Los mandatarios de la Unión Suramericana de Naciones están reunidos este viernes en Bariloche, Argentina, para discutir el pacto del presidente colombiano Álvaro Uribe con el Pentágono, que abre todas las bases colombianas -y no sólo siete como nos han dicho- al uso de las tropas estadounidenses. El sólo hecho de la cumbre de UNASUR demuestra qué tan perdida está la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando pretende que “este acuerdo no les incumbe a otros países”.
El movimiento Colombianas y Colombianos por la Paz (CCPP), que a contrapelo de la política gubernamental inició desde septiembre del año pasado un Diálogo Público Epistolar con las guerrillas, con miras a encontrar una solución política a la guerra colombiana, entregó hoy una carta a los presidentes de UNASUR.
“Estamos persuadidos de que la prolongación de la guerra interna en Colombia no sólo descompondrá de manera creciente a los actores directos del conflicto sino que profundizará el envilecimiento moral y político de la vida colectiva”, dice la carta.
Ante la ahora ya abierta intervención militar estadounidense en Colombia, uno se pregunta ¿a dónde irá a parar la solución política?
La carta de CCPP llama a no quedarse en las declaraciones del gobierno civil de Estados Unidos. Apunta a la necesidad de conocer qué diablos anda haciendo y diciendo el complejo militar-industrial de ese país, que es el que realmente tiene el poder allá. También, anota que Colombia no podrá tener realmente control sobre las actividades militares de Estados Unidos aquí. “Vamos, en ningún lugar del mundo un general Fernández le da órdenes a un general Johnson”, como lo expresó la presidenta argentina.
Dejo a mi lector o lectora con el texto de la carta que han recibido hoy los presidentes de UNASUR, de manos de una delegación de CCPP que viajó hasta Bariloche.
Bogotá, D.C., agosto 27 de 2009
Señoras y señores
Presidentes
Unión Suramericana de Naciones UNASUR
E. S. M
Respetados Señores y Señoras Presidentes de UNASUR:
Colombianas y Colombianos por la Paz, expresión ética de sectores de la sociedad colombiana que aboga por la terminación del conflicto armado interno, su humanización y el diálogo para las salidas a problemas estructurales, les presenta su atento y cordial salud.
Los acuerdos de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos afectan la seguridad de la región. La voz de los mandatarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela se ha levantado para alertar y disentir de las negociaciones militares de los dos países. Sin embargo, en rueda de prensa ofrecida en la visita del canciller colombiano, Jaime Bermúdez, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, señaló que “Este acuerdo no les incumbe a otros países, es sobre cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, dentro de Colombia”, y apremió a los países vecinos de Colombia a apoyar y contribuir de manera propositiva.
Más allá de las declaraciones de los altos funcionarios de Estados Unidos y las palabras del presidente Uribe y su canciller, es preciso poner atención a exposiciones provenientes de medios militares norteamericanos. Antes de que los acuerdos tomaran alguna forma, en abril de este año, se conoció un informe elaborado por el Comando Aéreo para la Movilidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (AMC). En él examinaban las posibilidades de la base colombiana de Palanquero para los intereses militares de su país y se mencionaban consideraciones, como la siguiente: “Recientemente el Comando Sur se ha comenzado a interesar en establecer un punto para ejecutar operaciones de movilidad (…) El Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, como una localidad de cooperación en seguridad”. Se precisaba, además, que el objetivo no era únicamente la persecución al narcotráfico: “Incluir a Suramérica en la estrategia de ruta global logra dos objetivos: ayuda a materializar nuestra estrategia de compromiso en la región y asiste con la movilidad en la ruta hacia África”.
La posición de varios países del continente en torno a la relación militar entre Estados Unidos y Colombia no resulta entonces sorprendente. Con ocasión de la Cumbre de Países Suramericanos, el 31 de agosto de 2000, los gobiernos de Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela expresaron en aquel entonces su preocupación por la firma del Plan Colombia. Si se tiene en cuenta que el primer año del presente milenio se diferenciaba de la configuración geopolítica actual, se convendrá que ha existido en la región preocupación de los Estados por un tema que trasciende los cambios en los regímenes políticos.
Más allá de esa información, que permite entender que el acuerdo proyectado tiene dimensiones que desbordan el alcance bilateral que se declara, es importante tener en cuenta que en el mundo contemporáneo el desarrollo científico y técnico ha modificado de manera significativa las actividades de carácter militar. Aunque se proclame que su alcance no trascenderá determinadas fronteras, como serían las de Colombia, es indudable que esas acciones pueden sobrepasar esos límites de forma incontrolada, lesionando la soberanía territorial de otros países que no participan en el Acuerdo de cooperación militar.
Nadie puede garantizar que se utilicen de manera oculta los novedosos instrumentos militares para fines diferentes a los que se definan de manera formal. Ni tampoco basta que ondee la bandera nacional o que se diga que las operaciones serán previamente autorizadas por las fuerzas colombianas. Por su desequilibrio en el conocimiento y operación de los elementos técnicos disponibles, en el país no habrá capacidad de ejercer control.
Desde otra perspectiva, se debe tener en cuenta que el conflicto armado interno en el país tiene características tales que sus consecuencias afectan los países vecinos, como lo reconoce el gobierno nacional. A título ilustrativo, basta mencionar los episodios que han tenido como protagonistas a las fuerzas insurgentes o a las mafias paramilitares en los territorios de Venezuela y Ecuador, imponiéndoles a los gobiernos de estos países onerosas cargas por un conflicto que no es el suyo. Además, esas fuerzas irregulares han llegado a violar la soberanía territorial. De igual manera, el conflicto ha provocado fenómenos migratorios y desarticulación de las relaciones económicas fronterizas, que afectan de manera sensible la organización social de la población de las fronteras.
En estas circunstancias, no es posible explicar y justificar la cooperación militar de Estados Unidos con el gobierno colombiano como un asunto sólo bilateral, que responde en forma exclusiva a la voluntad soberana de los dos gobiernos. No está sólo en juego el interés nacional colombiano, como se destaca para alentar nacionalismos, sino el de toda la región y, en especial, el de los países limítrofes.
Este problema debe ser, por consiguiente, materia de debate, de negociación y acuerdo entre los afectados por el conflicto, para examinar, como lo viene impulsando Colombianas y Colombianos por la Paz, dentro de una alternativa humanitaria que abra el camino a una superación del conflicto interno colombiano. Los recursos que exige la guerra podrían tener una destinación diferente, en la dirección del cambio de las situaciones socioeconómicas injustas que representan, en última instancia, las raíces de este prolongado, complejo y difícil conflicto que padece la sociedad colombiana.
