Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

Posts filed under 'Objetivos de Desarrollo del Milenio'

Cómo no pensar

Cuando el psiquiatra Luis Carlos Restrepo era Alto Comisionado de Paz de Álvaro Uribe, en alguna ocasión sostuvo que si alguien piensa igual que las FARC, es de las FARC y apoya el terrorismo. Ya Restrepo no está en el gobierno, pero sigue vigente aquello de que no se puede pensar como las FARC.

El PNUD se plegó a la orden que dio en su momento Restrepo, y eliminó de sus textos los términos “conflicto armado” y “crisis humanitaria”. Porque el gobierno lo regañó, el UNICEF se arrepintió de haber dicho que en Colombia mueren de hambre cinco mil niños al año. El ingeniero, matemático, físico, gerente por más de 20 años de la Mazda en Colombia y hoy rector de la privada Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza, ha recibido amenazas por poner en duda las cifras oficiales: por mostrar serias inconsistencias en las cuentas oficiales sobre gasto militar y cifras de guerrilleros puestos fuera de combate.

Por lo menos dos catedráticos están en la cárcel porque su forma de pensar coincide con algunas ideas de las FARC: el docente de secundaria y profesor universitario William Javier Díaz Ramírez, capturado frente a sus alumnos, y Miguel Ángel Beltrán, sociólogo-historiador con dos doctorados y quien estaba preparando su postdoctorado en la UNAM, cuando fue detenido en México y deportado a Colombia como “terrorista” peligroso.

 

Pero para no pensar como las FARC hay que saber qué piensa esa guerrilla. La revista bogotana Cambio facilita la cosa hoy. Publica una interesante entrevista con el comandante en jefe Alfonso Cano. La versión completa está en este link http://www.cambio.com.co/portadacambio/841/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5836431.html

 

Como un servicio social, Heavy Metal Colombia ofrece a su lector o lectora algunos extractos especialmente dicientes de las primeras declaraciones de Cano a un medio colombiano desde que asumió la dirección de las FARC, en marzo de 2008. Si usted coincide con alguna de las respuestas, corra al primer puesto de policía para autoincriminarse. Big Brother vigila. Las bases ya llegaron a Bogotá.


Cambio: ¿Reconoce que el gobierno Uribe aisló a las Farc en el plano internacional?

Alfonso Cano: “Mantenemos relaciones en todo el mundo, sujetas a la discreción que se debe”.

 

La sensación es que las Farc han perdido interlocución internacional, que ya no son tan fuertes en ese campo.

“Le reitero que en las nuevas condiciones de la diplomacia del siglo XXI mantenemos muy buenas relaciones en muchas partes del mundo”.

 

¿Qué efectos tuvo la muerte de ‘Reyes’ para los vínculos externos de las Farc?

“’Raúl’ era el responsable de las relaciones internacionales de las Farc y obviamente su muerte tuvo un impacto importante en ese nivel, pero dado que en las Farc todos los trabajos de dirección se analizan, planifican y desarrollan en equipo, pudimos recobrar el ritmo”.

 

La incautación de los computadores de ‘Raúl Reyes’ los dejó al descubierto, prácticamente sin secretos.

“Nada de lo atribuido a los computadores ha sido serio y lo poco que ha pasado por el rigor de la Justicia ha sido desechado por inconsistente”.

 

Los correos entre el Secretariado encontrados en esos computadores indican que las Farc tienen negocios de narcotráfico y de armas e inversiones en Venezuela.

“Los computadores supuestamente encontrados tienen lo que los gobiernos de Bogotá y Washington han querido que contengan. Han hecho de ellos una lámpara de Aladino a la que acuden cuando necesitan una disculpa o una justificación. Los han transformado en arietes contra los pueblos vecinos, al convertir las ‘filtraciones’ ordenadas desde la Presidencia en puntal de la diplomacia colombiana y, en muchas ocasiones, de la política interna, sin que nadie pueda dar fe de la veracidad de la información que difunden venenosamente”.

 

También hay comunicaciones entre miembros de las Farc con personas del gabinete del presidente de Brasil ‘Lula’ da Silva. ¿Cuál es la relación con ese gobierno?

“En época del proceso del Caguán participaron de diferentes formas muchos gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional. Lo demás son especulaciones irresponsables”.

 

¿Cuánto fue realmente el aporte económico de las Farc a la campaña de Rafael Correa al que ‘el Mono Jojoy’ se refiere en un video conocido hace pocos días?

“No hemos entregado ni armas ni dinero a gobiernos u organizaciones de otros países, pues lo que conseguimos apenas nos alcanza para nuestra propia brega. ¿Por qué habríamos de contribuir a la campaña electoral de una persona, como el actual presidente Rafael Correa al que ni siquiera conocemos?”

 

¿Cómo terminaron en poder de las Farc unos lanzacohetes que Suecia le vendió al Gobierno de Venezuela y que el Ejército colombiano incautó en octubre de 2008?

Son “unos lanzacohetes que habíamos capturado hace mucho en un enfrentamiento militar en la frontera, hecho que fue ampliamente informado a la opinión en su momento. Ni los pueblos ni los gobiernos del mundo son tan tontos como piensan en el Pentágono y en la Casa de Nariño. Sencillamente se trata de cocinar las condiciones para justificar la entrega de la soberanía nacional de Colombia a Washington, reconociendo que le quedó grande la pelea contra las Farc”.

 

Hay razones para deducir que las Farc tienen graves problemas internos: con ayuda de sus carceleros se han escapado secuestrados, el número de deserciones aumenta, los combatientes que han desertado dicen que la moral de la tropa es baja…

“El Gobierno trata de crear un estado psicológico triunfalista, pero de tanto mentir al final se va a transformar en un bumerán. Desertores ha habido siempre, las llamadas desmovilizaciones son una gran estafa sustentada en bazofia recogida en poblados y cárceles para agrandar los listados, desviar recursos públicos y engañar a la opinión. No tenemos graves problemas internos, no hay crisis”.

 

La ofensiva del gobierno Uribe los ha obligado a replegarse, eso no lo puede negar.

“Si la situación de las Farc fuese de crisis, el Presidente no habría invitado a los gringos a escalar su invasión. No lo consideraría necesario”.

 

¿Qué significó para el Secretariado la ‘Operación Jaque’?

“Un hecho de la guerra como tantos otros y de especial impacto”.

 

¿Qué tan ciertas son las discrepancias y rivalidades entre usted y ‘el Mono Jojoy’?

“Nuestra unidad es monolítica”.

 

¿Es consciente de que la lucha armada no tiene aceptación, del rechazo generalizado a las Farc y a prácticas tan atroces como el secuestro?

“La nueva actitud de Estados Unidos hacia América Latina, reflejada en Honduras y en los anunciados acuerdos con Álvaro Uribe, van a generar reacciones muy radicales en el Continente”.

 

¿Qué ha pasado con el cabo Pablo Moncayo? ¿Por qué no lo liberan a él y a los uniformados que siguen secuestrados en forma unilateral y sin condiciones? Sería una señal positiva.

“Hace tres meses informamos nuestra decisión de liberarlo unilateralmente, pero el Gobierno se atravesó y ha impedido su liberación. Y en cuanto a los mandos militares y policiales capturados en la confrontación, que son prisioneros de guerra, solo serán liberados mediante un canje. Excepcionalmente, y como evidencia de nuestra voluntad por alcanzar acuerdos, entregaremos al cabo Moncayo y al soldado profesional Calvo (Josué Daniel Calvo Sánchez), sin contraprestación alguna, directamente a la senadora Piedad Córdoba y al profesor Gustavo Moncayo, quienes por su transparencia blindarán nuestro gesto”.

 

¿Cuántos secuestrados quedan en poder de las Farc entre militares, policías y civiles?

“Los mencionados prisioneros de guerra integrantes de la Fuerza Pública son 23. También están retenidos dos concejales, con posibles vínculos con paramilitares y responsabilidad en actos de corrupción. Y en cuanto a retenciones con fines económicos, puedo decirle que hoy se cuentan con los dedos de una mano”.

