Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

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Comunicado de la Asociación de Prensa Internacional de Colombia

Imagen de circulodeperiodistasdebogota.com

LA APIC CONDENA EL ATENTADO CONTRA EL PERIODISTA DE SEMANA RICARDO CALDERÓN

La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) condena el atentado perpetrado con armas de fuego contra el periodista colombiano de la revista Semana Ricardo Calderón, quien salió ileso en la noche del primero de mayo, cuando se trasladaba en su vehículo desde la ciudad de Ibagué a Bogotá. 

La APIC exhorta a las autoridades a investigar este suceso para evitar que el caso quede en la impunidad y así garantizar la búsqueda de la verdad y el libre derecho de expresión y de información en Colombia.  

Asimismo, la APIC expresa su preocupación por la seguridad,  no sólo de Ricardo Calderón, sino de todos los periodistas y reporteros que ejercen la profesión en el país, en especial en las zonas más vulnerables.

Bogotá, 2 de mayo de 2013 

mayo 2nd, 2013

«Que nos oigan en La Habana»: organizaciones afrocolombianas

Para la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su reciente “reporte intermedio” sobre Colombia, los ataques contra comunidades negras estarían motivados porque estas “viven en regiones con abundancia de recursos y que son consideradas estratégicamente importantes por los grupos armados dedicados al narcotráfico”.

Para la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el asesinato de varios líderes afro apuntan a «una estrategia de persecución y desarticulación” contra “el movimiento étnico-territorial afrocolombiano».

La CPI se remite a Amnistía Internacional para contar que, a finales de 2007, las FARC lanzaron un ultimátum a todos los líderes de consejos comunitarios de Nariño: “les daban hasta abril de 2008  para desmantelar sus organizaciones o ser asesinados. Las FARC querían promover sus propias organizaciones comunitarias”.

 

Grupos paramilitares de la zona también presionaron a comunidades afrocolombianas para que  cultivaran coca. Tanto estos como las guerrillas “promovieron la migración de colonos” a Nariño para que allí cultivaran coca, dice la fiscalía de la CPI.

Se asesina, ante todo, a los líderes, tanto indígenas como afrocolombianos, para intimidar a las comunidades y provocar desplazamiento, con el fin de controlar su territorio; o bien porque los líderes se oponen a la presencia de uno o varios grupos armados o porque permiten la presencia de un grupo armado enemigo del que finalmente comete el crimen. También los matan porque son los líderes quienes suelen desafiar la autoridad de los armados.

 

“Las FARC y el ELN han sido identificados como los principales autores de asesinatos de comunidades indígenas y afrocolombianas”, dice la CPI. “Se ha identificado que las FARC y el ELN son los principales autores de asesinatos selectivos de líderes de comunidades y de activistas”.

 

Continúa:

“Las FARC asesinaron presuntamente a miembros de Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas en varias partes del país, incluidos los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a fin de socavar las estructuras de sus organizaciones”.

“En enero de 2011, dos líderes del Consejo Comunitario de Los Manglares fueron asesinados en López de Micay (Cauca), presuntamente por miembros de las FARC”.

“Se han atribuido a grupos paramilitares casos de asesinato de líderes y activistas, incluyendo a defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en octubre de  2008, Walberto Hoyos, un líder que pedía la protección de los derechos colectivos a la tierra para las comunidades afrodescendientes de la Cuenca del río Curbaradó, fue asesinado por paramilitares en Caño Manso”.

“En lo que se refiere concretamente a los territorios afrocolombianos, el Experto independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías explicó que dichos territorios tienen gran importancia estratégica para grupos armados dedicados al narcotráfico, así como en el contexto de nuevos planes de desarrollo macroeconómico, denominados ‘mega-proyectos’. Según este experto, estos proyectos se han ejecutado mediante traslados forzosos y brutales, actos de violencia en masa y asesinatos selectivos”.

“Por ejemplo, en el caso de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, 3.000 afrocolombianos fueron trasladados forzosamente de su territorio colectivo por paramilitares, narcotraficantes y personas que aspiraban a adquirir tierras de manera ilegal para establecer plantaciones y explotaciones ganaderas”.

“Entre las víctimas de traslados forzosos se encuentran comunidades afrocolombianas e indígenas de las regiones de Bolívar, Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y amplias zonas de  Antioquia, Tolima, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Córdoba y Chocó”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que la violencia relacionada con el conflicto afectaba de forma desproporcionada a niñas, mujeres y mujeres indígenas y afro-colombianas.

Que este somero listado de razones sirva de prolegómeno para la comunicación enviada ayer 17 de diciembre al Foro sobre Desarrollo Agrario Integral, que inició ese día en Bogotá y termina mañana miércoles, organizado por el PNUD y la Universidad Nacional. La realización del foro fue solicitada desde La Habana por la mesa de negociación gobierno-FARC.

