Si acaso todavía se enseña en las facultades de periodismo que es preciso desconfiar de las declaraciones de los poderosos, el documento que copio a continuación debería convertirse en clásica pieza de estudio.
Y, al final aporto algunos nombres que no se detallan en este texto, que gira en torno a aquello que tan tiernamente se ha dado en llamar “interceptaciones” o “chuzadas”, pero que en realidad son actos de terror cometidos desde el Estado contra disidentes, jueces y periodistas.
Febrero 17 / 2010
Comunicado – Uribe dijo al CPJ y la FLIP: “El que intercepte es enemigo del gobierno”
El presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez afirmó el martes 16 de febrero de 2010 que aquellos funcionarios que ilegalmente espiaron a la prensa son “enemigos de su gobierno”, durante una reunión con una delegación conformada por el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Uribe emitió esa declaración luego de conocer las observaciones elevadas por la delegación del CPJ y la FLIP, en una reunión de alrededor de dos horas de duración, con el mandatario y funcionarios de alto rango en el Palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano. Entre los funcionarios participantes estuvieron el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón; el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio; el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo Trujillo, entre otros.
El CPJ y la FLIP habían presentado en la mañana sus informes anuales en una conferencia de prensa en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Según ambos informes, el espionaje ilegal a periodistas es una de las amenazas más serias que enfrenta la libertad de prensa en Colombia. Los periodistas locales tuvieron sus teléfonos y cuentas de correo electrónico interceptados, y fueron objeto de vigilancia y acoso entre 2004 y 2006, según la Fiscalía. El CPJ y la FLIP también tuvieron algunos de sus correos electrónicos interceptados. Según una investigación preliminar y versiones de periodistas locales al CPJ y a la FLIP, el espionaje ilegal habría continuado aún después de febrero de 2009, luego de que se publicaran las primeras noticias sobre el escándalo.
La delegación del CPJ y la FLIP solicitó al presidente Uribe que realizara un enérgico rechazo ante la preocupación que ha provocado el espionaje ilegal. El presidente reiteró que Colombia tiene un gobierno democrático que “no acepta la ilegalidad”. Uribe indicó: “Quien afecte la libertad de un periodista y quien intercepte es enemigo del gobierno”.
La delegación estuvo conformada por la reconocida periodista colombiana y miembro de los consejos directivos de ambas organizaciones, María Teresa Ronderos; el ganador del premio del CPJ y presidente del consejo directivo de FLIP, Ignacio Gómez; el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, y el director ejecutivo de la FLIP, Andrés Morales.
Los participantes de la delegación informaron a Uribe y al resto de los funcionarios colombianos que los periodistas están tomando medidas extraordinarias para prevenir que sus comunicaciones sean interceptadas y los exhortaron a que apoyen las investigaciones. “Me duele que no estén capturados los responsables”, afirmó Uribe. El general Naranjo dijo que la Policía Nacional comparte la frustración del presidente respecto de la investigación, pero al mismo tiempo insistió en remarcar los esfuerzos que hasta ahora se han realizado.
Como resultado del espionaje generalizado, las fuentes confidenciales se han visto en riesgo y se han mostrado reticentes a hablar con los periodistas colombianos, así lo explicaron varios reporteros al CPJ y la FLIP. Uribe dijo que su gobierno no va a permitir “cualquier acción que interfiera con el trabajo de la prensa”. El vicepresidente Santos indicó que “asumiremos la responsabilidad con sentencias judiciales en firme”.
Desde que el escándalo fue conocido, la oficina del Fiscal General ha iniciado las investigaciones que han conducido al arresto en 2009 de varios funcionarios de alto rango de la inteligencia local, incluyendo el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez. Entre todos, 40 funcionarios del DAS están actualmente investigados. Siete de ellos han sido imputados en enero y podrían enfrentar un juicio pronto.
Durante la reunión con el fiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, realizada el lunes 15 de febrero, la delegación también habló con el Procurador General Alejandro Ordóñez. La oficina de Ordóñez está investigando a 26 funcionarios que podrían estar involucrados en el espionaje y tiene el poder de impartir sanciones disciplinarias sobre ellos. Entre los funcionarios investigados, según Ordóñez, se encuentran tres funcionarios de alto rango del poder ejecutivo.
Mientras los nombres de esos asesores fueron revelados por la oficina del Procurador en junio de 2009, Uribe defendió a los funcionarios y dijo que rechazaba cualquier tipo de presión por parte de los medios para “judicializar a personas inocentes”. Uribe también dijo que le preocupaba que la falta de resultados concretos en la investigación haya sido utilizada para manipular políticamente a su gobierno.
Tanto el Ministro del Interior y de Justicia como el Director del DAS, quienes participaron de una reunión el lunes 15 de febrero con la delegación del CPJ y la FLIP, emitieron declaraciones en las cuales reaccionaban a la información publicada en los informes de ambas organizaciones. Ambas declaraciones reafirmaron que el espionaje ilegal no era una política de estado y que ellos habían prestado su colaboración con la investigación.
