Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

Coronel del Ejército prohíbe la exhibición de documental sobre la masacre de Mapiripán

08 de septiembre de 2006

Una Alerta de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, el 8 de septiembre, dio cuenta de que “pocas horas antes del estreno de un documental sobre la masacre de Mapiripán, un coronel del Ejército exigió la revisión de su contenido. Ante la negativa de los autores, el funcionario militar prohibió la exhibición de la cinta. Ésta hacía parte de la programación de la ‘Semana por la paz’, evento liderado por varias organizaciones sociales en Colombia”, que transcurre actualmente.


“El documental, llamado ‘¿Por qué lloró el general?’, examina el proceso judicial de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997. Ese año, un grupo de paramilitares – con la colaboración de miembros del Ejército – se tomó esa población del departamento del Meta y torturó y asesinó a 49 civiles. Los autores del filme defienden la inocencia del único alto mando implicado, el general Jaime Humberto Uscátegui, y cuestionan la impunidad en el proceso.

“El director del documental, José Jaime Uscátegui – hijo del general acusado -, y dos jóvenes realizadores, Hernán Ruiz y Gonzalo Rodríguez, contrataron los servicios del Teatro Patria para el lanzamiento, programado para el martes 5 de septiembre de 2006. Si bien este teatro es propiedad del Ejército, fue entregado en arriendo a un particular.

“El día anterior al evento, y después de hacer los pagos correspondientes, recibieron una llamada del administrador del teatro, Manuel Díaz Rivera. Éste les dijo que su asesor tenía que ver el documental antes de la función: ‘Yo no voy a exponerme por un evento. Lo mira el asesor del teatro y el dice si se puede o no se puede’, afirmó Díaz. El ‘asesor’ era realmente un coronel del Ejército, quien según Uscátegui es Julio César Becerra Avellaneda, Comandante del Batallón de Apoyo y de Servicios para la Educación Militar.

En grabaciones que la FLIP conoció, Becerra dice que ‘hasta que nosotros no conozcamos el material, no podemos autorizar la presentación’.

“Aunque se negaron inicialmente, Uscátegui y los realizadores finalmente aceptaron que el coronel Becerra viera la pieza antes de la función. Pero una vez en el teatro, el militar se limitó a decir que el espacio ya había sido destinado para otro evento. A la hora programada para el lanzamiento, la Policía Militar se tomó las afueras del teatro, mientras más de 200 personas protestaban pacíficamente por lo que consideraron un acto de censura. Hernán Ruiz, uno de los realizadores afirmó que no entendía ‘las razones para que los militares prohíban a última hora proyectar el documental, desconociendo el contrato existente y el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente’.

La FLIP contactó telefónicamente al coronel Julio Cesar Becerra Avellaneda quien afirmó: “Es absurdo. No sé a qué se refiere, yo no manejo ningún teatro”. Por su parte, la FLIP no pudo hablar con el administrador del teatro, sin embargo, una asistente de él dijo que la proyección se había cancelado por razones “mucho más importantes” que se negó a mencionar.

(Oiga en http://www.flip.org.co/ las afirmaciones del coronel Becerra y del administrador del teatro y vea la foto de los militares a las afueras del teatro).

La FLIP exhortó al Ejército “para que a la mayor brevedad levante la restricción y permita la proyección de la cinta”.

Agregó la organización que “El alto mando militar desconoció la prohibición general de censura que consagra el artículo 20 de nuestro Constitución Política, su jurisprudencia y los tratados internacionales. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional: ‘La censura es el más aberrante de los controles previos a la libertad de la prensa y de los demás medios de comunicación porque representa el mayor grado de invasión del núcleo esencial de dicha libertad.’”

***

EL CASO MAPIRIPÁN: “RAZONES MUCHO MÁS IMPORTANTES”

Por Constanza Vieira, con información recabada en 2004 para IPS

Cuando ocurrió la masacre de la sudoriental localidad de Mapiripán, en julio de 1997, el hoy general retirado Jaime Alberto Uscátegui era comandante de la 7 brigada del ejército. En el juicio que se le adelanta, es acusado de falsedad intelectual y, por omisión, de homicidio agravado y secuestro agravado.

La matanza ocurrió en una aldea por entonces de 1.000 habitantes en lo que era el epicentro cocalero del sudoriente, en la región de Orinoquia, con presencia histórica de las FARC, alzadas en armas desde 1964.

Doscientos paramilitares de las AUC -unos 50 enviados en avión por el entonces jefe de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño desde Urabá- se tomaron Mapiripán. Entre el 15 y el 20 de julio clausuraron los accesos por río y tierra y, lista en mano, arrancaron de sus casas a civiles desarmados. De los 49 muertos, sólo han sido identificados ocho.

El documental del hijo de Uscátegui se pregunta por qué no está siendo investigada la Brigada 17 del ejército, con sede en Urabá: ¿cómo pudo salir el avión sin su conocimiento?

Leonardo Cortés era por entonces juez de Mapiripán y la única autoridad estatal que permaneció en el pueblo, pues todos los funcionarios de la administración local se habían marchado con sus familias ocho días antes: qué casualidad.

Desde su ventana, el juez vio cómo varios vecinos eran conducidos por los paramilitares a las instalaciones del matadero municipal y escuchó los gritos y súplicas que emanaban de ese lugar, convertido en centro de torturas.

Las víctimas eran colgadas vivas de los garfios destinados a las reses, y allí les cortaban las extremidades con una motosierra.

La seguridad de esa región estaba a cargo de Uscátegui, quien alega inocencia y dice haber descubierto cómo sucedieron las cosas, pero pide un precio por guardar silencio: que la fiscalía allane un final del juicio que le sea favorable.

