínculos con grupos armados, dado que eso pone en serio riesgo la vida de los reporteros.
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+Los tres altos funcionarios de Presidencia que investiga la Procuraduría (ministerio público) y cuyos nombres fueron mencionados en 2009 son el Secretario General, Bernardo Moreno; el Secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, y el entonces asesor de Comunicaciones de Presidencia y hoy viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman.
+Cuatro directores de la agencia de inteligencia DAS bajo el mandato Uribe también son investigados por la Procuraduría: Jorge Noguera, Joaquín Polo, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate. No está descartado que sea vinculado a la investigación el actual director del DAS, Felipe Muñoz.
+En el proceso disciplinario también están vinculados otros 19 funcionarios. Entre ellos, varios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependencia especializada del Ministerio de Hacienda contra el lavado de activos.
+Por su parte, la Fiscalía investiga a unos 40 funcionarios y ex funcionarios, también en torno a actividades ilegales de sabotaje contra disidentes.
+En la Corte Suprema avanza el juicio contra Jorge Noguera, acusado de poner el DAS al servicio del paramilitarismo.
Todo indica que el presidente Álvaro Uribe autorizó, por debajo de cuerda, negociar con los jefes de las bandas narco que se disputan Medellín. El objetivo gubernamental: bajar los índices de homicidios. El año pasado hubo cerca de dos mil muertos en esa ciudad.
Los jefes aceptaron, pero preguntaron que a cambio de qué. De paso, para mostrar su poder, decretaron una tregua entre el 1 y el 12 de febrero. El gobierno contestó que a cambio de cárcel. Pero ya estaban presos, pues fue allá donde conversó con ellos una comisión que los medios llamaron “de notables”. En medio de la gestión, ésta se filtró a la prensa.
“Rápido, ¡que tapen! Que ni modos, ya se filtró. Entonces que llamen al Comisionado de Paz (como tal figura Frank Pearl), lo enteren y le digan que dé una rueda de prensa. Que listo, ya salió. Y, ¿qué dijo? Que todos estaban alineados. Ok. Ay, ¡otra vez! Que (el comandante de la poli, general Óscar) Naranjo está diciendo que no se puede volver a cometer el error de dar estatus político a los narcotraficantes. ¡Carajo! ¿No estaban alineados? ¡Que lo callen! ¿Y si no se calla? ¡Pues llaman a la Policía!”
Según Claudia López en su columna en La Silla Vacía, esta es la trascripción del casete No. 3521 del DAS, entregado a la Presidencia hace dos semanas y olvidado por casualidad en un debate.
Ya veo a qué se sigue dedicando la “seguridad nacional”, supuestamente a cargo del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Ayer y hoy, el Centro de Medios Populares y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo están transmitiendo en directo por Internet el juicio que se sigue contra Jorge Noguera, primer director de la era Uribe del DAS.
El Día del Periodista en Colombia comenzó con tristezas, pero produjo al final dos buenas noticias.
La primera, que el sociólogo, columnista y cronista Alfredo Molano fue exonerado por un juez de los cargos penales de injuria y calumnia, por una columna escrita en febrero de 2007 en El Espectador. El juez le dio prelación a la libertad de expresión.
La segunda buena noticia fue que los galardonados por el Círculo de Periodistas de Bogotá dedicaron sus premios al equipo periodístico de Cambio.
La revista deja de existir, según sus recientes dueños, el grupo Planeta, porque no da dinero suficiente; pero según nosotros, los reporteros de este país, porque los españoles quieren a toda costa ganarse la licitación por el tercer canal privado de TV, y temían que el periodismo investigativo de Cambio les pusiera en riesgo sus relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Al fin y al cabo el mismo grupo Planeta sí mantiene una revista de desnudos llamada Don Juan, que le está produciendo pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. Mientras, Cambio pasó 2009 con cifras en negro, gracias a las investigaciones del equipo dirigido por Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Investigaciones que pusieron a temblar al gobierno de Uribe. Por Cambio nos enteramos que Colombia se iba a convertir en el más grande portaaviones del Pentágono, por ejemplo; el gobierno se lo tenía calladito en ese entonces. Por una publicación de Cambio terminó siendo investigado un precandidato conservador al que le gusta que le digan “Uribito”. Con eso queda descrito él.
