Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

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La película que se necesita

Fotograma de “Impunity”, de Hollman Morris y Juan José Lozano. Cortesía Contravía

Michael Reed es director adjunto en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés. Heavy Metal Colombia lo entrevistó en la premier de “Impunity” en Colombia, el pasado 20 de junio.  El documental, de 85 minutos, es codirigido por el perseguido periodista colombiano Hollman Morris, reciente becario Nieman de la Universidad de Harvard, y por Juan José Lozano, colombo-suizo y radicado en Ginebra.

El asunto es que, en sus investigaciones sobre graves crímenes sistemáticos y generalizados, la Fiscalía está haciendo fotogramas de la matanza paramilitar, cuando lo que se necesita es, justamente, una película. La película que la Fiscalía debe ver. Mientras tanto, veremos “Impunity”.

Heavy Metal Colombia:¿De qué manera apoyó el ICTJ a “Impunity”?

Michael Reed: A través de unos fondos de la cooperación canadiense se creó el capital semilla para arrancar, principalmente, en un tema específico, que tenía que ver con las exhumaciones que se estaban adelantando en el marco de (la jurisdicción de) Justicia y Paz. El proceso fue creciendo y Hollman  Morris y Juan Lozano decidieron hacer un mayor enfoque sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la impunidad desde la perspectiva de las víctimas.

HMC: ¿Quién es Juan Lozano?

MR: Juan Lozano es un joven documentalista colombiano. Estudió y trabajó en Colombia y ahora se encuentra radicado en Ginebra y está haciendo proyectos documentales desde allá.

HMC: ¿Han enfrentado obstáculos para difundir el documental en Colombia?

MR: Por lo pronto la película ha sido presentada en el exterior. Ha sido conocida en festivales en Toulouse y en La Haya, y en el Festival de Derechos Humanos de  Human Rights Watch. A partir de esta presentación en Bogotá, que para Hollman y Juan era muy simbólica, queremos ver justamente el interés comercial que pueda existir.

En el ICTJ estamos convencidos de  que esta es una película que todo el mundo puede ver  y que todo el mundo debe ver. No es una película árida y justamente habla sobre derechos humanos, sobre impunidad y, principalmente, sobre el sufrimiento de las víctimas para lograr justicia en sus casos. No es una película para hacer dinero. Esta es una película de las víctimas y dirigida a la sociedad colombiana.

Como ICTJ la apoyamos, porque estamos convencidos de que la atrocidad no puede ser solo un tema de las víctimas. Estamos convencidos de que la atrocidad tiene que ver con todos nosotros y la manera como la enfrentamos también.

HMC: ¿Cree que el tema de la película es desconocido para los colombianos?

MR: Desafortunadamente creo que sí. O quizá no desconocido, pero sí bloqueado: es mucho más cómodo no saber o ignorar. Esta película pone las cifras de impunidad, las cifras de los muertos en una dimensión netamente humana, en donde se despierta la sensibilidad.

Estamos convencidos de que hay cierto agotamiento en Colombia en donde la negación empieza a ser una negación implicatoria, interpretativa. Es mejor no saber. O sí, yo soy consciente de eso, pero no quiero quedarme en el sufrimiento de las víctimas.

HMC: El documental hace un punto muy importante en la extradición de alias “HH” como la última esperanza de la verdad. ¿Qué queda sobre el tapete en Colombia en materia de justicia y de verdad sobre los crímenes de los paramilitares, una vez que se ha ido “HH”?

MR: La justicia, primero que todo, no puede ser objeto de solo confesiones. La justicia es, principalmente, un ejercicio de contradicción y de investigación autónoma independiente. Si bien algunos casos se abrieron por las confesiones incentivadas de estos individuos, lo cierto es que los casos no pueden proceder con solo confesiones. Tiene que haber una investigación independiente que señale las rutas.

Lo único que han hecho los paramilitares es reiterar cosas que antes se habían denunciado de manera permanente por parte de las ONG de derechos humanos y de las propias víctimas. Lo que las confesiones de los paramilitares han hecho en el país es hacer imposible la negación literal de esas violaciones.

Pero, la Fiscalía no puede depender de la voluntariedad de unos señores, tiene que hacer una investigación profunda sobre todas las implicaciones y no solo sobre los autores materiales.

HMC: Otra inquietud que toca el documental es el momento en que sacan a la prensa: cuando los paramilitares empiezan a mencionar ciertos nombres. ¿Qué curso tienen en la justicia colombiana esas denuncias con nombre propio?

MR: El procedimiento está reglado. En principio, el paramilitar que está confesando los actos criminales de otros debe hacerlo bajo gravedad de juramento. Esa prueba es trasladada posteriormente a quien se considera el competente y debe seguir su curso. Un punto muy importante es, justamente, aprovechar la instancia procesal -en donde confiesa-, tomarla como declaración juramentada para que se vuelva prueba.

Pero esto solo no puede marchar ni avanzar. Requiere, en efecto, de la debida diligencia de toda la Fiscalía (General de la Nación). El proceso de Justicia y Paz no puede ser un fin en sí mismo. Su valor está, justamente, en que es un medio para promover investigaciones que han estado muertas durante años o décadas en el país.

HMC: ¿El ICTJ considera que ha habido “debida diligencia” por parte de la Fiscalía?

MR: La diligencia se tiene que medir y determinar en todos los casos y en cada uno de los casos. Lo cierto es: el proceso de Justicia y Paz avanza de manera fragmentada esclareciendo hechos.

Lo que pedimos como ICTJ es, justamente, ver una película, una perspectiva estratégica, en donde lo que se investiga es la maquinaria criminal, los crímenes de sistema. Esto es, cuando los crímenes se perpetran como resultado de políticas o prácticas.

Es ahí en donde la Fiscalía está fallando.

Es muy importante el esclarecimiento de un homicidio, de 10 homicidios. Muy importante poder devolverle los restos a una familia. Pero, eso solo ayuda en lo micro, no contribuye realmente a develar la maquinaria criminal que ha estado instalada y que sigue instalada en el país.

HMC: Y eso, ¿qué salida tiene?

MR: Requiere, justamente, la diligencia debida. Aplicar métodos de investigación que difieren de los tradicionales de la escena del crimen; requiere comprender cuál es el universo de crímenes que debe esclarecerse; y plantear hipótesis plausibles de investigación que cobijen a todos, y sobre todo a los máximos responsables, que no son necesariamente quienes han confesado y quienes se han desmovilizado.

Add comment junio 28th, 2011

“Los seguimos esperando”

Las madres y padres de los desaparecidos del Palacio de Justicia que han fallecido en estos 25 años y cinco meses son María de Jesús Hernández de Beltrán, José Guarín, Ana María Bonilla, María Torres Sierra de Castiblanco, Rosalbina León, el exjuez Enrique Rodríguez Hernández y, hace unos días, Elvira Forero.