Una advertencia equivalente a la de los jefes paramilitares a cambio de su desmovilización y su silencio sobre la complicidad de lás élites económicas y sus voceros en la política: “Ni un día de cárcel, ni en Colombia ni en el exterior”, pues varios de ellos tienen pendientes procesos en Estados Unidos por narcotráfico. El pulso apenas se está resolviendo por estos días, cuando ya quizá los ultraderechistas y sus asesores han comprendido que, si no hacen aunque sea un simulacro de reclusión, se van para la justicia universal.

Las investigaciones demostraron que se facilitó el paso y se ayudó logísticamente a los paramilitares para que llegaran a Mapiripán.

Por coordinar la operación, recibió 40 años de condena el coronel Lino Sánchez, entonces comandante de la brigada móvil 2 del ejército, con asiento en San José del Guaviare, a cuatro horas por carretera de la aldea. El sargento Juan Carlos Gamarra recibió una pena de 22 años de prisión y otro suboficial, 32 años.

El día en que comenzó la matanza, el juez Cortés logró comunicarse por teléfono con el entonces mayor Hernán Orozco, comandante del batallón Joaquín París, quien además fue informado por la Inteligencia de su fuerza.

Orozco solicitó a su superior, Uscátegui, que protegiera a los habitantes con la brigada móvil 2, dotada de helicópteros artillados, centenares de soldados comandados por el coronel Lino Sánchez, y a cinco minutos de vuelo de Mapiripán.

El refuerzo nunca llegó, y más tarde Orozco fue “amenazado por el paramilitarismo y por los oficiales de la fuerza pública que son responsables de estos hechos”, afirmó el abogado de derechos humanos Eduardo Carreño.

Orozco está exiliado y protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el juez, blanco de advertencias para que alterara las denuncias, también optó por el exilio.

El posteriormente asesinado Carlos Castaño fue condenado a 40 años de prisión por estos hechos. Según él, sus hombres habían matado guerrilleros. Pero el abogado Carreño asegura que las víctimas eran opositores del alcalde y su equipo, que habían denunciado su corrupción.

“Las personas ejecutadas eran liberales o de la Unión Patriótica“, mientras la administración local pertenecía al Partido Conservador, precisó.

En Barrancón, 35 kilómetros al oeste de Mapiripán, está la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército.

Mientras se perpetraban las muertes, transcurrían allí las sesiones finales de un curso sobre planificación y toma de una decisión militar en la infantería liviana, dictado por boinas verdes del grupo 7 de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. El coronel Sánchez actuaba como alumno aplicado.

Pero tres semanas antes de la masacre, Sánchez había propuesto al comandante de la Base Antinarcóticos que facilitara el acceso de los paramilitares al Guaviare, pues “luchaban contra un enemigo común y tenían la posibilidad de dar una lección a la guerrilla” de las FARC, señala la sentencia condenatoria del coronel.

Antinarcóticos se negó a cooperar con Sánchez, pero sólo denunció la propuesta seis meses después, por presión de los investigadores.

Los despavoridos sobrevivientes “salieron de Mapiripán por río, por carretera y por avión”, relató Carreño, reconstruyendo los hechos para una nota de esta periodista en IPS.

Nadie regresó. Según Carreño, la aldea es habitada hoy por “gente que no es de la región”. Sería interesante mirar los resultados de la votación en Mapiripán, como una pista para entender quién los llevó y a quién le están agradecidos por ocupar hoy bienes de víctimas.

LO QUE SABE USCATEGUI

En una conversación cuyo contenido fue filtrado el 29 de marzo de 2004 a la revista bogotana Cambio, Uscátegui manifestaba a un interlocutor no identificado que era inocente, que no pensaba quedar solo como responsable de la matanza y que, si hablaba, sería el peor escándalo del país, y podría llevar al cese de la ayuda militar estadounidense a través del Plan Colombia antinarcóticos.

La justicia ha mantenido en secreto información “porque no conviene que salga a la luz pública”, agregaba Uscátegui.

Gamarra, uno de los condenados en 2003, era jefe de inteligencia del batallón Joaquín París. Uscátegui fue mucho más explícito que la sentencia al describir el contenido de 300 archivos digitales cifrados y guardados en un computador del sargento preso.

“Los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador, en el batallón París. Igual hicieron con los panfletos que entregaron ocho meses después en Puerto Alvira” en la misma región, donde se cometió una matanza similar, afirmó Uscátegui.

En el computador “también estaban las planillas de pago mensuales, las nóminas de todo el frente Guaviare de las AUC, que eran 93 hombres y mujeres con los alias, sus cargos y lo que devengaban”, añadió el general retirado.

Uscátegui mencionó en su conversación telefónica un elemento clave: “el vínculo con los paramilitares no sólo era en el Guaviare, sino que venía desde el Urabá antioqueño”, bajo jurisdicción del general Rito Alejo del Río cuando gobernaba Antioquia el ahora -y quizá por toda esta generación- presidente Uribe. ¡Guau! ¿Puede ser esta una explicación del extraño comentario de la secretaria del Teatro Patria: que la proyección se había cancelado por razones “mucho más importantes”?

Uscátegui reveló que, tras la matanza, la brigada móvil 2 y el batallón París no persiguieron a los asesinos. Y la brigada hizo “una operación gigantesca, aplastó a las FARC y colocó un colchón de aire o de seguridad para que se salieran los ‘paras’” (paramilitares) de la zona.

“El Ejército no sólo tiene vínculos, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que no golpearan a los paras por habérseles metido en su territorio”, aclaró el militar.

Total: ahora sí, hay que ver la película “¿Por qué lloró el general?”. Debe contener muchos más detallitos, por no decir que “razones mucho más importantes”.

Escrito en : Civiles en la mira,El fin justifica los medios,La guerra y la paz

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
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