La Seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la organización de derechos humanos más antigua de Colombia, anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le otorgó medidas cautelares al preso Diomedes Meneses Carvajalino.
La Comisión solicitó al gobierno que asegure la atención médica adecuada para este interno de tal modo que no sólo se garantice su derecho a la salud, sino mucho más allá: la protección de su vida y su integridad personal.
La inadecuada atención en salud a Meneses motivó en la Penitenciaría de Girón, en el departamento de Santander, una huelga de hambre que decretaron los 57 presos políticos compañeros suyos el 24 de marzo. La levantaron al día siguiente, tras llegar a un acuerdo con la administración del penal.
La CIDH impuso al gobierno que los tratamientos médicos a Meneses deben ser concertados con él. Igualmente, Bogotá deberá brindar información para investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar. El gobierno de Álvaro Uribe tiene 20 días para presentar un primer informe. Además, debe reportar periódicamente el estado actualizado de Meneses.
En el momento de su captura, Diomedes Meneses fue torturado por miembros del ejército hasta el punto de quedar parapléjico, según el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En marzo de 2009 sufrió una pequeña herida en el talón del pie izquierdo. Mal atendida, un año después está en alto grado de infección, y el médico ortopedista ya habla de la posibilidad de una amputación o de raspar el hueso.
El CSPP ha acompañado a Meneses desde el momento de su detención, y ha instaurado acciones jurídicas y de exigibilidad, incluyendo el año pasado una tutela por el derecho a la salud. Aunque ésta fue otorgada, el INPEC (la autoridad carcelaria) “continúa siendo negligente con la atención dada a este detenido político”, advierte el CSPP, que evalúa que en el sistema penitenciario colombiano se vive una “grave situación humanitaria”.
Respecto a la medida cautelar, el CSPP solicita al gobierno “reales garantías para la concertación y seguimiento de la medida”, incluyendo “facilitar el diálogo entre beneficiario y peticionario”, es decir entre Meneses y el CSPP.
Miren, pues, todo lo que hay que hacer para que un preso no se pudra en una cárcel de Colombia.
Ayer sábado fue detenido el líder del pueblo nasa Feliciano Valencia. Feliciano es líder visible de la Minga, junto con la extraordinaria Aida Quilcué. En el pasado ejerció el cargo equivalente a ministro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el gabinete o máxima jerarquía del pueblo nasa que habita el Norte del suroccidental departamento del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Valencia es acusado por la fiscalía de “secuestro” y “lesiones personales”.
Se trata de que el Ministerio de Defensa, en violación de la Constitución, promovió que Valencia y Quilcué fueran denunciados por ambos cargos. Durante la Minga por la Liberación de la Madre Tierra, las autoridades indígenas detuvieron a un militar vestido de civil, infiltrado dentro de los manifestantes. En su mochila le fueron encontrados artefactos explosivos iguales a los que estaban generando terribles heridas a los indígenas manifestantes. La Policía estaba acusando a los propios indígenas de hacer uso de ese armamento. El general Naranjo señalaba a los indígenas incluso de “uso de armas no convencionales”.
Total, el soldado fue detenido por la Guardia Indígena y posteriormente llevado a juicio dentro de la jurisdicción indígena, reconocida por la Constitución de 1991. Debido a su cargo en el momento de la Minga, Feliciano Valencia estuvo al frente de dicho juicio, que terminó con una condena de acuerdo a los usos y costumbres nasa, que estos indígenas llaman “remedio”. Se trató de varios latigazos en público. El militar fue incentivado, desde el Ministerio de Defensa, a demandar a las autoridades indígenas por “secuestro” (por el tiempo que duró detenido) y “tortura”, cargo que luego fue cambiado por el de “lesiones personales”.
Valencia pretendía viajar el sábado a un encuentro internacional y fue detenido en el aeropuerto que sirve a la occidental ciudad de Cali.
Para el gobierno, la detención de Valencia es de doble filo. Porque si no liberan, digamos, en cuestión de horas a Feliciano, habrá que recordar qué pasó en la Minga. Cómo fue que el gobierno acusó a los indígenas de “terrorismo”. Y en qué terminó el episodio, luego de cierta publicación por parte de CNN. Habrá que recordar por cuál hacienda era esa pelea, a quién se la ha entregado el gobierno y para qué macroproyecto. Observar si quienes ocupan hoy esa Hacienda fueron financiadores de las campañas de Uribe y si son beneficiarios de subsidios estatales.
Lo bueno de la detención de Feliciano es que, si esta prosigue, probablemente terminará en el fortalecimiento de la jurisdicción indígena. Así que Heavy Metal Colombia queda atenta a esta importante noticia en desarrollo.