 

¿Es consciente del costo político que les significa el secuestro a las Farc?

“Esta forma de lucha conlleva necesidades, como las financieras, que tratamos de cubrir con colaboraciones voluntarias de amigos e impuestos a los sectores más ricos de la sociedad”.

 

¿El canje es una prioridad para las Farc?

“Para este Gobierno los prisioneros de guerra que mantenemos no clasifican en los estratos altos, ni generan efectos importantes en las encuestas y por eso el Presidente se da la licencia de impedir las liberaciones que hemos anunciado”.

 

¿Hay alguna posibilidad de negociación ó diálogo con el gobierno Uribe?

“Una salida civilizada al conflicto no puede depender de la voluntad de una persona, por poderosa que sea. Así que, independiente de quién ocupe la Presidencia, persistiremos en buscar salidas políticas al conflicto”.

  

¿Tiene una fórmula sustituta a un despeje para eventuales diálogos?

“Lo determinante son las garantías oficiales para un encuentro del Gobierno y las Farc que despojen de cualquier peligro y tensión a los participantes, y posibiliten las mejores condiciones para las conversaciones”.

 

¿Por qué persistir en la guerra?

“Hay que hablar, dialogar y ello significa espacio, garantías, medio ambiente, grandeza, tolerancia, voluntad y decisión”.

 

¿El regreso de ‘Simón Trinidad’ y de ‘Sonia’ de Estados Unidos seguiría siendo una condición para el intercambio humanitario, para el diálogo?

“Hemos exigido garantías de modo, tiempo y lugar para que representantes del Gobierno y los nuestros analicen la viabilidad y los términos de un canje. Lo demás son especulaciones”.

 

¿Hay algún tipo de contacto con el Gobierno?

“Ninguno. Ni siquiera permiten recibir al cabo Moncayo”.

¿Qué significaría una posible reelección del Presidente en el horizonte de una eventual negociación?

“Lo esencial son las concepciones políticas y los intereses que represente la persona que asuma en el próximo periodo. Si sus convicciones están inundadas de violencia, guerra, vindicta y autoritarismo, la confrontación persistirá y seguramente alcanzará nuevos niveles. Si existe una visión democrática, civilizada, patriótica y realista, la perspectiva será alentadora para Colombia”.  

 

¿En caso de que algún día se llegara a un acuerdo de paz, usted y otros miembros del Secretariado se verían aspirando a cargos de elección popular o como miembros de una Asamblea Constituyente?

“¿Nosotros luchando toda la vida para al final integrarnos a un régimen político como el actual? Miremos el poder legislativo: más de 80 reos paramilitares, varios más ladrones, parlamentarios en ejercicio elegidos con menos de 1.000 votos, Teodolindos a granel, genuflexiones a cambio de notarías, trasteo de votos, de partidos…“ 

 

¿Por qué las Farc nunca le han concedido algún valor a la desmovilización de los paramilitares y al proceso de Justicia y Paz?

“Porque fue una farsa. Los verdaderos jefes del paramilitarismo permanecieron ocultos, lavaron los dólares del narcotráfico, se quedaron con las tierras usurpadas, no repararon a nadie y terminaron copando el aparato del Estado. En las cárceles de Colombia y los Estados Unidos quedaron presos los bandidos más ingenuos que creyeron en sus jefes”.

 

¿Cree que la Corte Penal Internacional terminará juzgando los crímenes de guerra cometidos en desarrollo del conflicto colombiano?

“Es una verdadera espada de Damocles que pende sobre el país, que al activarse con todos sus protocolos internacionalizará, no solo el conflicto, sino muchos aspectos de la vida nacional. Parece que el Presidente, siempre tan previsivo, estrecha lazos con Washington, buscando burladeros en caso de que le falle su macabro plan de reelección indefinida.”

 

4 comments agosto 13th, 2009

“Con todo respeto, doctor, pero la justicia colombiana no opera”

Dejo a los historiadores el acertijo: ¿Cúando en la historia de Colombia el movimiento sindical visitó a la Corte Suprema de Justicia para expresarle su solidaridad y apoyo?

Ocurrió este jueves, a las cuatro de la tarde.

La CUT, Central Unitaria de Trabajadores, la mayor central sindical de Colombia, se reunió durante una hora con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez.

Asistieron Tarcisio Mora, presidente de la CUT; Domingo Tovar, secretario general; Alberto Vanegas, director del departamento de derechos humanos y solidaridad y, Francisco Maltés, jefe del departamento de comunicaciones.

El objetivo principal fue expresar solidaridad y apoyo del movimiento sindical a los magistrados, ante el espionaje del que han sido objeto por parte del servicio de seguridad presidencial, DAS por sus siglas.

Pero además expusieron una serie de puntos, ante los cuales el magistrado Ibáñez expresó que a su vez los estudiará con la Sala Plena de la Corte. Ante varios temas, los sindicalistas expresaron: “Con todo respeto, doctor, pero la justicia colombiana no opera”.

Los temas tratados fueron: 

+La importancia de la privacidad de las comunicaciones en una democracia.

+El movimiento sindical es “uno de los dolientes” de los crímenes del paramilitarismo. Este año van 17 sindicalistas asesinados. Hay un plan de exterminio expresamente contra la CUT. La impunidad para los más de tres mil crímenes de sindicalistas es del 98,6%, ¿en qué está la justicia colombiana? Y pidieron una audiencia sobre el tema ante la Corte.

+Extradición de jefes paramilitares: hay que traerlos de nuevo, necesitamos la verdad aquí, dijeron. La CUT sabe que los paramilitares están “cantando” ante la justicia estadounidense, por eso Washington está contra la reelección del presidente Álvaro Uribe. Con la extradición de los autores materiales de la matanza, Estados Unidos está recompensando a los autores intelectuales, porque prefiere tener a la dirigencia colombiana “presa” de esa verdad.

+En Colombia no se aplican los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. La legislación laboral no se cumple en Colombia. ¿Qué está haciendo la justicia colombiana al respecto?

+La seguridad de los dirigentes sindicales se está privatizando a través de la empresa VISE.

+ La CUT, organizaciones sociales y sindicales y el grupo de abogados Conrad & Scherer, de Estados Unidos, con oficinas en Fort Lauderdale (Florida), Washington y Quito, encabezados por Terry Collingsworth, demandaron el miércoles a la multinacional Drummond por pagar “protección” a grupos paramilitares, que asesinaron a más de 220 personas en el corredor férreo que va desde La Mina, ubicada en el municipio de La Loma, en el nororiental departamento del Cesar, hasta el puerto de Ciénaga en el departamento del Magdalena, al norte de Colombia; las víctimas fueron sindicalistas, miembros de organizaciones sociales y humildes pobladores de los municipios donde estos grupos, supuestamente pagados por esta compañía, sembraban terror alrededor de las zonas de interés de la Drummond, en una práctica que la CUT considera “recurrente” por parte de esta y otras multinacionales que operan en Colombia. 

 

La semana pasada fue demandada la bananera Dole y se proyectan acciones similares contra otras nueve firmas, a las que se señala del asesinato de más de 350 sindicalistas y de miles de miembros de organizaciones sociales y humildes pobladores de las regiones donde han operado o están iniciando operaciones. Conrad & Scherer ya ha representado a organizaciones y víctimas en demandas anteriores contra compañías como Drummond, Oxy, Coca-Cola y Chiquita Brands en Colombia y a Dyncorp y Chevron Texaco en Ecuador.

Para la CUT, empresas bananeras, de flores, palmeras y mineras constituyen en Colombia “repúblicas independientes” por encima de la ley. Si bien el gobierno logró quitarle territorios a la guerrilla, se los entregó a las multinacionales, sostuvo la organización sindical ante el presidente de la Corte Suprema.

+ A esto se suma que el gobierno declaró recientemente medio centenar de zonas francas, en las que no están claras las relaciones laborales.