La delegación también exhortó a las autoridades a que se abstengan de acusar, sin ninguna evidencia, a miembros de la prensa de tener vínculos con grupos armados, dado que eso pone en serio riesgo la vida de los reporteros.
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+Los tres altos funcionarios de Presidencia que investiga la Procuraduría (ministerio público) y cuyos nombres fueron mencionados en 2009 son el Secretario General, Bernardo Moreno; el Secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, y el entonces asesor de Comunicaciones de Presidencia y hoy viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman.
+Cuatro directores de la agencia de inteligencia DAS bajo el mandato Uribe también son investigados por la Procuraduría: Jorge Noguera, Joaquín Polo, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate. No está descartado que sea vinculado a la investigación el actual director del DAS, Felipe Muñoz.
+En el proceso disciplinario también están vinculados otros 19 funcionarios. Entre ellos, varios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dependencia especializada del Ministerio de Hacienda contra el lavado de activos.
+Por su parte, la Fiscalía investiga a unos 40 funcionarios y ex funcionarios, también en torno a actividades ilegales de sabotaje contra disidentes.
+En la Corte Suprema avanza el juicio contra Jorge Noguera, acusado de poner el DAS al servicio del paramilitarismo.
Todo indica que el presidente Álvaro Uribe autorizó, por debajo de cuerda, negociar con los jefes de las bandas narco que se disputan Medellín. El objetivo gubernamental: bajar los índices de homicidios. El año pasado hubo cerca de dos mil muertos en esa ciudad.
Los jefes aceptaron, pero preguntaron que a cambio de qué. De paso, para mostrar su poder, decretaron una tregua entre el 1 y el 12 de febrero. El gobierno contestó que a cambio de cárcel. Pero ya estaban presos, pues fue allá donde conversó con ellos una comisión que los medios llamaron “de notables”. En medio de la gestión, ésta se filtró a la prensa.
“Rápido, ¡que tapen! Que ni modos, ya se filtró. Entonces que llamen al Comisionado de Paz (como tal figura Frank Pearl), lo enteren y le digan que dé una rueda de prensa. Que listo, ya salió. Y, ¿qué dijo? Que todos estaban alineados. Ok. Ay, ¡otra vez! Que (el comandante de la poli, general Óscar) Naranjo está diciendo que no se puede volver a cometer el error de dar estatus político a los narcotraficantes. ¡Carajo! ¿No estaban alineados? ¡Que lo callen! ¿Y si no se calla? ¡Pues llaman a la Policía!”
Según Claudia López en su columna en La Silla Vacía, esta es la trascripción del casete No. 3521 del DAS, entregado a la Presidencia hace dos semanas y olvidado por casualidad en un debate.
Ya veo a qué se sigue dedicando la “seguridad nacional”, supuestamente a cargo del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. Ayer y hoy, el Centro de Medios Populares y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo están transmitiendo en directo por Internet el juicio que se sigue contra Jorge Noguera, primer director de la era Uribe del DAS.
El Día del Periodista en Colombia comenzó con tristezas, pero produjo al final dos buenas noticias.
La primera, que el sociólogo, columnista y cronista Alfredo Molano fue exonerado por un juez de los cargos penales de injuria y calumnia, por una columna escrita en febrero de 2007 en El Espectador. El juez le dio prelación a la libertad de expresión.
La segunda buena noticia fue que los galardonados por el Círculo de Periodistas de Bogotá dedicaron sus premios al equipo periodístico de Cambio.
La revista deja de existir, según sus recientes dueños, el grupo Planeta, porque no da dinero suficiente; pero según nosotros, los reporteros de este país, porque los españoles quieren a toda costa ganarse la licitación por el tercer canal privado de TV, y temían que el periodismo investigativo de Cambio les pusiera en riesgo sus relaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. Al fin y al cabo el mismo grupo Planeta sí mantiene una revista de desnudos llamada Don Juan, que le está produciendo pérdidas por cerca de cinco millones de dólares. Mientras, Cambio pasó 2009 con cifras en negro, gracias a las investigaciones del equipo dirigido por Rodrigo Pardo y María Elvira Samper. Investigaciones que pusieron a temblar al gobierno de Uribe. Por Cambio nos enteramos que Colombia se iba a convertir en el más grande portaaviones del Pentágono, por ejemplo; el gobierno se lo tenía calladito en ese entonces. Por una publicación de Cambio terminó siendo investigado un precandidato conservador al que le gusta que le digan “Uribito”. Con eso queda descrito él.
Pero decía que el día comenzó triste. Con una rueda de prensa en la que, al final, nos saludábamos como si se nos hubiera muerto alguien – la libertad tal vez.
Citada por mis colegas Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, este fue el comunicado que leyeron, sobre las actividades de la Staatssicherheit (Stasi) de la Seguridad Democrática.
