Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

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#CatatumboResiste

Un mes de alzamiento campesino en Catatumbo, en Norte de Santander, al pie de la frontera con Venezuela.

Cuatro campesinos asesinados que, por más campaña gubernamental, mediática y política contra los líderes de la protesta, resultan difíciles de tapar.

Esta es la región de los hornos crematorios donde los paramilitares desaparecían a sus asesinados casi industrialmente, para no afectar los índices de homicidios como les pedía la Policía.

Los años del paramilitarismo, con su Bloque Catatumbo, acumularon más de 10 mil muertos en Norte de Santander.

Por aquí lo único que se cuida es el petróleo. El ejército está con tanquetas para cuidarlo. Y a nosotros ¿quién nos cuida? Nadie. Dese de cuenta señor, que a nosotros nadie nos cuida. Los únicos que se preocupan por nosotros son los dirigentes que están dirigiendo el paro”, escribió la campesina Margarita, de #CatatumboResiste, al presidente Juan Manuel Santos.

A pesar del miedo, #CatatumboResiste. Y desnuda irremediablemente, a diario, las causas de la guerra colombiana. La voz más validada para resumirlas resultó ser la ONU-DH, que emitió hoy una declaración. Hay poco que agregar, salvo que la oficina de la Alta Comisionada fue duramente atacada por el gobierno. Sí, el mismo gobierno que pretende acordar el fin de la guerra con las FARC en La Habana.

 

Oficina de la ONU para los Derechos Humanos espera que se llegue a acuerdos que garanticen los derechos humanos de la población del Catatumbo

(Bogotá, D.C., 9 de julio de 2013)

La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda la reanudación de los diálogos en el Catatumbo, Norte de Santander, entre integrantes del Gobierno colombiano y los campesinos de la zona, y espera que puedan lograrse acuerdos, con el fin de diseñar e implementar medidas concretas de inversión social que promuevan transformaciones sociales y garanticen la plena efectividad de los derechos humanos de los habitantes de la región. 

La Oficina expresa su preocupación por la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo. Pese a su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. La población allí asentada reclama al Estado, desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno.

La coyuntura actual da cuenta de una gran frustración social, generada por el estancamiento en el proceso de diálogo entre los campesinos y las autoridades estatales en el marco de la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA-, creada en 2009. A esta frustración se suman los retrasos en la creación de una Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, la falta de inversión social prevista por el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para el Catatumbo, además de la falta de programas de apoyo para la sustitución progresiva de cultivos de uso ilícito.

La Oficina realizó una misión de observación al Catatumbo la última semana de junio y se reunió con los campesinos y con las autoridades civiles y militares, con todos ellos y ellas compartió sus puntos de vista, su observación y sus preocupaciones.

Al mismo tiempo, la Oficina pudo constatar: por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos, los señores: Leonel Jácome, Édinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios. La Oficina exhorta a la Fiscalía a que investigue la presunta violación del derecho a la vida de estas cuatro personas.

Además, la misión observó que hubo agresiones por parte de los manifestantes contra la fuerza pública. En los hechos violentos quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública, y hubo daños a la propiedad pública y privada, confinamiento a varias comunidades y cierre de vías, lo que generó una grave situación de crisis humanitaria.

La Oficina lamenta que la situación haya escalado a esos altos niveles de violencia.

“Los campesinos tienen quejas valederas con relación a la garantía de sus derechos. Es importante escucharlos y no estigmatizarlos, y que ellos y ellas se manifiesten con respeto en relación con los derechos de todas las personas. La Oficina lamenta la pérdida de la vida de los cuatro campesinos y llama a las partes a que continúen los diálogos y lleguen a acuerdos respetuosos de los derechos humanos”, puntualizó, sobre el Catatumbo, Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Add comment julio 10th, 2013

“Que nos oigan en La Habana”: organizaciones afrocolombianas

Para la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su reciente “reporte intermedio” sobre Colombia, los ataques contra comunidades negras estarían motivados porque estas “viven en regiones con abundancia de recursos y que son consideradas estratégicamente importantes por los grupos armados dedicados al narcotráfico”.

Para la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el asesinato de varios líderes afro apuntan a “una estrategia de persecución y desarticulación” contra “el movimiento étnico-territorial afrocolombiano”.

La CPI se remite a Amnistía Internacional para contar que, a finales de 2007, las FARC lanzaron un ultimátum a todos los líderes de consejos comunitarios de Nariño: “les daban hasta abril de 2008  para desmantelar sus organizaciones o ser asesinados. Las FARC querían promover sus propias organizaciones comunitarias”.

 

Grupos paramilitares de la zona también presionaron a comunidades afrocolombianas para que  cultivaran coca. Tanto estos como las guerrillas “promovieron la migración de colonos” a Nariño para que allí cultivaran coca, dice la fiscalía de la CPI.

Se asesina, ante todo, a los líderes, tanto indígenas como afrocolombianos, para intimidar a las comunidades y provocar desplazamiento, con el fin de controlar su territorio; o bien porque los líderes se oponen a la presencia de uno o varios grupos armados o porque permiten la presencia de un grupo armado enemigo del que finalmente comete el crimen. También los matan porque son los líderes quienes suelen desafiar la autoridad de los armados.

 

“Las FARC y el ELN han sido identificados como los principales autores de asesinatos de comunidades indígenas y afrocolombianas”, dice la CPI. “Se ha identificado que las FARC y el ELN son los principales autores de asesinatos selectivos de líderes de comunidades y de activistas”.

 

Continúa:

“Las FARC asesinaron presuntamente a miembros de Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas en varias partes del país, incluidos los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a fin de socavar las estructuras de sus organizaciones”.

“En enero de 2011, dos líderes del Consejo Comunitario de Los Manglares fueron asesinados en López de Micay (Cauca), presuntamente por miembros de las FARC”.

“Se han atribuido a grupos paramilitares casos de asesinato de líderes y activistas, incluyendo a defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en octubre de  2008, Walberto Hoyos, un líder que pedía la protección de los derechos colectivos a la tierra para las comunidades afrodescendientes de la Cuenca del río Curbaradó, fue asesinado por paramilitares en Caño Manso”.

“En lo que se refiere concretamente a los territorios afrocolombianos, el Experto independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías explicó que dichos territorios tienen gran importancia estratégica para grupos armados dedicados al narcotráfico, así como en el contexto de nuevos planes de desarrollo macroeconómico, denominados ‘mega-proyectos’. Según este experto, estos proyectos se han ejecutado mediante traslados forzosos y brutales, actos de violencia en masa y asesinatos selectivos”.

“Por ejemplo, en el caso de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, 3.000 afrocolombianos fueron trasladados forzosamente de su territorio colectivo por paramilitares, narcotraficantes y personas que aspiraban a adquirir tierras de manera ilegal para establecer plantaciones y explotaciones ganaderas”.

“Entre las víctimas de traslados forzosos se encuentran comunidades afrocolombianas e indígenas de las regiones de Bolívar, Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y amplias zonas de  Antioquia, Tolima, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Córdoba y Chocó”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que la violencia relacionada con el conflicto afectaba de forma desproporcionada a niñas, mujeres y mujeres indígenas y afro-colombianas.

Que este somero listado de razones sirva de prolegómeno para la comunicación enviada ayer 17 de diciembre al Foro sobre Desarrollo Agrario Integral, que inició ese día en Bogotá y termina mañana miércoles, organizado por el PNUD y la Universidad Nacional. La realización del foro fue solicitada desde La Habana por la mesa de negociación gobierno-FARC.