Todos ellos murieron esperando a sus hijos. Y esperando una noticia como la de este viernes 29 de abril:

El general Jesús Armando Arias Cabrales, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, fue condenado este viernes a 35 años de prisión, por la desaparición forzada de 11 personas en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La condena incluye 20 años de interdicción de funciones públicas.

La Juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, María Cristina Trejos, dispuso también que se investigue por falso testimonio y fraude procesal al general José Ignacio Posada; al coronel, hoy retirado, Ariel Guillermo Valdés; y al ex militar Gustavo Alonso Velásquez, todos de la Brigada VII en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para la época de los hechos. También el escolta, ayudante y radio operador de Arias, el sargento (r) Luis Armando Suárez.

Todos intentaron infructuosamente desmentir al exmilitar de la Brigada VII Edgar Villamizar, quien no asistió al juicio por grave riesgo de su vida. Villamizar declaró haber sido testigo de las desapariciones forzadas.

También el abogado Pedro Capacho Pabón tendrá que responder por fraude procesal por el mismo intento.

El general Posada era comandante de la Brigada VII. Mintió al declarar que su unidad no envió tropas a Bogotá para la retoma del Palacio.

El exmilitar Velásquez, a instancias del abogado Capacho, afirmó que Villamizar no se encontraba en Bogotá durante la batalla por el Palacio de Justicia.

A Posada lo contradijo en noviembre de 2009 el propio general (r) Rafael Samudio Molina, comandante del Ejército en 1985 y quien reconoció que ordenó agregar unidades de la Brigada VII durante la retoma.

La sentencia contra Arias Cabrales ordena, además, que la Fiscalía General de la Nación investigue  la desaparición forzada de Luis Otero Cifuentes, comandante militar de la toma del Palacio de Justicia cometida por el extinto M-19.

Para la época, Arias Cabrales era Comandante de la XIII Brigada del Ejército, con jurisdicción en Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Fue quien ejerció el mando de la operación de retoma del Palacio de Justicia.

Su subalterno directo, el entonces teniente y posteriormente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, resultó condenado en junio de 2010 a 30 años de cárcel por los mismos hechos.

En las radiocomunicaciones internas del ejército durante la retoma del Palacio, Arias Cabrales usó la identificación de “Arcano 6”. Las grabaciones conocidas de esas comunicaciones evidencian las órdenes de llevar a cabo un sinfín de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Arias emitió órdenes para cambiar y desaparecer las evidencias, incluyendo sacar las armas del Palacio una vez derrotada la guerrilla. Las grabaciones demuestran que también se dio orden de remover los cuerpos.

La sentencia contra Arias Cabrales se produce 13 años después de la ejecución extrajudicial, en abril de 1998, del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba la representación de todas las víctimas. Su asesinato sigue impune.

Al comentar el fallo contra Cabrales, los abogados actuales de las víctimas, Germán Romero y Jorge Molano, reivindicaron su memoria.

Arias Cabrales “es el primer general condenado por por el delito de desaparición forzada de personas”, destacó el abogado Germán Romero, quien representa a algunas familias de las víctimas. Romero ve en la sentencia “un claro mensaje a los mandos de las Fuerzas Militares, de que no se pueden escudar en sus subordinados y que deberán asumir sus responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos”.

La expectativa ahora es a dónde trasladan a Arias Cabrales a pagar su condena.

El coronel (r) Plazas Vega debería estar preso en una cárcel civil. Sin embargo, permanece recluido en una guarnición militar al norte de Bogotá, en contravía de lo que ordenó expresa y reiteradamente la juez María Stella Jara, a cargo de su sentencia.

Ante este hecho, el abogado Jorge Molano declaró que “Colombia no puede seguir aceptando que las decisiones de los jueces sean burladas, que estas se conviertan en formales o ilusorias. Es inaudito que quienes han cometido crímenes contra la humanidad, permanezcan en guarniciones militares bajo absolutos privilegios”.

A instancias del entonces fiscal general Mario Iguarán, la fiscal delegada Ángela María Buitrago desenterró a finales de 2005 el proceso del Palacio de Justicia.

Tras lograr la condena del coronel Alfonso Plazas Vega, el 1 de septiembre de 2010 Buitrago llamó a indagatoria a Arias Cabrales y a los también generales, hoy retirados, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracica.

Este caso trata del asesinato del jurista auxiliar Carlos Horacio Urán, pues existe un video que lo muestra cuando sale vivo del Palacio de Justicia.

El 2 de septiembre Buitrago fue destituida por el sucesor de Iguarán, Guillermo Mendoza. Por su parte, la juez María Stella Jara tuvo que asilarse con su familia durante varios meses en Alemania, debido a amenazas de muerte por su fallo contra Plazas Vega. No son, ni mucho menos, las únicas amenazas en el caso Palacio de Justicia.

Add comment abril 30th, 2011

La bicicleta de Nicolás Neira

El domingo es Primero de Mayo. Y habrá manifestaciones, cómo no. También en Bogotá, donde en plena manifestación de 2005 fue muerto a palos y patadas por la policía antimotines (Esmad) un chico de 15 años, Nicolás Neira. La placa que lo recuerda está en este muro de la Carrera Séptima con Calle 18, frente al lugar donde Nicolás cayó.

Foto Constanza Vieira - reproducción libre citando a la autora

La bicicleta que se ve ahí la pintó el artista argentino Fernando Traverso para el Primero de Mayo de 2010, es decir para los cinco años de la muerte de Nicolás.

Traverso vino a Colombia a acompañar el II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, que tuvo lugar en Bogotá a finales de abril de 2010. Durante el congreso, sobre telas de colores como banderas, junto con las víctimas pintó decenas y decenas de bicicletas.

El artista comenzó a pintar bicicletas una noche de marzo de 2001 en su ciudad, Rosario. Desde entonces pintó y pintó bicicletas, sobre paredes y esquinas, al frente de escuelas, cerca de fábricas abandonadas, en los muros de los que fueron centros clandestinos de detención, tortura y desaparición, hasta completar tantas bicicletas cuantos desaparecidos por la dictadura había en Rosario.

Cada bicicleta de Traverso tiene una historia, un nombre y un número. Cada una recuerda a un ausente. Y en cada ausente está, a la vez, uno especial: su amigo, el que en una cita clandestina con el propio Traverso, pasó de largo en bici, al darse cuenta de que lo venían siguiendo los esbirros. De ese amigo solo quedó su bicicleta, atada a un árbol, dos cuadras más allá. Así lo recuerda Traverso:

Me cuidaste

Me cuidaste
seguiste de largo.

Dos cuadras más adelante,
quedó tu bicicleta atada a un viejo árbol,
debajo del asiento
se asomaba una bandera.

-puede no haber banderas- pensé

Seguro que la enarbolaste
antes de tocar el agua,
o la llevaste a otras tierras
y de tanto en tanto la desempolvás,

o la encontró tu vieja
y se fue de ronda con ella.