Pero decía que el día comenzó triste. Con una rueda de prensa en la que, al final, nos saludábamos como si se nos hubiera muerto alguien – la libertad tal vez.
Citada por mis colegas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, este fue el comunicado que leyeron, sobre las actividades de la Staatssicherheit (Stasi) de la Seguridad Democrática.
9 de febrero, nada que celebrar, mucho por denunciar:
Periodistas responsabilizan al presidente Uribe por persecución de policía secreta en su contra
Bogotá, 9 de febrero de 2010.
El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia.
Así lo reclamaron este 9 de febrero, día del periodista, los reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, dos de las principales víctimas del accionar criminal del DAS durante el actual gobierno. Las pruebas y testimonios judiciales que hoy están en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe de Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición.
Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia definen que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) actuará “bajo la dirección” del Presidente de la República, quien será responsable del nombramiento del director/a de ese organismo. No sobra recordar que cuatro de los cinco directores del DAS en el gobierno Uribe han salido de la entidad en medio de graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal.
La semana pasada, Álvaro Uribe admitió haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Son diversos los discursos y señalamientos que el presidente de la República ha realizado contra quienes él denomina “aliados del terrorismo”, que para Uribe se encuentran en algunas ocasiones en cercanías al Congreso de la República, en otras a la Corte Suprema de Justicia y los defensores de derechos humanos, y en algunas más al periodismo libre.
Es evidente que el discurso presidencial contra el terrorismo ha abarcado sin distinción a los grupos armados ilegales y quienes hacen oposición legítima en Colombia. Se puede deducir que el DAS sí recibió órdenes presidenciales de incluir en el escenario de la llamada “guerra política” al periodismo crítico.
Por su parte, el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, hoy en juicio por paramilitarismo y homicidio, la semana pasada confesó haber recibido órdenes del presidente Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, principal gestor y asesor del G-3, vinculado además a la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.
En el proceso penal, las siete personas llamadas a juicio por las acciones del G-3 han sido coincidentes en afirmar que todo lo actuado siguió las órdenes y directrices emanadas de la Presidencia “en el marco de la seguridad democrática”.
Los periodistas Morris y Duque solicitaron al presidente Uribe explicarle al país cuáles fueron los filtros –si los hubo– que debieron pasar Narváez y Noguera para llegar a cargos tan importantes dentro de la estructura de inteligencia del Estado colombiano, máxime cuando son contundentes las pruebas y testimonios que los relacionan con grupos paramilitares.
LAS PRUEBAS
En el caso de Hollman Morris, está probado que el DAS diseñó en su contra estrategias de desprestigio a nivel nacional e internacional y elaboró un video en el que lo señalaba de ser miembro de la guerrilla. En ese contexto, no es mera coincidencia el envío de coronas fúnebres que anunciaban su muerte. Las estrategias contra Hollman, de acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC. Incluso el DAS tenía planeado “bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países, así como el robo de sus documentos para “sabotear” al periodista, al igual que el espionaje contra su familia y equipo de trabajo. Hollman además ha sido víctima de dos detenciones arbitrarias e incautación ilegal de material periodístico.
En el caso de Claudia Julieta Duque, se ha comprobado la existencia de órdenes por parte del DAS para “finalizar urgente” con la periodista, amenazar a su hija en forma directa y demandarla por injuria y calumnia, así como la responsabilidad de ese organismo en innumerables llamadas intimidatorias y otros hechos de tortura psicológica en su contra durante el año 2004, seguimientos e informes de inteligenciaincluso cuando la periodista se encontraba en el exilio, y de la infiltración de informantes para vigilarla de cerca. Adicionalmente, en su caso existen pruebas de que el DAS la persiguió desde el año 2001, cuando fue secuestrada y robada, hasta al menos el año 2008.