Me contó que en el poblado donde vive, la gente escucha al ex ministro del Interior y de Justicia de Uribe, Fernando Londoño Hoyos, a través de Radio Súper, y “a la RCN de Juan Gossaín”.
De Londoño los convence, por ejemplo, que el ex ministro defiende a los militares acusados de cometer “falsos positivos”. Al fin y al cabo los asesinos son hombres del pueblo, es el argumento palabras más, palabras menos, de Londoño. “La gente cae en la cuenta de que es cierto”, me dijo.
Me dijo que una mañana, no hace mucho, estaban unos 700 hombres reunidos en el mercado del poblado donde vive. Y que tras oír una arenga radial de Londoño, alguien gritó: “¡Toca votar por Juan Manuel Santos!”; que todos dejaron sus quehaceres, echaron vivas y luego se dedicaron a celebrar ruidosamente, lanzando voladores al cielo, su decisión colectiva sobre a quién elegirán para la Presidencia de la República.
Su expresión cambió levemente cuando calculó que Santos no gana en la primera vuelta, pero sí en la segunda.
Me dijo que “en Colombia el paramilitarismo nunca se va a acabar”. Que él fue DAS rural y que, ante los abigeos, “la orden era ir a buscarlos y matarlos”; la orden de los terratenientes, aclaró. “La gente nos decía ‘chulos’”, me contó.
Me anunció que apenas termine el mandato de Uribe el baño de sangre volverá. Que están esperando a que Uribe se vaya para no hacerlo quedar mal. Porque lo aprecian, porque lo quieren. Me dijo que Uribe se ha sintonizado con el pueblo que vive en el campo; que éste es muy distinto al de ciudad; que “el pueblo está ávido de sangre y Uribe lo interpretó”.
Me dijo que el paramilitar alias “Cuchillo” tiene la orden de no desmovilizarse (sus fuerzas se mueven en la Orinoquia). Que algunos otros también recibieron inicialmente la misma orden y se han ido entregando a cuentagotas. Me habló de “El Alemán” como de un tipo clave.
Como ejemplo de que la guerra se va a desatar, me contó que en el sur del Meta hay un grupo llamado “Los Tuparreros”, que “ya están lista en mano”, prestos a comenzar a asesinar uno a uno a algunos que quedan en Mapiripán. Los han observado en estos años. En sus denuncias, protestas y exigencias, quizá en su negativa a desplazarse, aunque de las razones no me habló. En todo caso los tienen ubicados y ahora los van a acabar, me dijo.
Del grupo de colombianos que fue asesinado el 11 de octubre de 2009 en Venezuela, me dijo que “algunos no tenían que ver”. Los demás eran paramilitares que cumplían una misión, me dijo. Que la frontera está llena de paramilitares colombianos que penetran hasta bien adentro de Venezuela. Que por ahora sólo espían, a veces hacen sabotajes. Que se camuflan como personas dedicadas a distintos oficios. Y regresan a Colombia con información, me contó.
Hablamos varias horas atenta, cordialmente. Con respeto. Nunca le oculté mi opinión. Es gran lector. Me dijo que si el pueblo pudiera leer libros, las cosas serían diferentes. Nos despedimos. Yo me quedé preguntándome si sobreviviremos a estas verdades.
Debajo, el texto del acuerdo humanitario que permitirá la liberación en los próximos días de dos militares, prisioneros de guerra de las FARC, y la entrega de los restos mortales del mayor Julián Guevara, fallecido en cautiverio.Los militares que serán liberados unilateralmente por la guerrilla son el soldado Josué Daniel Calvo y el suboficial Pablo Emilio Moncayo. Las FARC han dicho claramente que no incluye a soldados rasos dentro de su propuesta de canjear guerrilleros presos por militares cautivos en la selva, lo cual explica la liberación de Calvo. En cuanto a Moncayo, su ansiada libertad debe atribuirse a la titánica campaña de su padre, el profesor de secundaria Gustavo Moncayo, conocido internacionalmente como el “caminante por la paz”.La senadora liberal Piedad Córdoba, artífice de las negociaciones humanitarias, informará a través de twitter (piedadcordoba) el avance de las operaciones de liberación. Las organizaciones de mujeres harán el sábado un plantón por más acuerdos humanitarios, en las afueras del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, capital del central departamento del Meta.
Y desde ayer, 57 prisioneros del Patio 3 de la cárcel Palogordo de Girón, departamento nororiental de Santander, se declararon en huelga de hambre, ante la gravísima e inatendida situación de salud del preso Diomedes Meneses. Ignoro si Meneses es guerrillero o no; o si lo son los presos que se solidarizan con él. Pero lo que no tiene duda es que las condiciones de la prisión no dejan nada bien parado al Estado colombiano. Mientras este último se da el lujo de dejar a sus militares y policías en la selva durante más de una década, a la espera de una segunda Operación Jaque que quizá no vendrá, la guerrilla sigue empujando un acuerdo para liberar a los suyos. Señal de que se preocupa por ellos.