EnColombianas y Colombianos por la Pazluchamos por el Intercambio Humanitario e inscribimos nuestros esfuerzos en el horizonte de una superación política del conflicto interno. Condenamos los actos de terror independientemente de los agentes que los propicien sean estos los organismos del Estado o las formaciones de la insurgencia. Rechazamos la pretensión de buscar cambios de la sociedad y del Estado por el camino de la acción armada pero al tiempo auspiciamos iniciativas que desde la sociedad civil conviertan a la Insurgencia en referencia de interlocución y no únicamente la destaquen como objeto de estigmatización y diatriba.
Estamos persuadidos de que la prolongación de la guerra interna en Colombia no sólo descompondrá de manera creciente a los actores directos del conflicto sino que profundizará el envilecimiento moral y político de la vida colectiva.
Nos preocupa que decisiones de algunos gobiernos afecten el empleo de emigrantes nacionales. Aparte de castigar a quienes nada tienen que ver con las actuaciones oficiales, se ofrece una ocasión propicia para que se emprendan inconvenientes campañas nacionalistas, con el ánimo de fortalecer las encuestas de opinión.
Apelamos, por lo tanto, a UNASUR, y en particular a cada uno de los mandatarios nacionales, a reflexionar sobre la situación colombiana, para impedir la posibilidad de que se profundice el conflicto. Este riesgo se derivaría del acuerdo de cooperación proyectado, puesto que traería consecuencias lesivas para la región y los países limítrofes, comprometiendo las soberanías nacionales. Nuestros pueblos tienen el derecho a vivir en paz, bajo condiciones de convivencia dignas y justas.
Se debe fortalecer el diálogo político para evitar la prolongación y profundizar el conflicto mediante el exterminio como única perspectiva, sino de encontrar senderos novedosos para construir la paz. Clamamos por soluciones que eviten un clima de tensión y armamentismo. Se debe buscar una verdadera cooperación con alternativas pacíficas de superación del conflicto armado colombiano. En este sentido, apreciamos que, como lo ha sugerido el Presidente Lula Da Silva, un diálogo constructivo entre UNASUR con el presidente Obama resultaría altamente conveniente.
Confiamos, Señores y Señoras Presidentes de UNASUR, que nuestra voz tenga audiencia en esta prometedora organización de la comunidad de naciones suramericanas.
Con nuestro mayor respeto,
Colombianas y Colombianos por la Paz
Piedad Córdoba Ruíz, Medófilo Medina, Alpher Rojas Carvajal, Olga Amparo Sánchez, Iván Cepeda Castro, Gloria Cuartas, Lisandro Duque Naranjo, Gloria Inés Ramírez, William Ospina, Víctor Manuel Moncayo, Jorge Enrique Botero, Alberto Cienfuegos, Francisco Caraballo, Danilo Rueda, Marck Chernik, Ricardo García Duarte, Florence Thomas, Alfredo Molano B, Luís Fernando Medina, Daniel Samper Pizano, Andrés Felipe Villamizar, Leopoldo Múnera Ruíz, María Teresa Arizabaleta, Ricardo Sánchez A, Álvaro Camacho Guisado, Fabio Morón Díaz, Marleny Orjuela Manjarres, Consuelo González de Perdomo, José Gregorio Hernández, Alfredo Beltrán Sierra, Gabriel Misas Arango, Lilia Solano, Gustavo Gallón Giraldo, Luís Eladio Pérez, Libardo Sarmiento Anzola, Oscar Tulio Lizcano, Carlos Miguel Ortiz, Claudia Rugeles de Jara, Jaime Angulo Bossa, Jimmy Viera, Orlando Beltrán Cuellar, Javier Darío Restrepo, Darío Arizmendi Posada, Ramón Jimeno, David Sánchez Juliao, Hollman Morris, Harold Alvarado Tenorio, Arlene B. Tickner, Vladimir Flores (Vladdo), Marlene Singapur, Alberto Rojas Puyo, Francisco Leal Buitrago, Hernando Gómez Buendía, Efraín Viveros, Consuelo Ahumada, Ricardo Bonilla G, Jairo Maya Betancur, Renán Vega Cantor, Felipe de Brigard, Ricardo Montenegro V, León Valencia A, Raúl Alameda O, Marleny Orjuela, Gladis Jimeno, Fabiola Perdomo E, Deyanira Ortiz Cuenca, Martha Arango de Lizcano, Ángela de Pérez, Yolanda Polanco P, Daniel Pecaut, Gabriel Izquierdo S.J., Fernán González S.J., Oscar Mejía Quintana, Mauricio Rojas Rodríguez, Gelasio Cardona Serna, Carlos A. Rodríguez Díaz, Julio Roberto Gómez, Sergio Pulgarín Mejía, Juanita Barreto G, Blas Zubiría Mutis, Sergio Bustamante, Padre Henry Ramírez Soler cmf, Arnulfo Bayona, Ramiro Galvez, Juan Sebastián Lozada P, Apolinar Díaz-Callejas, Jaime Caicedo T, Ciro Quiroz, Miguel Ángel Herrera Z, Carlos Lozano Guillen, Jorge Gantiva Silva, Carlos Villalba Bustillo, Constanza Vieira, Venus Albeiro Silva, Santiago García, Pepe Sánchez, Patricia Ariza, Carlos Álvarez Nuñez, Víctor Gaviria, Jennifer Steffens, Bruno Díaz, Zulia Mena, Lilia Solano, Julio Silva Colmenares, Arturo Escobar, Rafael Ballén, William García Rodríguez, César Augusto Ayala Diago, Diego Otero Prada, Rubén Darío Florez, Luís Alfonso Ramírez, Fabián Acosta, Alonso Ojeda Awad, Eduardo Gómez, Carlos Villamil Chaux, Fernando Estrada G, Mario Esteban Hernández, Gregorio Alberto Arcila, Moritz Akerman, Pilar Rueda, Marina Gallego, Leonor Esguerra, Luz Helena Sánchez, Clara Elena Cardona, Osana Medina, Deide Olaya, Irma Ortiz, María Eugenia Sánchez, Martha Zapata, Dunia Esther León Fajardo, Olga Lucía Ramírez, Darío Morón Díaz, Santiago Vásquez L, Enrique Santos Molano, Reinaldo Ramírez García, Antonio Ramírez Caro, Cristóbal González, Fabio Velásquez, Darío I Restrepo, Jairo E. Gómez, Daniel Libreros C, Héctor Moreno Galviz, Mauricio Archila Neira, Dora Lucy Arias, Luís Alberto Ávila A, Norma Enríquez R, Orsinia Polanco, Caterina Hayeck, Guillermo Silva, Luís Enrique Escobar, Eduardo López Hooker, Eduardo Carreño, Alexandra Bermúdez, Fernando Arellano, Gabriel Awad, Cristo Rafael García Tapias, Alfonso Santos C, Jorge Lara Bonilla, Miguel Eduardo Cárdenas, Andrés A. Vásquez M, Jaime Calderón Herrera, Álvaro Bejarano, Álvaro Delgado, Álvaro Villarraga, Armando Palau, Juan de Dios Alfonso, Carlos Rosero T, Maria Eugenia Liévano, Gonzalo Uribe Aristizabal, Edgar Martínez C, Esperanza Márquez M, Dídima Rico Chavarro, Danilo Rueda R, Eduardo Franco Isaza, Evelio Ramírez, Alejandra Millar, Patricia Ramírez, Gabriel García