Fernando Traverso


La bicicleta de Traverso dedicada a Nicolás Neira fue borrada diligentemente días después del Primero de Mayo de 2010. ¿Qué más podría esperarse de un país donde se promueve la desmemoria?

El domingo es Primero de Mayo. El domingo es el día de Nicolás Neira. Hoy tendría 21 años.

En memoria de Nicolas David Neira, asesinado por el Esmad
http://www.youtube.com/watch?v=8eMWr718mYQ

Add comment abril 29th, 2011

La detención del director de Anncol

Banner tomado de www.pacocol.orgNo comparto el lenguaje ni el estilo periodístico de Anncol, agencia de noticias sobre Colombia que emite desde Suecia.

En mi análisis, tiene una limitada visión política que la ha llevado a cometer errores en momentos delicados, cuando estaban en juego la vida y la libertad de personas, la paz de Colombia o incluso la paz entre Estados.

Estoy convencida de que Anncol no es “de las Farc”. Sus comentarios editoriales no son comunicados de la cúpula de las Farc, como muchas veces y equivocadamente algunos colegas colombianos han afirmado, sino opiniones de individuos que simpatizan con esa guerrilla. Es probable que por esa abierta simpatía sea Anncol, la mayoría de las veces, la que primero se entera de las noticias que producen las Farc.

Ahora que, por primera vez, se conoce el nombre del director de Anncol, hay que estar atentos a los argumentos jurídicos en contra de Joaquín Pérez. Es un riesgo que estemos ante un procesamiento por el delito de opinión, así para algunos, o para muchos colombianos, quien opine distinto merezca el cadalso.

Joaquín Pérez es un sobreviviente. Fue concejal (legislador local) de la Unión Patriótica en Corinto, suroccidental departamento Cauca. Su esposa fue asesinada. Suecia le dio refugio y, más tarde, nacionalidad.

Es extremamente delicado deportar a su país de origen a un refugiado. El apego de los gobiernos de Suecia y Venezuela a las normas internacionales y nacionales sobre refugio está siendo puesto a prueba.

Add comment abril 25th, 2011

¿Operación Silla?

Piedad Córdoba Foto: Patria GrandeLa dirigente liberal Piedad Córdoba y el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz completaron por sus gestiones, esta semana que pasó, 19 rehenes y prisioneros de guerra liberados por la guerrilla de las FARC. Y, desde este lunes, emprenden en Buenos Aires un encuentro internacional que analizará las opciones de paz en el país con más desplazados y refugiados en el mundo.

En ese encuentro exponen, entre otros internacionales, el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex director mundial de UNESCO Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Participan activamente altos funcionarios del gobierno argentino y parlamentarios de México y Uruguay. También el Premio Nóbel Alternativo Juan Garcés, juez que abrió las puertas a la justicia transnacional y, con ello, a que Pinochet pudiera ser juzgado por Baltasar Garzón; e intelectuales peso-pesado como Atilio Borón, entre muchos otros.

Los prolegómenos de tamaña reunión, que propone explorar ya mismo, y de forma coherente, vías de aproximación política tanto para diálogos estratégicos de paz como para el legítimo objetivo de humanizar la guerra colombiana, fueron acompañados desde Colombia de un extraño estertor.

En la operación humanitaria que culminó el miércoles 16 pasó algo raro. La liberación de dos uniformados, incluido un mayor de la Policía que fue capturado fuera de combate, debió haber sido el domingo 13.

Extrañamente –una no sabe de estas cosas, pero el año pasado me enteré de que las coordenadas se miden distinto según el país de origen de los GPS- hubo una mala interpretación de las coordenadas que proporcionaron las FARC a la Misión Humanitaria liderada por el CICR y Piedad Córdoba, y que se transportaba en helicópteros prestados por el gobierno de Brasil…

…O las FARC dieron coordenadas erradas. O hubo obstáculos de terreno, de clima, de realidad militar, que impidieron que la guerrilla cumpliera la cita el domingo puntualmente. O todas las anteriores y aún más: mala fe, burla al país, como interpretó el gobierno a través de la persona a cargo de temas de paz, Eduardo Pizarro…

…O se trató de que la operación fue usada por la guerrilla para sacar a su jefe, “Alfonso Cano”, por un huequito de un supuesto cerco militar. Los medios divulgaron obedientemente esta versión, remitiéndose a fuentes de inteligencia militar que nunca fueron identificadas ni contrastadas. Los comentaristas –los inocentes y los que no lo son tanto- tuvieron abierto el camino para atribuir la supuesta huida de Cano al cese de hostilidades de varias horas, que fue pactado para llevar a cabo la liberación, cese igualito al que se ha fijado en todas las liberaciones anteriores.

Yo no descarto que a Cano le vayan a dar cacería algún día, a diferencia de su antecesor, Manuel Marulanda. No es, sin embargo, el tema de este escrito.

Lo que quiero abordar es esta operación -¿qué nombre le ponemos? ¿Operación Silla?-, de distracción, mediante la cual, en los hechos, se está ambientando el encuentro de Buenos Aires.

Fase 1

El primer rumor se deslizó cuando no bien terminaba la operación de liberación del miércoles.

Los helicópteros enviados por el gobierno de Dilma Roussef apenas apagaban sus rotores cuando surgió el absurdo de que Cano vive en Brasil. Tal era, pues, la explicación de por qué  el ejército colombiano no ha podido mostrarlo aún como trofeo, vivo o muerto. Este rumor no prosperó. Ni siquiera cuando se hizo eco de él el fallido heredero de la “Casa de Nari”, como solían llamar los narcos a la sede presidencial en la administración de Álvaro Uribe.

Fase 2

Entonces, siguió la fase siguiente, más atrevida.

Hacia el mediodía del viernes 18 apareció un mensaje de twitter del presentador de TV  y periodista deportivo Ricardo Orrego, anunciando la muerte de Alfonso Cano.

El portal de periodismo independiente La Silla Vacía, dirigido por la periodista Juanita León, no se desprendió de la noticia. Poco después de las 6 p.m. lanzó la “exclusiva” que confirmaba la muerte de Cano.

Quizá por la precipitación, el texto hacía aseveraciones absurdas como que Cano había hecho votos de obediencia y pobreza; dudosas, como que al entrar a las FARC en los inicios de los 80s había sido “mediador” entre las concepciones de los dos máximos jefes, Marulanda y Jacobo Arenas (que en realidad trabajaban al unísono desde la fundación de las FARC en 1964); contraevidentes, como que Cano había sido el artífice de la expansión de las FARC en el gobierno de Belisario Betancur (cuando en los años 80 no hubo expansión de las FARC sino por el contrario un fuerte estancamiento, según analistas militares a quienes escucho con atención).

A pesar de estos elementos, que mostraban desconocimiento del tema, Juanita y su magnífico portal me hicieron dudar: por su experticia personal en este oficio; y por la valentía y el buen periodismo que ha demostrado La Silla Vacía.