En el panel inaugural, en la mañana del 17, María Inés Quiñones, del Proceso de Comunidades Negras, invitó a “desobedecer la metodología” del Foro Agrario, “en nombre de nuestros ancestros”. La razón: los temas que se tratan allí “son esenciales para nuestro futuro”, “son asuntos que hay que pensar”. Los afros se niegan a que los sigan trayendo y llevando a foros de afán.

Que nos oigan en La Habana: la metodología no puede violar los derechos

 

La comunidad negra saluda este evento. Somos parte de los millones de colombianos que tenemos un anhelo de paz. Hemos sabido en carne propia las atrocidades del conflicto armado, por eso la posibilidad de estos diálogos para el fin del conflicto nos llenan de esperanza. Nosotros hablamos desde los millones de desplazados internos, los emplazados, los asesinados, los muertos, nuestros desaparecidos, muertos que nos ha sido imposible sacar de los ríos, enterrar y cantar. Pero también hablamos desde las experiencias de comunidades que se resisten en sus territorios a los horrores y desde allí le han apostado y apuestan a la posibilidad de un país distinto.

Tenemos derechos especiales que están reconocidos en la constitución y la ley. La existencia de estos derechos tiene que ver con hechos históricos inobjetables, la trata transatlántica de esclavos, la esclavización cuyas consecuencias, como lo reconoció la tercera conferencia mundial contra el racismo, seguimos padeciendo en el tiempo. En medio de la confrontación armada que vive el país, nuestros derechos colectivos al territorio, la identidad, la participación y el desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales han sido vulnerados de manera sistemática y generalizada.

En el marco de las negociaciones para el cese del fuego, la mesa en La Habana abrió un espacio de participación para el movimiento social. Este se está llevando a cabo hoy en el centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, se invitaron 1.200 a la conversación, se nos dieron 80 cupos, pero solo llegaron 45.

La mayoría de los miembros de las distintas delegaciones afrocolombianas no han llegado. Entendemos que hay problemas logísticos que han sido difíciles de superar. Cuando fuimos informados de nuestras invitaciones hicimos una ronda de llamadas para coordinarnos. Al final de las mismas, demandamos la instalación de una Mesa específica para Afrocolombianos. No hemos recibido respuesta oficial de parte de los organizadores. Extraoficialmente nos han comunicado que no y que, igualmente, los indígenas lo demandaron y que tampoco les fue concedido y que se trataba de “integrarse”.

La metodología a implementar aquí parte del supuesto de que todos los sectores sociales tienen propuestas conjuntas y vocería unificadas. Esto es lo deseable, mas en todos los casos no es lo real, entre otras porque el tema de fondo que nos convoca ha afectado los tejidos organizativos.

Las metodologías deben estar adecuadas a la realidad y no pueden estar por encima de los derechos que nos han sido reconocidos a los pueblos que hemos luchado. La paz no es un favor, es un deber y un derecho para todas y todos, con todas y todos en igualdad de condiciones de las voces.

No es un favor el que demandamos. Por ello, en ejercicio de nuestros propios derechos, haremos una Mesa de Afrocolombianos en la que discutiremos todos los temas. Los pueblos étnicos somos Colombia también, y queremos construir la Paz para Colombia.

 

Lo mínimo es el respeto de los derechos de todxs. No es cierto que conversar en una Mesa entre todas y todos, entre los eternamente excluidos y los que nos han excluido por siempre, sea garantía de integración. Estamos dispuestos a juntar nuestras voces con las de todxs, pero no estamos dispuestos a que, en nombre de la integración, nuestra voz y nuestras demandas como pueblo se diluyan.

Si las conversaciones y la participación de todos los sectores sociales en espacios como este no parten de los derechos que nos están reconocidos y de asegurar los principios de regresión de los mismos, ya estamos por mal camino. Estamos degradando el alcance de la Constitución del 1991. Este es el mensaje definitivo que queremos trasmitir, y que quede claro:

Haremos nuestra mesa  e invitamos a todos los afrocolombianos y a los que también lo deseen a desobedecer la tiranía de la metodología.

En el espíritu de nuestros ancestros

Organizaciones Afrocolombianas

Add comment diciembre 18th, 2012

Comunidades proponen Comisión de la Verdad

Vanesa Coicué, una niña nasa de 11 años, pereció el 16 de septiembre de 2011 en su propio hogar, en el Norte del Cauca. El ejército y las FARC combatían, literalmente, en el jardín de su casa. Un proyectil relleno de metralla, para hacer el mayor daño posible, estalló a dos metros de la vivienda de madera. Foto Constanza Vieira/ IPS
A la misma hora en que Juan Manuel Santos y las FARC anunciaban desde Bogotá y La Habana el inicio de conversaciones de paz, varias de las comunidades que más han sufrido en Colombia enviaron hoy una carta conjunta al presidente colombiano y a los jefes de las dos guerrillas, las FARC y el ELN.
La misiva proviene del Centro y Norte del Cauca, Chocó, Antioquia, Meta, Putumayo, Caldas y Valle del Cauca.

Las comunidades proponen cinco puntos:

Cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión y participación física en espacios definidos para hacer propuestas, incluida una Comisión de la Verdad.
Además, la satisfacción básica de algunos derechos con base en la redistribución de los recursos que se destinan a la guerra. La idea es también que los recursos de cooperación internacional se destinen, entre otros, a la Comisión de la Verdad.
Finalmente, piden que los acuerdos de paz que se logren sean refrendados en un referendo o mediante una Constituyente.
Esta es la carta.Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de 2012
Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia
Señor TIMOLEÓN JIMÉNEZ Secretariado de las FARC – EP
Señor NICOLÁS BAUTISTA Comité Central ELN
Nos llena de esperanza el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN.
Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia que dan fe de estas graves condiciones que general el conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha significado en costos en vidas humanas, en costos sociales, ambientales y económicos está guerra que va a cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de la Verdad y otras iniciativas compartidas con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y otros que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.
Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de aproximación ya conocidos, y frente a lo que eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de expresión. La persistencia del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar, la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas son razones importantes para que se de un cese al fuego, se posibilite nuestra participación y podamos creer en el proceso. Es fundamental el cumplimiento de aspectos referente a estructuras criminales e igualmente la necesidad de tener acceso ya a medios de información públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y por medios físicos como medio de participación de la sociedad civil, esa expresión es importante, pero imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad política de escucharlas, de discutir y asumirlas en acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto armado.
Requerimos saber de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que nuestras propuestas de habitación, de producción, de Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una redefinición del gasto serán los que propician la viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia. Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.
Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones. La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.

• Asociación campesina agroecológica Huerto Renacer, municipio de Sucre Cauca
• Asociación campesina agroecológica Bien Andante, municipio de Sucre Cauca
• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Argelia Cauca
• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz” san Antonio, Inza Cauca
• Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco Toribio Cauca
• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiando – So Bia Drua – Pueblo Embera
• Zona humanitaria El Castillo, Comunidad de Vida y Paz – CIVIPAZ- Meta
• Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica – ADISPA – Putumayo
• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo
• Zonas de Biodiversidad Grupo Porvenir – Putumayo
• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”- Dabeiba
• Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
• Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya – Valle
• Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam – Valle
• Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA – Trujillo – Valle.
• JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle

Add comment septiembre 4th, 2012

CICR: “Las herramientas jurídicas existen”

Se acerca la hora cero de la Minga de la desmilitarización.

IPS entrevistó al abogado Romaric Ferraro, del CICR

Su cargo en Colombia: asesor jurídico para las operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El abogado francés Romaric Ferraro no opina sobre la advertencia indígena acerca de que viene una batalla gigantesca entre ejército y guerrilla, en la arisca confluencia montañosa entre los departamentos del Tolima, Cauca y Huila, en el centro del país.