Memorando de Entendimiento
Protocolo de seguridad y coordinación
En virtud del presente memorando de entendimiento el Ministerio de Defensa de Colombia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al igual que el CICR se comprometen mutuamente a cumplir – para cada operación de entrega – con el siguiente protocolo de seguridad y coordinación:
1. El CICR notificará al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Dirección General de la Policía Nacional, en la tarde (hasta las 19h00 horas) de la antevíspera del día de cada operación, el área geográfica en donde se desarrollará la operación humanitaria.
2. El CICR comunicará antes del inicio de la operación humanitaria los desplazamientos de las aeronaves que se utilizarán para ingresar al país y para llegar a los puntos de concentración, las características que identifican las aeronaves que empleará en la operación y los nombres y demás datos de identificación de los respectivos tripulantes y pasajeros, incluidos los nombres y demás datos de identificación de las personas que conformarán la misión humanitaria. Se comunicará al Ministerio de Defensa Nacional y al Comando General de las Fuerzas Militares, la ubicación (aeropuerto) en Colombia donde se entregarán a las autoridades acordadas la(s) persona(s) liberada(s), así como los restos mortales del Mayor Julián Guevara. Las aeronaves ingresarán al – y egresarán del – país a un – y desde un – aeropuerto previamente conocido por el Gobierno Nacional; con los emblemas del CICR y con presencia de uno de sus delegados a bordo.
3. El Ministerio de Defensa Nacional se compromete a que una vez recibidasy aprobadas las anteriores comunicaciones suspenderá o cancelará todo tipo de actividad militar y policial o de operaciones militares y policiales en el área geográfica que el CICR le haya comunicado, a partir de las 18:00 horas (6:00 p.m.) del día anterior a la operación, durante todo el día o sea las veinticuatro horas del día de la operación, y hasta las 06:00 horas (6:00 a.m.) del día siguiente a la operación.
4. En el caso de que se realizan varias operaciones, es importante que no se inicie una hasta que no haya finalizado en su totalidad la anterior. Una vez se termine la primera operación se debe notificar a las partes antes de iniciar la segunda (según el punto 1).
5. En particular, quedarán suspendidos los sobrevuelos de aeronaves militares y civiles en el área geográfica determinada. Sólo se autorizarán los vuelos comerciales nacionales o internacionales de las líneas aéreas con plan de vuelo vigente ante las autoridades aeronáuticas de Colombia, manteniendo su rumbo en la dirección del vuelo autorizado, sin realizar vuelos circulares. Vuelos comerciales que por razones técnicas deban volar por debajo de los veinte mil pies de altura deberán desviarse fuera del área geográfica en donde se realice la operación o posponerse. El Ministerio de Defensa Nacional hará las coordinaciones que sean necesarias con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil para garantizar el cumplimiento de estas reglas de seguridad.
6. Además, el Ministerio de Defensa suspenderá todo tipo de movimientos, operaciones militares y movilización de tropas por vías terrestres o campo abierto, por vías fluviales y desembarcos de tropas aerotransportadas o por embarcaciones fluviales en el área geográfica, durante el tiempo que tenga duración la respectiva operación humanitaria, sin perjuicio de la necesaria movilización de unidades de la Policía Nacional en zonas urbanas que tengan como finalidad el mantenimiento del orden.
7. En el evento de que por fuerza mayor, dificultades meteorológicas o cualquier otro imprevisto el CICR, en consulta con los demás participantes, considere que la operación deba demorarse más tiempo que el previsto atrás (numeral 3) lo comunicará cuanto antes al Ministerio de Defensa o al Comando General de las Fuerzas Militares.
8. El comandante de la tripulación brasilera a cargo de la operación logística podrá decidir en cualquier situación que considere de riesgo técnico o de cualquier otra naturaleza cancelar la operación.
En constancia de lo acordado se firma en Bogotá, D.C. el 12 de marzo de 2010.
Esta noche hace 20 años paramilitares asesinaron a mi amiga periodista Silvia Duzán. Hace poco ella hubiera cumplido 50. Seguro hubiéramos hecho una rumba roquera que habría retumbado hasta la Luna.
En 2008 escribí en este blog sobre Silvia: http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=129 . La impunidad sigue intacta, a pesar de la tan mentada jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal para facilitar la desmovilización de un sector de paramilitares.
Silvia preparaba un documental sobre narcotráfico y elecciones. Decir que el tema sigue vigente es poco decir. En realidad está que arde, ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. Y ni para qué mencionar a esa extraña oficina de la ONU, la de la Droga y el Delito.