Hollman y Claudia Julieta trabajaron juntos en agosto de 2003 en la elaboración de un documental sobre el caso Jaime Garzón, mediante el cual demostraron la existencia de un montaje puesto en marcha por el DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista. Claudia Julieta investigaba el caso desde el año 2001, cuando empezaron los ataques en su contra. Existen evidencias para afirmar que a raíz de ese documental, emitido en el programa Contravía los días 17 y 24 de agosto de ese año, se incrementó la persecución en contra de ambos reporteros y sus familias.
Para los dos periodistas, es claro que los severos señalamientos públicos por parte del presidente Álvaro Uribe son coincidentes con la arremetida del G-3. Es así como, tras un discurso presidencial de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un memorando interno del DAS dirigido a Jorge Noguera, calificó a Claudia Julieta Duque como “traficante de derechos humanos”.
Igualmente, en noviembre de 2008, el presidente Uribe aseguró que existe una “recua de bandidos” y “una campaña orquestada por las FARC” para vincular al ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, con grupos paramilitares. Claudia Julieta Duque es la autora del informe “Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio”, publicado en el 2005, el cual demostró la infiltración del paramilitarismo en el ente investigador durante la administración del ex fiscal Osorio.
Como es de público conocimiento, el presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra Hollman Morris, al señalarlo de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados” (mayo de 2005). Para esa época, ya reposaban en el G-3 cientos de páginas con información de inteligencia en contra del director de Contravía. De allí, además, se desprende el nombre de la operación del G-3 en su contra: Operación Puerto Asís.
En febrero de 2009, el presidente insinuó una vez más la cercanía de Hollman Morris con las FARC, solicitó que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión” a cuatro policías y soldados recién liberados, y lo acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con esa guerrilla. Igualmente, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo señaló de ser “afín a las FARC”. En forma casi inmediata, el periodista recibió más de 50 amenazas por correo electrónico.
Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris y demostró que el reportero obró conforme a la ética periodística. La campaña de desprestigio que siguió a las acusaciones del presidente Uribe contra Morris coincide plenamente con las recomendaciones del G-3 y el DAS en su caso. El reportero aún está a la espera de una rectificación por parte del jefe de Estado.
En la actualidad, los dos periodistas y sus familias continúan en riesgo. De acuerdo con ambos, sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar algún cambio positivo en su situación de seguridad.
OTROS PERIODISTAS
A través de la persecución contra los periodistas Morris y Duque, también fueron obtenidos en forma ilegal datos, correos electrónicos, teléfonos e información privada de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para entonces en cabeza del argentino Eduardo Bertoni, entre otros.
En la actualidad, la Fiscalía ha comprobado que los seguimientos ilegales del G-3 también tocaron a otros periodistas, a saber:
-Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz.
-Alfredo Molano, El Espectador
-Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó “Operación Canela”.
-Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador
-César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado.
-Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
-Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle.
-Liam Craig Best, Justice for Colombia, Reino Unido.
La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes, mientras los poderosos investigados combinan colectivamente elecciones con negocios, corrupción, crímenes y despojo. En Colombia la información investigada está en las principales columnas de opinión y en los libros. La opinión y los libros siguen siendo vistos en el mundo como altares de libertad, y por eso en este país se habían atrevido menos contra ellos. El juicio contra Alfredo Molano por una columna en El Espectador está llegando a su fin. Contexto para un fallo.
El 25 de febrero de 2007 –va a hacer tres años- mi amigo Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y periodista, escribió una columna para el periódico bogotano El Espectador.