Páramo de Las Hermosas, idílico escenario de una guerra brutal. Foto Gustavo Wilches-Chaux

“Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido”, dijo a IPS. El campo de acción de Ferraro es el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El CICR no se pronuncia jamás sobre su actividad operacional de terreno en este país en guerra hace más de medio siglo. Se sabe que mantiene un diálogo bilateral, confidencial, tanto con la cúpula de la fuerza pública como con las guerrillas de izquierda, surgidas en 1964.

En una metodología probada por más de 140 años, la entidad neutral se abstiene de calificar penalmente los actos que ambas partes cometen. La prioridad de sus 13 oficinas en toda Colombia es tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.

“Por ende pensamos, indicó Ferraro, que al hacer denuncias perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad; de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas”.

Toribío. En el Cauca, “la violencia genera más daños físicos y espirituales que los desastres desencadenados por fenómenos naturales”, dice Gustavo Wilches-Chaux. Foto El País (Cali)


El ataque de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el poblado indígena de Toribío, al norte del Cauca, el 9 de julio, utilizó armas de efecto indiscriminado, con el argumento de que “muchas” casas civiles estarían alquiladas a efectivos de fuerzas estatales.

A su vez, el gobierno amenazó con demoler las casas civiles donde se parapeten o alojen los guerrilleros. La estación de Policía de Toribío es una fortaleza, construida en el casco urbano del pueblo.

Los indígenas quieren su territorio libre de guerra y anunciaron una “minga’ (trabajo colectivo para el bien común) para desmontar trincheras de la policía, bases militares y campamentos de la guerrilla en sus resguardos.

La hora cero de la minga se acerca. Los indígenas ya preparan la logística para llevarla a cabo y se están concentrando en Tierrero, 20 kilómetros antes de llegar a Toribío por la carretera que trepa desde Santander de Quilichao.

“Es evidente”, advirtió Ferraro, que si la población civil “intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes”.

El CECIDIC, “universidad indígena” que forma parte del Proyecto NASA,
fundado por el sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué, asesinado en 1984.
Foto Gustavo Wilches-Chaux en http://declaracioncontralaguerra.blogspot.com/

El abogado Ferraro expone la posibilidad de transpolar una norma vigente en la normativa de Ginebra para los conflictos internacionales y aplicarla en el conflicto interno colombiano: un acuerdo expreso entre las partes combatientes (fuerza pública y guerrilla) que saque del teatro de operaciones bélicas los territorios indígenas.

También sugiere recurrir a la Corte Constitucional, para que esta dirima sobre cómo debe aplicarse en Colombia el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que a la letra dice:

Artículo 30

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Esta es la versión completa de un diálogo de IPS con Ferraro, cuya síntesis fue publicada hoy 1 de septiembre en el servicio mundial de IPS Noticias. Las fotografías de Ferraro son de Margarita Carrillo/IPS.

Documento

“Las herramientas jurídicas existen”, dice el asesor jurídico para las operaciones del CICR en Colombia, Romaric Ferraro. Un acuerdo entre las partes en contienda podría definir no utilizar los territorios indígenas para fines ofensivos.

Constanza Vieira, IPS: Señor Ferraro, el gobierno colombiano reconoció en junio que en Colombia hay un conflicto armado interno. La pregunta es si  esto ha implicado, o si puede, en teoría,  implicar limitaciones o congelamiento en materia de derechos humanos de la población colombiana, por estar ahora Colombia oficialmente en tiempos de guerra.

Romaric Ferraro, CICR: Mi respuesta franca sería: en principio, limitaciones o restricciones, no. Debería surtir el efecto contrario, que sería justamente precisar qué marco jurídico es aplicable a la protección de las personas.

Y dijo bien: “en teoría” debería ser la primera consecuencia. Es decir, al declarar la existencia de un conflicto armado, un gobierno es muy consciente de que, abiertamente también, tiene que reconocer el derecho aplicable a esa situación, que es el DIH, que ha sido especialmente diseñado para situaciones de conflicto armado.

Si tomamos en cuenta que, además del DIH, no cesan de aplicarse los derechos humanos –sobre eso ya hay una jurisprudencia constante en la materia- pues deberíamos tener dos marcos, dos pilares fundamentales de protección de la persona, que deberían funcionar de tal forma que se aumente, en lugar de que se menoscabe, la protección de las personas.

IPS: Últimamente el gobierno colombiano, las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) están invocando en sus expresiones públicas el DIH. ¿El acatamiento del DIH se fortalece en Colombia?

Romaric Ferraro: Siempre habrá una distancia en Derecho, me parece, entre el discurso político manejado por los diversos implicados en un conflicto armado y su concreta realización en el terreno.

De nuevo: a mí me parece que es positivo el hecho de que se reconozca la situación fáctica, porque precisamente los actores implicados se ven en la obligación de justificar sus acciones con respecto al DIH. Entonces, cuando antes no se sentían, quizá, obligados a hacerlo, hoy -por lo menos al nivel del discurso- sí se sienten obligados.

IPS: El pronunciamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fechado 20 de julio en Toribío, dice: “Cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento de que el otro ya lo había hecho antes”. ¿El CICR qué comentaría al respecto?

Romaric Ferraro: Es difícil que tengamos una posición oficial sobre lo que puede opinar una organización de la sociedad civil sobre el grado, o no, de respeto por el  DIH por parte de cada uno de los actores armados involucrados en el conflicto.

Lo que veo es que hay, forzosamente, un reclamo de la población civil. Lo que nosotros observamos en el terreno es que la población civil, y eso es lo que intentamos año tras año subrayar también en nuestro informe público, es la primera víctima de las consecuencias de este conflicto. Sean esas consecuencias provocadas por actores gubernamentales o por actores no gubernamentales. Entonces, me parece normal que haya un reclamo.

IPS: ¿Cómo se puede interpretar, desde el punto de vista del DIH, el anuncio del gobierno acerca de que va a demoler las casas civiles donde se parapete la guerrilla, o donde se hospeden guerrilleros?

Romaric Ferraro: La cuestión de los bienes civiles, de nuevo, se tiene que interpretar a la luz del derecho aplicable, que en este caso sería el DIH como primera opción de análisis.

Lo que se debe recordar es que los bienes civiles como tal son protegidos, y el famoso principio de distinción aplica tanto para las personas como para los bienes.

Es decir: en cuanto a las personas, quien no participa directamente en las hostilidades, es protegido en los ataques. En cuanto a los bienes como tales: un bien que no es objetivo militar no puede ser atacado.

Ahora: esa protección no es absoluta. No es absoluta porque, según el uso que se haga de un bien, este puede perder esa defensa por ser bien civil.

Es decir, si por ejemplo la fuerza pública o un grupo armado organizado utilizan un bien civil, en este momento este bien puede perder –aunque hay que hacer un análisis caso por caso- esa protección de bien civil. Y durante su uso como bien de tipo militar, se va a transformar en objetivo militar.

IPS: ¿Cómo decidir en el momento? Un hospital no puede perder nunca su calidad de bien protegido, una escuela tampoco.

Romaric Ferraro: Parecería ser que no, en principio. Esos bienes son, inclusive, especialmente protegidos, porque el hospital tiene que recibir heridos y enfermos. Entonces, por ese mismo hecho recibe una protección especial. Es decir, la instalación sanitaria es, como tal, doblemente protegida. Por un lado es protegida por ser bien civil, y también lo es por ser una unidad sanitaria. Entonces, no debería perder nunca esa calidad.

Lo mismo la escuela. Los niños reciben bajo el DIH, los derechos humanos, el derecho colombiano, una protección especial.

Inclusive, la Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Sin embargo, en la realidad, si una escuela es utilizada como un fin militar, pierde en ese momento la protección.