Cuando mataron a Silvia los paramilitares eran apenas unos pocos escuadrones. Pero, el negocio de combinar matanzas con elecciones fructificó. En 2002 se dijo que había unos 6.000 paramilitares, en 2003 el gobierno sostuvo que eran unos 32.000 y ahora son otra vez algo así como 11.000. Fiel a su táctica de desviar la atención y acaparar titulares, el gobierno de los vidrios polarizados dice que estos 11.000 no existen, o que no son, o que se llaman de otro modo.
Entretanto, los cultivos de droga han disminuido. Es decir, el negocio se ha racionalizado. A menos cultivos de droga, menos costos para vigilarlos. A menos oferta, mejor precio. El mercado funciona así. Tiene lógica que este gobierno haya promovido la penalización de la dosis personal. La medida sube el precio de la droga. El narcotráfico es la gallina de los huevos de oro, más aún cuando hay crisis financiera mundial. En medio de la crisis internacional, a la banca colombiana le va, como dicen las señoras, divino.
En estas semanas se multiplican las denuncias acerca de cómo corre a manos llenas el dinero en efectivo en la campaña electoral actual. Sólo en unos meses descifraremos con mayor precisión qué sucede. En todo caso, en Colombia, desde hace un tiempo, las elecciones funcionan así. Ante la indiferencia de los gobiernos del mundo. No creo en ninguna unidad latinoamericana y del Caribe que siga soslayando la tragedia colombiana.
La periodista María Jimena Duzán dedicó a su hermana Silvia su columna en la revista Semana. El economista Salomón Kalmanovitz escribió hoy en el diario El Espectador sobre su esposa Silvia. El Espectador editorializó: Veinte años y ni siquiera un arrepentimiento. Y destaca una frase lacerante de un narco que fue condenado a 22 años de cárcel en Estados Unidos, pero que acaba de regresar a Colombia después de sólo pagar tres años: “No me arrepiento de ayudar a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, aunque cometieron excesos como las masacres de La Rochela y Cimitarra, en la que murió la hermana de María Jimena Duzán”.
Se llamaban autodefensas. Pero el virtual candidato uribista, Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa tuvo la gentileza de aclarar cómo es que no eran tales. En este blog también, recogí sus palabras. En realidad se dedicaban a actividades contrainsurgentes, masacre de la población para atemorizarla y quitarle apoyo político a la guerrilla.
El negocio siempre ha sido muy racional. Su otra cara ha sido siempre bloquear y boicotear activamente y al costo que sea cualquier posibilidad de solución política con la guerrilla. El narcotráfico necesita la guerra. Los negociantes de armas también.
El 9 de diciembre de 2007 se conoció una extraña conversación telefónica del majestuoso presidente colombiano.
Álvaro Uribe llama a un amigo suyo, uno de esos extraños frecuentadores de “la Casa de Nari”, como le dicen los narcos a la sede presidencial. De hecho había trabajado allí.
El interlocutor de Uribe tiene el extraño ¿alias? de “la Mechuda”.
Uribe le reclama a gritos a “la Mechuda” por un extraño tema relacionado con propiedades de narcos.
“Y si lo veo le voy a dar en la cara marica”, es la refinada expresión de Uribe en su agitado monólogo, que se puede oír en Youtube.
Ahora, parece que Mr. Hyde apareció de nuevo en Cancún, durante la cumbre del Grupo de Río.
Allá su interlocutor fue el presidente de Venezuela Hugo Chávez, otro gamín de la cuadra. Fue Uribe quien interrumpió a Chávez y se armó la grande.
Mañana las noticias se concentrarán en esa pelea entre presidentes en Cancún, y comprobaremos, otra vez, cómo el odio nacionalista es la mejor manera de manipular y envilecer a un país.
Y habrá menos espacio para que el público se entere para qué sirve la Secretaría General de la Casa de Nari, para qué sirve la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, y qué tienen que ver ambas con la Stasi de la seguridad democrática.
El Día del Periodista en Colombia comenzó con tristezas, pero produjo al final dos buenas noticias.
La primera, que el sociólogo, columnista y cronista Alfredo Molano fue exonerado por un juez de los cargos penales de injuria y calumnia, por una columna escrita en febrero de 2007 en El Espectador. El juez le dio prelación a la libertad de expresión.
La segunda buena noticia fue que los galardonados por el Círculo de Periodistas de Bogotá dedicaron sus premios al equipo periodístico de Cambio.