9 de febrero, nada que celebrar, mucho por denunciar:
Periodistas responsabilizan al presidente Uribe por persecución de policía secreta en su contra
Bogotá, 9 de febrero de 2010.
El presidente Álvaro Uribe Vélez es el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) en contra del periodismo y la libre expresión en el país, y debe pedir perdón públicamente por los ataques que durante su gobierno y desde el DAS se han cometido contra periodistas en Colombia.
Así lo reclamaron este 9 de febrero, día del periodista, los reporteros Hollman Morris y Claudia Julieta Duque, dos de las principales víctimas del accionar criminal del DAS durante el actual gobierno. Las pruebas y testimonios judiciales que hoy están en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia son contundentes en señalar la responsabilidad del jefe de Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición.
Los artículos 208 y 189 de la Constitución Política de Colombia definen que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) actuará “bajo la dirección” del Presidente de la República, quien será responsable del nombramiento del director/a de ese organismo. No sobra recordar que cuatro de los cinco directores del DAS en el gobierno Uribe han salido de la entidad en medio de graves escándalos de paramilitarismo, persecución política y espionaje ilegal.
La semana pasada, Álvaro Uribe admitió haber ordenado al DAS “hacerle inteligencia al terrorismo”. Son diversos los discursos y señalamientos que el presidente de la República ha realizado contra quienes él denomina “aliados del terrorismo”, que para Uribe se encuentran en algunas ocasiones en cercanías al Congreso de la República, en otras a la Corte Suprema de Justicia y los defensores de derechos humanos, y en algunas más al periodismo libre.
Es evidente que el discurso presidencial contra el terrorismo ha abarcado sin distinción a los grupos armados ilegales y quienes hacen oposición legítima en Colombia. Se puede deducir que el DAS sí recibió órdenes presidenciales de incluir en el escenario de la llamada “guerra política” al periodismo crítico.
Por su parte, el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, hoy en juicio por paramilitarismo y homicidio, la semana pasada confesó haber recibido órdenes del presidente Uribe para el nombramiento de José Miguel Narváez como subdirector del DAS, principal gestor y asesor del G-3, vinculado además a la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas.
En el proceso penal, las siete personas llamadas a juicio por las acciones del G-3 han sido coincidentes en afirmar que todo lo actuado siguió las órdenes y directrices emanadas de la Presidencia “en el marco de la seguridad democrática”.
Los periodistas Morris y Duque solicitaron al presidente Uribe explicarle al país cuáles fueron los filtros –si los hubo– que debieron pasar Narváez y Noguera para llegar a cargos tan importantes dentro de la estructura de inteligencia del Estado colombiano, máxime cuando son contundentes las pruebas y testimonios que los relacionan con grupos paramilitares.
LAS PRUEBAS
En el caso de Hollman Morris, está probado que el DAS diseñó en su contra estrategias de desprestigio a nivel nacional e internacional y elaboró un video en el que lo señalaba de ser miembro de la guerrilla. En ese contexto, no es mera coincidencia el envío de coronas fúnebres que anunciaban su muerte. Las estrategias contra Hollman, de acuerdo con las pruebas en poder de la Fiscalía, al parecer serían ejecutadas en coordinación con el Ejército nacional y las AUC. Incluso el DAS tenía planeado “bloquear” la financiación internacional del programa Contravía y la obtención de visas para otros países, así como el robo de sus documentos para “sabotear” al periodista, al igual que el espionaje contra su familia y equipo de trabajo. Hollman además ha sido víctima de dos detenciones arbitrarias e incautación ilegal de material periodístico.
En el caso de Claudia Julieta Duque, se ha comprobado la existencia de órdenes por parte del DAS para “finalizar urgente” con la periodista, amenazar a su hija en forma directa y demandarla por injuria y calumnia, así como la responsabilidad de ese organismo en innumerables llamadas intimidatorias y otros hechos de tortura psicológica en su contra durante el año 2004, seguimientos e informes de inteligenciaincluso cuando la periodista se encontraba en el exilio, y de la infiltración de informantes para vigilarla de cerca. Adicionalmente, en su caso existen pruebas de que el DAS la persiguió desde el año 2001, cuando fue secuestrada y robada, hasta al menos el año 2008.
Hollman y Claudia Julieta trabajaron juntos en agosto de 2003 en la elaboración de un documental sobre el caso Jaime Garzón, mediante el cual demostraron la existencia de un montaje puesto en marcha por el DAS para desviar la investigación por el asesinato del humorista. Claudia Julieta investigaba el caso desde el año 2001, cuando empezaron los ataques en su contra. Existen evidencias para afirmar que a raíz de ese documental, emitido en el programa Contravía los días 17 y 24 de agosto de ese año, se incrementó la persecución en contra de ambos reporteros y sus familias.