Y eso que, más temprano, para mí el asunto había quedado cancelado cuando la colega especializada en asuntos militares, Yineth Bedoya, de El Tiempo, advirtió por Twitter al atardecer que la noticia no era cierta. La Policía desmintió poco después, también por Twitter.

Aun así, por unas horas en la noche del viernes, cuando Bogotá estaba de rumba, los periodistas discutíamos febrilmente si la versión era cierta.

Mientras, otra vez, el odio se desbocó en Twitter. Y esa resultó ser la clave.

Incluso personajes públicos y respetables que actúan dentro de la ley y, por lo tanto, deben tener clara la diferencia diametral entre venganza y Justicia, con epítetos provocadores contribuyeron a azuzar el festín de sangre anticipado – una micosis que dejó implantada la Era Uribe.

La presidencia no desmintió públicamente a La Silla, pero sí por teléfono. “Nuestras fuentes se mantienen, pero Presidencia desmiente”, twitteó La Silla hacia las 11 pm.

Y todo esto, a pesar de que desde la tarde el periodista Ricardo Orrego estaba advirtiendo por Twitter: “Amigos twitteros YO NO ESCRIBI LO DE CANO… Mi cuenta la cancelo en este instante. Ese tipo de rumores no son mi estilo”. “Hoy chequeé mi cuenta y vi seguidores sin nombres… Sólo claves… Mi cuenta la está manipulando alguien más”. “A partir de este momento no escribo ningún tipo de información. Yo en la tarde he informado sobre el caso América de Cali”, “que corresponde a mi área de trabajo… Sobre Cano yo no me he referido… Quiero excusarme, pero alguien me metió en este lío”. “Repito. No escribí nada referente a Alfonso Cano y mi twitter ya no será más este”. “Es muy delicado salir a confirmar una noticia de esta magnitud…”

Es decir, pareciera que para poder medir la sed de sangre de los colombianos, mediante un delincuente informático alguien desató la noticia falsa sobre la muerte de Cano. Resultó un éxito.

La mañana del sábado nadie podía contradecir al comandante general de las Fuerzas Militares, general Edgar Cely, cuando habló por Caracol Radio. El militar se refirió al entusiasmo de las redes sociales apenas circuló la información sobre la muerte del jefe de las FARC. Lo que demuestra, dijo el general, que Cano “es el delincuente que más quieren ver muerto los colombianos”.

Así que este es el ruido de fondo que acompaña las vísperas del Encuentro de Buenos Aires por la paz en Colombia.

Add comment febrero 19th, 2011

Ella no es Lucero, presidente Santos

Que la identifiquen por las miradas de los hombres que se quedaron pegadas a su cuerpo.

Adheridas a sus grandes ojos negros y a sus pobladas cejas, a su lunar en el pómulo izquierdo, a sus labios carnudos y sus grandes dientes blancos, a la pelusa de su nuca, a su piel canela, a su espalda enhiesta, a sus ijares, marcados mejor por la canana.

Cuando oí el anuncio de su muerte, de boca del propio presidente Juan Manuel Santos, pensé en él. En su soledad, en su también tortura cotidiana. Pensé que, para ver su dolor, los americanos romperán su mutismo para contarle prontamente que Lucero murió. Pensé que él los recibirá en su celda con un brillo de dicha en la mirada. Que él ya lo sabrá. Que ella misma ya habrá ido a decírselo entresueños.

“¿Esta es Lucero?”, le preguntó en la Corte de Washington el fiscal Ken Kohl, mostrándole unas fotos suyas durante el juicio “Estados Unidos de América contra Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, también conocido como Simón Trinidad”.

“No señor”, contestó el acusado. “Ella no es Lucero. Es la bellísima Lucero”.

Esta mañana todavía, un portavoz del Instituto de Medicina Legal decía: no se ha identificado a ninguno. Se refería a 22 cadáveres de guerrilleros que fueron abatidos el domingo, en un bombardeo en el departamento de Putumayo, en un sector pegado a Ecuador, y trasladados a la autoridad forense.

El total de insurgentes muertos fue de 27, según el presidente Santos. Y una de las guerrilleras abatidas, dijo Santos ayer lunes, era “María Victoria Hinojosa, alias ‘Lucero’, responsable de la emisora Voz de la Resistencia de las FARC, y compañera sentimental de alias ‘Simón Trinidad’”.

Con toda seguridad que no es Lucero. Es la bellísima Lucero, presidente. Y aún debe llevar las miradas de todos los hombres colgadas a su cuerpo. Por eso la reconocerán fácilmente en Medicina Legal.

De seguir con los ojos su belleza no se salvaron ministros ni altos consejeros, ni diplomáticos, ni directores de Wall Street: los que la vieron en Los Pozos, sede de las negociaciones del Caguán.

2 comments septiembre 21st, 2010

Si esas palabras fueran un puente…

…yo, en el lugar de ustedes, no pasaría por él.

Me refiero a las contundentes declaraciones de funcionarios colombianos, encabezados por el presidente Álvaro Uribe, y que afirman que no. Que el gobierno de Uribe no espió a Rafael Correa.

Como suele suceder por acá desde hace unos años, los funcionarios se tornan más amenazantes mientras más evidencias surgen de que están mintiendo. La cosa ya va en que quien diga que sí hubo espionaje contra Ecuador es porque tiene oscuros intereses y busca que no se restablezcan las relaciones entre Bogotá y Quito.

Es precisamente sobre ese formato de sospecha que el DAS suele designar los “blancos” de sus acciones criminales, como ha quedado en evidencia en los casos de magistrados de las Cortes, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas. Que conste: escribo en presente.

Mentiras que sí: el guerrillero Rodrigo Granda no fue secuestrado en Caracas sino capturado en Cúcuta.

El bombardeo al campamento de Raúl Reyes no fue una operación cuidadosamente planeada para abortar negociaciones internacionales con las FARC sino resultado de una persecusión en caliente.

En la Operación Jaque no se violaron los convenios de Ginebra ni la neutralidad de la Cruz Roja, como recuerda en esta videopastilla para la memoria mi amigo Vladdo.

Aparecen como actores Álvaro Uribe y el general Mario Montoya, hoy retirado y embajador en República Dominicana. Ambos hablan en el show televisado en la noche de la exitosa e incruenta Operación Jaque. La rescatada Ingrid Betancourt se prestó para la mentira, así como algunos de los uniformados liberados. Dejo constancia aunque la crítica no es contra ellos, que tantos años tuvieron que pasar en la selva.

Add comment julio 1st, 2010

Al exilio, la jueza que condenó al coronel Plazas Vega

La jueza que firma esta orden se exilió el martes, cercada por las amenazas de muerte contra ella y su hijo menor de edad.