+¿Por qué no se dejan ver la cara los integrantes de la policía antimotines, ESMAD por sus siglas? Durante la manifestación del Primero de Mayo hace cuatro años, miembros del ESMAD mataron a golpes en pleno centro de Bogotá, Carrera Séptima con Calle 18, a Nicolás Neira, de 15 años, quien marchaba en la columna de jóvenes anarquistas, a la cola del desfile de los trabajadores.

1 comment mayo 21st, 2009

Si es así, retiro mi firma del Referendo por el Agua

El Referendo por el Agua, que yo firmé luego de leer con muchísima atención tanto su contenido como su redacción, fue alterado y mutilado de tal forma por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que no lo reconozco. Mi lector o lectora puede ver debajo toooodo lo que cambió.

El 29 de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil (organización electoral) acreditó 2’039.812 firmas válidas en respaldo al Referendo por el Agua, promovido por el Comité en Defensa del Agua y de la Vida, una reunión variopinta de ecologistas, indígenas, comunidades negras, organizaciones de usuarios, sindicalistas, campesinos, líderes sociales, vocales de control de los servicios públicos, académicos, estudiantes y ciudadanos del común.

El objetivo: prohibir, por constitución, la privatización del agua, y la depredación de ese recurso natural que constituye el principio de la vida en el atribulado planeta Tierra.

“El agua es un bien común y público”, “El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental”, “El servicio de acueducto y alcantarillado será prestado en forma directa e indelegable por el Estado o por comunidades organizadas”, “Se respetará una franja de protección de los ríos, cauces y humedales. Las aguas que discurren o se encuentren en territorios indígenas o en los territorios colectivos de las comunidades negras son parte integrante de los mismos. Se garantizará además el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos”, “Los ecosistemas esenciales para el ciclo del agua deben gozar de especial protección por parte del Estado y se destinarán prioritariamente para garantizar el funcionamiento de dicho ciclo”, decía el texto del referendo firmado por más de dos millones.

El correspondiente proyecto de ley de iniciativa popular que convoca al referendo fue presentado al parlamento el 14 de octubre, a través del secretario general de la Cámara de Representantes. El trámite debía enfrentar cuatro debates, después de los cuales el parlamento debía expedir una ley convocando al referendo, al tiempo que la Registraduría debía definir una fecha para su realización.

Pero se atravesó el presidente Álvaro Uribe, fervoroso privatizador e interesado personalmente en que los textos de los referendos de origen popular que buscan reformar la Constitución puedan ser alterados por el parlamento.

Aunque ninguna norma lo dice ni explícita ni implícitamente, Uribe consideró que el parlamento sí puede “modular”, es decir cambiar los textos ya firmados por la ciudadanía. Y así lo impuso a través de sus mayorías parlamentarias, mayorías que por cierto bordean la ilegitimidad, debido a los procesos por la “parapolítica”.

Un afán de Uribe es que le ha ido mal con el movimiento ambientalista.

En alianza con otros sectores, sobre todo indígenas y negros, los ambientalistas le derrotaron su ecocida proyecto de Ley Forestal, lograron congelar su privatizadora Ley del Agua y su depredadora Ley de Páramos.

Por si fuera poco, a iniciativa de defensores de derechos humanos, en marzo le tumbaron por inconstitucional la Ley Rural, que buscaba desconocer la autonomía territorial de indígenas y comunidades negras y legitimar la apropiación violenta de millones de hectáreas de tierras de los desplazados.

Pero el principal afán de Uribe reside en que el referendo en torno a su propia reelección, que avanza también en el parlamento, quedó mal redactado y, si el texto no se “modula” en el parlamento, el actual presidente sólo podría presentarse a elecciones nuevamente en 2014 y no en 2010, como sería su ambición.

Escribe en su editorial del 24 de abril el diario conservador El Nuevo Siglo: “Los Referendos, al igual que los tratados internacionales, sólo pueden ser aprobados o improbados en su conjunto por el Congreso. Sería un galimatías que el pueblo, que es el directo jefe de los parlamentarios, quedara subyugado por sus subordinados.”

El Nuevo Siglo advierte que “incidir en el texto proveniente del pueblo es bordear el prevaricato”, y habla de extralimitación de funciones. “No hay, pues, debate de ninguna índole al respecto: en la Constitución, ni en las leyes, el Congreso está autorizado para modificar los Referendos de iniciativa popular. Y como lo están haciendo a sabiendas de que no lo pueden hacer, se están enfrentando, evidentemente, a la posibilidad de ser denunciados ante la Corte Suprema de Justicia”.

Si cambian tanto un texto que yo firmé, pues que le quiten mi firma. Si a pesar de todo sacan adelante ese nuevo texto espurio y convocan al referendo para aplicarse a sus inconfesables negocios que tienen previstos con el agua, pues el día de la votación me abstendré.

3 comments mayo 5th, 2009

Dura condena internacional a asesinato de esposo de la líder de la Minga indígena

Una condena inusualmente fuerte expidieron poco antes del mediodía de este miércoles el Sistema de Naciones Unidas en Colombia; Japón, Suecia y México, en nombre del grupo de países y entidades multilaterales que cooperan con Colombia (G-24); y Francia, como presidenta de la Unión Europea en Bogotá, ante el asesinato por parte de militares de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del CRIC y máxima líder de la Minga de Resistencia Indígena y Popular, Ayda Quilcué.

La comunidad internacional dice al gobierno colombiano que no había ningún retén, y que antes de disparar no se siguieron los procedimientos establecidos para estos casos.

La “troika” del G-24 se integra por la presidencia actual del grupo (Japón), la presidencia anterior (Suecia) y la presidencia entrante (México). Estados Unidos también hace parte del G-24.

Este es el texto del comunicado:

ONU condena enérgicamente la muerte del esposo de lideresa indígena, en Totoró, Cauca.

2008-12-17

(A este comunicado se adhiere la troika del G 24 y la presidencia local de la UE.)

El Sistema de Naciones Unidas en Colombia condena la muerte de Edwin Legarda, indígena Coconuco, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC Aida Quilcué, líderesa Nasa quien acababa de regresar de Ginebra Suiza donde denunció la crítica situación por la que atraviesan los pueblos indígenas.

Según la información recopilada por el Sistema de Naciones Unidas, el señor Legarda se desplazaba en un vehículo, entre las localidades de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca.

Sin que haya suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, el Ministerio de Defensa confirmó que a primeras horas de la mañana de ayer, 16 de diciembre, tropas del Batallón José Hilario López de la III División del Ejército Nacional dispararon al automóvil que conducía el señor Legarda.

Preocupa la información recogida por funcionarios de Naciones Unidas a través de pobladores y representantes indígenas que manifestarían que, al momento de los hechos, no existía un reten militar debidamente identificado sobre la carretera y que se habrían realizado disparos en forma indiscriminada en contra de lo establecido en las propias Reglas de Encuentro del Ejército.

Preocupa a su vez que este hecho se enmarque dentro de los numerosos ataques contra la vida de  indígenas que han sido registrados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y las autoridades de investigación y control.

El  Sistema de Naciones Unidas en Colombia confía en que las autoridades pertinentes investigarán de manera pronta y exhaustiva estos hechos, y juzgarán y sancionarán a quienes resulten responsables. Naciones Unidas confía que el rápido esclarecimiento de los hechos permitirá continuar avanzando en el diálogo que mantienen el Gobierno y las autoridades indígenas.

Adicionalmente, el Sistema de Naciones Unidas alienta a las autoridades a implementar con urgencia mecanismos eficaces para proteger el trabajo de los líderes y organizaciones indígenas en el departamento del Cauca y en todo el país.

La ONU expresa su solidaridad a Aida Quilcué, esposa del señor Legarda, a su familia y a toda la comunidad indígena por esta lamentable pérdida.

 

2 comments diciembre 17th, 2008

¿”Misión Médica” con escolta militar?

Por si acaso cuestionan a Colombia por el uso ilegal del distintivo del Comité Internacional de la Cruz Roja en la célebre y exitosa operación Jaque, que liberó a Ingrid Betancourt y a otros 14 cautivos de la guerrilla, el vicepresidente Francisco Santos entró pisando duro en Ginebra, en vísperas del Examen Periódico Universal en derechos humanos a Colombia.