La revista deja de existir, según sus recientes dueños, el grupo Planeta, porque no da dinero suficiente; pero según nosotros, los reporteros de este país, porque los españoles quieren a toda costa ganarse la licitación por el tercer canal privado de TV, y temían que el periodismo investigativo de Cambio les pusiera en riesgo sus relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Al fin y al cabo el mismo grupo Planeta sí mantiene una revista de desnudos llamada Don Juan, que le está produciendo pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. Mientras, Cambio pasó 2009 con cifras en negro, gracias a las investigaciones del equipo dirigido por Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Investigaciones que pusieron a temblar al gobierno de Uribe. Por Cambio nos enteramos que Colombia se iba a convertir en el más grande portaaviones del Pentágono, por ejemplo; el gobierno se lo tenía calladito en ese entonces. Por una publicación de Cambio terminó siendo investigado un precandidato conservador al que le gusta que le digan “Uribito”. Con eso queda descrito él.
Pero decía que el día comenzó triste. Con una rueda de prensa en la que, al final, nos saludábamos como si se nos hubiera muerto alguien – la libertad tal vez.
Citada por mis colegas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, este fue el comunicado que leyeron, sobre las actividades de la Staatssicherheit (Stasi) de la Seguridad Democrática.
9 de febrero, nada que celebrar, mucho por denunciar:
Periodistas responsabilizan al presidente Uribe por persecución de policía secreta en su contra
Bogotá, 9 de febrero de 2010.
El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia.
Así lo reclamaron este 9 de febrero, día del periodista, los reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, dos de las principales víctimas del accionar criminal del DAS durante el actual gobierno. Las pruebas y testimonios judiciales que hoy están en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe de Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición.
Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia definen que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) actuará “bajo la dirección” del Presidente de la República, quien será responsable del nombramiento del director/a de ese organismo. No sobra recordar que cuatro de los cinco directores del DAS en el gobierno Uribe han salido de la entidad en medio de graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal.
La semana pasada, Álvaro Uribe admitió haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Son diversos los discursos y señalamientos que el presidente de la República ha realizado contra quienes él denomina “aliados del terrorismo”, que para Uribe se encuentran en algunas ocasiones en cercanías al Congreso de la República, en otras a la Corte Suprema de Justicia y los defensores de derechos humanos, y en algunas más al periodismo libre.
Es evidente que el discurso presidencial contra el terrorismo ha abarcado sin distinción a los grupos armados ilegales y quienes hacen oposición legítima en Colombia. Se puede deducir que el DAS sí recibió órdenes presidenciales de incluir en el escenario de la llamada “guerra política” al periodismo crítico.
Por su parte, el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, hoy en juicio por paramilitarismo y homicidio, la semana pasada confesó haber recibido órdenes del presidente Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, principal gestor y asesor del G-3, vinculado además a la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.
En el proceso penal, las siete personas llamadas a juicio por las acciones del G-3 han sido coincidentes en afirmar que todo lo actuado siguió las órdenes y directrices emanadas de la Presidencia “en el marco de la seguridad democrática”.
Los periodistas Morris y Duque solicitaron al presidente Uribe explicarle al país cuáles fueron los filtros –si los hubo– que debieron pasar Narváez y Noguera para llegar a cargos tan importantes dentro de la estructura de inteligencia del Estado colombiano, máxime cuando son contundentes las pruebas y testimonios que los relacionan con grupos paramilitares.
LAS PRUEBAS
En el caso de Hollman Morris, está probado que el DAS diseñó en su contra estrategias de desprestigio a nivel nacional e internacional y elaboró un video en el que lo señalaba de ser miembro de la guerrilla. En ese contexto, no es mera coincidencia el envío de coronas fúnebres que anunciaban su muerte. Las estrategias contra Hollman, de acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC. Incluso el DAS tenía planeado “bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países, así como el robo de sus documentos para “sabotear” al periodista, al igual que el espionaje contra su familia y equipo de trabajo. Hollman además ha sido víctima de dos detenciones arbitrarias e incautación ilegal de material periodístico.
En el caso de Claudia Julieta Duque, se ha comprobado la existencia de órdenes por parte del DAS para “finalizar urgente” con la periodista, amenazar a su hija en forma directa y demandarla por injuria y calumnia, así como la responsabilidad de ese organismo en innumerables llamadas intimidatorias y otros hechos de tortura psicológica en su contra durante el año 2004, seguimientos e informes de inteligenciaincluso cuando la periodista se encontraba en el exilio, y de la infiltración de informantes para vigilarla de cerca. Adicionalmente, en su caso existen pruebas de que el DAS la persiguió desde el año 2001, cuando fue secuestrada y robada, hasta al menos el año 2008.
Hollman y Claudia Julieta trabajaron juntos en agosto de 2003 en la elaboración de un documental sobre el caso Jaime Garzón, mediante el cual demostraron la existencia de un montaje puesto en marcha por el DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista. Claudia Julieta investigaba el caso desde el año 2001, cuando empezaron los ataques en su contra. Existen evidencias para afirmar que a raíz de ese documental, emitido en el programa Contravía los días 17 y 24 de agosto de ese año, se incrementó la persecución en contra de ambos reporteros y sus familias.