Era una columna como todo lo que él escribe cotidianamente: señalando orígenes, situando historias, proporcionando luces de entendimiento y líneas premonitorias. La columna de Molano hablaba de aquellas familias de la farándula económica, política y paramilitar que hace tiempo gobierna a Colombia a punta de combinar colectivamente elecciones con negocios, corrupción, crímenes y despojo. El término “colectivamente” es importante en esta historia, mientras el verbo “combinar” ha caracterizado siempre la historia del poder en este mi país (y lo sigue haciendo).
Llamándolos “notables” y “nobles”, Molano se refirió como ejemplo a varios apellidos de la Costa Atlántica que han hecho y deshecho, generación tras generación (y que siguen haciendo), así ahora pongan cara de santurrones.
En ese febrero de 2007, cuando Molano escribió su columna Araújos et al en El Espectador, sucedía que el padre y el hermano senador de la Canciller, “La Conchi” Araújo, estaban en la mira de la justicia por paramilitarismo.
Ante la presión de Estados Unidos había rodado la cabeza de “La Conchi” y el presidente Uribe había nombrado a otro Araújo como Canciller.
El nuevo ministro de Exteriores, Fernando Araújo, se había liberado hacía muy poco tiempo de un secuestro de seis años de las FARC. Las FARC, con ese secuestro, a su vez habían librado a Fernando Araújo de un enjuiciamiento por corrupción, relacionado con un caso cuyos términos judiciales acababan de prescribir cuando éste se le voló a la guerrilla en medio de un ataque de la fuerza aérea.
La columna de Molano comenzaba diciendo que unos Araújo no tenían que ver con otros como familia consanguínea, pero tenían, sin embargo, las mismas mañas al hacer sus negocios. Las mismas formas de nombrar parientes en puestos claves del Estado, ese gran ponqué para repartir entre todos ellos.
En su escrito, Molano mostraba que las élites regionales son muy poderosas en Colombia; que mantienen una fuerte injerencia política y que se sostienen gracias a un conjunto de arbitrariedades que los gobiernos, como es natural, no ven.
A pesar de que por ahora no se les conoce ninguna ejecutoria, ni buena ni mala, unos jóvenes pertenecientes a la familia de “La Conchi” se sintieron aludidos con aquello de “notables”.
Son cuatro, el menor de ellos de 25 años. Son primos de los Araújo, o primos de los Molina o de los Castro, o sobrinos de los Araújo, o tíos de los Molina, o de los Castro, o todos los anteriores: vaya usted a saber. En todo caso su destino, si a bien lo tienen, es ser los dueños en su región –repito que por herencia, y no necesariamente por méritos- de eso que aquella farándula denomina “la política”.
Estos jóvenes Araújo, o Molina, o Castro quieren hacer, parece, su debut profesional para darse a conocer nacionalmente y entrar por puerta grande a los salones festivos y a los asados domingueros donde se reparte el presupuesto nacional.
Han escogido un blanco fácil, cómo no.
Molano es vulnerable porque es toda una rareza. De esa gentuza, you know, que pone sus principios por encima de las conveniencias personales. Quizá es culpa de su maestro, el principal sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, que en agosto de 2008 nos dejó sin él. Fals decía que Colombia “necesita que se diga la verdad, así sea dolorosa, y aunque produzca serios inconvenientes a aquellos que se atreven a decirla”.
Eso lo escribió Fals en el prólogo de “La Violencia en Colombia – Estudio de un proceso social”, investigación conjunta con el obispo Germán Guzmán y el jurista Eduardo Umaña Luna, que recoge la memoria histórica de la raíz de esta guerra nacida en 1946. Cuando ese libro salió a circulación en 1962 Valencia, el presidente de entonces -muy admirado hoy por el fascismo colombiano- ordenó apostar tanques de guerra en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Todo indica que Molano le aprendió a Fals Borda. Detrás de su nombre hay un prestigio merecido. Hoy, Molano es un icono de la intelectualidad colombiana de izquierda.