Fue ella quien dispuso este mes una sentencia de 30 años de prisión para el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de la desaparición forzada agravada de una docena de sobrevivientes del Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Tras 24 años y siete meses de impunidad, ella se atrevió. Es la pionera. El gobierno saliente blandió contra esta jueza serena y seria su enorme capacidad de intimidación. Un buen resumen de las agresiones a la justicia, con motivo de su fallo, se publica al pie. Es una solicitud de rectificación pública que las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia le dirigieron al Ejecutivo. Aún no hay respuesta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que recordar y reclamar que sobre María Stella Jara pesan medidas cautelares. Clamó también la ONU. Y, a su manera, clamó el Departamento de Estado: publicó documentos clasificados que no dejan bien parado a Plazas.

Para eludir la cárcel, Plazas Vega se mudó a vivir desde septiembre al Hospital Militar, en Bogotá, donde la jefa de Psiquiatría lo recibió con efusivo abrazo. El oficial retirado no volvió al juicio presidido por Jara. Dijo que no la reconocía como juez suya y presentó un dictamen del Hospital, que sostenía que padecía una crisis de nervios.El concepto de Medicina Legal, que establecía que Plazas no tenía ningún impedimento físico ni mental para acudir a las audiencias, nunca fue acatado. Tampoco ahora, cuando la jueza Jara dispuso que el ex militar debe cumplir la pena en un establecimiento carcelario y en ello la respalda la autoridad médica forense.

A las familias de los desaparecidos del Palacio les indigna que Plazas continúe en el Hospital Militar, en lugar de comenzar a pagar su sanción en una cárcel. “Definitivamente, luchar contra el poder de todo un Estado es tarea de quijotes”, escribe René Guarín, hermano de Cristina.

A Cristina Guarín se la ve en un video salir, en esas horas aciagas, en hombros de un militar que la rescata y la salva del Palacio sitiado. Nunca más se supo de Cristina y desde entonces, el ingeniero René no conoce la paz.

“Las conquistas de la humanidad son lentas y difíciles y no podemos claudicar”, recibe Guarín una respuesta. Es Fabiola Lalinde, madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, estudiante desaparecido en Antioquia el 3 de octubre de 1984.

4.428 días después, doña Fabiola recuperó los restos de su hijo. A pesar de todo.

“Toca estar ahí todos los días, insistiendo y persistiendo. Soportando persecuciones, atropellos, montajes y adversidades de toda índole”, escribe a René Guarín esta decana Dolorosa.

“No importa mucho que Plazas Vega siga en el Hospital Militar”, lo tranquiliza. “Lo que verdaderamente cuenta, en este momento, es la condena, después de 25 años de negar siempre la responsabilidad de los militares y, especialmente, la de Plazas Vega, por los desaparecidos de la cafetería que salieron con vida”.

Bogotá, 16 de Junio de 2010

Doctor

Carlos Franco Echavarría

Programa Presidencial de Derechos Humanos

Director

Doctora

Margarita Rey

Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería

Directora

Ref: Solicitud de rectificación pública del Presidente Álvaro Uribe Vélez frente a sus declaraciones sobre la condena a uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares.

Saludo cordial

Como es de su conocimiento, el pasado 9 de junio la juez Tercera Especializada de Bogotá profirió condena contra el  coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada agravada de nuestros familiares: Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda.

La sentencia fue proferida por la Juez luego de realizar un análisis en derecho de los cientos de pruebas practicadas y aportadas debidamente en la etapa de investigación y juicio, las que fueron controvertidas por los sujetos procesales en el desarrollo del proceso. Estos elementos de convicción llevaron a la Juez a concluir sobre la responsabilidad del  coronel Luis Alfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada agravada.

La investigación y posterior juicio en contra del coronel retirado se circunscribe a determinar su responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros familiares, quienes conforme a la prueba que obra dentro del proceso, salieron con vida de las instalaciones del Palacio, bajo la custodia de miembros del Ejército Nacional. Hoy, luego de más de 24 años, desconocemos su paradero. Ni la sentencia, ni nuestras exigencias de derechos han pretendido hacer una tacha a las Fuerzas Militares, sino que se han dirigido, en derecho, desde las pruebas valoradas en sana crítica, a dictar una sentencia que se debe interpretar como un llamado a depurar las Fuerzas Armadas de violadores a los derechos humanos.

Sin embargo, en los días previos y posteriores a que la sentencia fuera proferida, altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, realizaron manifestaciones públicas de rechazo a la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

El 8 de junio, dos días antes que el fallo fuera proferido, el Ministro de Defensa, Gabriel Silva, sostuvo ante medios de información que esperaba que se acabara la “justicia espectáculo” contra oficiales como el  coronel Alfonso Plazas y los otros militares investigados. Afirmó además ser amigo personal del coronel, a quien le ha facilitado toda la solidaridad y acompañamiento institucional. Afirmó: “Hemos dicho que hay que acabar con la justicia espectáculo en el caso del coronel Plazas y de los demás uniformados afectados por procesos de esa naturaleza”[1].

El 10 de junio, conocido el contenido de la sentencia, el presidente Álvaro Uribe, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior y de Justicia manifestaron públicamente su rechazo a la decisión proferida por la rama judicial.

El primer mandatario, en un comunicado público proferido por la Presidencia de la República y ampliamente difundido por los medios de información, señaló que el fallo era un abuso y un desestímulo para a fuerza pública: “Nosotros necesitamos la eficacia y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos no se pueden invocar para cometer abusos contra la fuerza pública. Registro con tristeza hoy un gran desestímulo de las Fuerzas Armadas de Colombia por estas decisiones que se han tomado”[2].

Señaló además que la solicitud de investigación en contra de ex presidente Belisario Betancur es un abuso y una falta de conocimiento de los hechos. “…(t)odos sabemos de su patriotismo, de su buena fe. El patriotismo y la buena fe excluyen el dolo. Sin dolo no hay delito”.

Por su parte, el Ministro de Defensa Nacional y altos mandos militares activos [3] hicieron público un comunicado de 5 puntos en el que expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial, manifiestan su solidaridad con el ex oficial, “esperan que la defensa del coronel (r) Plazas Vega pueda exponer sus criterios probatorios en las instancias procesales a seguir” y exhortan a los todos los miembros de la fuerza pública “a mantener la moral en alto y el espíritu combativo indomable”[4].

Por su parte, el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, en declaración dada a los medios de comunicación, puso en duda la desaparición de personas en los hechos ocurridos en la retoma del Palacio de Justicia. “Hay que revisar muy bien los hechos concomitantes en lo de Palacio. Mirar realmente qué fue lo que pasó, establecer realmente si efectivamente hubo o no hubo desaparecidos”. Además, controvirtió la decisión judicial al señalar que con ella se quiere condenar la legitimidad del Estado.

Finalmente, en horas de la noche, en una alocución en televisión difundida en canales públicos y privados, el Presidente, acompañado del Ministro de Defensa y rodeado de altos mandos de la fuerza pública, se dirigió al país para condenar, nuevamente, el fallo contra el ex alto militar. Luego de sostener que habían estado reunidos analizando la decisión de la justicia contra el señor coronel en uso de retiro expresó, entre otros aspectos, que: “La sentencia condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”[5].