Para los dos periodistas, es claro que los severos señalamientos públicos por parte del presidente Álvaro Uribe son coincidentes con la arremetida del G-3. Es así como, tras un discurso presidencial de septiembre de 2003 contra los defensores de derechos humanos, un memorando interno del DAS dirigido a Jorge Noguera, calificó a Claudia Julieta Duque como “traficante de derechos humanos”.
Igualmente, en noviembre de 2008, el presidente Uribe aseguró que existe una “recua de bandidos” y “una campaña orquestada por las FARC” para vincular al ex fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio, con grupos paramilitares. Claudia Julieta Duque es la autora del informe “Fiscalía General de la Nación: Una esperanza convertida en amenaza, balance de Luis Camilo Osorio”, publicado en el 2005, el cual demostró la infiltración del paramilitarismo en el ente investigador durante la administración del ex fiscal Osorio.
Como es de público conocimiento, el presidente Uribe ha arremetido en varias oportunidades contra Hollman Morris, al señalarlo de “hacer alianzas con el terrorismo para grabar atentados” (mayo de 2005). Para esa época, ya reposaban en el G-3 cientos de páginas con información de inteligencia en contra del director de Contravía. De allí, además, se desprende el nombre de la operación del G-3 en su contra: Operación Puerto Asís.
En febrero de 2009, el presidente insinuó una vez más la cercanía de Hollman Morris con las FARC, solicitó que se le investigara penalmente por “entrevistar bajo presión” a cuatro policías y soldados recién liberados, y lo acusó de evadir la protección del Estado para viajar a encuentros con esa guerrilla. Igualmente, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo señaló de ser “afín a las FARC”. En forma casi inmediata, el periodista recibió más de 50 amenazas por correo electrónico.
Meses después, la Fiscalía archivó la investigación contra Hollman Morris y demostró que el reportero obró conforme a la ética periodística. La campaña de desprestigio que siguió a las acusaciones del presidente Uribe contra Morris coincide plenamente con las recomendaciones del G-3 y el DAS en su caso. El reportero aún está a la espera de una rectificación por parte del jefe de Estado.
En la actualidad, los dos periodistas y sus familias continúan en riesgo. De acuerdo con ambos, sólo la acción de la justicia y una directriz clara de la Presidencia de la República podrán generar algún cambio positivo en su situación de seguridad.
OTROS PERIODISTAS
A través de la persecución contra los periodistas Morris y Duque, también fueron obtenidos en forma ilegal datos, correos electrónicos, teléfonos e información privada de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Medios para la Paz, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), así como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para entonces en cabeza del argentino Eduardo Bertoni, entre otros.
En la actualidad, la Fiscalía ha comprobado que los seguimientos ilegales del G-3 también tocaron a otros periodistas, a saber:
-Carlos Lozano Guillén, director semanario Voz.
-Alfredo Molano, El Espectador
-Dick Emmanuelsson, corresponsal internacional. Su caso se denominó “Operación Canela”.
-Ramiro Bejarano, columnista de opinión, diario El Espectador
-César Jérez, Agencia Prensa Rural. Hoy exiliado.
-Adriana Cuéllar, jefa de prensa de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
-Nicole Karsin, periodista independiente, colaboradora del diario estadounidense San Francisco Chronicle.
-Liam Craig Best, Justice for Colombia, Reino Unido.
Hoy 9 de diciembre ha sido designado como el Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Filipinos. Esto porque el 23 de noviembre fueron asesinados 34 periodistas y trabajadores de medios, en una masacre de un total de 59 personas en la provincia de Maguindanao, Mindanao, Filipinas.
El grupo fue emboscado por un comando de cerca de 100 hombres armados, cuando acudía en caravana a cubrir la inscripción electoral del candidato rival para la gobernación de Maguindanao, cargo al que aspira también el hijo del actual gobernador de esa provincia.
Según la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, NUJP, 59 cuerpos sin vida fueron hallados en fosas comunes, algunos decapitados o mutilados.
El Centro por el Derecho Internacional reportó el 25 de noviembre el siguiente listado confirmado de 27 periodistas y trabajadores de medios asesinados:
Ian Subang, de Socsargen Hoy; Lea Dalmacio, de Socsargen Noticias; Gina De la Cruz y Neneng Montaño, ambos de Saksi Noticias; Maritess Cablitas y Rosell Morales, de Noticias Focus; Henry Araneta,de Radio DZRH; Alejandro “Bong” Reblando, de Manila Bulletin; Víctor Núñez, de UNTV; Mark Gilbert “Mac-Mac” Arriola; Bal Cachuela, de Punto Noticias; Ernesto “Bart” Maravilla, de Bombo Radyo; Ronie Perante, corresponsal del Gold Star Daily, y Jhoy Duhay, del mismo medio; Joel Parcon y Jun Legarte, de Prontiera News, así como los siguientes cinco periodistas y trabajadores del periódico Ini: Rey Merisco, John Caniban, Arturo Betia, Noel Decena y Rani Razon.