Los niños Araújo, como los llamamos, entablaron una querella contra Molano, por cuenta de su columna Araújos et al.
Primero le propusieron una conciliación, que consistía en que Molano escribiera una columna que a ellos les gustara. Ellos le iban a introducir correcciones hasta aprobarla, Molano debía publicarla con su firma en El Espectador y asunto concluido.
Pero Molano, autor de más de 15 libros, cronista apetecido, el sexto columnista más influyente del país según la encuesta Panel de Opinión (enero 2010), se negó a jugar con su principal patrimonio que es precisamente su firma. No aceptó a los Araújo como censores de su trabajo. No aceptó la mordaza y nos dio prioridad a sus lectores, cómo les parece.
A los niños Araújo les ofreció ir a la región, hacer una investigación y precisar –no negar- lo afirmado en la columna. En esa labor, Molano hablaría con ellos. Los jóvenes rechazaron el trato tan riesgoso, y el juicio contra Molano por calumnia e injuria comenzó.
¿Por qué Molano no consideró la posibilidad de negar sus afirmaciones? Pues porque es que cuando uno viaja por allá -a la deslumbrante tierra vallenata, territorio garciamarquiano en el departamento del Cesar, al sur del desierto de La Guajira y de la Sierra Nevada de Santa Marta y pegado a Venezuela- la gente lo que le dice a uno es que todo lo que se diga sobre todas esas familias que mandan en la región es verdad. Que Alfredo Molano se quedó corto. Lo sostienen, pero sólo si se les resguarda la identidad. No hay garantías para los testigos.
Fue así como Molano conoció el mundillo kafkiano y cuasi incomprensible del código procesal, los pasos, las mediaciones, los términos, las instancias.
En el juicio, Molano es el “victimario”. Lleva desde mayo de 2007 sometido periódicamente a sentarse en la misma silla donde minutos antes –por ejemplo- se sentó un hombre que violó a la hija o mató a la mamá.
Él dice que se siente disminuido por ese sólo hecho. Yo lloro desde que comienza la audiencia hasta que termina, sentada tomando apuntes en primera fila en los asientos destinados al público en el juzgado. “Es que ella llora por todo”, dice Molano, y es cierto. Lo que llama la atención es la propiedad con que manejan el escenario los niños Araújo. Se perciben como que fueran ellos quienes le dieran empleo al juez.
El apoyo nacional e internacional que se le ha dado a Molano ha sido crucial para él.
Ahora se anuncia nuevamente que el 29 de enero será la audiencia pública de juzgamiento en su proceso, el veredicto final.
Fuera del drama personal, están en juego en este juicio cuatro penas duras contra Molano: una multa, una indemnización a las “víctimas”, que son los herederos de los clanes Araújo y Molina, y la cárcel.
La cuarta pena es más grave que todo eso junto: la prohibición y la mordaza. La prohibición de escribir.
Para gente como Molano (o como yo), “dejar de escribir es un poco dejar de vivir”, en sus palabras. Escribir (contando encuentros y descubrimientos) es nuestra forma de vida económicamente y emocionalmente; es nuestra ciudadanía.
Pero lo que se está jugando la sociedad colombiana en el juicio contra Molano no es menos costoso.
Ha quedado probado que al gobierno de Álvaro Uribe le incomodan, le fastidian y le irritan no sólo las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, sino también las denuncias de defensores de derechos humanos y de periodistas y los señalamientos de la oposición.
Esa viscosidad incalificable que está detrás del gobierno colombiano actual, y que se ha tomado el parlamento y otras cosillas, anda buscando en este, y en otros numerosos casos, una jurisprudencia que restablezca el delito de opinión, en contra de la libertad de opinión y de la libertad de prensa.
La viscosidad quiere cobrarse una pieza, el valioso Molano. Y sentar un precedente; conseguir una herramienta jurídica para poder intimidar a los columnistas. La viscosidad necesita poder actuar legalmente sobre la gente que opina, esa gente peligrosa cuya voz circula e influye.