B, Gabriel Ruiz O, Germán Arias Ospina, Gustavo Puyo T, Gustavo García, Hernán Cortéz A, Emperatriz de Guevara, Robertina Sánchez, Enrique Murillo, Milena Murillo Sánchez, María Areiza, María de Los Ángeles Moreno, Dian Murillejo, Norma Trujillo, Gloria María Marín, Dolores Carrero, Carlos Julio Forero, César Guarín, Carmen Guarín Uriel Pérez, Cecilia Ramírez, Virginia Franco, Eufracio Beltrán, Marlen Sarmiento, Luís Evelio Pinchao, Myriam de Roa, Janeth González, Paola Callejas, Amanda Rojas, Henry Rosas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Paola Sánchez Rivas, Magdalena Rivas, Silvio Hernández, Olga Lucía Rojas, Gricelda Medina, Víctor Rojas, Carolina Rojas Medina, Rosalba Sierra, María Concepción Chagueza, Janeth Moreno Chagueza, Fernando Romero Romero, Esperanza Estrada, Fanny Martínez, Cielo Erazo, Blanca Mayta de Erazo, Luz Dalia Mora, Andrés Bazante, Trinidad Orjuela, Tiberio Donato, Carmenza Gómez, Jaqueline Donato Gómez, Oliva Solarte, Patricia Trujillo Solarte, Gladiys Duarte, Ruth Amelia Argote, Alfredo Rojas, Susy Abitol Arenas, Alberto Franco, Daniel Lasso, Ivonne González, Jaime Pulido Sierra, Jaime Vasco A, Juanita Bazán A, Luís Eduardo Salcedo, Luís Jairo Ramírez H, Mario Santana, René Antonio Florez C, Sara Leukos, Víctor José Pardo, María Teresa de Mendieta, Silvia Patricia Nieto. Siguen firmas
Ese es el mensaje desde el territorio indígena del suroccidental departamento del Cauca. “Lo que se comenta en la región, y lo que dicen muchos comuneros de esta región, es que el asesinato lo cometieron las FARC, concretamente”, declaró al noticiero de televisión CMI el destacado líder indígena caucano Darío Tote.
Mestizo fue asesinado el martes hacia las 13:30 horas cerca del sitio Santa Rita, resguardo de Tóez, municipio de Caloto, en territorio de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Dos hombres armados y encapuchados lo hicieron apearse de su moto, le amarraron las manos a la espalda, se lo llevaron fuera de la vía. La Guardia Indígena lo encontró boca abajo, con tres balazos en la cabeza.
Las FARC dejaron viuda a Cecilia Escué y sin padre a cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.
Mestizo fue presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda (vecindario rural) La Esperanza Jambaló, coordinador jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y a su muerte integraba el Comité de Investigación del Cabildo, parte de la jurisdicción indígena.
Ante el funcionamiento de laboratorios de drogas de gentes “externas”, y ante la “presencia de actores armados de derecha e izquierda en nuestras comunidades”, que estaban “causando problemas de descomposición social en la población civil”, el 26 de febrero de este año las autoridades indígenas de Jambaló expidieron la Declaratoria de Emergencia Territorial y Humanitaria.
La Declaratoria daba tres días a los dueños de los laboratorios de droga para desalojar voluntariamente el territorio indígena.
Vendría luego una verificación del territorio, por parte de guardias indígenas (Nasakiwe Tegnas), en los sitios donde se sabía del funcionamiento de laboratorios. Si para entonces seguían allí, y si los “actores armados continúan en las viviendas de los comuneros y dentro del territorio, se procederá a realizar una minga pacífica de desalojo”, decía la Declaratoria.
El Parágrafo 1 del artículo sexto de la Declaratoria advertía: “Los milicianos o simpatizantes de los actores armados deben definir si se acogen a los criterios de la comunidad, de lo contrario deben desalojar el Territorio”.
Marino Mestizo estuvo entre los líderes que encabezaron la verificación.
En su recorrido “se encontraron artefactos explosivos ubicados en algunas viviendas de los comuneros, material de fabricación de explosivos, uniformes camuflados y un laboratorio grande de procesamiento de alcaloide sin desalojar”, rezaba un comunicado de la comunidad retransmitido por la ACIN.
Al acercarse al laboratorio, las comisiones “fueron hostigadas con disparos por la guerrilla y por aire sobrevoló una avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana”. Supuestos guerrilleros intentaron quemar el bus de propiedad del Cabildo Indígena de Jambaló, pero la comunidad lo impidió.
El texto consignaba: “continúan las amenazas a las autoridades, a la guardia indígena y a líderes de la comunidad”.
El 3 de marzo, segundo día de la Asamblea Permanente, las comisiones hallaron “artefactos explosivos, tubos de aluminio, laboratorios pequeños ubicados en una vivienda alquilada y una cocina de procesamiento de alcaloide, que en parte fue desalojada por la comunidad”.
“Se siguen presentando sabotajes, por parte de personas inconformes y apáticas al proceso”, agregaba el comunicado divulgado por ACIN.
La Asamblea Permanente reiteró con fecha 6 de marzo “a los dueños de las cocinas o laboratorios instalados dentro del territorio, para que en el término de tres días, contado a partir de la firma y publicación de la presente resolución, desalojen voluntariamente”.
Como miembro del Comité de Investigación del Cabildo de Jambaló, Marino Mestizo estaba investigando a milicianos de las FARC supuestamente comprometidos en las amenazas contra varios líderes luego de que las comisiones de la Asamblea Permanente destruyeron artefactos explosivos y cocinas de procesamiento de coca en Jambaló.
“El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden, otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, dijo una comunera de Jambaló, según la cita el Tejido de Comunicación de la ACIN, “el crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar, no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar”.
Ahora, la Consejería Mayor de la ACIN, en nombre de las autoridades tradicionales de todo el norte del Cauca, se declaró en Asamblea Permanente. Este miércoles se tomaron más decisiones colectivas, “para defender el territorio y la vida”. Estas serán publicadas en http://www.nasaacin.org/
La ACIN hace parte del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca.