También, Andy Teodoro,del Central Mindanao Inquirer; Jimmy Cabilo,del Midland Review; Reynaldo “Bebot” Momay, del mismo medio; Napoleon Salaysay, del Mindanao Gazette, y Jun Gatchalian y Lindo Lupogan.
Los nombres de otros siete periodistas y trabajadores de medios no fueron confirmados en este listado del Centro por el Derecho Internacional.
Durante los ocho años que lleva en el gobierno de Filipinas la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo han muerto en atentados con sicarios 75 periodistas. Sólo cuatro sospechosos han sido condenados por estas muertes. En Filipinas, el segundo país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo después de Iraq, la impunidad es sistemática. Hasta el momento, ningún grupo asociado con separatistas armados que operan en Mindanao (sur de Filipinas) han sido vinculados a la masacre.
En la historia, esta es la peor atrocidad cometida contra periodistas en un solo día y lugar.
Ante estos hechos, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) designó hoy, 9 de diciembre, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, como Día Internacional de Solidaridad con los Periodistas Filipinos.
Heavy Metal Colombia se une a esta jornada y envía un mensaje de aliento a la NUJP, organización afiliada a FIP.
Algo que se puede hacer es llenarles el correo de mensajes de repudio y exigencia de justicia a toda esta gente que copio debajo. No está garantizado que con ello se logre vencer la impunidad, pero por lo menos se les atasca el correo electrónico.
1.A la presidenta que permite que estas cosas ocurran, y a los miembros de su gabinete:
H.E. Gloria Macapagal-Arroyo
Presidenta
Malacañang Palacio
JP Laurel Street, San Miguel
Manila 1005
Teléfono:+63 (2) 564-1451 to 80; +63 (2) 735-8005
Fax:+63 (2) 736-1010 corres@op.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Eduardo R. Ermita
Secretario Ejecutivo
Premier Guest House,
JP Laurel Street, San Miguel,
Manila 1005
Teléfono:+63 (2) 735-5359; +63 (2) 736-1076
Fax:+63 (2) 736-1010 erermita@op.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Alberto G. Romulo
Secretario de Relaciones Exteriores
11/F DFA Bldg.,
Roxas Boulevard,
Pasay City
Voice:+63 (2) 834-3010
Fax:+63 (2) 832-1597 osec@dfa.gov.ph
Hon. Agnes Devanadera
Secretario de Justicia
DOJ Main Bldg.,
Padre Faura Street,
Manila 1004
Voice:+63 (2) 521-8344; +63 (2) 521-3271
Fax:+63 (2) 521-1614 sad@doj.gov.ph
Hon. Gilberto Teodoro
Secretario de la Defensa Nacional
Hon. Norberto B. Gonzales
Consejero Nacional de Seguridad y Director General del CNS
Consejo Nacional de Seguridad, Departamento NICA,
V. Luna St. corner East Avenue
Quezon City 1104
Voice:+63 (2) 929-0414
Fax:+63 (2) 927-2313 nsmc@info.com.ph
Hon. Avelino I. Razon
Consejero Presidencial de Proceso de Paz
7/F Agustin Building I, Emerald Avenue
Ortigas Compound
Pasig City
Voice:+63(2) 636-07-01 to 06 / +63(2) 636-3801 to 06 ere_papp@compass.com.ph
Hon. Ronaldo V. Puno
Secretario del Interior y Gobierno Local
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St,
Diliman, Quezon City
Voice:925-0330/31
Fax:925-0332
rvpuno@dilg.gov.ph
2.A los siguientes funcionarios del Departamento del Interior y Gobierno local:
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal Street, Brgy. Piñahan,Diliman
Quezon City NCR 1104
+63 (2) 925 0320 to 23 http://www.dilg.gov.ph
Hon. Ronaldo V. Puno
Secretario
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-0330/31
Mobile:
Fax:+63 (2) 925-0332 rvpuno@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Pascual V. Veron Cruz Jr.
Asistente
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St.
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-8888
Fax:+63 (2) 925-0332 junveroncruz@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Hon. Melchor P. Rosales
Subsecretario de Paz y Orden y Crímenes Transnacionales
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-2333
Fax:+63 (2) 925-3843 mprosales@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Atty. Marius P. Corpus
Subsecretario de Orden Público
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 920-7783 / 925-0327 / 925-0390
Fax:+63 (2) 925-9114 mpcorpus@dilg.gov.phThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Atty. Wenceslito T. Andanar
Subsecretario de gobierno local
A. Francisco Gold Condominium II
EDSA cor. Mapagmahal St., Diliman
Quezon City
Voice:+63 (2) 925-0357; 925-0343
Fax:+63 (2) 925-0338 wtandanar@dilg.gov.ph
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso decidió suspender la confesión de sus crímenes ante la justicia colombiana.