El Presidente, además, creó una simetría entre nuestros familiares desaparecidos y nuestras familias que hemos sido víctimas de los crímenes cometidos por la fuerza pública, y los responsables de estos crímenes, a quienes calificó de “víctimas”, al decir que “la forma de apoyar a las víctimas no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas”.

Estas manifestaciones muestran un irrespeto hacia las instituciones democráticas del Estado colombiano, que han cumplido con su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un proceso contradictorio dotado de las garantías procesales correspondientes. Son además una indebida injerencia en la administración de justicia que compete a la rama judicial de Colombia, que mina el principio de separación de poderes reconocido en la Constitución Política. El Presidente, conocido el fallo proferido por una autoridad competente en ejercicio de sus competencias constitucionales, no puede hacer otra cosa que acatarlo y velar para que su cumplimiento se haga efectivo.

Estas declaraciones públicas proferidas por el alto gobierno y la cúpula militar ponen en riesgo a los familiares de las víctimas y sus representantes, quienes durante más de 20 años hemos reclamado justicia y verdad por parte del Estado colombiano. El ejercicio de este derecho no puede ser interpretado como un mecanismo para atacar las instituciones del Estado o, como el Presidente Uribe lo señala en sus comunicados, “bajar la moral de la tropa”.

En un Estado de Derecho las fuerzas militares tienen el deber constitucional de garantizar la vida e integridad de todos los colombianos con plena sujeción a los mandatos legales y constitucionales; la omisión o extralimitación de sus poderes, o la utilización de estos para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos erosiona los cimientos de un Estado Social de Derecho y merecen el máximo repudio moral, político y jurídico de todas sus instituciones.

Por esta razón y en procura de conjurar, en algo, la situación de riesgo creada por tales manifestaciones, que como es sabido fueron ampliamente difundidas por medios de información públicos y privados, solicitamos al Presidente de la República, como máxima autoridad civil y como máximo comandante de las Fuerzas Armadas, una rectificación pública de sus declaraciones de rechazo al fallo proferido.

Una rectificación por parte del Presidente, en las mismas condiciones en las que pudo expresar su opinión respecto al fallo proferido, a partir de las cuales enfrentamos una situación de mayor vulnerabilidad, contribuirá a generar verdaderas y eficaces garantías para continuar en el ejercicio de nuestros derechos. Una rectificación del Presidente de la República sería una medida idónea de protección ante el clima de estigmatización y repudio que sus declaraciones han generado en nuestra contra y en contra de los sujetos procesales.

Cordialmente,

Familiares de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarín Cortez, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Carlos Augusto Rodríguez Vera, e Irma Franco Pineda, desaparecidos del Palacio de Justicia.

(Siguen firmas de los familiares)


[1] Mindefensa espera que con sentencia a Plazas Vega se acabe la “justicia espectáculo” contra oficiales http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1309739

[2] Declaración del Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre sentencia condenatoria en el caso del atentado contra el Palacio de Justicia http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/junio/10/03102010.html

[3] El Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León; el Comandante Ejército Nacional, General Óscar Enrique González Peña; el Comandante de la Armada Nacional, Almirante Guillermo Barrera Hurtado; el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Jorge Ballesteros Rodríguez y el Director General de la Policía Nacional, Brigadier General Óscar Naranjo Trujillo.

[4] Comunicado a la opinión pública. Ministerio de Defensa. http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/documents/News/NoticiaGrandeMDN/30d0b6b9-d856-2d10-2684-84916373ba8b.xml

[5] Alocución del Presidente Álvaro Uribe Vélez http://web.presidencia.gov.co/videos/video.aspx?id=1134_alocucion_10062010

Add comment junio 23rd, 2010

Hombres de hierro

"Hace 12 años no ve mi rostro. Ahora estoy más viejita" Militares, policías y guerrilleros nos llevan a los demás una ventaja: son concientes de que la muerte pende siempre sobre nuestras vidas.

Hace ocho días estaban en un campamento de las FARC en la selva amazónica del departamento del Guaviare, al sur de Colombia. Cuando comenzaron los disparos, celebraban con torta y transistor el cumpleaños 53 del general de la Policía Luis Mendieta.

La cortina de tiros se prolongó 20 minutos. La guardia guerrillera huyó.

María Teresa, la esposa de Mendieta, se opuso durante una década al rescate militar. No la consultaron sobre la Operación Camaleón, de la que no hay mucha información.

“Fuego en el corazón, mariposas en el estómago. ¿Tú no has tenido una novia lejos? Eso es lo que se siente”, dijo la esposa de Mendieta en diálogo con la prensa en el aeropuerto militar Catam, al occidente de Bogotá, donde se encontró por fin con su marido. “Hace 12 años no ve mi rostro. Ahora estoy más viejita, con canas”. “No le dije nada. Lo besé”. Él la miró: “Gorda”, le dijo con ternura, “y ya”, contó María Teresa.Mendieta fue atrapado por las FARC el 1 de noviembre de 1998 en el combate por Mitú, la capital del selvático departamento del Vaupés, al suroriente. Con este rescate, las FARC pierden a su prisionero de más alto rango. Mendieta es hoy el oficial más antiguo de la Policía.

“Camaleón” liberó también al coronel Enrique Murillo, apresado junto con Mendieta; al coronel William Donato y al sargento Arbey Delgado, atrapados el 3 de agosto de 1998 en la batalla de Miraflores.

La guardia guerrillera se abstuvo de disparar contra sus prisioneros. Quizá fue un milagro. Hasta donde se sabe, en las FARC sigue vigente la orden de ejecutar a los cautivos en caso de que las fuerzas estatales intenten operaciones de rescate.

La guerrilla mantiene en su poder a entre 19 y 20 uniformados, a los que espera intercambiar por sus guerrilleros presos. Cada rescate militar exitoso ha debilitado esa propuesta. En los últimos años las tragedias, las pruebas de supervivencia y el paso del tiempo, que antes favorecían el ambiente en pro del canje, tienden a generar un rechazo cada vez más activo.

El general Mendieta reveló que desde hace más de 16 meses él y sus compañeros no tenían acceso a un transistor. No saben qué ha pasado en Colombia y en el mundo en todo ese tiempo. Desde diciembre de 2008, a los mensajes de amor de sus familias y a las noticias con los sucesos de sus vidas se los llevó el viento.

Me pregunto por qué ese endurecimiento de las condiciones de cautiverio.

Las FARC encadenaron a sus prisioneros a partir de la fuga de John Frank Pinchao, el 27 de abril de 2007: es de esas cosas que se escriben fácil, pero son ya tres años y casi dos meses con cadenas.