Para los dos periodistas, es claro que los severos señalamientos públicos por parte del presidente Álvaro Uribe son coincidentes con la arremetida del G-3. Es así como, tras un discurso presidencial de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un memorando interno del DAS dirigido a Jorge Noguera, calificó a Claudia Julieta Duque como “traficante de derechos humanos”.
Igualmente, en noviembre de 2008, el presidente Uribe aseguró que existe una “recua de bandidos” y “una campaña orquestada por las FARC” para vincular al ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, con grupos paramilitares. Claudia Julieta Duque es la autora del informe “Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio”, publicado en el 2005, el cual demostró la infiltración del paramilitarismo en el ente investigador durante la administración del ex fiscal Osorio.
Como es de público conocimiento, el presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra Hollman Morris, al señalarlo de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados” (mayo de 2005). Para esa época, ya reposaban en el G-3 cientos de páginas con información de inteligencia en contra del director de Contravía. De allí, además, se desprende el nombre de la operación del G-3 en su contra: Operación Puerto Asís.
En febrero de 2009, el presidente insinuó una vez más la cercanía de Hollman Morris con las FARC, solicitó que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión” a cuatro policías y soldados recién liberados, y lo acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con esa guerrilla. Igualmente, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo señaló de ser “afín a las FARC”. En forma casi inmediata, el periodista recibió más de 50 amenazas por correo electrónico.
Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris y demostró que el reportero obró conforme a la ética periodística. La campaña de desprestigio que siguió a las acusaciones del presidente Uribe contra Morris coincide plenamente con las recomendaciones del G-3 y el DAS en su caso. El reportero aún está a la espera de una rectificación por parte del jefe de Estado.
En la actualidad, los dos periodistas y sus familias continúan en riesgo. De acuerdo con ambos, sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar algún cambio positivo en su situación de seguridad.
OTROS PERIODISTAS
A través de la persecución contra los periodistas Morris y Duque, también fueron obtenidos en forma ilegal datos, correos electrónicos, teléfonos e información privada de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para entonces en cabeza del argentino Eduardo Bertoni, entre otros.
En la actualidad, la Fiscalía ha comprobado que los seguimientos ilegales del G-3 también tocaron a otros periodistas, a saber:
-Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz.
-Alfredo Molano, El Espectador
-Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó “Operación Canela”.
-Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador
-César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado.
-Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
-Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle.
-Liam Craig Best, Justice for Colombia, Reino Unido.
Hoy 9 de diciembre ha sido designado como el Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Filipinos. Esto porque el 23 de noviembre fueron asesinados 34 periodistas y trabajadores de medios, en una masacre de un total de 59 personas en la provincia de Maguindanao, Mindanao, Filipinas.
El grupo fue emboscado por un comando de cerca de 100 hombres armados, cuando acudía en caravana a cubrir la inscripción electoral del candidato rival para la gobernación de Maguindanao, cargo al que aspira también el hijo del actual gobernador de esa provincia.
Según la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, NUJP, 59 cuerpos sin vida fueron hallados en fosas comunes, algunos decapitados o mutilados.
El Centro por el Derecho Internacional reportó el 25 de noviembre el siguiente listado confirmado de 27 periodistas y trabajadores de medios asesinados:
Ian Subang, de Socsargen Hoy; Lea Dalmacio, de Socsargen Noticias; Gina De la Cruz y Neneng Montaño, ambos de Saksi Noticias; Maritess Cablitas y Rosell Morales, de Noticias Focus; Henry Araneta,de Radio DZRH; Alejandro “Bong” Reblando, de Manila Bulletin; Víctor Núñez, de UNTV; Mark Gilbert “Mac-Mac” Arriola; Bal Cachuela, de Punto Noticias; Ernesto “Bart” Maravilla, de Bombo Radyo; Ronie Perante, corresponsal del Gold Star Daily, y Jhoy Duhay, del mismo medio; Joel Parcon y Jun Legarte, de Prontiera News, así como los siguientes cinco periodistas y trabajadores del periódico Ini: Rey Merisco, John Caniban, Arturo Betia, Noel Decena y Rani Razon.
También, Andy Teodoro,del Central Mindanao Inquirer; Jimmy Cabilo,del Midland Review; Reynaldo “Bebot” Momay, del mismo medio; Napoleon Salaysay, del Mindanao Gazette, y Jun Gatchalian y Lindo Lupogan.
Los nombres de otros siete periodistas y trabajadores de medios no fueron confirmados en este listado del Centro por el Derecho Internacional.