Le entregó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, una carta que denuncia que las FARC atacaron el fin de semana una “misión médica” a unos 14 kilómetros del casco urbano de San Vicente del Caguán, en el sureño departamento del Caquetá.

Creo que voy a enviar varias candidaturas al Premio Monster de Periodismo, que estableció el periódico gratis Un Pasquín, del caricaturista Vladdo.

La primera candidatura es colectiva: para todos los periodistas nacionales e internacionales que calificaron a priori como “misión médica” una caravana de vehículos civiles que fue atacada por las FARC cuando se adentró en territorio guerrillero el domingo.

La caravana estaba integrada por cuatro vehículos: adelante iba una camioneta con logotipos del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende a la infancia desprotegida.

Luego avanzaban dos camionetas más, cuyos ocupantes, como se afirma, trabajan en un hospital –las informaciones no mencionan si esos vehículos llevaban la insignia de la Misión Médica- y por último un auto con funcionarios de la alcaldía de San Vicente.

Esta vez murieron Yamith Correa, psicólogo del ICBF de apenas 26 años, y John Alape, conductor del vehículo del mismo instituto, y resultaron heridas tres funcionarias: una psicopedagoga, una trabajadora social y una nutricionista.

“La carga estaba oculta a la orilla de la carretera y fue activada al paso del primer automotor”, dijo el secretario de gobierno de Caquetá, Edilberto Endo, “por la acción de los explosivos, el carro se salió de la vía y rodó 50 metros por un abismo, lo cual provocó el deceso del conductor y su acompañante y heridas múltiples a tres personas más”.

Las mujeres heridas fueron trasladadas en helicóptero militar inicialmente al Batallón Cazadores, en las afueras de San Vicente, y luego a un hospital en Florencia, capital del Caquetá.

El alcalde de San Vicente, Hernán Cortés, no viajó, pues fue advertido por el comandante de la Policía local “que no había garantías de seguridad y que era posible que las FARC estuvieran en la zona”, dice el diario bogotano El Tiempo.

“Nosotros conocimos del primer ataque hacia las 8 de la mañana, por eso no viajé al lugar de la brigada”, aseguró Cortés a W Radio. El comentario extraña, pues los reportes sitúan la explosión contra el vehículo del ICBF entre las 9 de la mañana y las 9:30. Caracol Radio informó del hecho a las 10:59.

El alcalde de San Vicente suele transportarse en los vehículos del ICBF, según el diario La Nación, de la ciudad de Neiva.

El asunto es que la “misión médica” era escoltada por la fuerza aérea, informa El Tiempo, que además precisa que la “brigada”, como acertadamente la llama el alcalde, fue “organizada por el ICBF, la Alcaldía y la Fuerza de Tarea Omega de las Fuerzas Militares”.

Por su parte, el diario El País, de la ciudad de Cali, informa que “la misión humanitaria estaba destinada a atender a los niños afectados por la violencia en la región y a los uniformados de la Fuerza Pública que combaten en esta zona vulnerable del país”.

En otras palabras, era una brigada cívico-militar, que son parte de la estrategia de guerra contrainsurgente en Colombia. No dejo de preguntarme por qué la fuerza pública “escoltaba” a la “misión médica” sólo desde el aire.  ¿Para resguardar a sus tropas, si acaso había un ataque guerrillero?

“El principio de distinción implica hacer lo posible para evitar que los medios de transporte sanitarios y las instalaciones de salud se puedan convertir en objetivo militar. Igualmente se debe prevenir que el personal sanitario sea sujeto de ataque”, se lee en el Manual de la Misión Médica, publicado por el Ministerio de Protección Social de Colombia en 2004.

“Debe evitarse viajar en un vehículo perteneciente a alguna de las partes en conflicto, o hacerse desvarar por ellos. Así mismo, solicitar o aceptar escolta”, agrega el manual, cuya impresión fue financiada por la Organización Panamericana de la Salud.

Otros párrafos del manual, cuya lectura recomiendo a mis colegas candidatizados al Premio Monster de Periodismo:

“Debe procurarse evitar recurrir a personas ajenas a la entidad de salud para trabajar en zonas particularmente tensas”.

“Las Unidades Sanitarias autorizadas para utilizar el Emblema Protector serán señalizadas en las paredes exteriores y los techos, de tal forma que sea visible desde tan lejos como sea posible. Las Unidades Sanitarias móviles o temporales (…) no deben presentar ningún escudo, logotipo o eslogan diferente a los descritos para la Misión Médica”.

“Los Medios de Transporte Sanitario deberán pintar el Emblema Protector en el techo y en los lados, así como en el frente y la parte posterior, de forma tal que sea óptima su visibilidad cuando se desplieguen sus actividades de salud. La señalización debe ser permanente y no se autorizará su uso en medios de fácil remoción (magnéticos, autoadhesivos, etc.). Adicionalmente, en zonas de alto riesgo en razón del conflicto armado, se podrá complementar la señalización del vehículo con el uso de banderas con el Emblema Protector”.

“El personal sanitario de carácter civil (tanto público como privado) debe abstenerse de brindar cualquier tipo de apoyo o ventaja estratégica a los combatientes (de cualquier bando), dado que estas acciones pondrían en duda su calidad de ‘no combatiente’”.

Una pregunta adicional es si acaso en el Caquetá comenzó ya el programa del Ministerio de Defensa que algunos denominan Consolidación Social del Territorio.

Este programa es manejado por el Centro de Coordinación para la Acción Integral (CCAI), un organismo interagencias que lidera Acción Social, oficina de la Presidencia de la República que, entre otras actividades, canaliza la cooperación internacional.

 

“Acción Integral” es el nuevo nombre que se les da a las operaciones o brigadas cívico-militares, como puede verse en todas las páginas web de las unidades militares colombianas.

 

El Ministerio de Defensa propuso a mediados de 2007 un nuevo plan de guerra, que combina el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio. El departamento piloto para este experimento contrainsurgente fue durante 2008 el central departamento del Meta, en el límite norte del Caquetá.

 

El objetivo para 2010 es ejecutar recursos del sector defensa en proyectos de bienestar comunitario, en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado y cuyos habitantes no gustan al gobierno, ni éste gusta a sus habitantes.

 

Esto es “ejecutar una política social a través de la guerra”, como explica el analista José Aristizábal García en la revista Arcanos No. 14, de la Corporación Nuevo Arco Iris, a punto de iniciar circulación.

 

Así que también valdría preguntar cómo se financiaba la fallida y trágica “misión médica”: ¿con recursos del ICBF o del Ministerio de Protección Social, o con recursos del Ministerio de Defensa? Y cabe aún otro interrogante: ¿Colombia va tras el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio recurriendo, en estas zonas, a la propaganda de guerra?

 

 

2 comments diciembre 10th, 2008

De Alexanderplatz a la Plaza de Bolívar

“Repentinamente, pero no de manera fortuita”, son los indígenas los que resultan liderando el movimiento por las libertades civiles en Colombia, dice un mensaje en tres idiomas enviado desde Berlín a Heavy Metal Colombia por X-Tractor.

Este grupo de contracultura, música electrónica y de la “ciberpunk way of life” (esto es, “oscura y corrosiva y a veces rosa y depresiva”) basado en Berlín y Colonia, está citando a una manifestación ciberpunketa en apoyo de la Minga colombiana el martes 25 de noviembre, cerca de la emblemática Alexanderplatz, en el corazón de Berlín.

La Minga anunció este domingo que nuevamente adelanta su llegada a la capital colombiana: estaría entrando el jueves 20. Los miles de indígenas no tienen aún dónde dormir, en la lluviosa Bogotá de noviembre.

La Universidad Nacional de Colombia de estos tiempos de Seguridad Democrática se niega a recibir a la Minga en su campus, conocido como la Ciudad Blanca por el color de la mayoría de sus edificios, rodeados de amplios prados, en el centro-occidente de Bogotá.

A vuelo de pájaro, el conjunto de las construcciones de la Ciudad Blanca semejan un búho, símbolo occidental de la sabiduría y el conocimiento. Da como pena, en nombre de la cultura occidental.