Con la liberación unilateral del maravilloso Alan Jara, el 3 de febrero de 2009, la vida en ese cautiverio tuvo que haberse puesto mil veces más difícil. Jara, ex gobernador del departamento del Meta, por ejemplo les enseñó inglés y ruso a sus compañeros. En las mañanas los ponía a discutir ¡en ruso! las noticias y debates de la radio.

Hace 16 meses, ¿qué pasó, para que las FARC les quitaran la radio a los cautivos del grupo del general Mendieta?

Quizá esta misma noche nos lo cuenten los propios hombres que hoy han vuelto al mundo; o quizá no lo sepan.

Por lo pronto, me aventuro a compartir con mi lector o lectora una hipótesis.

Flor Múnera, responsable nacional del área de asistencia carcelaria del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), expresó en marzo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia su preocupación por las condiciones en que se encuentra el guerrillero de las FARC Simón Trinidad, (Ricardo Palmera) quien cumple condena de 60 años en Estados Unidos por pertenecer al grupo guerrillero que tomó rehenes de nacionalidad estadounidense.

Yo pienso que la firmeza, el amor y admiración por su ejército y su policía, las ganas de seguir luchando que se les ve a todos los uniformados recién libres, hayan sido rescatados o liberados unilateralmente, son la mejor prueba de que estamos hablando de prisioneros de guerra. Lo aclaro porque en Colombia todavía hay que defender y argumentar el uso de términos del Derecho de Ginebra.

Aunque muchos rechacen las pruebas de supervivencia que de vez en cuando envían las FARC, la verdad es que estas, aunque tan espaciadas, nos han permitido calibrar hasta cierto punto la situación de la gente cautiva en la selva, su estado de ánimo, su salud.

De cómo se siente Trinidad, no sabemos prácticamente nada. Lo hemos visto por teleconferencia, durante audiencias en procesos que se adelantan en Colombia, encadenado de pies, manos y cintura. Cuenta Flor Múnera que, durante esas declaraciones ante la justicia, Trinidad tiene conectado un dispositivo para infligirle descargas eléctricas.

[Yo me pregunto: ¿los shocks eléctricos se aplican con qué criterio? ¿Lo decide el juez colombiano ante quien Trinidad está declarando, o el guarda carcelario estadounidense? Y si lo decide el guarda, ¿en ese caso qué hacen el juez, el fiscal y el ministerio público colombianos? ¿Los shocks eléctricos se aplican cuando el preso declara algo que no le gusta a alguien?]

Simón Trinidad está confinado en total aislamiento, con fuertes restricciones para recibir visitas. Se le prohíbe leer o conocer qué hora es. No tiene acceso a ningún medio noticioso para enterarse del acontecer en el planeta. Y también tiene a su novia lejos.

Cuando -en su estrategia judicial de quebrar la moral del guerrillero- el fiscal estadounidense Kenneth C. Kohl, que lo interrogaba en Washington, le mostró a Trinidad una foto de su amada, el acusado respondió: “No, señor fiscal. Ella no es Lucero… Es la bellísima Lucero”. Lo cuenta el periodista Jorge Enrique Botero en su libro “Simón Trinidad, el hombre de hierro”. Hacía dos años y medio no la veía ni en foto. Al “hombre de hierro” se le quebró la voz.

Dejo a mi lector o lectora con el revelador mensaje de Flor Múnera a la Corte Suprema.

Bogotá, D.C.
Marzo 10 de 2010

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA-SALA PENAL
E.S.D.

Ref: VERIFICAR CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA

Respetados Magistrados:

FLOR MÚNERA, responsable nacional del área de asistencia carcelaria de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, por medio del presente escrito respetuosamente me permito expresar la gran preocupación que nos causa la información que hemos conocido sobre la situación jurídica y humanitaria del detenido político extraditado JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, rebelde conocido como Simón Trinidad.

Por distintos medios se ha advertido que JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA fue extraditado a los Estados Unidos en el mes de diciembre de 2005, previo concepto de la Corte Suprema de Justicia en el Proceso No. 22450, dentro del cual se realizó el siguiente condicionamiento:

“7.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición allí podrían imponer como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que PALMERA PINEDA no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 512 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Sea lo primero advertir que la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se opone explícitamente a la extradición de colombianos, por considerar que ello constituye un desconocimiento del principio de autodeterminación de los pueblos y de la soberanía nacional, máxime cuando hemos percibido que en los últimos años se ha hecho un uso abusivo de esta figura.

Con referencia al caso antes señalado se conoce que, si bien JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA no fue condenado a cadena perpetua, las autoridades norteamericanas le impusieron al detenido político una pena de 60 años de prisión, la cual es superior a la que hubiera obtenido en Colombia por los mismos delitos, teniendo en cuenta la fecha en que éstos se cometieron.

JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA no ha perdido su condición de ciudadano colombiano. Por tanto, el Estado se encuentra aún obligado a garantizar y exigir el respeto de sus derechos humanos. En nuestro país, en virtud de los principios de legalidad y debido proceso, nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes pre-existentes y con el respeto de todas las garantías judiciales, así como de las formas propias de cada juicio; en el marco de tales presupuestos, ningún colombiano podría ser penado con condenas mayores a las establecidas en la normatividad nacional.

En el caso concreto de este detenido político encontramos que fue extraditado para ser juzgado por delitos por los que pudo ser investigado y eventualmente condenado en Colombia. Sin embargo, el Estado renunció a su soberanía judicial e hizo entrega de esta facultad a las autoridades norteamericanas, situación que no puede implicar adicionalmente la potestad de que éstas impongan a nuestros ciudadanos condiciones más restrictivas que las que hubiera recibido en este país. Entonces, así como la Constitución prohíbe penas como la cadena perpetua y, en virtud de ello, ningún nacional nuestro podrá ser sometido a la misma, también se proscribe la imposición de penas no previstas en la norma preexistente o superiores a ellas. Luego no resulta ajustado a nuestra carta política el que las autoridades norteamericanas le hayan impuesto al rebelde Simón Trinidad una condena de 60 años, cuando para la fecha de los hechos por los que fue acusado, la pena máxima ascendía internamente a 40 años.

De otra parte, a través de la información trasmitida sobre los juicios en los Estados Unidos pudo percibirse la connotación eminentemente política de su juzgamiento, evidenciándose una posición vindicativa por su condición de rebelde. Esto nos hace suponer que su extradición fue requerida y concedida en vulneración de lo preceptuado en la Constitución nacional, que proscribe la concesión de ésta por delitos políticos.

Sobre este asunto, la FCSPP es consciente del alcance de la posición adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-456 de 1997, la cual seguimos considerando como un abono a la desnaturalización del delito político en Colombia. Pero ello no obsta para poder plantear que, cuando una persona es objeto de un juzgamiento en el que se le recrimina con especial énfasis su condición de rebelde, se puede identificar un trasfondo político que trasgrede el límite constitucional que habla de no permitir la extradición por delitos políticos.