Durante los ocho años que lleva en el gobierno de Filipinas la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo han muerto en atentados con sicarios 75 periodistas. Sólo cuatro sospechosos han sido condenados por estas muertes. En Filipinas, el segundo país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo después de Iraq, la impunidad es sistemática. Hasta el momento, ningún grupo asociado con separatistas armados que operan en Mindanao (sur de Filipinas) han sido vinculados a la masacre.
En la historia, esta es la peor atrocidad cometida contra periodistas en un solo día y lugar.
Ante estos hechos, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) designó hoy, 9 de diciembre, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, como Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Filipinos.
Heavy Metal Colombia se une a esta jornada y envía un mensaje de aliento a la NUJP, organización afiliada a FIP.
Algo que se puede hacer es llenarles el correo de mensajes de repudio y exigencia de justicia a toda esta gente que copio debajo. No está garantizado que con ello se logre vencer la impunidad, pero por lo menos se les atasca el correo electrónico.
1.A la presidenta que permite que estas cosas ocurran, y a los miembros de su gabinete:
H.E. Gloria Macapagal-Arroyo
Presidenta
Malacañang Palacio
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
Teléfono:+63 (2) 564-1451 to 80; +63 (2) 735-8005
Fax:+63 (2) 736-1010 corres@op.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Eduardo R. Ermita
Secretario Ejecutivo
Premier Guest House,
JP Laurel Street, San Miguel,
Manila 1005
Teléfono:+63 (2) 735-5359; +63 (2) 736-1076
Fax:+63 (2) 736-1010 erermita@op.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Alberto G. Romulo
Secretario de Relaciones Exteriores
11/F DFA Bldg.,
Roxas Boulevard,
Pasay City
Voice:+63 (2) 834-3010
Fax:+63 (2) 832-1597 osec@dfa.gov.ph
Hon. Agnes Devanadera
Secretario de Justicia
DOJ Main Bldg.,
Padre Faura Street,
Manila 1004
Voice:+63 (2) 521-8344; +63 (2) 521-3271
Fax:+63 (2) 521-1614 sad@doj.gov.ph
Hon. Gilberto Teodoro
Secretario de la Defensa Nacional
Hon. Norberto B. Gonzales
Consejero Nacional de Seguridad y Director General del CNS
Consejo Nacional de Seguridad, Departamento NICA,
V. Luna St. corner East Avenue
Quezon City 1104
Voice:+63 (2) 929-0414
Fax:+63 (2) 927-2313 nsmc@info.com.ph
Hon. Avelino I. Razon
Consejero Presidencial de Proceso de Paz
7/F Agustin Building I, Emerald Avenue
Ortigas Compound
Pasig City
Voice:+63(2) 636-07-01 to 06 / +63(2) 636-3801 to 06 ere_papp@compass.com.ph
Hon. Ronaldo V. Puno
Secretario del Interior y Gobierno Local
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St,
Diliman, Quezon City
Voice:925-0330/31
Fax:925-0332
rvpuno@dilg.gov.ph
2.A los siguientes funcionarios del Departamento del Interior y Gobierno local:
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal Street, Brgy. Piñahan,Diliman
Quezon City NCR 1104
+63 (2) 925 0320 to 23 http://www.dilg.gov.ph
Hon. Ronaldo V. Puno
Secretario
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-0330/31
Mobile:
Fax:+63 (2) 925-0332 rvpuno@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Pascual V. Veron Cruz Jr.
Asistente
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St.
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-8888
Fax:+63 (2) 925-0332 junveroncruz@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Melchor P. Rosales
Subsecretario de Paz y Orden y Crímenes Transnacionales
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-2333
Fax:+63 (2) 925-3843 mprosales@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Atty. Marius P. Corpus
Subsecretario de Orden Público
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 920-7783 / 925-0327 / 925-0390
Fax:+63 (2) 925-9114 mpcorpus@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Atty. Wenceslito T. Andanar
Subsecretario de gobierno local
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-0357; 925-0343
Fax:+63 (2) 925-0338 wtandanar@dilg.gov.ph
El presidente venezolano Hugo Chávez dijo hoy que su homólogo colombiano Álvaro Uribe entregó a Colombia, a cambio de que Estados Unidos no le cobre sus nexos con el narcotráfico. “Yo no tengo duda ya de quién es el presidente Uribe. De dónde viene. Paramilitarismo. Narcotráfico. Y unas redes de lo más oscuro y podrido que uno pueda imaginarse. (…) Está tan metido en camisa de 11 varas, que entregó a Colombia a cambio del perdón. Es el precio que le pusieron los yanquis al presidente Uribe (…). El congreso de Colombia: más de la mitad de los senadores y diputados [sic] están en prisión, o por el narcotráfico o por la corrupción”.