Remito a mi lector o lectora a la carta enviada por el CRIC a las FARC el 19 de febrero, y a la que adhirieron Colombianas y Colombianos por la Paz, grupo que lleva un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla y con el ELN, Ejército de Liberación Nacional.
En la misiva a las FARC, motivada por la ejecución de ocho indígenas awá por esa guerrilla, el CRIC resume la razón de las luchas de los indígenas del Cauca: buscan un sistema democrático, un sistema económico que no destruya la naturaleza y una sociedad en armonía.
“No habrá paz para los colombianos y las colombianas, si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos”, resumió entonces el CRIC, pero “no queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. No. Queremos que la guerra termine”.
Departamento de Nariño, sur de Colombia (Foto ACNUR /M.H.Verney)
Si el próximo lunes a las seis de la tarde, hora colombiana (23:00 GMT), la Columna Mariscal Antonio José de Sucre de las FARC no ha indicado el sitio donde están los cuerpos de los ocho indígenas que reconoció haber masacrado; o si las autoridades colombianas no han encontrado sus restos, se activará la Minga Humanitaria por la Dignidad, que irá a buscar a “nuestros hermanos sacrificados para que podamos devolverlos a la Madre Tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.”
Según dijo a esta periodista José Paí, Autoridad del resguardo indígena Tortugaña Telembí, la Minga Humanitaria podría reunir a 10 mil indígenas del país y responsabiliza “tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.”
La Minga exige al gobierno colombiano “las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia”.
La Minga exige a todos los actores armados, legales e ilegales, que se retiren de inmediato del territorio awá, antes del ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y de la Guardia Indígena.
Luego de que el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz, que lleva adelante desde septiembre un Diálogo Epistolar con el Secretariado del Estado Mayor Central, le solicitara a éste el 12 de febrero un pronunciamiento público sobre la matanza, un día después la Columna Sucre reconoció ser perpetradora de las “ejecuciones”.
El sitio web oficial de las FARC reprodujo el comunicado de la Columna Sucre ayer 18 de febrero, lo que interpreto como una aceptación de parte de la comandancia de las FARC sobre la autoría de este crimen de guerra.
A continuación, el comunicado de la Minga Humanitaria:
POR LA DIGNIDAD, LA VIDA YLA DEFENSA DEL TERRITORIO
PUEBLOS INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA
COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
EL PUEBLO INDÍGENA AWÁ, CON APOYO DE LA ONIC, OPIAC, CIT, COORDINACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS EN COLOMBIA, AICO, CRIC, FCAE DENUNCIAMOS QUE LOS AWÁ SIGUEN CAYENDO MUERTOS POR MANOS CRIMINALES.
La Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA-, la ONIC, OPIAC, CIT, AICO, Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia, el CRIC y la FCAE alertan a la comunidad nacional e internacional sobre el recrudecimiento de la grave situación de violación a los derechos humanos, los derechos fundamentales del pueblo indígena Awá de Nariño y las infracciones al DIH.
Dichas violaciones se realizan de manera reiterada por los grupos insurgentes, paramilitares y la fuerza pública a través del minado del territorio, la restricción a la libre movilidad, el asesinato a más de ciento cincuenta indígenas Awá en los últimos 7 años, amenazando y desplazando a nuestros hermanos indígenas de Tortugaña Telembí, Tronquería, Pulgande Palicito, Las Planadas Telembí, El Sande, Maguí y Vegas, bombardeando viviendas, planteles educativos y demás sitios de reunión, realizando detenciones arbitrarias y desarrollando políticas y estrategias para involucrar a la población civil en un conflicto social y armado que no compartimos, no apoyamos, no es nuestro y del cual no participamos ni directa ni indirectamente.
En los últimos días el mundo conoció la masacre de 17 indígenas Awá, responsabilizándose de ella el grupo insurgente de las FARC, quienes de manera cínica reconocieron su responsabilidad en los hechos, justificando este acto de barbarie como una retaliación a la política de seguridad democrática sobre una población indefensa, inerme, aislada y que siempre se ha declarado ajena a la guerra interna que se libra en nuestro país; con el agravante de que las FARC manifiesta abiertamente su desconocimiento a la integridad étnica y cultural de los pueblos indígenas, a la autonomía y jurisdicción de nuestras autoridades tradicionales.
A pesar de las denuncias y encontrándose la población Awá desplazada y concentrada, el día 15 de febrero del año en curso a las 3:15 p.m. fue asesinado el compañero Ernesto Jiménez García en la vereda El Pailón, y en horas de la noche el compañero Claudio Nastacuás a las 10:30 p.m., en el corregimiento Justo Ortíz - El Diviso (municipio de Barbacoas). Los dos compañeros pertenecían a los resguardos de Alto Ulbi Nunalbi y Maguí. A la vez que se detectó la presencia de personas de civil que realizan labores de inteligencia, seguimiento y que no se han identificado de pertenecer a ningún organismo oficial como tampoco son conocidos de la zona.
Hoy, después de quince días de la masacre, vemos con gran preocupación que las autoridades militares y judiciales no han mostrado resultados frente a la búsqueda de los cuerpos de nuestros hermanos asesinados, como tampoco el gobierno ha facilitado los espacios humanitarios para atender a la población confinada y a los huérfanos. Por el contrario, pretenden aprovechar el infortunio para que las autoridades indígenas los apoyen en su persecución a los grupos insurgentes, haciendo prevalecer la lógica de la
guerra ante las acciones humanitarias que dicta el derecho internacional en estos casos.
Frente a la crisis humanitaria del pueblo indígena Awá, los firmantes de este documento exigimos tanto a las FARC como al gobierno nacional y damos un ultimátum para que a más tardar el lunes 23 de febrero de 2009 a las 6:00 p.m. entreguen a nuestras autoridades indígenas los cuerpos de nuestros hermanos sacrificados, para que podamos devolverlos a la madre tierra tal y como lo dictan nuestros usos y costumbres.
De lo contrario iniciaremos la Minga Humanitaria por la dignidad y la búsqueda de los cuerpos, responsabilizando tanto al gobierno nacional como a las FARC de lo que pueda suceder.
Exigimos a los actores armados legales e ilegales que desocupen inmediatamente el territorio del pueblo Awá previo al ingreso de la comisión de autoridades tradicionales y guardia indígena, y al gobierno nacional que realice las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar el acompañamiento de un equipo técnico internacional experto en desactivado de minas, ya sea de Bolivia, Ecuador o Brasil, pues no aceptamos el acompañamiento de las fuerzas militares de Colombia por las razones expuestas anteriormente.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, para que nos solidaricemos.
¡¡POR LA DIGNIDAD, LA VIDA YLA DEFENSA DEL TERRITORIO PUEBLOS
INDÍGENAS UNIDOS EN MINGA DE RESISTENCIA!!