“El problema fundamental es que la Universidad tiene un semestre muy recortado y no tenemos el tiempo para recuperarlo, de tal manera que si llega allí la Minga, tenemos que cerrar la Universidad“, argumenta un empleado pagado con mis impuestos y llamado Fernando Montenegro, actualmente vicerrector de la principal universidad estatal de Colombia. La frase quedará en la historia de la resistencia civilista en Colombia.

La Minga emprendió el 9 de noviembre su marcha hacia Bogotá. Advierte que su protesta central es por los derechos humanos y no simplemente, como quiso en un principio presentar la cosa el presidente, por la ampliación de resguardos indígenas.

“Siempre hemos reiterado que el problema nuestro no es sólo de tierras. Qué nos ganamos con que nos entregue tierras el gobierno, cuando (en nuestros territorios) existen los paramilitares, cuando están los narcotraficantes, cuando siguen las multinacionales, y cuando el campo está sumido en la pobreza absoluta”, dijo ese domingo en la noche, al arribar la Minga a la ciudad de Cali, Feliciano Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca ACIN.

El 12 de noviembre, cuando la Minga iba a llegar a Ibagué, capital del departamento del Tolima, el presidente Uribe profirió altisonante, refiriéndose a la Minga: “¿Por qué se utilizan esas cortinas de humo para esconder asesinatos de policías y soldados?”, y ordenó en la mañana a los “coroneles” (de Policía y del Ejército en ese departamento) no permitir que la protesta civil entrara a la ciudad.

La razón: la víspera habían llegado a Ibagué unas 400 personas que huían de una eventual erupción del volcán Machín. Yo me preguntaba: ¿cuántos desplazados por la guerra que el señor Uribe promueve se refugian en la capital tolimense?

Las imágenes de televisión mostraban esa noche a unos amenazantes policías armados de bolillos que, sin embargo, no se atrevieron a tocar a la Minga. Luis Évelis Andrade, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, habló de “despliegue militar exagerado”.

El 13 de noviembre la Minga llegó a Chicoral. Transcribo del relato de Gloria Gaitán, hija del inmolado Jorge Eliécer Gaitán:

“Como recibimiento a la marcha indígena al municipio de Chicoral, en el departamento del Tolima, la corregidora recorrió previamente sus calles con un altoparlante, alertando a la población para que no saliera de sus casas y no permitiera a los niños que se asomaran a la puerta de entrada porque, según la funcionaria, con la llegada de los indígenas ‘corrían grave peligro’.

“Fue sorprendente ver la ausencia de chiquillos en las calles de Chicoral, lo que siempre ocurre cuando en un pueblo se presenta un hecho poco habitual, como la llegada en masa de caminantes, algunos de los cuales llevaban sus trajes indígenas y otros llevaban el bastón de mando. En la plaza principal, el líder indígena Feliciano Valencia leyó el Pacto por la Tierra y por la Vida”.

“Guerra de baja intensidad a la Minga indígena”, titula Gloria su despacho.

La Minga está en Fusagasugá desde el viernes 14 a las 6 de la tarde. La alcaldía de esa población, a unos 40 kilómetros al suroeste de Bogotá, intentó alojar a la Minga en un lugar alejado del casco urbano. Pero la Minga, desde hoy conformada por 17 mil personas, impuso que se aloja en las instalaciones de la estatal Universidad de Cundinamarca.

Este lunes estará en audiencia pública con los habitantes de Fusagasugá.

El martes llegará a Soacha, un municipio pegado a Bogotá por el sur. Allí se realiza el jueves la Audiencia Extraordinaria sobre la Situación de Derechos Humanos de Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Altos de Cazucá pertenece a Soacha, y Ciudad Bolívar, a Bogotá. Ambos son receptores de nubes de desplazados por la guerra.

En Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar, llevar un muchacho arete en la oreja o el pelo largo, fumarse una copiada de marihuana en una esquina, o quizá gustarle la música electrónica, puede costarle la desaparición forzada, y aparecer horas después como curtido guerrillero dado de baja en combate por el ejército nacional, uno más en las abultadas cifras exitosas de la guerra contrainsurgente que financia Estados Unidos.

Así que la Minga irá a la Audiencia senatorial y escuchará lo que ella muy de primera mano conoce, en todas las regiones del país, así sólo hasta ahora salga en las noticias: la tragedia de las madres, padres, esposas, hermanas, hermanos, hijas e hijos de los civiles ejecutados por el ejército.

Entre Soacha y la Plaza de Bolívar, corazón político de Colombia, hay 14 kilómetros. Dado que la Universidad Nacional no los recibe, “en consecuencia los caminantes de la palabra se establecerán desde su llegada en la Plaza de Bolívar, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá”, anuncia la Minga en un comunicado al anochecer de este domingo.

Y añade que el viernes 21 de noviembre “estudiantes, trabajadores y otros sectores sociales de Bogotá convergerán en la Plaza de Bolívar, en donde se unirán a la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para indicar la continuidad de esta iniciativa de país que venimos construyendo entre todas las mayorías populares”.

Add comment noviembre 16th, 2008

Crece la audiencia, en Diálogo Público Epistolar con las FARC

“Sepan que disponen de nuestros esfuerzos y medios para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social”.

Así expresan su apoyo al Diálogo Público Epistolar con las FARC 70 intelectuales, activistas de paz, religiosos y periodistas de Argentina, Estados Unidos, Bélgica, México, Francia, Italia, Israel, Cuba, Puerto Rico y sobre todo del Estado Español.

Piden que el diálogo epistolar se abra también internacionalmente con la sociedad civil, y que éste se extienda asimismo al Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Encabezan el mensaje Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, James Petras, profesor emérito de la Universidad de Binghamton, New York, François Houtart, profesor emérito de la Universidad de Lovaina, y el obispo mexicano Samuel Ruiz García.

POR UNA PAZ CON DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA COLOMBIA

6 de noviembre de 2008

Señores/as
Firmantes de la carta del 11 de septiembre de 2008
Att. Senadora Piedad Córdoba

Señores
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Att. Comandante Alfonso Cano

Quienes firmamos esta comunicación, mujeres y hombres de diversos lugares del planeta, a quienes nos concierne la realidad de Colombia, no indiferentes sino preocupados/as por los graves hechos del día a día que degradan la vida y libertades de su pueblo, consternados/as por el ensombrecido futuro del país, y a la vez reforzados/as por los signos de orden social y político nacidos de sus luchas, queremos manifestar nuestra adhesión a las voluntades que inician un diálogo y que alumbran con él una convicción profunda de búsquedas hacia salidas dignas y justas al conflicto social, político y armado que se afronta desde hace décadas;

En ese sentido, conocedores y conocedoras de diferentes clamores por la paz y la justicia, entre esas manifestaciones de esperanza asumimos y respaldamos la carta que el pasado mes de septiembre de 2008 encabezó la Senadora Piedad Córdoba, urgiendo aproximaciones para que puedan darse pasos hacia la comprensión, pidiendo que puertas de conversaciones sean abiertas por la insurgencia colombiana con la sociedad civil nacional e internacional, comenzando por un intercambio epistolar con el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP;

Sabiendo de la respuesta positiva de las FARC-EP a esa propuesta, y su ratificación, queremos pública y explícitamente apoyar ese intercambio epistolar y su cometido ético, seguros que en el mundo miles y miles de voces se sumarán, para pedir el diálogo, que ojalá se haga extensivo al Ejército de Liberación Nacional, ELN, tanto de cara a necesarias soluciones humanitarias y de derecho internacional aplicables a la confrontación, como para albergar ese supremo propósito de avanzar hacia desenlaces fundados en los ideales de justicia para todos.

Sepan que disponen de nuestros esfuerzos y medios, para acompañar decididamente ese proceso desde espacios de la comunidad internacional, haciendo nuestro el interés de construir una paz establecida con la razón y la justicia social.

Atentamente,

Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz, Argentina.

James Petras,
Profesor emérito Universidad de Binghamton, New York, Estados Unidos.