No sé si un jefe de Estado deba decir esas cosas de otro. Lo que sí sé es que, por ejemplo entre corrillos de periodistas en Colombia -muy lejos de ser chavistas-, se dice lo mismo.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso decidió suspender la confesión de sus crímenes ante la justicia colombiana.
En su décima audiencia de versión libre desde Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico en mayo de 2008, Mancuso leyó una carta de 19 páginas dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ella subraya que su extradición, junto con otros capos paramilitares desmovilizados, se dio luego de que él comenzó a confesar “las primeras verdades”, especialmente, dijo, en la audiencia de mayo de 2007. “Ante la imposibilidad de callarnos, el gobierno nos extraditó” sostuvo. Agregó que su familia está amenazada y recordó que su hijo de 11 años fue blanco de un atentado.
En esa audiencia, durante la cual nerviosos fiscales aclararon a la prensa que las afirmaciones de Mancuso aún tenían que ser cotejadas por la justicia, Mancuso relacionó en distintos grados supuestamente con los paramilitares al vicepresidente Francisco Santos, al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a los generales Rito Alejo del Río (“el Pacificador de Urabá” durante la gobernación de Antioquia del actual presidente Álvaro Uribe, y actualmente procesado por homicidio agravado en persona protegida), Iván Ramírez Quintero (ex jefe de inteligencia del Ejército y hoy procesado por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia en 1985), Martín Orlando Carreño (sucesor de Del Río y posteriormente comandante del ejército, fallecido), Alfonso Manosalva (fallecido) y Rosso José Serrano, ex director nacional de la Policía.
Entre numerosos políticos, también involucró al primo del Presidente, por entonces senador Mario Uribe Escobar, actualmente procesado por la Corte Suprema de Justicia por relaciones con paramilitares.
En la citada y explosiva audiencia de 2007, Mancuso igualmente mencionó a empresas y empresarios.
Comprometió a Doll, Chiquita, del Monte, Proban, Banacol y Uniban, del sector bananero; a palmicultoras; a empresas de transporte terrestre de pasajeros, como Copetrán y Brasilia; a cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta; a gasolineras, madereras, pesqueras y carboneras, como Prodeco y Carbones del Caribe; petroleras como Ocensa, Ecopetrol, British Petroleum (BP), Triton y Total; a Postobón, empresa de gaseosas, y a Bavaria, de cerveza, adquirida después por la multinacional Sab Miller.
Mancuso dice que no seguirá declarando porque el aislamiento en el que lo tienen las autoridades estadounidenses no le permite consultar y verificar con sus antiguas tropas los miles de asesinatos que le atribuyen las víctimas.
“No me atrevo a hacer confesiones si no puedo documentar lo que se me reprocha”, consignó Mancuso, y agregó que sin embargo no renuncia a la jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal colombiano que le garantiza máximo ocho años de cárcel por todos sus delitos.
Seguirá, pues, asistiendo desde Estados Unidos a las sesiones por videoconferencia en las que los tribunales de Justicia y Paz le hacen imputaciones de cargos aunque, aclaró, los acuerdos de desmovilización paramilitar con el gobierno de Álvaro Uribe fracasaron.
En el pasado, el propio Mancuso ha dicho que miles de paramilitares han vuelto nuevamente a las armas tras su desmovilización. Según la Misión MAPP-OEA, serían siete mil.
“Mientras existan actores del conflicto que hayan quedado por fuera del proceso de paz, mientras existan intereses oscuros en Colombia en que no se siga conociendo la verdad, nunca habrá un conocimiento total de la verdad ni se obtendrá la reparación que corresponde a las víctimas, y mucho menos justicia, y por ende no habrá nunca paz en Colombia”, dijo Mancuso en su carta.
A pesar de que, tan pronto fueron extraditados los ex jefes paramilitares, el embajador estadounidense William Brownfield y el gobierno colombiano anunciaron que pactarían un acuerdo formal entre ambos países para garantizar la continuidad de las confesiones de los paramilitares, un año y cuatro meses y medio después ese pacto, que se sepa, no existe.
Los paramilitares, incursos en crímenes de lesa humanidad y en crímenes de guerra, están siendo juzgados en Estados Unidos exclusivamente por narcotráfico. Un delito menor en comparación, según ha advertido el juez español Baltasar Garzón.
Los tres sostienen que las condiciones de su encierro son un obstáculo para esclarecer la verdad en la guerra colombiana. “Don Berna” argumentó la suspensión indefinida de sus confesiones bajo la jurisdicción de Justicia y Paz al hecho de que su familia y sus abogados corren peligro en Colombia.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
El 9 de diciembre de 2007 se conoció una extraña conversación telefónica del majestuoso presidente colombiano. 