Unidad Indígena del pueblo Awá – UNIPA
Federación de Centros Awá del Ecuador - FCAE
Autoridad del Gobierno Indígena Nacional ONIC
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - OPIAC
Autoridades Indígenas de Colombia - AICO
Confederación Indígena Tayrona - CIT
Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC
Coordinación de Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia
Uribe sigue “dialogando” con el Diálogo Público Epistolar. Señal que cabalgamos.
Primero, un comunicado del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, dando cuenta del éxito de las liberaciones de la semana pasada; y una carta personal de Alfonso Cano, comandante de las FARC, a la senadora Piedad Córdoba, por cuya iniciativa se inició en septiembre el Diálogo Público Epistolar: faltaban ambos documentos en este blog, dentro de la “colección” de misivas que ha suscitado ese cruce de cartas entre Colombianos por la Paz y la guerrilla.
Ambos textos, que reproduzco debajo, fueron entregados en un CD a Córdoba el pasado 5 de febrero, día de la liberación unilateral del ex diputado (legislador regional) Sigifredo López.
Cano recuerda que el canje incluye a Simón Trinidad y a Sonia, guerrilleros que cumplen condenas en Estados Unidos, tras ser extraditados por el presidente Álvaro Uribe.
Trinidad fue sentenciado por una corte estadounidense a 60 años de prisión el 28 de enero de 2008 por “conspiración para la toma de rehenes”, y no por narcotráfico, como afirmó Uribe este jueves.
Sonia sí fue condenada por narcotráfico -a 16 años y medio de cárcel.
Le tendieron una trampa, me contó una amiga suya en el primoroso poblado de Cristales, de calles arboladas a la orillas del río Caguán. El nombre Cristales sonó el domingo 1 de febrero, pues por ahí cerca fue el “punto X” de la liberación de tres policías y un soldado, y que estuvo a punto de fracasar porque las tropas de Uribe se interpusieron.
Me imagino que Sonia manejaba el “impuesto” a la compra venta de pasta base en ese sector. Una narcotraficante apodada “La Mona” –no es difícil atinar a cambio de qué- pactó con la fuerza pública para citar a Sonia cerca de Cristales. El resto es historia. Me pregunto si la mujer que testificó contra Sonia en Estados Unidos es esa misma “La Mona”.
El embajador estadounidense en Colombia, James Brownfield, dijo el miércoles que Simón y Sonia “van a servir sus sentencias de acuerdo con la ley de los Estados Unidos. Si en algún momento alguien quiere proponer algo específico y concreto, por supuesto vamos a escucharlo”. “El gobierno que represento yo quiere participar en cualquier solución” relacionada con la libertad de los 22 militares y policías que las FARC proponen intercambiar por sus guerrilleros presos.
También el miércoles, el obispo de Montería, Julio César Vidal, dijo a Caracol Radio que Cano “es una persona intelectual con la capacidad de entender que el conflicto armado en Colombia impide el desarrollo del país”.
Vidal fue designado por el Episcopado católico colombiano para acompañar -y validar en su momento- las negociaciones del gobierno de Uribe con los narcotraficantes jefes de grupos paramilitares.
Con anterioridad, el obispo Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, había dicho que la Iglesia católica está “haciendo todo lo posible por entrar en contacto con él (con Cano) y con todo el secretariado”, para buscar el acuerdo humanitario.
Uribe se les fue hoy a su propia sede a los curas y dijo ante 90 prelados: “El único acuerdo humanitario que se acepta es que liberen unilateralmente y de inmediato a todos los secuestrados y que cesen los actos de violencia y que hagan la paz”. Suena fácil. Pero es tan irreal como que su gobierno se niegue a reconocer que en Colombia hay una guerra.
Sobre los comentarios de Brownfield, Uribe señaló que ambos están en cárceles estadounidenses “por narcotráfico y no por sedición ni insurgencia” y los comparó con los 14 jefes paramilitares con quienes él negoció y a quienes luego extraditó, en plena etapa de confesión de sus crímenes ante la Fiscalía.
Córdoba viaja en un mes a Estados Unidos a atender la otra cara de las liberaciones de la semana pasada: va a visitar a Trinidad y Sonia, y a hacer propuestas.
Yo no veo a estos dos guerrilleros como a unos “inamovibles” (así los calificó el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo hoy).
Alguien tiene que desenredar el enredo que armó Uribe. Quien atraviesa inamovibles, por ahora, es él.
Recuerdo las palabras de George W. Bush sobre el presidente colombiano, el 22 de julio pasado: “El presidente Uribe ha hecho todo lo que le hemos pedido que haga, y más”. Lo que no sabemos es a cambio de qué.
COMUNICADO
1. Al liberar unilateralmente a seis prisioneros en nuestro poder, hemos honrado nuestra palabra y el compromiso asumido ante “Colombianos por la Paz”. Aspiramos que este nuevo gesto contribuya a desbrozar el camino hacia el acuerdo de canje obstruido por el gobierno. Colombia entera desea celebrar mediante acuerdo bilateral la liberación de los prisioneros de guerra recluidos tanto en las cárceles del régimen como en las montañas.
2. Agradecemos al gobierno del Brasil, a su presidente Lulla Da Silva, su fundamental apoyo logístico en el desenlace feliz de este suceso humanitario. Nuestro reconocimiento también al concurso internacional. A “Colombianos por la Paz”, nuestra voz de aliento y nuestro llamado a persistir en la búsqueda colectiva de una salida política al acuerdo humanitario y al crucial problema de la guerra y de la paz.
Secretariado del Estado Mayor Central, febrero 4 de 2009
Febrero 5 de 2009 Senadora:
Por encima de los obstáculos, calumnias y provocaciones oficiales, cumplimos.
Le reitero nuestros inmensos reconocimientos a su compromiso por la convivencia democrática, igual que a Colombianos por la Paz.
Al gobierno del Brasil y al CICR, nuestro agradecimiento.
Debemos persistir en la búsqueda de los acuerdos sin olvidar ni un momento a Simón, Sonia y a todos nuestros presos.
El presidente Álvaro Uribe lanzó oficialmente el sábado el “bloque intelectual de las FARC”, que no figuraba en las cuentas de ningún experto en la guerra colombiana.
Para el mandatario, aunque no lo nombró, eso sería el movimiento Colombianos por la Paz, que la semana pasada consiguió que un soldado pueda seguir combatiendo a la guerrilla, y que tres agentes de Policía retornen a su lucha contra el secuestro.
“Grupo de intelectuales por la paz”, ha venido llamando la prensa a esta confluencia de 150 intelectuales, académicos, artistas, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos, líderes sociales, políticos, deportistas y ex rehenes de las FARC, que en septiembre propusieron un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla.
Colombianos por la Paz es respaldado hoy por 180 mil firmantes. Ahora, el diálogo por carta se inicia también con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).