En el panel inaugural, en la mañana del 17, María Inés Quiñones, del Proceso de Comunidades Negras, invitó a “desobedecer la metodología” del Foro Agrario, “en nombre de nuestros ancestros». La razón: los temas que se tratan allí “son esenciales para nuestro futuro”, “son asuntos que hay que pensar”. Los afros se niegan a que los sigan trayendo y llevando a foros de afán.

Que nos oigan en La Habana: la metodología no puede violar los derechos

 

La comunidad negra saluda este evento. Somos parte de los millones de colombianos que tenemos un anhelo de paz. Hemos sabido en carne propia las atrocidades del conflicto armado, por eso la posibilidad de estos diálogos para el fin del conflicto nos llenan de esperanza. Nosotros hablamos desde los millones de desplazados internos, los emplazados, los asesinados, los muertos, nuestros desaparecidos, muertos que nos ha sido imposible sacar de los ríos, enterrar y cantar. Pero también hablamos desde las experiencias de comunidades que se resisten en sus territorios a los horrores y desde allí le han apostado y apuestan a la posibilidad de un país distinto.

Tenemos derechos especiales que están reconocidos en la constitución y la ley. La existencia de estos derechos tiene que ver con hechos históricos inobjetables, la trata transatlántica de esclavos, la esclavización cuyas consecuencias, como lo reconoció la tercera conferencia mundial contra el racismo, seguimos padeciendo en el tiempo. En medio de la confrontación armada que vive el país, nuestros derechos colectivos al territorio, la identidad, la participación y el desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales han sido vulnerados de manera sistemática y generalizada.

En el marco de las negociaciones para el cese del fuego, la mesa en La Habana abrió un espacio de participación para el movimiento social. Este se está llevando a cabo hoy en el centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, se invitaron 1.200 a la conversación, se nos dieron 80 cupos, pero solo llegaron 45.

La mayoría de los miembros de las distintas delegaciones afrocolombianas no han llegado. Entendemos que hay problemas logísticos que han sido difíciles de superar. Cuando fuimos informados de nuestras invitaciones hicimos una ronda de llamadas para coordinarnos. Al final de las mismas, demandamos la instalación de una Mesa específica para Afrocolombianos. No hemos recibido respuesta oficial de parte de los organizadores. Extraoficialmente nos han comunicado que no y que, igualmente, los indígenas lo demandaron y que tampoco les fue concedido y que se trataba de “integrarse”.

La metodología a implementar aquí parte del supuesto de que todos los sectores sociales tienen propuestas conjuntas y vocería unificadas. Esto es lo deseable, mas en todos los casos no es lo real, entre otras porque el tema de fondo que nos convoca ha afectado los tejidos organizativos.

Las metodologías deben estar adecuadas a la realidad y no pueden estar por encima de los derechos que nos han sido reconocidos a los pueblos que hemos luchado. La paz no es un favor, es un deber y un derecho para todas y todos, con todas y todos en igualdad de condiciones de las voces.

No es un favor el que demandamos. Por ello, en ejercicio de nuestros propios derechos, haremos una Mesa de Afrocolombianos en la que discutiremos todos los temas. Los pueblos étnicos somos Colombia también, y queremos construir la Paz para Colombia.

 

Lo mínimo es el respeto de los derechos de todxs. No es cierto que conversar en una Mesa entre todas y todos, entre los eternamente excluidos y los que nos han excluido por siempre, sea garantía de integración. Estamos dispuestos a juntar nuestras voces con las de todxs, pero no estamos dispuestos a que, en nombre de la integración, nuestra voz y nuestras demandas como pueblo se diluyan.

Si las conversaciones y la participación de todos los sectores sociales en espacios como este no parten de los derechos que nos están reconocidos y de asegurar los principios de regresión de los mismos, ya estamos por mal camino. Estamos degradando el alcance de la Constitución del 1991. Este es el mensaje definitivo que queremos trasmitir, y que quede claro:

Haremos nuestra mesa  e invitamos a todos los afrocolombianos y a los que también lo deseen a desobedecer la tiranía de la metodología.

En el espíritu de nuestros ancestros

Organizaciones Afrocolombianas

diciembre 18th, 2012

La impunidad no se negocia

 

“Es absolutamente claro que no se negocia la doctrina militar”, dijo este martes 23 por la Emisora del Ejército el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. “No va haber una aceptación de exigencia de disminución de fuerzas, de presupuesto, de cambiar la doctrina militar”, señaló a su vez el general retirado Jorge Enrique Mora, ex comandante de las Fuerzas Militares y también negociador plenipotenciario con las FARC.

La analista Laura Gil comentó: “La doctrina militar de un país en guerra no puede ser la misma doctrina militar de un post-conflicto”.

Lo que dice Gil suena tan lógico que, a lo mejor –pienso yo- lo que no se negocia es la impunidad.

La ampliación del fuero militar fue emprendida por el gobierno durante la fase secreta de las negociaciones con las FARC. Inicialmente, esta ampliación estaba incluida en la reforma a la justicia. Hubo un momento en que el propio gobierno la extrajo del naufragio: el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón radicó de manera independiente la reforma al fuero militar, para garantizar su aprobación.    