Es decir, no hay ningún bien que tenga una calidad absoluta y que fuera imposible de revertir en derecho humanitario.

Porque imagínese, es así de fácil: si no, cualquier grupo armado, y de por sí lo hacen, estaría tentado a instalarse de forma continua en una escuela, diciéndose, ‘bueno, como aquí estoy siempre protegido, desde aquí puedo lanzar todos los ataques del mundo y nunca me van a repeler ese ataque’.

IPS: ¿Y lo mismo puede ocurrir en el caso de una iglesia?

Romaric Ferraro: Exacto, desafortunadamente. Por eso hay tanta responsabilidad también por quien usa el bien. Y esta es una cuestión sobre la que tratamos de convencer a todos los actores de esta violencia armada en Colombia: de las consecuencias de estar en ciertos lugares.

Es decir, no únicamente sobre el hecho de que se debe una protección a todas las personas, sino también acerca de que el simple hecho de que ellos estén en un lugar determinado, tiene consecuencias inmediatas.

La presencia prolongada en un centro urbano, la presencia prolongada en una escuela, en un puesto de salud, pone también en peligro a esos bienes.

IPS: ¿Les quita su estatus de protegidos?

Romaric Ferraro: De forma momentánea. Es decir, mientras sea usado como tal para fines ofensivos.

Obviamente, si un grupo armado ocupa una escuela, o la fuerza pública ocupa un puesto de salud durante un periodo prolongado y después se retiran, pues ese bien vuelve a recuperar su calidad de bien protegido.

IPS: Dijeron las FARC en un comunicado después del ataque a Toribío que “muchas” casas civiles habían sido alquiladas a unidades de la fuerza pública que estaban viviendo ahí. Sin haberlo confirmado IPS in situ, telefónicamente un dirigente indígena me habló de una casa, que parece que sí estaba sirviendo de alojamiento a todo un grupo del ejército. Qué puede comentar el CICR al respecto.

Romaric Ferraro: Bueno, entramos en una casuística en donde necesitamos los elementos concretos.

Ahí habría que distinguir, primero, dos cosas: en Colombia hablamos de “fuerza pública”, en general. Y allí hay una primera dificultad, que es separar la cuestión de Fuerzas Militares de la cuestión de Policía Nacional.

En la dinámica del conflicto, tal como lo hemos observado en los últimos meses, se han multiplicado los ataques a la Policía Nacional, porque en general ellos se encuentran aislados, sin presencia militar en muchos lugares muchas veces pequeños de Colombia, donde son la única materialización de la presencia del Estado.

Y no es evidente que siempre sean ellos objetivos militares, donde estén presentes. Porque la Policía Nacional no deja de tener una naturaleza civil. Entonces, esto es una primera aclaración que habría que hacer.

El tema se complica aún un poco más en Colombia, porque ciertas unidades de la Policía Nacional sí tienen una función militar en su organización, su entrenamiento, sus formas de operar. Pueden llegar a ser objetivos militares.

Entonces, la primera dificultad que tenemos es ésta: estar bien seguros de si hablamos de miembros de fuerza militar. Ellos normalmente siempre son considerados, bajo el Derecho Humanitario, objetivos militares. Siempre pueden ser atacados.

Para la Policía Nacional es un poco más complicado y hay que entrar en la casuística. Realmente, un análisis caso por caso.

IPS: ¿Cuáles son esas unidades de la Policía que cumplen funciones militares y que podrían ser objetivo en el conflicto armado?

Romaric Ferraro: Se ha visto que, por el tipo de operaciones que llevan a cabo a veces, por ejemplo los EMCAR (Escuadrón Móvil de Carabineros), que son los carabineros móviles.

Los EMCAR llevan entrenamiento de tipo militar. De hecho, hasta tienen manuales sobre la aplicación del DIH.

Esta delegación ha trabajado con la Policía Nacional temas de integración del derecho humanitario. Entonces, son conscientes de que, a veces, pueden tener un papel de tipo militar.

De hecho, inclusive la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias: que según el tipo de operaciones, la Policía Nacional, que normalmente tiene una naturaleza civil, puede encontrarse realmente en situaciones de contrainsurgencia. Ahí sí cobra un papel militar.

IPS: La policía en Toribío está armada hasta los dientes y usa uniformes de contraguerrilla. ¿Eso los hace militares?

Romaric Ferraro: La cuestión del uniforme no es suficiente. Es el tipo de armamento y también el tipo de misiones que desarrollen.

Es decir, si la misión es únicamente preservación del orden público, como se puede hacer aquí, en el centro de Bogotá, no sería el caso.

Si hay una misión contrainsurgente, claramente sí se vuelven un objetivo militar.

IPS: Los indígenas están advirtiendo que viene una batalla enorme a nivel de esa región. ¿Esa advertencia tiene asidero?

Romaric Ferraro: Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido. Para previsiones de dinámica del conflicto es mucho más con el jefe, el jefe adjunto, el coordinador de terreno. Son los que siguen la dinámica prospectiva.

IPS: La oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que el ataque de las FARC a Toribío el 9 de julio “revela que hay un patrón de ataques indiscriminados” por parte de las FARC en los que resulta afectada la población civil. ¿Esa es una nueva forma de operar de las FARC, según hayan podido observar en terreno el CICR, y que pueda terminar en una tragedia como el caso de Bojayá, con casi 90 civiles muertos y que fue designado por la ONU DH como un crimen de guerra cometido por los tres actores que tomaron parte (guerrilla, paramilitares y fuerza pública)?

Romaric Ferraro: Nosotros nunca hacemos pronunciamientos públicos en el sentido de calificar jurídicamente, o penalmente sobre todo, los actos cometidos por las diversas partes involucradas en el conflicto armado.

No lo hacemos porque pensamos que logramos mayores resultados a través de un diálogo bilateral, confidencial, con los involucrados directamente.

Y los más de 140 años que llevamos trabajando en escenarios de conflicto armado nos hacen pensar que sigue siendo una buena metodología.

IPS: ¿Calificar cierra puertas?

Romaric Ferraro: La cuestión del acceso a los más necesitados por los efectos del conflicto es realmente la prioridad para nosotros.

Tenemos muchos equipos de terreno; tenemos 13 oficinas en todo Colombia, cuyo principal papel es eso: tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.

Por ende pensamos que, al hacer caracterizaciones públicas, al hacer denuncias, perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad, de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas.

IPS: En esos diálogos privilegiados que ustedes llevan a cabo, ¿están advirtiendo que esta forma de operar puede terminar en un episodio como el de Bojayá?

Romaric Ferraro: Pues justamente sería ya entrar en el tipo de argumentos que utilizamos, entonces, no podría darle el detalle de cómo abordamos, como tales, los temas.

Lo que sí, es que siempre como metodología hemos utilizado el tema de las consecuencias de los actos.

Más allá de decir si tal o cual comportamiento es prohibido por el DIH, preferimos hacer ver, en primera instancia, cuáles son las consecuencias muy concretas, por ejemplo, de utilizar minas antipersonal, o de reclutar menores, o de hacer desaparecer personas, o de ocupar bienes públicos o privados de forma prolongada, o de atentar contra la misión médica: son los temas principales con los cuales trabajamos. Pero siempre en términos de consecuencia humanitaria.

IPS: Sobre la práctica que se ha aplicado en Afganistán y que se aplicó antes en Bosnia, de usar los subsidios estatales, o inclusive, la ayuda de emergencia humanitaria como parte de la estrategia militar y a favor de la imagen de lo militar. ¿Cómo ve esto el CICR?

Romaric Ferraro: Es un tema que en Colombia nos preocupa de forma creciente en los dos últimos años.