Según Uribe, “el ‘bloque intelectual’ de las FARC defiende a las FARC simplemente hablando de paz”.
Los integrantes de ese “bloque” se dedican a advertir en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC), “a toda hora viven hablando de derechos humanos simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías”, paralizan la Seguridad Democrática “con el cuentico de su paz y con la acusación a las Fuerzas Armadas, permanente”, y lideran la “exaltación del terrorismo”, según el mandatario.
“No vamos a permitir ahora que el ‘bloque intelectual’ de las FARC nos desoriente con un discurso de paz que finalmente fortalezca al terrorismo”, dijo Uribe, y advirtió: “Nos toca dar esta batalla en todo el país”.
Lo que sigue es el aparte del discurso de Uribe el sábado en Villavicencio, capital del central departamento del Meta, ciudad donde también habló Alan Jara el martes, tras su liberación. Los ex rehenes Jara y Sigifredo López (liberado el jueves) pidieron ingreso a Colombianos por la Paz en sus primeras intervenciones públicas.
La trascripción es de Presidencia de la República.
“Mire compatriotas, ustedes sí que lo han vivido en el Llano. La seguridad no nace de apoyar a las Farc en nombre de la paz, la seguridad nace de combatir a los terroristas.
“El ‘brazo intelectual ‘de las Farc durante muchos años justificó a las Farc, entonces crecía las Farc. A ustedes aquí en el Meta no los protegían, los secuestraba las Farc, los mataban, como en todas las regiones de Colombia.
“Entonces, el ‘brazo intelectual’ de las Farc la justificaba, y no había política de seguridad, sino que el país entretenido esperando un diálogo con las FARC.
“Y mientras el país lo entretenían esperando ese dialogo, y el brazo intelectual justificaba a las Farc, las Farc crecían y mataban a mas colombianos y secuestraban a mas colombianos.
“Y vinieron los paramilitares, y ustedes saben lo que vivimos. Ustedes saben lo que es tener un departamento atrapado entre guerrilla y paramilitares, y todavía tenemos bandas de narcotráfico que con ‘Cuchillo’, con el ‘loco Barrera’ y tenemos al señor (Jorge) Briceño de las Farc, y al otro, ‘Jhon 40’, y compañía-
“No estamos en el paraíso, esa culebra todavía sigue viva.
“Yo qué le digo a los compatriotas: insistamos en la Seguridad Democrática, es el único camino que conduce a la paz, por eso se han desmovilizado 13 mil de la guerrilla.
“No nos dejemos ahora distraer. La guerrilla, mientras secuestra y asesina y pone carro bombas, se quiere vestir con el manto de la paz.
“No vamos a permitir ahora que nos engañen. La guerrilla tratando de desorientar, produce sangre, pero habla de paz. No vamos a permitir eso, compatriotas.
“No vamos a permitir ahora que el ‘bloque intelectual’ de las Farc nos desoriente con un discurso de paz, que finalmente fortalezca al terrorismo. Y nos toca dar esta batalla en todo el país.
“El ‘bloque intelectual’ de las Farc es muy hábil. En el pasado en Europa decían: ‘es que las Farc se justifican, porque Colombia es un país muy injusto, en Colombia no hay democracia’, sabiendo que ellos le enseñaron a este país y le enseñaron a los paramilitares, a asesinar alcaldes, a presionar gobernadores, a eliminar la democracia, y sabiendo que ellos causaron más y más pobreza, por que ellos y los paramilitares fueron los grandes artífices de los desplazamientos en Colombia, de la generación de desempleo, de la ausencia de inversión.
“Y se escudan en otra cosa: a toda hora viven hablando de derechos humanos, simplemente para atemorizar a nuestros soldados y policías.
“Toda violación de los derechos humanos la sancionamos, pero lo que no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentico de su paz y con la acusación a las Fuerzas Armadas, permanente, nos paralicen la política de Seguridad Democrática, como lo hace el ‘bloque intelectual’ de las Farc.
“Ahora, a mí me dicen: Presidente, que no tenga lenguaje pendenciero, que mucho cuidado. Entonces yo pregunto: ¿no damos esta batalla?, ¿dejamos entonces que el país vuelva a la desorientación que conduce a la exaltación del terrorismo, liderada por el ‘bloque intelectual’ de las Farc? No caigamos en esa trampa.
“Ahora, la política de seguridad tiene que ser imparcial. Compatriotas, llevamos seis años y medio del Gobierno, seguramente hemos cometido muchos errores como obra humana que somos, pero hemos combatido a todos los terroristas por igual.
“Aquí está la primera Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, sabe que desde la hora cero nuestra decisión fue combatir por igual a la guerrilla y a los paramilitares, y ustedes han visto los resultados. Un país que estaba en manos de guerrilla y paramilitares, los hemos combatido por igual.
“Y entonces, el ‘bloque intelectual’ de las Farc lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: ‘cuidado, Uribe es paramilitar, no le aprueben a Colombia el TLC que Uribe es paramilitar y violador de derechos humanos’.
“El ‘bloque intelectual’ de las Farc se estrella contra los hechos, porque este es el Gobierno que le ha devuelto a Colombia confianza para denunciar. La gente no denunciaba aquí por miedo.
“Este es el Gobierno que le da la cara a la opinión pública para enfrentar cualquier violación de derechos humanos, y que no le tiembla la mano para sancionarla.
“Y entonces el ‘bloque intelectual’ de las Farc dice en todas partes: ‘Uribe paramilitar’, cuando el Gobierno que presido lleva seis años y medio, con toda la devoción patriótica, combatiendo por igual a los paramilitares y a la guerrilla.
“Es el Gobierno que ha desmontado el paramilitarismo. Es que hoy el señor ‘Cuchillo’ no es paramilitar, simplemente narcotraficante.
“¿La palabra paramilitar de donde surgió? Se utilizó para denominar bandas privadas criminales, cuyo objetivo era combatir la guerrilla. Hoy, el Estado ha recuperado el monopolio para combatir a los delincuentes.
“Por eso afirmamos, mirando al mundo a los ojos, porque tenemos fuerza en nuestra conciencia, que Colombia ha superado el paramilitarismo.
“Ahora, el ‘bloque intelectual’ de las Farc no se atreve a defender a las Farc de frente; el ‘bloque intelectual’ de las Farc es muy hábil, muy astuto, no se atreve a combatir a fondo la política de Seguridad Democrática; el ‘bloque intelectual’ de las Farc defiende a las Farc, simplemente hablando de paz.
“El ‘bloque intelectual’ de las Farc ha sido parcializado. Hay que ver qué rabia contra el paramilitarismo. Todo aquel que piense distinto a como piensa el ‘bloque intelectual’ de las Farc, lo calumnian de paramilitar.