La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes y los investigados combinan todo lo que dije arriba. En Colombia la información investigada está en las principales columnas de opinión -menos reguladas incluso desde el punto de vista periodístico- y en los libros. La opinión y los libros siguen siendo vistos en el mundo como altares de libertad, y por eso en Colombia se habían atrevido menos contra ellos.
Ya han sido aplazadas cinco audiencias finales en el juicio contra Molano. Quizá haya fallo adverso el día que los lectores de Molano se cansen de ir al juzgado para estar ahí, presentes con su apoyo. Pero tal vez la justicia considere que su deber es preservar la libertad de opinión, y por esa vía ayudar a cuidar “la verdad, así sea dolorosa”.
Para quienes estén ese día por acá en Bogotá:
La audiencia pública es el viernes 29 a las 9:00 a.m.
El presidente venezolano Hugo Chávez dijo hoy que su homólogo colombiano Álvaro Uribe entregó a Colombia, a cambio de que Estados Unidos no le cobre sus nexos con el narcotráfico. “Yo no tengo duda ya de quién es el presidente Uribe. De dónde viene. Paramilitarismo. Narcotráfico. Y unas redes de lo más oscuro y podrido que uno pueda imaginarse. (…) Está tan metido en camisa de 11 varas, que entregó a Colombia a cambio del perdón. Es el precio que le pusieron los yanquis al presidente Uribe (…). El congreso de Colombia: más de la mitad de los senadores y diputados [sic] están en prisión, o por el narcotráfico o por la corrupción”.
No sé si un jefe de Estado deba decir esas cosas de otro. Lo que sí sé es que, por ejemplo entre corrillos de periodistas en Colombia -muy lejos de ser chavistas-, se dice lo mismo.
Un artista ha sido censurado en mi país. Los narcos dicen que es un lumpen. El alcalde de la ciudad de Manizales está promoviendo que no sea recibido en ningún municipio de Colombia. Se trata del vocalista René Pérez, “Residente”, de la banda Calle 13, de Puerto Rico. Calle 13 grabó con Mercedes Sosa Canción para un niño en la calle.
En 2005, “Residente” compuso la canción Querido FBI, en respuesta al asesinato de Filiberto Ojeda, líder del movimiento independentista portorriqueño de Los Macheteros.
Calle 13 ganó en 2006 el premio MTV Video Music Award Latinoamérica en la categoría de Artista Promesa, en México, y en los Grammy Latinos del mismo año, en New York, los premios a Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Video Versión Corta. En 2007 la banda lanzó Tango del Pecado. En 2008 interpretaron en los Premios MTV Latinoamérica, junto con la banda mexicana Café Tacuba, No hay nadie como tú. Ese mismo año, Calle 13 produjo Los de atrás vienen conmigo (“A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave…“). Este álbum incluye La Perla, que Calle 13 interpretó con Rubén Bladés. Sólo Calle 13 logró sacar de su mutismo musical de varios años al mítico salsero panameño (“Qué te parece, esta combinación de Rubencito y Calle 13…”).
Con Orishas, de Cuba, Calle 13 grabó Pa’l Norte, “para todos los emigrantes del mundo entero“. En julio de este año apareció Sin mapa, un recorrido por la inspiración de Calle 13, que se puede ver en varios segmentos en Youtube.
Y en octubre, René Pérez, de Calle 13, presentó junto a Nelly Furtado los Premios MTV Latinos, en Los Ángeles y con presentaciones simultáneas desde México y Bogotá. Ahí fue Troya. “Residente” lució distintas camisetas con letreros como “Chávez nominado Mejor Artista Pop”, “México nunca olvida 2/oct/68″, fecha de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, “Viva Puerto Rico Libre”, “Micheletti rima con Pinochetti”, y “Uribe Es Para Militar”, que también se podía leer como “Uribe Es Para Bases Militares”. Y mientras lucía esta camiseta sobre Álvaro Uribe, “Residente” mencionaba lugares de Colombia, incluyendo Ciudad Bolívar, enorme barriada al sur de Bogotá a donde llegan al mes miles de desplazados por la guerra en todo el país, y dominada por paramilitares.