En su décima audiencia de versión libre desde Estados Unidos, a donde fue extraditado por narcotráfico en mayo de 2008, Mancuso leyó una carta de 19 páginas dirigida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ella subraya que su extradición, junto con otros capos paramilitares desmovilizados, se dio luego de que él comenzó a confesar “las primeras verdades”, especialmente, dijo, en la audiencia de mayo de 2007. “Ante la imposibilidad de callarnos, el gobierno nos extraditó” sostuvo. Agregó que su familia está amenazada y recordó que su hijo de 11 años fue blanco de un atentado.
En esa audiencia, durante la cual nerviosos fiscales aclararon a la prensa que las afirmaciones de Mancuso aún tenían que ser cotejadas por la justicia, Mancuso relacionó en distintos grados supuestamente con los paramilitares al vicepresidente Francisco Santos, al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a los generales Rito Alejo del Río (“el Pacificador de Urabá” durante la gobernación de Antioquia del actual presidente Álvaro Uribe, y actualmente procesado por homicidio agravado en persona protegida), Iván Ramírez Quintero (ex jefe de inteligencia del Ejército y hoy procesado por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia en 1985), Martín Orlando Carreño (sucesor de Del Río y posteriormente comandante del ejército, fallecido), Alfonso Manosalva (fallecido) y Rosso José Serrano, ex director nacional de la Policía.
Entre numerosos políticos, también involucró al primo del Presidente, por entonces senador Mario Uribe Escobar, actualmente procesado por la Corte Suprema de Justicia por relaciones con paramilitares.
En la citada y explosiva audiencia de 2007, Mancuso igualmente mencionó a empresas y empresarios.
Comprometió a Doll, Chiquita, del Monte, Proban, Banacol y Uniban, del sector bananero; a palmicultoras; a empresas de transporte terrestre de pasajeros, como Copetrán y Brasilia; a cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta; a gasolineras, madereras, pesqueras y carboneras, como Prodeco y Carbones del Caribe; petroleras como Ocensa, Ecopetrol, British Petroleum (BP), Triton y Total; a Postobón, empresa de gaseosas, y a Bavaria, de cerveza, adquirida después por la multinacional Sab Miller.
Mancuso dice que no seguirá declarando porque el aislamiento en el que lo tienen las autoridades estadounidenses no le permite consultar y verificar con sus antiguas tropas los miles de asesinatos que le atribuyen las víctimas.
“No me atrevo a hacer confesiones si no puedo documentar lo que se me reprocha”, consignó Mancuso, y agregó que sin embargo no renuncia a la jurisdicción de Justicia y Paz, marco legal colombiano que le garantiza máximo ocho años de cárcel por todos sus delitos.
Seguirá, pues, asistiendo desde Estados Unidos a las sesiones por videoconferencia en las que los tribunales de Justicia y Paz le hacen imputaciones de cargos aunque, aclaró, los acuerdos de desmovilización paramilitar con el gobierno de Álvaro Uribe fracasaron.
En el pasado, el propio Mancuso ha dicho que miles de paramilitares han vuelto nuevamente a las armas tras su desmovilización. Según la Misión MAPP-OEA, serían siete mil.
“Mientras existan actores del conflicto que hayan quedado por fuera del proceso de paz, mientras existan intereses oscuros en Colombia en que no se siga conociendo la verdad, nunca habrá un conocimiento total de la verdad ni se obtendrá la reparación que corresponde a las víctimas, y mucho menos justicia, y por ende no habrá nunca paz en Colombia”, dijo Mancuso en su carta.
A pesar de que, tan pronto fueron extraditados los ex jefes paramilitares, el embajador estadounidense William Brownfield y el gobierno colombiano anunciaron que pactarían un acuerdo formal entre ambos países para garantizar la continuidad de las confesiones de los paramilitares, un año y cuatro meses y medio después ese pacto, que se sepa, no existe.
Los paramilitares, incursos en crímenes de lesa humanidad y en crímenes de guerra, están siendo juzgados en Estados Unidos exclusivamente por narcotráfico. Un delito menor en comparación, según ha advertido el juez español Baltasar Garzón.
Los tres sostienen que las condiciones de su encierro son un obstáculo para esclarecer la verdad en la guerra colombiana. “Don Berna” argumentó la suspensión indefinida de sus confesiones bajo la jurisdicción de Justicia y Paz al hecho de que su familia y sus abogados corren peligro en Colombia.
Sólo 17 hombres del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) han sido llamados a declarar ante la justicia colombiana en cuatro años, desde que esa fuerza paramilitar que operaba en la frontera con Venezuela se desmovilizó con 500 combatientes, en diciembre de 2005, bajo el esquema de la Ley de Justicia y Paz.
“Al comienzo hubo cierta celeridad” por parte de la justicia, “pero ésta se frenó cuando nuestra verdad develó el trabajo en equipo” entre el BVA y políticos, la agencia de inteligencia DAS, la Policía y el Ejército, afirma el ex jefe paramilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, en carta desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, país a donde fue extraditado por el presidente Álvaro Uribe en 2009.