“Eso sí, al ‘bloque intelectual’ de las Farc no se le oye una queja cuando estalla un carrobomba en Arauca, o un carrobomba en Cali, o un carrobomba en Bogotá.
“No permitamos que vuelvan a engañar al país.
“Firmes en la política de Seguridad Democrática. Donde haya errores los corregimos, y donde haya faltantes allá llegamos. Estaremos firmes”.
El Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo presentó su renuncia hoy. Es la segunda vez en los seis años y medio de gobierno de Álvaro Uribe que una renuncia de Restrepo trasciende, de muchas que no han sido conocidas por la opinión pública. Ya veremos si esta vez el presidente se la acepta.
Esta mañana, Restrepo dispuso un cordón policial en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, para impedir que los periodistas cubrieran la salida de los helicópteros puestos por Brasil para traer a casa al ex gobernador del Meta, del cual Villavicencio es capital.
También decidió que, a la llegada de Alan Jara, habría una rueda de prensa en el Club Meta, en coordinación con la gobernación del Meta. Dijo que el presidente Uribe fijó “unos criterios muy claros” y que había necesidad de guardar discreción, para preservar las liberaciones. Y que por ello tampoco habría ingreso de los medios de comunicación a la plataforma del aeropuerto a donde llegaría la misión con el liberado ex gobernador Alan Jara, ni contacto con él antes de la rueda de prensa, “por razones de seguridad”.
Los 150 periodistas estaban furibundos: ¿Cómo así que los ojos del mundo son peligrosos?
De pronto, Restrepo desapareció y lo reemplazó el general Óscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional.
¡El general reemplazó en sus funciones al comisionado de paz….!, por lo menos en el Vanguardia.
Luego se informó que Restrepo, psiquiatra de profesión, regresó a sus cuarteles en Bogotá.
Naranjo levantó las restricciones que había impuesto Restrepo al cubrimiento, y permitió el acceso de los medios al aeródromo. La fiesta de la libertad pudo llegar al planeta.
El precio: un comentario del general, atacando a Hollman Morris, corresponsal de Radio Francia Internacional y Al Jazeera aunque censurado en la práctica en Colombia, por haber buscado la noticia en la mismísima fuente. Es decir, por haber estado en el Caguán con las FARC el domingo, al tiempo con la liberación de tres policías y un soldado.
En sus ataques a Morris, el gobierno omite que fue a causa de los obstáculos que impuso el presidente Álvaro Uribe que la misión se retrasó.
Y que las liberaciones probablemente se hubieran podido realizar a mediados de enero, caso en el cual Morris quizá no habría alcanzado a coincidir con ella en el Caguán, o quizá sí.
Adentrarse al Caguán en guerra no es cosa de decir “llego mañana”.
Hay que obtener “visa”, viajar mínimo por tierra, lancha y mula, y a pie, cargando equipo. Y esperar y esperar.
Si el presidente Uribe no quiere periodistas en el “punto X” en las próximas liberaciones que vamos a lograr, por parte de Colombianos por la Paz y a través del Diálogo Público Epistolar con las Farc y el ELN, entonces que autorice la misión humanitaria de inmediato, apenas la senadora Piedad Córdoba se la plantee. Así, el gobierno estará más cerca de garantizar que los periodistas no alcancemos a llegar.
El presidente Álvaro Uribe canceló la participación de Colombianos por la Paz en las liberaciones que estaban programadas para este lunes y el miércoles próximo.
“Se autoriza exclusivamente al Comité Internacional de la Cruz Roja y a su apoyo logístico de Brasil a recoger a Alan Jara y a Sigifredo López”, dijo Uribe tras una sesión de testimonios de los cuatro miembros de la fuerza pública liberados este domingo a través de las gestiones de ese grupo de intelectuales, artistas y periodistas que adelantan un diálogo público epistolar con la guerrilla.
Cuando anunciaron la liberación de seis personas, cuatro de ellas hoy, las FARC expresaron a Colombianos por la Paz que el acompañamiento del CICR es “insuficiente”.
Los policías Walter José Lozano Guarnizo, Juan Fernando Galicia Uribe y Alexis Torres Zapata, y el soldado profesional William Giovanni Domínguez Castro fueron presentados a la prensa en la sede presidencial con los uniformes de las unidades a las que pertenecían antes de ser apresados por las FARC.
El gobierno previamente canceló una rueda de prensa que había anunciado, para cuando fueran liberados los uniformados. Tampoco hubo rueda de prensa en Villavicencio, cuando llegó el helicóptero de la libertad.
Dos de los liberados dieron a entender, de manera confusa, que dos periodistas que los entrevistaron en la región del bajo río Caguán, en el departamento del Caquetá, antes de que llegara al lugar la misión encabezada por la senadora Piedad Córdoba, habrían pactado las preguntas con las FARC.
Un uniformado ahora liberado mencionó al periodista Hollman Morris, director del programa televisivo Contravía, y a un enviado especial del semanario comunista Voz, que dirige Carlos Lozano.
Morris y Lozano son también firmantes del diálogo público epistolar.
Los enviados de Contravía y de Voz llegaron por sus propios medios al lugar designado por las FARC para entregar a los cuatro cautivos, señaló el uniformado. El CICR se opuso a llevarlos de regreso a Villavicencio en los helicópteros de la misión humanitaria, contó.
A su vez, el presidente Uribe atribuyó a las FARC el ataque con un carro bomba en la occidental ciudad de Cali, que estalló poco antes del inicio de la presentación de los liberados en la sede de gobierno, hacia las 22:45 hora local (03:45 GMT), con un saldo de dos muertos.
Mientras, en Villavicencio continuaba una reunión a puerta cerrada entre el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, la senadora Córdoba, la dirigente feminista Olga Amparo Sánchez y el periodista Daniel Samper.
Los tres últimos, junto con el periodista Jorge Enrique Botero, acudieron al “punto X” a recoger a los uniformados que hoy liberó la guerrilla.
En la reunión entre Restrepo y la misión se discute sobre las imágenes y grabaciones de sonido logradas por Botero, quien mencionó constituyen pruebas fehacientes de que hubo falta de garantías por parte del gobierno.
A su llegada a Villavicencio, Botero y Sánchez describieron sobrevuelos continuos durante dos horas, perseverantes y circulares alrededor del sitio donde se encontraba la misión, que estuvieron a punto de hacerlos retornar sin los liberados.
“Hubo vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana. Esos vuelos respetaron las alturas mínimas en el área autorizada. No hubo operaciones militares ofensivas”, declaró Uribe al respecto.
El audio, según Botero, muestra que los militares conocían las coordenadas exactas del “punto X”.