Ahora bien, mayor preocupación nos merecen las reiteradas denuncias que a pesar de los impedimentos prácticos se han podido conocer sobre la situación en que se encuentra el detenido político Simón Trinidad en una cárcel norteamericana. Ha sido confinado en total aislamiento, con restricciones serias del derecho a la visita, no solo por el hecho de encontrarse fuera de su país de origen sino por la vigilancia a la que es sometido durante el poco tiempo de contacto con su familia y abogados, además de la prohibición inexplicable de leer, tener un reloj, medios de comunicación, contacto con otros reclusos, entre otras.

No podemos dejar pasar por alto que durante las audiencias (en procesos que se adelantan en Colombia) realizadas a través de teleconferencias, permanece con cadenas en los pies, manos, cintura y con un dispositivo para realizar descargas eléctricas sobre su cuerpo.

Todo ello lleva a concluir que el detenido político y además ciudadano colombiano JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA se encuentra sometido a un régimen penitenciario en el que el respeto de los derechos humanos no constituye una prioridad. Las condiciones reseñadas atentan, de manera abierta y flagrante, contra la dignidad humana, la familia, la intimidad, la información, la defensa, etc, todos ellos derechos fundamentales consagrados no sólo en la Constitución y la ley nacional, sino en tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano.

Adicionalmente a todo lo anterior, hemos tenido conocimiento de que por orientación de las autoridades norteamericanas se ha restringido el carácter público de las audiencias previstas en la etapa de juicio según el código de procedimiento penal (Ley 600). Esto constituye una limitación inaceptable del debido proceso, además de la independencia de los jueces colombianos, quienes son los que tienen la dirección absoluta de estas diligencias en nuestro país.

Dada la gravedad de esta situación, de manera respetuosa nos permitimos solicitar a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:

Primero. Adoptar los mecanismos necesarios para verificar las condiciones en que se encuentra el detenido político JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, conocido como Simón Trinidad, y establecer si, de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales previstos en Colombia, se están violentando sus derechos humanos.

Segundo. Adoptar medidas eficaces para que las garantías judiciales y derechos humanos que hasta ahora han sido vulnerados al detenido político conocido como Simón Trinidad, sean restablecidos y respetados de manera ininterrumpida e incondicional.

Agradecemos allegar su respuesta a la Calle 26 No. 4a–45 Piso 12 de Bogotá.

Cordialmente,

FLOR MÚNERA
Área Nacional de Asistencia Carcelaria FCSPP

Add comment junio 14th, 2010

Genealogía breve de la guerra

La hija del inmolado líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, Gloria Gaitán, respondió a los comentarios del candidato presidencial por el Partido Verde, Antanas Mockus, sobre una eventual alianza con el partido de centro-izquierda, Polo Democrático Alternativo. A la pregunta de un periodista, Mockus dijo el lunes que en el Polo algunas “fuerzas” no habían roto sus lazos con la guerrilla. Gaitán le pidió denunciar hechos concretos y le advirtió sobre la práctica de acusaciones falsas y “temerarias”.

La carta de Gloria Gaitán al candidato que le pisa los talones al aspirante a sucesor uribista, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, es una genealogía breve de la guerra.

En su página web, Caracol Radio informa hoy -11 de mayo de 2010-, que en Manizales Ud. dijo ayer “que no hará ningún tipo de alianza con el Polo Democrático porque hay fuerzas en ese movimiento que todavía no han roto lazos con la subversión”.

Este es un señalamiento de una gravedad extrema, pues coloca un difuminado manto general de duda sobre todos los integrantes de esa agrupación política, por lo que es urgente que Ud. denuncie con exactitud a quiénes se refiere, ya que lo que Ud. denomina “fuerzas”, está integrado por personas que tienen nombre propio e identidad ciudadana.

De lo contrario, si es un rumor que Ud. ha acogido – como el que lo señala como ateo – está Ud. advirtiéndonos que es capaz de aplicar en su gobierno el método ignominioso de la calumnia y de los falsos positivos. Con dichas acusaciones – que para mí no son otra cosa que imputaciones temerarias – Ud. está colocándole a todos los militantes del Polo una peligrosa lápida en el pecho. Mi familia toda está afiliada al Polo. Yo misma estoy inscrita en esa organización política y he dicho que, a pesar de ello, votaré por Ud., creyendo que tiene más posibilidades de derrotar a Santos que Petro y que su principal propósito es la defensa de la vida. ¡Pero no!

En Manizales Ud. ha puesto en grave peligro la vida de todos los militantes del Polo. Ha expuesto la integridad de mi familia y, en especial, la de mi yerno, quien es uno de los más cercanos colaboradores de Petro, habiendo ejercido posiciones destacadas en los mandos directivos del partido.

 

No ha sido fácil para mí hacer campaña por su candidatura, apartándome de la opción política de mi familia de votar por Petro. Y digo que no ha sido fácil, porque razón no les falta cuando dicen que el programa del Polo está más cerca de nuestros ideales que el suyo. Pero yo argumento que el voto a su favor es de transición y que su gobierno puede preparar el terreno para implantar una verdadera democracia en Colombia que le dé juego verdaderamente libre a las fuerzas de izquierda, sin temer el asesinato de sus líderes populares y de sus dirigentes.

Pero ahora, con semejante declaración pública la suya, que coloca a los militantes del Polo en la picota de la subversión, sólo cabe que Ud. diga la verdad, toda la verdad, todo lo que dice saber, para que no se convierta en encubridor de subversivos, al empañar el buen nombre democrático de todo una colectividad política.

En consecuencia, le exijo, en nombre de la vida de mis familiares y mis compañeros, que señale con nombre propio a quienes Ud. aparentemente sabe que guardan vínculos con la guerrilla, confesándole que me he sentido aludida en lo personal, porque los orígenes de la lucha armada en Colombia se remontan a la orfandad que dejó en nuestro pueblo el magnicidio de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, y no puedo menos que mantener un cordón umbilical de carácter emocional muy fuerte con quienes, en sus orígenes, se vieron obligados a tomar las armas para defender sus vidas debido a la persecución y la muerte que generó el magnicidio al Movimiento Gaitanista, lo que no me impide discrepar tajantemente de ellos en sus acciones violadoras de los derechos humanos y en la forma de financiamiento de la organización – métodos que distan completamente de cualquier táctica auténticamente revolucionaria -, Pero eso no me impide entender que la guerrilla requiere un campo verdaderamente honesto y transparente para poder desmovilizarse y no la farsa de un hipócrita diálogo, donde nunca hubo la intención del gobierno de cumplir sus aparentes compromisos para forjar la paz.

A la espera de una pronta respuesta suya, de la cual depende la vida de mucha gente, me suscribo de Ud. como su compatriota adolorida,

Gloria Gaitán

Post-Data de Heavy Metal Colombia: en la noche, Mockus suavizó sus palabras.

Add comment mayo 11th, 2010

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.