Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

Santos no puede modificar unilateralmente el mandato ONU-DH

18 de julio de 2013

Situation of human rights in the east of the Democratic Republic of Congo.

“Estoy tan sorprendida como ustedes”, dijo el 17 de julio a defensores de derechos humanos y víctimas la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre el anuncio de la víspera del presidente Juan Manuel Santos, acerca de que cerrará la Oficina de la ONU-DH en el país.

En su segundo día de visita a Colombia, Pillay se reunió el miércoles con más de 400 representantes de esos sectores, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de Bogotá.

Gustavo Gallón fue uno de los poco más de 30 portavoces que le expusieron a Pillay el estado de los derechos humanos.

El director de la Comisión Colombiana de Juristas dijo que parte del problema reside en el incumplimiento reiterado de Recomendaciones formuladas por ONU-DH, por los Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, los Comités de Supervisión de los Tratados de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.

Al respecto, propuso un mecanismo permanente de seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones, y además el nombramiento de un Relator para Colombia.

Pero la intervención de Gallón se destacó porque presentó las razones por las cuales Santos no puede sacar de Colombia así no más a la ONU-DH. El siguiente es el texto completo:

Estimada y respetada señora Pillay, Alta Comisionada:

 

Como ha podido usted escuchar de las presentaciones anteriores, son muchos y muy graves los problemas de derechos humanos y derecho humanitario que su Oficina tiene todavía como agenda de trabajo en Colombia. Y faltan otros por mencionar que seguramente serán planteados por colegas que aún no han hablado hoy. Ello se debe a que, en síntesis, y sin desconocer algunos cambios e incluso ciertos progresos registrados en forma limitada desde cuando se creó la Oficina hasta hoy, en nuestro país persiste una seria crisis de derechos humanos, que se caracteriza por un alto nivel de violencia sociopolítica, un alto nivel de impunidad y un alto nivel de inequidad social.

 

Torturas, ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, desapariciones forzadas, violencia sexual, secuestros, conflicto armado, paramilitarismo, criminalidad organizada, destrucción de pruebas, corrupción o ineficiencia del aparato judicial, obstrucción de la justicia por medios legales e ilegales, enorme desigualdad en la distribución de la riqueza (reflejada en un coeficiente Gini de 0.58, en general, y superior a 0.80 en zonas rurales), notoria discriminación de poblaciones indígenas, afrodescendientes, rom, raizales, campesinos, trabajadores, así como de las mujeres, niñas y niños, personas en situación de discapacidad, son fenómenos estructurales que continúan presentándose en Colombia y que dan lugar a un cuadro persistente de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

 

A ellos se agregan otros nuevos, como la gigantesca operación de impunidad realizada con los grupos paramilitares, la que se proyecta realizar a favor de agentes estatales con la ampliación del fuero militar, y a favor de guerrilleros y todos los victimarios con el llamado marco jurídico para la paz, o el impulso voraz de la extracción de recursos naturales a costa de la destrucción del medio ambiente, la violación de los territorios comunitarios y la expoliación de nuestro país como consecuencia de una orientación de la política económica por parte del Gobierno y de su aplastante mayoría parlamentaria, decididos a acrecentar los ingresos de empresarios nacionales y multinacionales a ultranza y a costa del patrimonio nacional.

 

Este panorama negativo se debe, en buena medida, a la falta de cumplimiento de las reiteradas y muy atinadas recomendaciones formuladas por su Oficina, así como por los Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, los Comités de Supervisión de los Tratados de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos a través de su Examen Periódico Universal.

 

Hace falta un mecanismo institucionalizado de seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones, acompañado de decisiones que deberían tomarse en el Consejo de Derechos Humanos y en la Tercera Comisión de la Asamblea General para comprometer al Gobierno colombiano de turno a mejorar decididamente la situación y a superar la crisis de derechos humanos. Debería restablecerse la Declaración sobre Colombia del Presidente de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que se adoptaba cada año, y que dejó de producirse con la creación del Consejo en 2006. Y sería conveniente complementarla con el nombramiento de un Relator que supervisara el cumplimiento de dichas recomendaciones y le rindiera al Consejo informes al respecto.

 

En vez de ello, el Gobierno acaba de anunciar que no piensa renovar el acuerdo con su Oficina para su permanencia en Colombia, porque considera que ya mejoró la situación de derechos humanos. Esa es una grave equivocación, y le pedimos respetuosamente que su Oficina se mantenga firme en la necesidad de prorrogar el acuerdo y mantener la integralidad del mandato, por varias razones.

 

En primer lugar, porque dicho mandato no obedece a una liberalidad del Gobierno sino que fue una decisión adoptada por consenso por la Comisión de Derechos Humanos en 1996, con la aprobación del Gobierno de Colombia. Dicha decisión ha sido mantenida por el Consejo de Derechos Humanos, y no tiene por consiguiente el Gobierno la facultad de modificar unilateralmente tal decisión.

 

En segundo lugar, porque no le corresponde al Gobierno dictaminar si están o no dadas las condiciones para cesar el acompañamiento de Naciones Unidas, así como tampoco le corresponde al enfermo decidir cuándo está en condiciones de abandonar el hospital. Tal dictamen corresponde a los expertos, es decir, a los médicos en relación con el paciente, o a los órganos intergubernamentales de supervisión, como los Comités de Supervisión de los Tratados, los Procedimientos Especiales, el Consejo y la Oficina de la Alta Comisionada. Y tales órganos han dicho reiteradamente que la situación en Colombia sigue siendo grave.

 

El pasado mes de abril, para no ir más lejos, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos advirtió que el Gobierno no solo no ha cumplido su recomendación sobre la prevención y sanción de las ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, sino que ha tomado decisiones en contra de ella, con la ampliación del fuero militar, y por ello le ha pedido expresamente al Gobierno que adopte correctivos al respecto y le brinde explicaciones en su próximo informe en abril de 2014.

 

En tercer lugar, porque existe una estrecha relación entre los derechos humanos y la paz, de tal forma que es un desacierto prescindir de la Oficina de la Alta Comisionada justamente en momentos en que el Gobierno pretende concretar un proceso de paz que ponga fin al conflicto armado en el país.

 

Y en cuarto lugar porque si dicho proceso es exitoso, el acompañamiento de Naciones Unidas será más necesario que nunca en el posconflicto para superar la situación estructural que da lugar a la persistencia del cuadro sistemático de violaciones de derechos humanos en nuestro país.

 

Cuente con nuestro respaldo, señora Pillay, con el de las organizaciones de derechos humanos y de paz de Colombia, y el de las organizaciones internacionales no gubernamentales que hemos contribuido a la creación y a la permanencia de su Oficina en este país.

 

Cuente con nuestro respaldo, reitero, para mantenerse firme ante el Gobierno colombiano en este tema. De lo contrario, la población colombiana perderá un importante mecanismos de protección, la Oficina sufrirá un grave desconocimiento de su capacidad de acción, y el sistema universal de derechos humanos será igualmente debilitado, con perjuicio para su credibilidad y posibilidad de contribución en otras situaciones.

 

Confiando en que pueda usted hacer entrar en razón a las autoridades colombianas en relación con la renovación de la integralidad de su mandato, y como muestra de nuestro decidido respaldo al respecto, así como de agradecimiento por la valiosa labor realizada en Colombia por usted, por su Oficina y por sus colaboradoras y colaboradores, permítanos expresarles de pie un sentido y sincero aplauso de reconocimiento.

 

Muchas gracias.

 

Escrito en : "Proceso de paz",Civiles en la mira,Derechos Humanos,Fronteras,Justicia,La guerra y la paz

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.