François Houtart,
Profesor emérito Universidad de Lovaina, Bélgica.

Santiago Alba Rico,
Filósofo, España.

Enrique Santiago Romero,
Jurista, España.

Monseñor Samuel Ruiz García,
Secretaría Internacional de Solidaridad Monseñor Romero SICSAL, México.

Pascual Serrano,
Periodista, España.

Ana Andrés Ablanedo,
Lingüista, Coordinadora de Soldepaz Pachakuti, Asturias, España.

Carlos Taibo,
Profesor universitario, Madrid, España.

Francisco Erice,
Profesor universitario, Oviedo, España.

Ana García,
Activista social y política, Asturias, España.

Carlos Fazio,
Profesor, periodista, Periódico La Jornada, México.

Belén Gopegui,
Escritora, España.

Constantino Bértolo,
Escritor y editor, España.

Eduardo Romero,
Activista social, historiador, escritor, Asturias, España.

Carlos Fernández Liria,
Profesor universitario, Madrid, España.

Rafael Escudero Alday,
Profesor universitario, Madrid, España.

Ángeles Maestro,
Médica, dirigenta política, España.

Javier Arjona,
Activista social y político, Asturias, España.

Pablo Lorente Zapatería,
Coordinador ALDEA-Nafarroa, España.

María Jesús Pinto,
Antropóloga, Catalunya, España.

Rafael Palacios,
Educador, Portavoz Nacional del Bloque por Asturies, España.

Javier Orozco Peñaranda,
Activista social e investigador, Colombia/España.

Carlos Alberto Ruiz,
Abogado, investigador social, Colombia/España.

Ramón Chao,
Periodista, España/Francia.

Hernando Calvo Ospina,
Periodista y escritor, Colombia/Francia.

Tomàs Gisbert Caselli,
Investigador en conflictos y cultura de paz, Catalunya, España.

Alberto Cruz,
Periodista, investigador relaciones internacionales, España.

Juan Manuel Ibeas,
Profesor universitario, Burgos, España.

Miguel Ángel Giménez Casado,
Educador, presidente de Asoc-Katío, España.

Pierluigi Di Piazza,
Sacerdote, responsable Centro Ernesto Balducci, Zugliano, Udine, Italia.

Pilar Sánchez,
Psicóloga, red Capicúa, España.

Sergio Yahni,
Periodista, Alternative Information Center, Jerusalem

Francesc Riera Isern,
Investigador, agricultor, País Vasco, Estado Español.

Dolores González,
Directora, Servicio de Asesoría para la Paz, México.

Pablo Romo,
Analista, Servicio de Asesoría para la Paz, México.

Miguel Álvarez,
Asesor de procesos de Paz, Servicio de Asesoría para la Paz, México.

Gilberto López y Rivas,
Investigador del INNA y colaborador del periódico La Jornada, México.

Ángel Guerra Cabrera,
Periodista, Cuba/México.

Clemencia Correa,
Profesora universitaria, UACM México.

Camilo Pérez Bustillo,
Profesor universitario, UACM México.

Rocío Redondo Sánchez,
Psicóloga, Madrid, España.

Rubén García Clarck,
Profesor universitario, UACM México.

Francisco Javier Garcés Molina,
Médico, activista social, España.

María Rosario Gómez Serrano,
Estudiante, activista social, Puerto Rico.

José María Caravantes García,
Ingeniero, activista social, España.

Eduardo Correa,
Profesor universitario, UACM México.

Hassan Dalband,
Profesor universitario, UACM México.

Andrés Redondo,
Psicólogo, España.

Enrique González Ruiz,
Director Programa Derechos Humanos, UACM México.

Jorge Ruiz,
Estudiante doctorado, México.

Francisco Cerezo,
Coordinador Nacional Comité Cerezo, México.

Alejandro Cerezo,
Coordinador Nacional Comité Cerezo, México.

Manuel Aguilar Mora,
Liga de Unidad Socialista, México.

Jaime González,
Liga de Unidad Socialista, México.

José María Bautista Monente,
Presidente Iniciativa Solidaria Internacionalista, España.

Gonzalo Rodríguez,
Maestro, miembro del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, Estado Español.

Iñaki Markiegi,
Experto en cooperación y derechos humanos, País Vasco, España.

Beatriz Cruz Osorio,
Activista social, miembro de la Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia, Estado Español.

Raúl Villegas,
Profesor Universitario UACM, México.

Pablo Gutiérrez Vega,
Profesor universitario, Sevilla, España.

Javier Anuzita Alegría,
Director fundación Mundubat, País Vasco, España.

Raul Romeva,
Diputado al Parlamento Europeo, Catalunya, España.

Mario Amorós,
Periodista e historiador, España.

Joan Herrera,
Diputado al Congreso de España de grupo ICV-EUiA.

Juan Guirado García,
Presidente ACSUR Las Segovias, España.

Magali Thill,
Directora, ACSUR Las Segovias, España.

Francisco Pérez Esteban,
Coordinador de Política Internacional de Izquierda Unida, miembro de OSPAAL, España.

Juan José Tamayo,
Teólogo, profesor universitario, Madrid, España.

Francisco Javier Vitoria Cormenzana,
Teólogo, profesor universitario, País Vasco, España.

Siguen firmas

8 comments noviembre 6th, 2008

Las promesas de Obama, y un poema para que no se olvide de nosotros

Como para que no se nos olvide, me permito consignar aquí 10 promesas de campaña del presidente electo de Estados Unidos, resumidas por Avaaz.org.

UNO. Reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos en un 80 por ciento para el año 2050, y jugar un fuerte papel positivo en las negociaciones para un tratado global vinculante, en reemplazo del Protocolo de Kyoto, que está próximo a expirar

DOS. Retirar todas las tropas de combate de Iraq, en un plazo de 16 meses, y no mantener bases permanentes en ese país

TRES. Establecer el claro objetivo de eliminar todas las armas nucleares en todo el mundo (espero que Estados Unidos no considere que debe ser el último país en eliminar este armamento que, tras el desastre de Chernóbil en 1986, demostró ser inaplicable porque afecta al mundo entero, no importa dónde explote una bomba de esas)

CUATRO. Cerrar el centro de detención de Guantánamo

CINCO. Doblar la ayuda estadounidense dirigida a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, concretamente disminuir la pobreza a la mitad para 2015 y acelerar la lucha contra el VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria

SEIS. Abrir el diálogo diplomático con países como Cuba, Irán y Siria, en busca de la resolución pacífica de tensiones

SIETE. Despolitización de la inteligencia militar, para evitar que se repitan manipulaciones como las que llevaron a la invasión de Iraq

OCHO. Poner en marcha un importante esfuerzo diplomático para detener la matanza en Darfur

NUEVE. Negociar solamente tratados de libre comercio que contengan protecciones laborales y ambientales

DIEZ. Invertir 150 mil millones de dólares durante 10 años para apoyar las energías renovables y tener, para 2015, un millón de autos eléctricos en las calles.

Felicito a mis muy queridos amigos estadounidenses. No sé por qué diablos, toditos todos votaron por Obama.

Pienso en mi amigo, el poeta iraquí Muhsin Al-Ramli, exiliado en España.

Y le dedico al presidente electo Obama -para que no nos olvide él a nosotros, los colombianos- este poema del nariñense Allan Luna, leído en el Festival Internacional de Poesía de Medellín en 2006:

Vuelo

No soy un criminal cualquiera.
Yo vuelo.
Mis presas están allá abajo.
No veo sus ojos ni oigo sus gritos.
Vuelo.
Sé que me están mirando.
No sé cómo se llaman, ni quiénes son,
No necesito saberlo.
Me basta con saber dónde están,
Para dejar caer sobre ellos
Una lluvia dolorosa.

Lo mío es la muerte y después una cerveza.
No conozco la guerra.
Aún no me han derribado.