Esa información fue entregada por la senadora Córdoba a los tripulantes de la Fuerza Aérea del Brasil y al CICR cuando los helicópteros facilitados por el gobierno de ese país para la operación ya estaban en vuelo.
El caso es que en el “punto X”, fijado por las FARC, había tropa cuando los helicópteros arribaron.
Además, Restrepo reclamó sobre un informe en directo que hizo Botero al canal multiestatal Telesur, con sede en Caracas.
Durante el informe habló al aire un guerrillero, que dijo que durante la caminata hacia el “punto X” había habido “contactos” (enfrentamientos bélicos), con saldo de un guerrillero muerto y otro desaparecido, aparentemente capturado por el ejército.
En uno de los testimonios en la sede presidencial, un uniformado aseveró que se trata de una mentira. En sus declaraciones, los recién liberados subrayaron que la guerrilla es perseguida sin cuartel por toda la selva, por parte el ejército.
Uribe aseveró que “la necesidad humanitaria de liberar a los secuestrados ha sido utilizada, en contra de lo acordado, en incitación y estímulo al grupo secuestrador, narcotraficante y terrorista de las FARC”, y luego dejó por fuera de la labor humanitaria a Colombianos por la Paz.
En la Plaza de Bolívar de Bogotá se desarrolla desde la medianoche del sábado, y hasta el miércoles 4 de este mes, una maratónica vigilia paralela a las liberaciones logradas en el marco del Diálogo Público Epistolar.
La jornada es coordinada por el laureado periodista colombiano Herbin Hoyos, director del programa radial “Las Voces del Secuestro”, que hace más de 15 años acompaña a los secuestrados en Colombia transmitiendo en directo mensajes de las familias y amigos, cada sábado a partir de la medianoche.
Hoyos es un ídolo entre los secuestrados y liberados, y el único periodista del mundo que quiere que su programa cierre lo más pronto posible: “el día en que no quede ni un solo secuestrado en Colombia”, suele repetir.
Ahora, Hoyos y su equipo se propusieron recolectar durante 90 horas mensajes de aliento a los secuestrados, no sólo de familiares sino de personas en Colombia y alrededor del mundo.
Poco después de las 13 horas, Caracol Radio reportó que Hoyos ya ha recibido 40 mil mensajes de apoyo.
“Nos tienen encerrados hace una hora en un cuarto mínimo, un corredor largo de poco más de un metro de ancho por unos seis metros. Estamos aquí 14 personas miembros de Colombianos por la Paz”, advirtió telefónicamente a esta corresponsal el analista Alpher Rojas desde el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, capital del departamento del Meta.
Rojas es firmante del Diálogo Público Epistolar con las FARC, en el marco del cual se logró el compromiso de esa guerrilla de liberar a seis personas, en una delicada operación prevista entre hoy y el miércoles.
Son ellos el soldado profesional William Domínguez y los agentes de policía Juan Fernando Galicia, José Walter Lozano y Alexis Torres, el ex gobernador del Meta Alan Jara y el ex diputado (legislador regional) del occidental departamento del Valle del Cauca, Sigifredo López.
El intelectual Rojas agregó que en el estrecho espacio “también están el hijo de Alan Jara y Consuelo González de Perdomo”, liberada por gestiones de la senadora liberal Piedad Córdoba y el presidente venezolano Hugo Chávez hace un año.
El Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo había llegado con anterioridad a un acuerdo con Córdoba y Colombianos por la Paz, en el sentido de que la representación ciudadana iba a esperar en la plataforma a los cuatro uniformados que están siendo liberados este domingo.
Debido al ardiente clima de Villavicencio, el calor en el “corredor” es insoportable, comentó Rojas.
Durante toda la mañana se ha desarrollado en el aeropuerto de Villavicencio un forcejeo entre el gobierno de Álvaro Uribe y una comisión de 14 personas de Colombianos por la Paz, el grupo de intelectuales, artistas y periodistas al cual la guerrilla de las FARC le entregan hoy a cuatro uniformados cautivos de esa guerrilla.
El gobierno parece estar incumpliendo acuerdos que Colombianos por la Paz creyeron haber logrado anoche sábado, de permitir que dicha comisión reciba a los liberados en la plataforma del aeropuerto Vanguardia, de esa capital del central departamento del Meta.
“El gobierno colombiano no quiere el acto simbólico de que Colombianos por la Paz los reciba, como sociedad civil”, dijo a esta corresponsal una integrante del grupo.
Lo que pretenden es “saludarlos, entregarles unas flores. Que Piedad (Córdoba) y el CICR se los entreguen a la sociedad civil”, señaló, tras recordar que en estas liberaciones “el gobierno no tiene nada que ver”, por tratarse de una gestión en el marco del Diálogo Público Epistolar, que el presidente Uribe ve como una amenaza.
Sin embargo, Alfredo Rangel, asesor del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, atribuye esta liberación a la presión militar del gobierno contra las FARC.
Caracol Radio anunció que hacia las 12:05 horas (17:05 GMT) estarían aterrizando los helicópteros de la misión humanitaria en el Vanguardia.
Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para
la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil
y la
acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército,
paramilitares,
narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y
prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas,
el
ambiente, el proceso político legal, la relación con países
vecinos, la
cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal
de esta
periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche
Welle, Water
Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.
Los mandatarios de la Unión Suramericana de Naciones están reunidos este viernes en Bariloche, Argentina, para discutir el pacto del presidente colombiano Álvaro Uribe con el Pentágono, que abre todas las bases colombianas -y no sólo siete como nos han dicho- al uso de las tropas estadounidenses. El sólo hecho de la cumbre de UNASUR demuestra qué tan perdida está la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, cuando pretende que “este acuerdo no les incumbe a otros países”. 
Ese es el mensaje desde el territorio indígena del suroccidental departamento del Cauca. “Lo que se comenta en la región, y lo que dicen muchos comuneros de esta región, es que el asesinato lo cometieron las FARC, concretamente”, declaró al noticiero de televisión CMI el destacado líder indígena caucano Darío Tote.
Jambaló, coordinador jurídico del Cabildo Indígena de Jambaló y a su muerte integraba el Comité de Investigación del Cabildo, parte de la 
“El ejército y la guerrilla, ambos nos matan, unos se esconden, otros se camuflan. Debemos fortalecer la guardia indígena en nuestro resguardo porque ellos son los que deben hacer el control territorial”, dijo una comunera de Jambaló, según la cita el Tejido de Comunicación de la ACIN, “el crimen de este compañero no se puede quedar en la impunidad. Nosotros debemos alzarnos en una acción conjunta con los cabildos del norte del Cauca, para defender nuestro territorio. Luchar, no con armas como lo hacen ellos, porque aunque nos maten a todos amarrados no nos vamos a desplazar”.
Desplazadas Awá en Inda Sabaleta