El tema lo hemos caracterizado mal a veces, llamándolas operaciones cívico-militares, porque había que darles un nombre, pero no tiene ninguna precisión llamarlas así. Es como usted lo describe: esa mezcla de prestación de servicios básicos aunado a, quizá, otro tipo de actuar del Estado, como colectar información de inteligencia, o incentivar a la población a que se pase a las filas de las Fuerzas Armadas.

Ha sido sumamente difícil documentar las consecuencias de ese tipo de operaciones. Inclusive, desde 2009 hemos tenido grupos de reflexión con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, sin poder concretar realmente una relación causa-efecto entre las operaciones y sus consecuencias.

Hoy lo seguimos viendo todavía como un riesgo potencial, mucho más que como una realidad que podamos medir.

Es muy arriesgado hacer comparaciones con Afganistán y, también internamente lo tuvimos que realizar.

Porque en Afganistán estamos hablando de fuerzas multinacionales que, en principio, estaban, primero, como ocupantes; y segundo, como invitadas del gobierno. Entonces ahí sí, realmente, tenemos a un combatiente un día, que al día siguiente presta ayuda humanitaria.

Eso puede generar una confusión muy grande, sobre todo para actores como nosotros, que podemos ser vistos como el último brazo, digamos humanitario, de esas ofensivas.

En Colombia lo que hay que medir, que es totalmente distinto, es que estamos frente a la iniciativa del Estado soberano, en su territorio, que tiene también que prestar servicios básicos en el conjunto del territorio.

Y si no presta esa ayuda, el Estado también puede ser calificado como violentador de ciertos derechos humanos. Entonces, va a ser acusado por estar presente y va a ser acusado por estar ausente. Nosotros somos muy conscientes de que el Estado y el gobierno están frente a una disyuntiva muy complicada.

IPS: Sabemos de organizaciones internacionales de ayuda en emergencias que están preocupadas por la participación de sus gobiernos en algunas regiones declaradas como zonas de consolidación territorial en Colombia, o zonas CCAI. Temen que, a través de proyectos civiles, sus gobiernos entren a involucrarse con la estrategia militar.

Romaric Ferraro: Creo que es un problema de coordinación entre ciertos Estados determinados que tienen intereses de cooperación en Colombia y ciertos organismos intergubernamentales, que son los que finalmente ejecutan esas políticas.

Hablemos de Naciones Unidas, por ejemplo. En principio, son presupuestos asignados por parte de los Estados. Nunca deja de haber esa participación de los Estados allí.

Nosotros no somos partícipes de ninguna de esas acciones directamente, por la posición muy peculiar que tenemos, de no representar los intereses de ningún Estado en particular, ni de participar de forma efectiva en ninguno de esos acuerdos.

IPS: El Consejo Regional Indígena del Cauca señala que la insurgencia incrementa actualmente el reclutamiento de menores de edad, e incrementa el reclutamiento de milicianos. Estos, aparentemente, son personas de civil que están entremezcladas con la población. ¿Qué tiene que comentar el CICR frente a esto?

Romaric Ferraro: De nuevo, este es típicamente el tipo de temas donde evitamos hacer una condena de tipo público sin tener los elementos.

Para nosotros es sumamente complicado documentar el fenómeno. Va a ser más fácil documentar dónde hay zonas contaminadas en el país por minas antipersonal y restos explosivos de guerra, porque realmente tenemos ahí el testimonio directo de los afectados.

En cuanto al reclutamiento de menores, es muy complicado tener cifras. Tanto por parte de los afectados -las mismas familias no van a hablar- como porque los grupos tampoco son proclives a darnos, como tal, cifras exactas.

Hoy no hay un organismo que pueda decir con precisión cuántos niños reclutados hay en Colombia.

Ahora: la regla en Derecho Humanitario es que los menores no deben ser reclutados. La regla es clara. El actuar de los grupos frente a esta regla es muy difícil de medir, definitivamente, para nosotros.

IPS: Los milicianos van de civil, con armas cortas, se mezclan dentro de la población. Según un alto funcionario de la ONU DH a IPS, durante el ataque a Toribío habrían disparado desde dentro de la plaza llena de gente. ¿Cómo manejar esto?

Romaric Ferraro: De nuevo, nosotros hemos hecho nuestra propia documentación de los hechos. Mandamos un equipo unos días después del acontecimiento a hacer nuestra propia documentación de lo que pasó en Toribío.

Metodológicamente hablando, no nos vamos a referir a algo que documentó Naciones Unidas, porque nosotros tenemos el acceso y ya hicimos nuestra propia documentación del caso.

La cuestión de los milicianos surge en muchos de los eventos que tenemos con la fuerza pública. Hacemos mucho trabajo de comunicación con la fuerza pública sobre el contenido del Derecho Humanitario, sus límites, etcétera.

Y una de las preguntas recurrentes es: ¿qué hago yo con un miliciano? ¿Debo seguir considerando que es una persona civil? ¿Es un miembro de las FARC, es un objetivo militar, sí o no? ¿Participa en las hostilidades, sí o no?, justamente para tratar de esclarecer esta cuestión.

Porque es un problema a nivel mundial, no pasa únicamente en Colombia. Hemos sacado –y aprovecho para hacer la promoción- la “Guía para interpretar la noción de la participación directa en las hostilidades, según el DIH” (escrito por Nils Melzer, asesor jurídico del CICR, 85 páginas).

Esa guía tiene la virtud de tratar de esclarecer una noción que en DIH no ha sido definida.

Si usted ve el Protocolo Adicional II, dice “Las personas civiles son protegidas, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. Y la gran encrucijada es: ¿qué es una participación directa en las hostilidades? Porque los tratados no lo dicen.

Lo que contestamos siempre a la fuerza pública es lo siguiente: miliciano, jurídicamente no existe. Lo que existe es: o alguien es miembro de un grupo armado o alguien no es miembro de un grupo armado. Si es miembro de un grupo armado, puede ser atacado siempre. Es la consecuencia del Derecho Humanitario.

Si no es miembro de ese grupo armado, hay que analizar caso por caso qué estaba haciendo en ese momento. Y ese es el concepto mismo de la “participación directa en las hostilidades”. Por ejemplo, pasaba información de inteligencia. ¿Qué tipo de información de inteligencia pasaba? ¿Esa información iba a servir para una operación inmediata? Es ese tipo de preguntas las que hay que hacerse. Que, en el caso por caso, son muy complicadas.

IPS: Muy complicadas, señor Ferraro. Especialmente cuando se tiene en cuenta que periódicamente surgen informes acerca de campañas de alfabetización dentro del ejército. Con todo respeto, en un determinado porcentaje en el ejército hay personas que no saben siquiera leer ni escribir, o que tienen bajos niveles de educación. ¿Y son ellos los que están designados en el campo para juzgar si una persona es o no es miembro de las FARC, y disponer sobre su vida?

Romaric Ferraro: Es sumamente complicado. La decisión como tal muchas veces no debería recaer sobre un soldado individualmente, sino ser parte de una orden de operación, que es normalmente el documento que va a sustentar jurídicamente y operacionalmente cualquier acción ofensiva.

Yo diría: en caso de operación planificada de la fuerza pública, pienso que la encrucijada, aunque sea complicada, se puede resolver.

Donde se vuelve muy insoluble es cuando la operación militar sea en respuesta a un ataque. Ahí sí es muy complicado saber de dónde vienen los tiros, quién está disparando en ese momento. De nuevo, si alguien está disparando a la fuerza pública hay pocas dudas de que está participando directamente en las hostilidades.