(Escrito en Abril de 2003, mes en que cayó Bagdad, la Ciudad de las Mil y Una Noches)

3 comments noviembre 5th, 2008

Se inicia diálogo público epistolar con las FARC

A comienzos de septiembre alcanzaba un punto culminante la cacería nacional e internacional contra quienes hayan tenido o tengan contactos con el secretariado de las FARC. La prueba contra todos ellos: figurar en esos admirables portátiles Toshiba que la fuerza pública dice haber encontrado en el campamento de “Raúl Reyes” en Ecuador. Para mí se trata apenas de una formalidad, pues lo que veo detrás de esa persecución es el intento de quienes se lucran de la guerra de satanizar cualquier posibilidad de diálogo o salida negociada.

Dentro del costal de perseguidos caen desde el gobierno suizo hasta una mujer colombiana que hizo su tesis de grado de sociología sobre esa guerrilla, pasando por Carlos Lozano, periodista y hombre correctísimo con quien comparto, por ejemplo, el convencimiento de la solución negociada y el diálogo.

Pues en septiembre, por iniciativa relámpago de la senadora liberal Piedad Córdoba, 148 personas firmamos una carta al secretariado de las FARC. La idea me encantó: en ese contexto de persecución nacional e internacional a quien se hubiera cruzado cartas con la guerrilla, la propuesta consiste en un diálogo público epistolar con las FARC, gústele a quien le guste.

Justo cuando hoy, en un artículo de IPS, me quejo de la falta de diálogo en Colombia, con fecha 16 de octubre llegó la respuesta del secretariado de las FARC a nuestra misiva.

Copio debajo nuestra carta, y luego la respuesta de las FARC. Perdonará mi lector o lectora, pero me propongo publicar en este blog el diálogo público epistolar que resulte de esa propuesta que yo misma respaldo con mi firma. Eso sí, hasta que me metan presa.

Bogotá DC., septiembre 11 de 2008

Señores miembros del Secretariado:

La solución de la crisis múltiple que aqueja a la sociedad y al Estado colombianos demanda una juiciosa reflexión, así como la participación de los distintos sectores expresados en la sociedad civil y de aquellos actores comprometidos en el conflicto interno armado, social y político que agobia al país, con el objeto de evitar daños a la institucionalidad y propiciar la construcción de una democracia plena con justicia social y paz en la que quepamos todos.

En tal virtud, nuestra aspiración es la de trabajar por desbloquear los caminos que conduzcan a la concreción de un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de secuestrados y prisioneros en poder de la insurgencia armada de las FARC y, al propio tiempo, la libertad de los presos de esta guerrilla bajo la jurisdicción del Estado.

Comprendemos que una alternativa diferente al entendimiento político para celebrar un Acuerdo Humanitario y facilitar una salida negociada al conflicto entrañaría el padecimiento de importantes sectores de la población, el inminente peligro para la vida de los cautivos que están en la selva, la degradación de la guerra, y el estímulo a la militarización y al autoritarismo y debilitamiento institucional del proceso político nacional.

El escalamiento de la confrontación ha desbordado la geografía nacional e impacta territorios de países hermanos, con diversos hechos de violencia institucional que han puesto en dificultades las relaciones diplomáticas de nuestro país.

No obstante, tenemos la certeza de que los presidentes y jefes de Estado de pueblos hermanos en el hemisferio, y de los denominados países amigos europeos, concurrirán de manera solidaria a apoyar los procesos de diálogo que estamos proponiendo.

Por las razones expuestas, y con el ánimo de emprender desde ahora la búsqueda de soluciones a favor de la paz de Colombia y el sosiego de los seres humanos afectados por el conflicto, de manera cordial los invitamos a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario.

Consideramos que ya existe una apreciable corriente de opinión que favorece la promoción de factores contrarios a la solución armada y que está en condiciones de colocar los referentes apropiados para generar una controversia democrática sobre los temas de la paz y de la guerra en Colombia, con el fin de propiciar la convivencia pacífica dentro de una nueva ética social.

Estaremos atentos a su respuesta:

Piedad Córdoba Ruiz, Medófilo Medina, Fabio Morón Díaz, José Gregorio Hernández, Víctor Manuel Moncayo, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Angulo Bossa, Consuelo González de Perdomo, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuéllar, Alfredo Molano Bravo, Javier Darío Restrepo, Daniel Samper Pizano, María Teresa Herrán, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Iván Cepeda Castro, Raúl Alameda, Florence Thomas, Alpher Rojas Carvajal, Felipe de Brigard, Rocío Londoño Botero, León Valencia, Jorge Enrique Botero, Consuelo Ahumada, Marleny Orjuela, Fabiola Perdomo, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Claudia Rugeles Flórez, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco, Marc Chernick, Gabriel Izquierdo S.J., Gloria Cuartas, Fernán González S.J., José Gutiérrez, Juanita Barreto, Padre Henry Ramírez Soler CMF, Juan Sebastián Lozada, Álvaro Camacho Guisado, Apolinar Díaz-Callejas, Lisandro Duque Naranjo, Alberto Cienfuegos, Ricardo Bonilla, Leopoldo Múnera Ruiz, Renán Vega Cantor, Ciro Quiroz, Carlos Lozano Guillén, Jairo Maya Betancur, Ricardo García Duarte, Jorge Gantiva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Gloria Polanco, Apecidez Álviz, Carlos A. Rodríguez Díaz, Venus Albeiro Díaz, Andrés Felipe Villamizar, Arlen B. Tickner, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Núñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Gustavo Duncan, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Oscar Mejía Quintana, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Carlos Medina Gallego, Diego Otero Prada, Rubén Darío Flórez, Darío Villamizar, Luis Fernando Medina, Santiago Araoz, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Jimmy Viera, Efraín Viveros, Mauricio Rojas Rodríguez, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada, Moritz Akerman, Ricardo Montenegro, Santiago Vásquez, Enrique Santos Molano, Libardo Sarmiento Anzola, Hollman Morris, Reinaldo Ramírez García, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros, Jaime Caicedo Turriago, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luis Alberto Ávila, Olga Amparo Sánchez, Norma Enríquez, Orsinia Polanco, Caterina Heyck, Guillermo Silva, Luis Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Pilar Rueda, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Darío Morón Díaz, Carlos Rosero, María Eugenia Liévano, Hernando Rosillo Torrente, Gonzalo Uribe Aristizábal, Edgar Martínez, Esperanza Márquez, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Carlos Torres Corredor, Fructuoso Arias, Gabriel García B, Gabriel Ruiz, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo, Gustavo García, Hernán Cortez A, Ivón González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán, Luís Eduardo Salcedo, Luis Jairo Ramírez, Mario Santana, René Antonio Flórez, Sara Leukos, Víctor José Pardo, Francisco de Roux S.J., Gustavo Gallón, Pierre Gilhodes.

***********************************************************************************************************

Carta de las FARC a los colombianos partidarios de la solución política a los problemas de la guerra y la paz

Respetados Compatriotas:

Con beneplácito hemos recibido su misiva de septiembre que invita a explorar colectivamente caminos hacia la paz alejados del actual rumbo gubernamental de guerra perpetua que significa persistir en el imposible de una solución militar a los problemas políticos, económicos y sociales que subyacen en el cruento conflicto que estremece al país.

Saludamos el florecimiento de una corriente de opinión que se aparta del falso triunfalismo y de los parámetros de la solución guerrerista a los grandes problemas nacionales. No dudamos del éxito de su gestión porque coincide con el sentimiento y el anhelo de paz de las mayorías.

Esta carta es ya el comienzo del Intercambio Epistolar que nos proponen para discutir en torno a la salida política del conflicto, el canje humanitario y la paz. Participaremos de cara al pueblo en un diálogo con amplitud y franqueza, sin dogmatismos, sin sectarismos y sin descalificaciones sobre los temas que sugieren. Es necesario esforzarnos en procurar la vinculación de la mayor cantidad posible de organizaciones políticas y sociales y de personas independientes.

Nuestra disposición a explorar posibilidades hacia el canje humanitario y la paz con justicia social que es hoy el clamor y la necesidad más urgente y sentida de toda la nación, continúa invariable. La liberación unilateral de seis ex congresistas en el pasado reciente, entregados al presidente Hugo Chávez y a la senadora Piedad Córdoba, buscaba crear condiciones y ambientes propicios al canje de prisioneros en poder de las partes contendientes. Este hecho es testimonio fehaciente de voluntad política.