“La victimización de colombianos se hizo en estrecha colaboración gobierno-AUC, por ende nos cabrá la misma responsabilidad tanto jurídica como histórica”. “El holocausto de Colombia fue diseñado en las entrañas del gobierno y llevado a efecto por los idiotas útiles que fuimos nosotros”, agrega este narcotraficante que conformó el BVA en 2001, cuando los paramilitares adelantaban pactos secretos con políticos para desmovilizarse tan pronto ganara un gobierno como el que efectivamente ganó en 2002.
“El Mellizo” pide que la justicia escuche en declaración a todos los miembros del BVA que sobreviven, pues “más de 600” murieron, llevándose muchas verdades a la tumba. Y así, “en un plazo de no más de seis meses” se sabría sobre muchos de los crímenes y sobre las alianzas del paramilitarismo narcotraficante en el oriental departamento de Arauca, y por lo tanto “quién es el que le teme a la paz y a la verdad”.
A sus víctimas de Arauca, “El Mellizo” les dice que “espero que se organicen y exijan”, y que “no permitan que se siga haciendo política con su dolor”.
Dos parientes cercanos del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, han sido asesinados; su familia “recibe amenazas constantes”; sus abogados “son objeto constante de amenazas, de seguimientos pasivos y activos”, incluyendo el seguimiento de sus teléfonos y correos electrónicos, razón por la cual anuncia que callará como un pez.
Mejor para el presidente Álvaro Uribe –entre otros.
Y, quién quita, mejor para algunos sectores del poder en Estados Unidos, habida cuenta el antecedente de la financiación de la entonces Contra nicaragüense con cocaína del Cartel de Cali, por intermedio de la CIA. Un eventual involucramiento estadounidense con el paramilitarismo colombiano es la única explicación que encuentro para los obstáculos que ostensivamente imponen en Estados Unidos para evitar que hablen los capos paramilitares extraditados.
“En una etapa de postración prácticamente insuperable” se encuentra el proceso de confesiones diseñado bajo Justicia y Paz, marco legal bajo el cual se desmovilizaron los principales jefes paramilitares, sostiene “Don Berna” en carta enviada a la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde el Metropolitan Correctional Center de New York.
Supuestamente sólo ahora “Don Berna” comprende que el aislamiento dispuesto por el gobierno mientras estuvo preso en Colombia “era necesario para silenciarme, era indispensable para que muchos actos quedaran en la más completa impunidad”.
Cada cual puede creerle o no. Pero, no puede uno dejar de pensar que el silencio de los capos paramilitares mientras aún estaban en cárceles colombianas se debió a que mantuvieron hasta último momento su comprometedora verdad como arma de negociación.
La misiva, con fecha 17 de septiembre, afirma que los paramilitares extraditados el 13 de mayo de 2008 supuestamente estaban dispuestos a contar la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a sabiendas de que “nuestras confesiones conducirían a un replanteamiento y por qué no decirlo, a una reestructuración de casi de la totalidad de las instituciones del Estado [sic], entre ellas el Congreso de la República, el DAS, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación e incluso la Presidencia misma”.
Por ello, asevera, los jefes paramilitares proponían un gran pacto de paz que incluyera a las guerrillas o una asamblea constituyente. Pero, escribe “Don Berna”, en Colombia existen “muchos de sectores políticos, militares y económicos de personas que aún conservan inmensos márgenes de poder e infiltración en las instituciones del país”.
Estos sectores, interesados “en perpetuar el conflicto armado y por ende su poder”, como expresa “Don Berna”, han logrado hasta ahora que no se conozca su participación en los crímenes de lesa humanidad y en los crímenes de guerra por los cuales los paramilitares pusieron la cara.
“Fuimos un instrumento de esos sectores, nosotros hicimos el ‘trabajo sucio’ que ellos ordenaban, fuimos el escudo para la impunidad total de sus actos”, señala “Don Berna”.
He ahí el gran secreto de por qué la guerra colombiana nunca encuentra solución.
Se trata de sectores empresariales que no saben acumular capital si no es mediante la violencia, como indica el instituto Indepaz en su “Informe de Paraeconomía y Narcoparamilitares en el 2008”.
O también, de sectores dedicados a hacerse elegir para tener acceso a la torta presupuestal, familias y compadres que no saben incursionar en la política si no es mediante la compra de votos y la amenaza de muerte. Que, por eso, ven en la oposición, como vieron en la entonces emergente Unión Patriótica, un enemigo mortal al que había que borrar del mapa político y para ello crearon grupos paramilitares.
El capo responsable de la seguridad que logró Medellín a partir de 2004 y hasta su extradición, y que algunos llamamos “Donbernabilidad Democrática”, dice que la estrategia para silenciarlo saldrá “victoriosa”, a menos que intervengan activamente ante el gobierno colombiano y ante la justicia estadounidense, además de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
“Don Berna” da algunas interesantes claves en su carta a la Corte Suprema:
+ “Las Autodefensas Unidas de Colombia tenían una visión política del país resultado del hecho de haber construido un verdadero Estado dentro del Estado”.