IPS: La Corte Constitucional definió que en Colombia rige la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. De su artículo 30 se aferran los indígenas para decir que se retiren todos: “desmilitarización en nuestros territorios”. ¿Eso es utópico? ¿Se puede realizar ese sueño en Colombia?

Romaric Ferraro: Es muy interesante la pregunta. Hay varias puntualizaciones que hacer. La primera, el CICR no trabaja específicamente sobre derechos indígenas. Los derechos de los indígenas no serían una materia específica del derecho humanitario.

Es decir, el derecho humanitario no provee nada sobre indígenas en particular. Sin embargo, como todas las demás normas son complementarias, no significa que no son importantes para una situación como la de Colombia.

Diría: lo de las zonas  donde no podrían ingresar nadie más que la población indígena, es una cuestión que no regula el Derecho Humanitario. Pero el derecho humanitario sí tiene una serie de limitaciones que son equivalentes en cuanto a sus efectos.

No digo que el contenido es el mismo: nada en el DIH dispone: hay zonas indígenas y por ende nadie puede entrar en esas zonas, salvo los indígenas.

Pero, ¿qué va a decir el DIH? Va a decir: la población civil tiene que ser protegida, la población civil no puede sufrir los efectos del conflicto armado, las personas civiles son protegidas, los bienes civiles son protegidos. Existen zonas en el derecho humanitario, zonas que pueden ser declaradas como zonas especialmente protegidas.

Hay una serie de conceptos que existen, en particular, para conflictos armados internacionales, que están previstos en los convenios de Ginebra y que podrían, mediante acuerdo, trasponerse en el contexto de un conflicto interno.

IPS: ¿Los bienes culturales están protegidos?

Romaric Ferraro: Iglesias, museos, son bienes especialmente protegidos.

IPS: ¿Y los territorios indígenas, como bienes culturales?

Precisamente, estoy yendo un poco más allá, pensando en las zonas especialmente protegidas del DIH. Esas zonas que existen específicamente para conflictos internacionales. No existen ni en el Protocolo II, ni en el artículo 3 común (para conflictos armados no internacionales).

Hay zonas de tipo sanitarias, donde básicamente las partes -pero se  necesita un acuerdo entre las partes- acuerdan que no van a utilizar tal zona para fines ofensivos.

Pero donde se han declarado, también, han surtido efectos perversos. Acordémonos por ejemplo del fracaso  de esas zonas en Bosnia-Herzegovina, en Serbia, en Croacia, en el contexto de Yugoslavia.

Srebrenica es un ejemplo donde, justamente, se había aglutinado población civil, que estaba bajo protección de un contingente de cascos azules y fue aún más fácil masacrarlos porque todos estaban concentrados allí. Eso pasó en la primera fase de la guerra de Yugoslavia.

Digamos: las herramientas jurídicas existen. Su implementación ha sido un fracaso en el caso de Yugoslavia.

IPS: ¿Pero es legítimo que las comunidades indígenas digan: no queremos dejar entrar ejército ni a ningún actor irregular?

Es un reclamo normal, decir “no queremos sufrir los efectos del conflicto”.

IPS: ¿No hay en derecho internacional algo que diga que ellos, los indígenas, tienen razón? ¿Primaría en este caso, como dice el artículo 30, una razón de interés público para ocupar sus territorios?

Romaric Ferraro: Sí. Y además porque hay la obligación, también, de asegurar la seguridad pública en el conjunto del territorio.

Ahí yo creo que únicamente la Corte Constitucional es la que puede resolver ese tipo de intereses generales encontrados.

Sobre la cuestión de ocupación de bienes, privados o públicos, varias veces la Corte Constitucional ha tenido que resolver tutelas donde una persona decía: yo, por la presencia del puesto de Policía, estoy particularmente afectado. Y, la Corte siempre ha puesto en balance dos principios: intereses especialmente protegidos, por ejemplo los de los niños; y, por el otro lado, el deber de solidaridad social, que también está inscrito en la Constitución.

Entonces, lo que dice la Corte es: los riesgos asociados al conflicto armado, todos en Colombia los tenemos que sufrir. Eso se llama principio de solidaridad social. Y por el otro lado, la Corte ha dicho: hay derechos especialmente protegidos y que priman sobre los demás, los derechos de los niños.

Y en un caso, mediante tutela, ordenó la reubicación de un puesto de policía. Ahí la Corte dijo: prevalece el derecho del niño. Pero a la par, dijo: cuidado. La fuerza pública puede hacer presencia en todo el territorio nacional. Es su deber hacerlo, asegurar la seguridad pública es una de las obligaciones básicas del Estado, y lo tiene que hacer. Y a la par, hay un principio de solidaridad social, es decir, todos en Colombia estamos asociados a los peligros procedentes del conflicto armado.

IPS: Pero señor Ferraro: uno llega al territorio kankuamo y contra el muro del colegio hay recostada una base militar.

Romaric Ferraro: Sí. Ahí es donde tenemos nosotros un diálogo con la fuerza pública, constante. Porque ese tipo de comportamiento de la fuerza pública es la violación al derecho humanitario que más documentamos al año en Colombia, por ser también es la más visible.

Hay un dilema, del cual estamos muy conscientes nosotros, para la fuerza pública. Lo mismo para proveer servicios básicos. Si no los voy a proveer, voy a violar derechos básicos. Es decir, si no hago presencia, no puedo asegurar seguridad pública. Si dejo de proveer esos servicios, voy a violar ciertos derechos básicos. Si estoy demasiado presente como Estado, puedo poner en peligro a la población civil.

Entonces, es una cuestión de evaluar, de nuevo, caso por caso, si estamos frente, o no, a una violación del principio de no poner en peligro a la población civil. Inclusive hemos tenido a veces que explicar a nuestros delegados en el terreno, dónde está el límite. Porque no es fácil, ni para ellos, entender.

No se trata de decirle a cualquier miembro de la fuerza pública, retírese de donde está. Eso no sería realista.

Ahora: si una unidad militar hace presencia de forma constante, en una zona densamente poblada y hay ataques repetidos, pues ahí sí hay, yo creo, mucho contenido para poder decirle a esa unidad – es tiempo de pensar en las consecuencias de su presencia.

IPS: A veces uno se decide a buscar una entrevista por una sola pregunta. Y se la voy a hacer de última, como también suele suceder: es la que más le preocupa a uno. Al decidir los indígenas del Norte del Cauca que van a hacer una minga con participación de todos los ocho pueblos del Cauca para desmontar las bases militares, para desmontar las trincheras que hace en los pueblos la policía, y los campamentos guerrilleros, ¿la gente corre peligro en esa operación? ¿El CICR qué va a hacer?

Romaric Ferraro: Es una cuestión muy complicada la que plantea. Lo que vamos a hacer no lo sé, porque es una cuestión operacional de terreno a la cual yo no le puedo contestar.

Es evidente que la población civil como tal, si intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes. Por simple razonamiento lógico.

IPS: Dejemos aquí. Señor Ferraro, muchas gracias por esta entrevista.

Reproducción LIBRE siempre y cuando se respete el contexto y se cite la fuente: Constanza Vieira, IPS Noticias (IPS News)

Add comment septiembre 1st, 2011

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Add comment abril 16th, 2010

Solicitan condena de militares por matanza de San José de Apartadó


La Fiscalía General de la Nación (ente investigador y acusador) y la Procuraduría General de la Nación (organismo de control al debido proceso) pidieron este martes condena para 10 militares, en el juicio por la matanza de ocho integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005.

 

Los oficiales y suboficiales del Batallón Vélez son juzgados por homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir. Se exponen a una pena de hasta 40 años de prisión, dadas la crueldad y sevicia con que fue ejecutado el crimen.

