Manifiesto «Contra la barbarie cotidiana»
02 de febrero de 2008
«El rostro de los secuestrados y el de las víctimas de otros crímenes atroces es la imagen especular de nuestra inacción. Si la idea de la humanidad todavía tiene sentido para nosotros, debemos cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos en Colombia», dice el párrafo final del manifiesto «Contra la barbarie cotidiana», publicado el 31 de enero en el diario francés «Libération», y el 30 en el diario belga «Le Soir».
Lleva las firmas, entre otros, de Noam Chomsky, Orlando Fals Borda, Juan Gelman, Laura Restrepo, Juan Manuel Roca, Jota Mario Arbeláez, Boaventura de Sousa Santos, Philippe Texier, Alain Touraine, … y más nombres, provenientes de Alemania, Gran Bretaña, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Salvador, España, Suiza, Venezuela, Uruguay, Turquía, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Suecia, Portugal, Perú, México, Italia y Guinea Bissau.
El llamamiento condena el secuestro y el juego táctico de la guerrilla y el gobierno en torno a rehenes y prisioneros de guerra; la desaparición forzada; el desplazamiento forzado; la irresponsabilidad del gobierno colombiano al negarse a reconocer que existe un conflicto armado para no aplicar el Derecho Internacional Humanitario, y su aceptación tácita de la connivencia paramilitares-narcotráfico-fuerza pública; la incapacidad de la justicia de traducir a hechos concretos los principios de verdad, reparación integral y de no repetición. La intervención militar estadounidense que permite que continúe “una guerra que ha atravesado todas las fronteras de lo inhumano” y el silencio de la Unión Europea, que “no cesa de cerrar los ojos frente a esta tragedia humanitaria, en nombre de intereses económicos que no son discutidos públicamente”.
Exigen “que las FARC liberen inmediatamente y sin ninguna condición a todos los secuestrados civiles en su poder, bien sea por motivos económicos o políticos”, pues los civiles no pueden ser objeto de canje alguno.
El gobierno, agregan, debe hacer un gesto de responsabilidad equivalente, abandonar definitivamente la hipótesis de un rescate militar y sentar las bases de un acuerdo humanitario que permita el intercambio inmediato de prisioneros (guerrilleros encarcelados contra policías y militares).
La comunidad internacional debe por su parte garantizar “la continuidad irrevocable” y el fortalecimiento de la oficina de la ONU para los derechos humanos en Colombia; la Unión Europea debe enviar un delegado permanente para reforzar la labor diplomática por el acuerdo humanitario; y desarrollar mecanismos para obligar al Estado colombiano a dar garantías efectivas a las organizaciones que han entablado acciones frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como reconstruir la independencia de la rama judicial.
“Al pueblo colombiano le corresponde definir la vía política que le permita reencontrar la justicia social y rechazar las diversas formas de violencia que tienen lugar en su territorio”, señalan.
He aquí el texto en español:
Contra la barbarie cotidiana
Nosotros, intelectuales y ciudadanos progresistas, comprometidos con la democracia y con la justicia social, que deseamos el surgimiento de sociedades libres de todas las formas de violencia (política, económica, social, cultural) y defendemos el derecho de los pueblos a construir alternativas frente a los peligros de un capitalismo sin límites; nosotros, que amamos Colombia para vivir en ella cada día; nosotros, que de ella hemos huido; nosotros que en ella tenemos amigos o que sólo la conocemos a la distancia; nosotros, deseamos expresar nuestro dolor y nuestra vergüenza frente a los secuestrados y, por medio de ellos, frente a la tragedia humanitaria colombiana, que oprime a la población civil y niega los principios más elementales de la dignidad humana.
1. Expresamos nuestra condena total a la práctica del secuestro, realizada por las FARC, las otras guerrillas, los paramilitares, algunos miembros de la fuerza pública y la delincuencia común. El secuestro es en sí mismo un crimen atroz, que conduce al agotamiento físico y a la muerte social de las personas afectadas. Además, debido a las condiciones de insalubridad en las que sucede y a la intensificación del conflicto, expone a estas personas definitivamente a la muerte. Nada, absolutamente nada, puede justificar esta práctica. Tampoco los otros crímenes (atentados, amenazas, asesinatos, masacres) cometidos contra la población civil, por parte de grupos armados ilegales o por miembros de las fuerzas armadas y de policía, cuyas estrategias exclusivamente guerreristas los han conducido a desvirtuar su proyecto político y ético inicial.
2. Condenamos con igual fuerza las actitudes irresponsables e inaceptables del gobierno colombiano en relación con: su rechazo al reconocimiento del conflicto armado y a la consecuente aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario, el sufrimiento que le ocasiona a las familias de los secuestrados anunciando continuamente las operaciones militares de rescate, los insultos y las acusaciones dirigidos a la oposición democrática que los convierte en objetivo potencial o real de los grupos paramilitares, la aceptación tácita de la connivencia entre éstos, los narcotraficantes y los dirigentes políticos en un contexto donde la justicia es incapaz de traducir concretamente a los principios de verdad, reparación integral y de no repetición.
Finalmente, resaltamos el fracaso de la política de “seguridad democrática”, incapaz de garantizarle la vida a los más desprotegidos socialmente, con la cual se intenta legitimar todas las acciones gubernamentales mediante el recurso a la “guerra contra el terrorismo”.