+ En sólo una hora de reunión con uno de sus hombres, cuando estaba bajo régimen de cuasi aislamiento en una cárcel colombiana, “Don Berna” logró esclarecer los hechos relacionados con la masacre de San José de Apartadó en 2005, un “acto conjunto desarrollado con el Ejército Nacional” que culminó en condenas contra los autores materiales, tanto paramilitares como militares.
+ Aunque el gobierno argumentó la extradición de “Don Berna” y los demás en la versión de que seguían “delinquiendo” desde las cárceles, incluso las de máxima seguridad, según el capo no existe en la Fiscalía ninguna prueba o proceso judicial al respecto, en su caso.
+ Después de un año y cuatro meses de la extradición masiva de capos paramilitares, no existe ningún convenio judicial entre Estados Unidos y Colombia para facilitar sus confesiones ante la justicia colombiana, como lo anunciaron en su momento el gobierno y el embajador estadounidense William Brownfield. Apenas se les permite confesar vía video satelital. Pero, los crímenes cometidos por estos señores fueron de tal magnitud, que para ello necesitan importantes ayudas de memoria, como apunta “Don Berna”: “documentar hechos con los partícipes directos, cruzar información con las víctimas, verificar si la información es correcta y corresponde a actos ejecutados bajo las directrices dadas a nuestros hombres, analizar los procesos judiciales existentes y en aquellos casos en que no hay procesos judiciales acopiar los medios de prueba necesarios u orientar a los fiscales para la obtención de las pruebas”.
+ “Don Berna” dice conocer tan bien los esquemas de seguridad que ofrece el Estado colombiano, que no los considera garantía para su familia o abogados. “Es poner al ratón a cuidar el queso”, expresa, “conozco de primera mano la posibilidad de infiltración en tal sistema”, el cual “no ostenta las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de mi familia, sería incluso colocarlos en mayor riesgo”. Se refiere a los sistemas de escolta que el gobierno dice aplicar a 10 mil personas en Colombia, entre líderes políticos, funcionarios, sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Don Berna” advierte que es consciente de que, después de esta carta, el gobierno colombiano logrará que las autoridades carcelarias estadounidenses lo aíslen aún más, como ha sucedido con muchos de los demás capos paramilitares extraditados junto con él, y que han sido trasladados a cárceles alejadas y con regímenes penitenciarios que obstaculizan aún más la colaboración con la justicia colombiana.
“Traidor de guerra”, según la Ley Militar nacionalsocialista, era aquel que le hacía “daño a su país” o “favorecía al enemigo”. Incluía toda insubordinación o actitud de resistencia contra la guerra, incluyendo la distribución de volantes pacifistas, la defensa de los derechos de los prisioneros de guerra y la omisión de denuncia contra cualquiera que pensara distinto a Hitler. Entre los “traidores de guerra” figuraban soldados que intentaban salvar la vida de un judío. El castigo era el fusilamiento o la horca, pena que se ejecutaba de inmediato.
Al menos 30 mil denominados “traidores de guerra” fueron condenados por jueces militares nazis. Una fuerte minoría como se ve, si se tiene en cuenta que el ejército alemán tenía 18 millones de hombres y que Hitler era festejado masivamente como un héroe en las ciudades alemanas que visitaba.
En vísperas de la cumbre de UNASUR en Bariloche, en la que los presidentes suramericanos examinarán el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Álvaro Uribe sobre el uso de todas las bases militares colombianas; ante los llamados del ex presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal Colombiano (en la oposición), a “rodear” a Uribe en la actual crisis con sus vecinos, y a propósito de los fuertes ataques del oficialismo en Colombia contra el izquierdista Polo Democrático Alternativo, por los intentos de su Comisión Internacional de limar asperezas con los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa, bien vale la pena mirar hacia la Alemania de hoy.
Porque en ese país, hoy, a los entonces “traidores de guerra” se les reconoce su valor y el honor que le hicieron a Alemania.
El acuerdo del presidente Álvaro Uribe con el Pentágono es sobre todas las bases colombianas que en un momento dado necesite usar Estados Unidos.
Los comandantes militares colombianos de cada base autorizarán cada operación.
Nadie se pregunta por ahora quién cargará con la responsabilidad, en caso de que los estadounidenses cometan crímenes de guerra: quien efectivamente cometa el crimen, o quien haya autorizado la operación.
Lo máximo que se han llegado a preguntar los analistas es por la inmunidad de las tropas de Estados Unidos: en ningún caso, dicen que dice el acuerdo (aún no se conoce el texto), los estadounidenses podrán ser juzgados por la justicia colombiana.
Así las cosas, mejor que cuando ustedes vean uno de estos avioncitos (C-17), se resguarden.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
El acuerdo del presidente Álvaro Uribe con el Pentágono es sobre todas las bases colombianas que en un momento dado necesite usar Estados Unidos.