 

En los hechos fueron asesinados cuatro menores entre los 18 meses y los 17 años de edad. Dos de ellos fueron degollados. Además, fueron muertos cuatro adultos, incluido el líder histórico de la comunidad campesina pacifista, Luis Eduardo Guerra.

 

El crimen fue atribuido por el presidente Álvaro Uribe y por el Ministro de Defensa a las FARC. Oficiales de la Brigada XVII pagaron testigos para que declararan en ese sentido.

 

La procuraduría considera que en los hechos actuaron “aparatos de poder organizados” y debe aplicarse la responsabilidad “por autoría mediata”, fórmula recogida por el Tribunal para la ex Yugoeslavia y por la Corte Suprema de Justicia de Perú, en el caso Fujimori.

 

El presidente Uribe no ha manifestado la menor condolencia a la Comunidad de Paz. Nosotros recordamos aquí sus nombres y el estremecimiento vivo de este drama.

 

Luis Eduardo Guerra, de 35 años; su compañera Beyanira Areíza y su hijo Deyner Andrés Guerra Tuberquia, de 11 años de edad.

Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo y sus hijos Natalia, de cinco años, y Santiago Tuberquia Muñoz, de dieciocho meses de edad.

También Alejandro Perez Castaño.

Add comment abril 13th, 2010

La detención del líder de la Minga, Feliciano Valencia

Ayer sábado fue detenido el líder del pueblo nasa Feliciano Valencia. Feliciano es líder visible de la Minga, junto con la extraordinaria Aida Quilcué. En el pasado ejerció el cargo equivalente a ministro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el gabinete o máxima jerarquía del pueblo nasa que habita el Norte del suroccidental departamento del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Valencia es acusado por la fiscalía de “secuestro” y “lesiones personales”.

Se trata de que el Ministerio de Defensa, en violación de la Constitución, promovió que Valencia y Quilcué fueran denunciados por ambos cargos. Durante la Minga por la Liberación de la Madre Tierra, las autoridades indígenas detuvieron a un militar vestido de civil, infiltrado dentro de los manifestantes. En su mochila le fueron encontrados artefactos explosivos iguales a los que estaban generando terribles heridas a los indígenas manifestantes. La Policía estaba acusando a los propios indígenas de hacer uso de ese armamento. El general Naranjo señalaba a los indígenas incluso de “uso de armas no convencionales”.

Total, el soldado fue detenido por la Guardia Indígena y posteriormente llevado a juicio dentro de la jurisdicción indígena, reconocida por la Constitución de 1991. Debido a su cargo en el momento de la Minga, Feliciano Valencia estuvo al frente de dicho juicio, que terminó con una condena de acuerdo a los usos y costumbres nasa, que estos indígenas llaman “remedio”. Se trató de varios latigazos en público. El militar fue incentivado, desde el Ministerio de Defensa, a demandar a las autoridades indígenas por “secuestro” (por el tiempo que duró detenido) y “tortura”, cargo que luego fue cambiado por el de “lesiones personales”.

Valencia pretendía viajar el sábado a un encuentro internacional y fue detenido en el aeropuerto que sirve a la occidental ciudad de Cali.

Para el gobierno, la detención de Valencia es de doble filo. Porque si no liberan, digamos, en cuestión de horas a Feliciano, habrá que recordar qué pasó en la Minga. Cómo fue que el gobierno acusó a los indígenas de “terrorismo”. Y en qué terminó el episodio, luego de cierta publicación por parte de CNN. Habrá que recordar por cuál hacienda era esa pelea, a quién se la ha entregado el gobierno y para qué macroproyecto. Observar si quienes ocupan hoy esa Hacienda fueron financiadores de las campañas de Uribe y si son beneficiarios de subsidios estatales.

Lo bueno de la detención de Feliciano es que, si esta prosigue, probablemente terminará en el fortalecimiento de la jurisdicción indígena.  Así que Heavy Metal Colombia queda atenta a esta importante noticia en desarrollo.

Add comment abril 11th, 2010

Alias “Residente”

Un artista ha sido censurado en mi país. Los narcos dicen que es un lumpen.  El alcalde de la ciudad de Manizales está promoviendo que no sea recibido en ningún municipio de Colombia. Se trata del vocalista René Pérez, “Residente”, de la banda Calle 13, de Puerto Rico. Calle 13 grabó con Mercedes Sosa Canción para un niño en la calle.

En 2005, “Residente” compuso la canción Querido FBI, en respuesta al asesinato de Filiberto Ojeda, líder del movimiento independentista portorriqueño de Los Macheteros.

Calle 13 ganó en 2006 el premio MTV Video Music Award Latinoamérica en la categoría de Artista Promesa, en México, y en los Grammy Latinos del mismo año, en New York, los premios a Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Video Versión Corta. En 2007 la banda lanzó Tango del Pecado. En 2008 interpretaron en los Premios MTV Latinoamérica, junto con la banda mexicana Café Tacuba, No hay nadie como tú. Ese mismo año, Calle 13 produjo Los de atrás vienen conmigo (“A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave…“). Este álbum incluye La Perla, que Calle 13 interpretó con Rubén Bladés. Sólo Calle 13 logró sacar de su mutismo musical de varios años al mítico salsero panameño (“Qué te parece, esta combinación de Rubencito y Calle 13…”).

Con Orishas, de Cuba, Calle 13 grabó Pa’l Norte, “para todos los emigrantes del mundo entero“. En julio de este año apareció Sin mapa, un recorrido por la inspiración de Calle 13, que se puede ver en varios segmentos en Youtube.

Y en octubre, René Pérez, de Calle 13, presentó junto a Nelly Furtado los Premios MTV Latinos, en Los Ángeles y con presentaciones simultáneas desde México y Bogotá. Ahí fue Troya. “Residente” lució distintas camisetas con letreros como “Chávez nominado Mejor Artista Pop”, “México nunca olvida 2/oct/68″, fecha de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, “Viva Puerto Rico Libre”, “Micheletti rima con Pinochetti”, y “Uribe Es Para Militar”, que también se podía leer como “Uribe Es Para Bases Militares”. Y mientras lucía esta camiseta sobre Álvaro Uribe, “Residente” mencionaba lugares de Colombia, incluyendo Ciudad Bolívar, enorme barriada al sur de Bogotá a donde llegan al mes miles de desplazados por la guerra en todo el país, y dominada por paramilitares.

Total, “Residente” se volvió por acá “alias Residente”. Quienes dominan los espacios de opinión en Colombia consideraron que la bien diseñada camiseta era un insulto a la nacionalidad. La Cancillería emitió un comunicado de repudio en el que sugiere a las directivas del canal MTV, palabras más palabras menos, censurar en adelante ese tipo de manifestaciones.

El cantautor respondió a la cancillería colombiana con la carta que copio debajo. Espero que no pase mucho tiempo y que yo pueda conocer a René Pérez Joglar en mi país, que es mucho más que Uribe, y sin censura. Bienvenido desde ya.

19 de octubre, 2009

San Juan, Puerto Rico

Carta abierta a la Cancillería de Colombia

Por medio de esta carta les dejo saber lo que siento desde lo más profundo de mi corazón.

Yo amo a Colombia. Por eso me preocupa la entrada de bases militares extranjeras al país. Como puertorriqueño yo he vivido esto en carne y hueso y no me gustaría que su país pasara por lo que pasa el mío.

Según su comunicado, yo insulté a su presidente con el texto de mi camiseta.

En esa camisa existe un juego de palabras, tiene una doble lectura. Uno lee lo que quiere. Por lo menos yo leo claramente Uribe Para Bases Militares. Un mensaje directo y claro. El concepto de mis camisas fue creado por la misma gente a través de «Twitter». La camisa de Colombia la hizo un colombiano, la de Venezuela un venezolano y así sucesivamente. Se hizo una de cada país.