Total, “Residente” se volvió por acá “alias Residente”. Quienes dominan los espacios de opinión en Colombia consideraron que la bien diseñada camiseta era un insulto a la nacionalidad. La Cancillería emitió un comunicado de repudio en el que sugiere a las directivas del canal MTV, palabras más palabras menos, censurar en adelante ese tipo de manifestaciones.
El cantautor respondió a la cancillería colombiana con la carta que copio debajo. Espero que no pase mucho tiempo y que yo pueda conocer a René Pérez Joglar en mi país, que es mucho más que Uribe, y sin censura. Bienvenido desde ya.
19 de octubre, 2009
San Juan, Puerto Rico
Carta abierta a la Cancillería de Colombia
Por medio de esta carta les dejo saber lo que siento desde lo más profundo de mi corazón.
Yo amo a Colombia. Por eso me preocupa la entrada de bases militares extranjeras al país. Como puertorriqueño yo he vivido esto en carne y hueso y no me gustaría que su país pasara por lo que pasa el mío.
Según su comunicado, yo insulté a su presidente con el texto de mi camiseta.
En esa camisa existe un juego de palabras, tiene una doble lectura. Uno lee lo que quiere. Por lo menos yo leo claramente Uribe Para Bases Militares. Un mensaje directo y claro. El concepto de mis camisas fue creado por la misma gente a través de «Twitter». La camisa de Colombia la hizo un colombiano, la de Venezuela un venezolano y así sucesivamente. Se hizo una de cada país.
La idea de las camisas fue darle voz a los pueblos, a la gente que por lo general no la tiene ni son escuchados. En lugar de vestir una corbata bonita, opté por enviar un mensaje. Un mensaje no sacado de mi cerebro, sino de alguien que respira el mismo aire que se respira en Colombia día a día. Mi lucha no es contra el presidente, sino contra todo lo que promueva la guerra, como lo son las bases militares. El texto de la camiseta recoge también un sentimiento de muchos de los jóvenes de su país, los cuales como cualquier ser humano con sentimientos, comparto totalmente.
No puede ser que en este siglo todavía existan personas sin la habilidad para entender el derecho que tenemos los artistas de expresar lo que sentimos a todos los niveles. La censura no debe ser de parte del gobierno. El que no me quiere escuchar, que simplemente no venga al concierto. Esa sería la manera más válida y legítima de censurarme. Con todo el respeto que se merece el señor Uribe, el presidente de Colombia no es Colombia. Colombia es mucho más que un presidente. Como dice Rubén Blades: «la patria no la definen los que suprimen a un pueblo».
Con estas palabras me despido, no sin antes mandarle un beso a todos los lugares a los que he visitado en Colombia como lo son la Sierra Nevada en Santa Marta, Palenque, San Jacinto, Maicao, Cali, Medellín, Bogotá, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Barraquilla, Cartagena y a todos los lugares que me faltan por recorrer.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
El 9 de diciembre de 2007 se conoció una extraña conversación telefónica del majestuoso presidente colombiano. 
años de permanecer en las cárceles selváticas de las FARC, nuevamente se rumora su liberación.
La opinión no necesita pruebas. El periodismo investigativo está obligado a mostrarlas, asunto complicado cuando no hay garantías para las fuentes, mientras los poderosos investigados combinan colectivamente elecciones
Un artista ha sido censurado en mi país. Los narcos dicen que es un lumpen. El alcalde de la ciudad de Manizales está promoviendo que no sea recibido en ningún municipio de Colombia. Se trata del vocalista René Pérez, “Residente”, de la 