3. Condenamos además las políticas de algunos miembros de la Comunidad Internacional, en particular las del gobierno de los Estados Unidos que, con los Planes “Colombia”, “Patriota” y “Consolidación”, le suministran al gobierno colombiano los medios militares y financieros para que continúe con una guerra que ha atravesado todas las fronteras de lo inhumano.
Por su parte, la Unión Europea no cesa de cerrar los ojos frente a esta tragedia humanitaria, en nombre de intereses económicos que no son discutidos públicamente, como sucedió en los últimos días con las negociaciones con la Comunidad Andina de Naciones.
La crisis humanitaria en Colombia se perpetúa, como lo demuestran los informes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Es necesario recordar que Colombia tiene más de 3.000 personas secuestradas – de las cuales un poco menos de un tercio está detenida por las FARC [Fuente: Las Voces del Secuestro] –, 30.000 víctimas de desaparición forzada – esencialmente por la acción de grupos paramilitares [los desaparecidos son personas brutalmente separadas de su vida cotidiana, a menudo torturados y cuyos cuerpos no son devueltos a sus familias. Borrados de la noche a la mañana de la sociedad, son objeto de una doble negación: por parte del poder existente, que niega esta realidad; por parte de la opinión pública internacional, que no tiene conocimiento de esta situación. Fuente: Fidh] –, y 3,9 millones de desplazados?
¿Hay que recordar que, junto con Sudán, tiene el mayor número de desplazados en el mundo, que 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y que es el escenario de injusticias sociales y culturales insoportables?
Por estas razones, llamamos a una movilización inmediata de todas las voces democráticas, en Colombia, Latinoamérica, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, para contribuir a la liberación de los secuestrados y a la realización del acuerdo humanitario, etapas necesarias en la construcción de una solución no violenta y negociada del conflicto armado.
Con este propósito, nosotros demandamos públicamente:
1. Que las FARC liberen inmediatamente y sin ninguna condición todos los secuestrados civiles en su poder, bien sea por motivos económicos o políticos. Es necesario precisar que por estos últimos no se pide ninguna recompensa, no deben ser objeto de un intercambio humanitario como si fueran combatientes y su vida es responsabilidad exclusiva de sus captores. Frente al dolor de los familiares, las FARC deben tener una mínima coherencia con su propuesta política y ética, y crear las condiciones para su liberación. De lo contrario, su lucha pierde todo sentido. Si hasta ahora se ha supuesto que este gesto debe constituir una contrapartida al acuerdo humanitario, nosotros consideramos que debe anticiparlo: los videos y las cartas recientes de los secuestrados políticos son un llamado desesperado para tomar medidas inmediatas. Esta exigencia de liberación la hacemos ante todos los actores responsables del secuestro.
2. Que el gobierno realice un gesto de responsabilidad equivalente, que en consecuencia abandone definitivamente la hipótesis de un rescate militar y siente las bases de un acuerdo humanitario que permita el intercambio inmediato de prisioneros (guerrilleros encarcelados contra policías y militares secuestrados). Al respecto, hay que subrayar la lógica jurídica y moral de dicho acuerdo: en el marco del Derecho Internacional, busca regular pacíficamente y en un tiempo determinado, el intercambio de prisioneros durante las guerras. Por lo tanto, implica la inclusión de una lógica de no-violencia dentro de una situación de violencia estructural. Con tal propósito, ninguna de las alternativas propuestas por las partes y la sociedad debe ser ignorada, y la negociación para la liberación de los secuestrados no debe seguir siendo sometida a juegos tácticos de las partes en medio de estrategias bélicas.
3. Que la Comunidad Internacional demuestre un compromiso real con la paz y los derechos humanos en Colombia. Por consiguiente, formulamos tres peticiones específicas: la continuidad irrevocable de la oficina de las Naciones Unidas in situ y el fortalecimiento de sus medios de acción; el envío de un delegado permanente de la Unión Europea, que refuerce la labor de la diplomacia europea con respecto al acuerdo humanitario; el desarrollo de diversos mecanismos que obliguen al Estado colombiano a darle garantías efectivas a las organizaciones que han entablado acciones frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que éstas lleguen a buen término. Estos elementos deben ser considerados como las primeras etapas de la reconstrucción de un sistema judicial totalmente independiente, capaz de poner fin a los crímenes cometidos por las partes en conflicto y de responder a las exigencias de las organizaciones de víctimas sobre el reconocimiento del derecho inalienable a la verdad, la reparación integral y la no repetición de los crímenes cometidos.
Al pueblo colombiano le corresponde definir la vía política que le permita reencontrar la justicia social y rechazar las diversas formas de violencia que tienen lugar en su territorio.
Entre las pruebas de vida de los secuestrados dadas a conocer una de ellas llamó especialmente nuestra atención: la que Ingrid Betancourt dirige a su madre. Es un mensaje perturbador por su mezcla de intimidad y de universalidad, de agotamiento y de resistencia moral; sus palabras son el lazo de unión entre las víctimas anónimas y el resto del mundo.
Su autora cita a Albert Camus. En tal sentido, para hacerle eco a sus palabras, es conveniente recordar el siguiente fragmento del autor de El Extranjero: “la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las fallas de los liberales” (A. Camus, Actuelles I).
El rostro de los secuestrados y el de las víctimas de otros crímenes atroces es la imagen especular de nuestra inacción. Si la idea de la humanidad todavía tiene sentido para nosotros, debemos cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos en Colombia.
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