La idea de las camisas fue darle voz a los pueblos, a la gente que por lo general no la tiene ni son escuchados. En lugar de vestir una corbata bonita, opté por enviar un mensaje. Un mensaje no sacado de mi cerebro, sino de alguien que respira el mismo aire que se respira en Colombia día a día. Mi lucha no es contra el presidente, sino contra todo lo que promueva la guerra, como lo son las bases militares. El texto de la camiseta recoge también un sentimiento de muchos de los jóvenes de su país, los cuales como cualquier ser humano con sentimientos, comparto totalmente.

No puede ser que en este siglo todavía existan personas sin la habilidad para entender el derecho que tenemos los artistas de expresar lo que sentimos a todos los niveles. La censura no debe ser de parte del gobierno. El que no me quiere escuchar, que simplemente no venga al concierto. Esa sería la manera más válida y legítima de censurarme. Con todo el respeto que se merece el señor Uribe, el presidente de Colombia no es Colombia. Colombia es mucho más que un presidente. Como dice Rubén Blades: «la patria no la definen los que suprimen a un pueblo».

Con estas palabras me despido, no sin antes mandarle un beso a todos los lugares a los que he visitado en Colombia como lo son la Sierra Nevada en Santa Marta, Palenque, San Jacinto, Maicao, Cali, Medellín, Bogotá, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Barraquilla, Cartagena y a todos los lugares que me faltan por recorrer.

Rene Pérez Joglar

4 comments octubre 20th, 2009

NO MÁS CORAZONES ROTOS

Una campaña global en respuesta a la campaña gubernamental y privada “Colombia es pasión”

http://www.nomorebrokenhearts.net/

http://www.colombiavisit.org/

1 comment septiembre 9th, 2009

Sin paz en Colombia no habrá UNASUR

La advertencia principal que el movimiento colombiano por la paz tiene para UNASUR es: la paz en Colombia es necesaria para la integración suramericana y para evitar la regionalización de la guerra.

Si UNASUR no quiere que le pase lo que a la Comunidad Andina de Naciones -que está en cuidados intensivos, en últimas, por evadir durante decenios la realidad de que en Colombia hay una guerra- debe actuar frente al conflicto colombiano.

El mensaje de la Diplomacia Ciudadana por la Paz, que impulsa la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, movimiento integrado por un centenar de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, fue atendido por las delegaciones gubernamentales en Bariloche.

 

Menos de una hora después de que culminara la cumbre de UNASUR sobre la apertura de las bases militares colombianas a Estados Unidos, llegó desde ese balneario argentino el análisis de la Asamblea Permanente.

 

Éste llama la atención sobre el hecho de que es la primera vez que en América del Sur un pacto militar bilateral se discute en un escenario multilateral.

 

Aquí el texto.

 

 

La agenda de Bariloche: repercusiones de la cumbre de UNASUR

 

1.     La cumbre hizo evidente la preocupación de todos los gobiernos que integran UNASUR sobre los alcances del convenio de cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, en términos de estabilidad política, seguridad, integridad territorial, soberanía, armamentismo y paz. En este sentido se explica la convocatoria a una reunión del Consejo Sudamericano de Seguridad, la intención de monitoreo y verificación del convenio entre Estados Unidos y Colombia y la implementación de un mecanismo de transparencia, que garantice que no habrá bases militares extranjeras en territorios de los países de América del Sur. Pese a su molestia, el gobierno colombiano cedió en este punto, aun cuando reafirmó que el acuerdo ya está finiquitado y no es sujeto de modificación alguna. Fue clave la intervención del presidente Hugo Chávez para identificar los peligros del convenio de cooperación, en términos estratégicos de seguridad del gobierno de Estados Unidos. El presidente Correa de Ecuador demostró que no se necesitan esos acuerdos para combatir el narcotráfico y puso en evidencia el compromiso de su gobierno en la frontera con Colombia.

 

2.     El armamentismo fue tema obligado en la cumbre, así como otros tratados y convenios militares que van a ser objeto de monitoreo por el Consejo Sudamericano de Defensa. El presidente Chávez se adelantó a ofrecer toda la información sobre el convenio militar suscrito por Venezuela con Rusia y con Irán.

 

3.     Es la primera vez en Sudamérica que un tema de cooperación militar se discute en un espacio multilateral. Antes, los tratados militares se imponían sin ninguna posibilidad de discusión. Hay un nuevo escenario político en la región y se reafirma el rol de UNASUR, que sale fortalecida de la reunión de Bariloche. La presidenta Bachelet hizo énfasis en la agenda tradicional y la nueva agenda de seguridad en la región y reafirmó la transparencia en el tema de armas y recursos de seguridad y en la cooperación multilateral.

 

4.     Quedó clara la necesidad de un diálogo político entre UNASUR y el gobierno de los Estados Unidos en torno a los temas de seguridad regional y lucha contra las drogas. La propuesta del presidente Lula tuvo acogida entre los mandatarios que integran la UNASUR, aun cuando es significativa la oposición del presidente de Colombia. Si se mantiene el espíritu de “alianza entre iguales” expresado por el presidente Obama en Trinidad y Tobago, este diálogo es posible.

 

5.     Avanza una propuesta cooperación regional y multilateral en la lucha contra el narcotráfico, previa evaluación de la eficacia de la militarización y la estrategia implementada mediante el Plan Colombia. El rol principal estará a cargo del Consejo Sudamericano de lucha contra el narcotráfico. Este será un nuevo escenario de debate público que demanda una decidida participación de la sociedad civil.

 

6.    A pesar de las preocupaciones expresadas por el presidente Lula, la transmisión en directo por televisión contribuyó a moderar el lenguaje de los mandatarios y, al final, a las espontáneas manifestaciones de aprecio y respeto entre los presidentes de Colombia y Ecuador, como antesala de un eventual diálogo entre los dos gobiernos.

 

7.     Fue muy importante la contribución de la presidenta Cristina Fernández para moderar la reunión en momentos críticos y asegurar un resultado positivo de la cumbre. Este pedido de la presidenta de Argentina, así como las gestiones previas del presidente Lula, ayudaron en esta dirección.

 

8.      El presidente Uribe logró incluir a la OEA en los mecanismos que adopte el Consejo Sudamericano de Defensa, así como un consenso en torno a la necesidad de combatir el terrorismo y a los grupos ilegales, que no tuvo objeción en la cumbre. En cambio no fue bien recibida la propuesta de Uribe de declarar terroristas a los grupos guerrilleros colombianos y penalizar el consumo de drogas en los países sudamericanos. 

 

9.     Cada vez más se posiciona la interlocución de UNASUR con la sociedad civil, en virtud del artículo 18 del organismo que asegura la participación ciudadana en las deliberaciones y decisiones. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia logró hacer saber de todos los mandatarios y ministro de relaciones exteriores sus propuestas y reflexiones en torno a la crisis diplomática entre Colombia, Venezuela y Ecuador, la ampliación del convenio de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos y la urgencia de avanzar hacia una solución no militar del conflicto armado en Colombia.

 

10.     Justamente el tema de la paz en Colombia, premisa necesaria para asegurar la integración, evitar la regionalización del conflicto y evitar más roces diplomáticos, fue planteado al final por el presidente Hugo Chávez y abre la posibilidad de que UNASUR asuma un liderazgo en esta dirección.

 

Jorge Rojas

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz

Diplomacia Ciudadana por la Paz

San Carlos de Bariloche, 28 de agosto de 2009

 

 

1 comment agosto 28th, 2009

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.