Muy respetuosamente sugerimos, para reforzar este nuevo emprendimiento, tener en cuenta la manifiesta disposición de la gran mayoría de presidentes latinoamericanos para contribuir con sus esfuerzos en el proceso de intercambio humanitario y paz.

La inmensa bandera de la paz con justicia social deberá ondear definitivamente, libre, bajo el cielo de Colombia. La guerra eterna contra el pueblo que nos quieren imponer para perpetuar la injusticia no puede ser el destino de la patria.

Reciban nuestro saludo cordial.

Compatriotas

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, octubre 16 de 2008

4 comments octubre 28th, 2008

Los Cinco Puntos de la agenda con Álvaro Uribe siguen vigentes

Este domingo, la cita en Cali se frustró. La comisión que negoció a nombre del presidente Álvaro Uribe antepuso razones de seguridad para que éste no se reuniera con la Minga de la Resistencia Indígena y Popular, que suma ya 45 mil personas. A cambio, dispuso que el encuentro sería con 200 personas. La Minga no aceptó, y tras esperarlo desde las nueve de la mañana, a las cuatro de la tarde le dio la espalda a Uribe. 

¿Quizá resulta que la cuna de la democracia no es la “cultura occidental”, como la llaman los indígenas? Porque en mi reportería no he encontrado una expresión más majestuosa de democracia que una asamblea indígena. La asamblea es la que convoca la Minga.

Así definen los indígenas qué es Minga:

“Los indígenas nos juntamos dos si se quiere hacer un tull (cultivo tradicional), 10 si vamos a recoger la cosecha, mil si es menester arreglar la carretera, 18 mil si hay que tomar decisiones para el futuro, y todos si hay que salir a defender la justicia, la alegría, la libertad y la autonomía”.

Así que la Minga manda. Por eso publico los cinco puntos de la agenda de la Minga de la Resistencia Indígena y Popular –el nombre ha variado con el correr de los días-, que los indígenas esperan debatir públicamente con Uribe. La veeduría del cumplimiento de los acuerdos a los que llegue la Minga con el presidente colombiano estará a cargo de una Comisión de Garantes, entre ellos el juez español Baltasar Garzón.

“Su presencia es indelegable”, le dicen a Uribe en esta carta abierta fechada el 20 de octubre.

El debate debe ser público, con reglas del juego claras y convenidas por las partes.

Señor Presidente de la República
D.
Álvaro Uribe Vélez
Carrera 8 # 7-26 Palacio de Nariño
BOGOTA – COLOMBIA

Al no encontrar soluciones verdaderas y duraderas a la grave problemática social y de derechos humanos, las comunidades participantes en la Minga Indígena de Resistencia Social y Comunitaria nuevamente le hacemos entrega de esta carta abierta, con el fin de concretar el debate público pendiente que desde hace 4 años usted prometió cuando marchamos hacia la ciudad de Cali.

La siguiente es la agenda de trabajo.

1. VIOLACION AL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS.

• El presidente de la República debe resarcir públicamente el buen nombre del CRIC,  de las organizaciones sociales y de las personas respetables a quienes este gobierno ha señalado de terroristas y delincuentes, colocándolos en inminente riesgo.

• Respeto y garantías a la libre movilización social como un derecho constitucional de los colombianos y colombianas.

• El gobierno nacional debe reparar integralmente a las comunidades indígenas víctimas de la violencia de Estado, que para el caso del departamento del Cauca se cuentan la masacre del Naya ocurrida en el año 2001, la masacre del Nilo ocurrida en el ano de 1991, la masacre de Gualanday y la masacre de San Pedro ocurridas en el año 2000, muertos y heridos en los Rituales de Liberación de la Madre Tierra, la Cumbre Social de los Pueblos y de la Minga Social y Comunitaria. Así mismo para las víctimas de otros pueblos y organizaciones del país.

• Asignación presupuestal y respeto a las iniciativas autónomas de protección establecidas en los territorios por las comunidades en el marco de sus Usos y Costumbres.

• Exigimos el desmonte de las estrategias que vinculan a las comunidades en el conflicto social y armado, tales como el pago de recompensas, batallones de alta montaña, familias guarda bosques, erradicación manual de cultivos de uso ilícito que se desarrollan en el marco de la política de seguridad democrática y el Plan Colombia.

• Exigimos el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el cual es violentado al instalar trincheras en medio de la población civil, utilizar a la población y las viviendas como escudo de guerra, bombardeos aéreos a la población civil, detenciones arbitrarias, ocupación de los sitios de asambleas permanentes y áreas civiles.

• Atención y reparación integral a la población desplazada y garantías para su retorno.

• Exigimos la salida negociada al conflicto social y armado, y el restablecimiento del acuerdo humanitario.

• Exigimos el respeto a labor de la Corte Suprema de Justicia en el caso de investigación al proceso de la parapolítica.

2. AGRESION Y OCUPACIÓN TERRITORIAL.

• Desmilitarización total e inmediata de los territorios indígenas.

• Detener la entrega de concesiones en territorios indígenas a las transnacionales y multinacionales.

• Detener las fumigaciones de cultivos de uso ilícitos en territorios indígenas, toda vez que afecta a la madre naturaleza y coloca en riesgo la vida.

• Detener el fomento de proyectos destinados al monocultivo. Al contrario exigimos fortalecer los procesos de soberanía alimentaria y los procesos de conservación ambiental.

• Adoptar y respetar el papel de las autoridades tradicionales como legítimas autoridades ambientales en los territorios indígenas.

3. ADOPTAR LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS

• Mediante un acto jurídico el gobierno debe adoptar la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas declarada por la ONU.

4. LEGISLACIÓN DEL DESPOJO QUE COLOCA EN RIESGO LA PERVIVENCIA DE LOS PUEBLOS.

• Desmonte inmediato del Estatuto de Desarrollo Rural- ley 1152 de 2007, que viola abiertamente el Convenio 169 de la OIT, desconoce los derechos indígenas y de los campesinos y legaliza el robo de tierras hecho mediante la violencia.

• Derogatoria de los decretos presidenciales: 616-2838, 616-2838, 1500 y 779.

• Replanteamiento de legislación y de aplicación de la misma en los casos de ley 142 de 1994, ley 1156 de 2007, Estatuto Minero, Ordenamiento de Cuencas.

• Respeto constitucional de la consulta previa y de los derechos especiales de los pueblos indígenas y afrocolombianos en la aplicación de estas leyes y en la formulación de las nuevas.

• El Presidente de la República debe explicar por qué se ignoró completamente la consulta a los pueblos sobre el TLC, realizada por indígenas y sectores sociales, y abrir un debate nacional sobre su conveniencia e inconveniencia, para transmitir sus conclusiones al congreso de los Estados Unidos.

• El presidente de la República debe garantizar el debate nacional y la consulta popular para la firma de tratados con otros países y con la Unión Europea.

5. ACUERDOS INCUMPLIDOS CON ORGANIZACIONES Y MOVILIZACIONES SOCIALES.

• El gobierno nacional debe cumplir de manera inmediata todos los acuerdos firmados entre la organización indígena, así como entre los demás actores sociales y el Estado colombiano. Para que este tema sea operativo, se deben asignar de manera inmediata los recursos necesarios de acuerdo a como lo establecen las comunidades. Para agilizar este tema, las comunidades han definido el método de trabajo que será socializado una vez se instale el debate.

La presente agenda de trabajo será robustecida con las exigencias, propuestas e iniciativas de la población y los sectores que se vayan vinculando a la Minga nacional.

Lo esperamos señor Presidente, su presencia es indelegable.

Atentamente:

Minga de Resistencia Indígena Social y Comunitaria.

La María Piendamó, 20 de Octubre de 2008.

2 comments octubre 26th, 2008

Next Posts Previous Posts


Suscríbase a este blog

Seguime en Twitter

Noticias de Colombia

IPS Noticias de América Latina

Categorias

Archivo

Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.