La ampliación del fuero militar modifica los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución.

Cuando entre en vigencia,

-la justicia penal militar podrá investigar, procesar y dictar sentencia en casos de violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con lo cual el Estado colombiano reconocerá que estas acciones, tan largamente ejercidas en forma directa, o a través de grupos paramilitares, hacen parte del servicio.

-los tribunales militares tendrán competencia sobre crímenes de guerra, aunque quedan por fuera el genocidio, los crímenes sistemáticos y generalizados (crímenes de lesa humanidad) y la desaparición forzada.

-será la justicia penal militar la que aborde ese pan de cada día que son las detenciones arbitrarias; también las torturas, incluidas la violación sexual y las mutilaciones; las ejecuciones extrajudiciales (sí, también en la modalidad de falsos positivos) y el uso de menores en la guerra.

-será la justicia penal militar la que defina si hay delito o no, aun en la fase de investigación preliminar.

La ampliación del fuero militar crea un sistema paralelo de justicia con el Tribunal de Garantías Penales, que funcionará como una instancia adicional  para tratar cualquier acusación contra un miembro de la fuerza pública.

Ojo a los cargos de los tres que encabezan esta lista:

Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados
Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Kamala Chandrakirana, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas
Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias

Todas estas personas, titulares de mandatos del Consejo de Derechos Humanos (ONU),  firmaron una carta abierta al gobierno y al Congreso de Colombia. Ofrecen su asesoría y piden que se frene la reforma constitucional que busca ampliar el fuero militar, por considerarla “un retroceso histórico” en la lucha contra la impunidad.

Los firmantes advierten así sobre los falsos positivos:

Consideramos que, si se aprueba esta reforma, existe un riesgo real de que se incumplan las obligaciones de Colombia contraídas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y supondría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por el Estado Colombiano por superar y prevenir la repetición de las notorias violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado, especialmente entre 2003 y 2008 por miembros de la Fuerza Pública. Precisamente como resultado de estos esfuerzos, Colombia ha logrado desde 2009 una reducción notable en la comisión de estos tipos de violaciones, hecho que pone en cuestión la necesidad de la reforma constitucional propuesta.

Aquí la carta completa

octubre 23rd, 2012

Un roto en la media

Si durante la nefanda noche uribista Daniel Pardo hubiera osado escribir que las FARC tienen un discurso político, quizá lo hubieran censurado hace nueve años, o cinco, y se hubiera ganado un capítulo en el Power Point del G-3 del DAS, donde se disponían y describían las operaciones ofensivas contra los disidentes: por ejemplo, llamar desde teléfono público a la periodista Claudia Julieta Duque y decirle que le iban a cortar los dedos a su niña y se los iban a esparcir por el apartamento.

De eso se salvó –se ha salvado por ahora- Daniel Pardo, quien hasta esta semana escribió columnas de opinión en Kien & Ke, portal virtual propiedad, que se sepa, de una señora que vende seguros y que le montó parte de la estrategia de medios a Uribe Vélez.

Aquí está la secuencia sobre la exclusión de Pardo de Kien & Ke, según recopilación del CEPER, Centro de Estudios en Periodismo de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Una lectura imperdible respecto al mismo asunto, y que me dio el título para esta entrada, es escrita por Carlos Cortés: “La salida de Daniel Pardo del portal Kien&Ke abre una ventana indiscreta a la intimidad de los medios”.

Por si acaso Kien & Ke  elimina las columnas de Pardo de su archivo, me apresuro a reproducir (más abajo) un texto suyo en el que cuenta que descubrió que las FARC, efectivamente, tienen un discurso político. “Podrán decir que se trata del mismo discurso de siempre, pero yo nunca lo había oído. Tengo 27 años (…)  Siempre había visto a los guerrilleros hablando desde la selva y con la intermediación de los medios de comunicación”, escribió Daniel Pardo.

Antes de reproducir la mencionada columna, quiero aludir a la mención que hace Pardo de Medios para la Paz (MPP), asociación profesional a la que pertenecí y a la que sus integrantes le pusimos fin hace unos seis meses. ¿Por qué se acabó MPP? Porque los financiadores llevaban ya un tiempo pretendiendo imponernos su agenda a cambio de su dinero. Una pésima costumbre que parece generalizarse en estos tiempos de crisis económica y “responsabilidad social empresarial”.

MPP no surgió después del fracaso del Caguán, como dice Daniel Pardo. Sino a finales de 1998, justo cuando comenzaba ese proceso de paz con las FARC y el fiscal general y el Procurador general de la época acusaron a los periodistas de ser un actor más de la guerra. Durante 13 años, MPP recorrió el país capacitando a miles de periodistas en el cubrimiento responsable del conflicto armado.

En parte estoy de acuerdo con el veredicto del joven Pardo: con demasiada frecuencia parece que en Medios para la Paz no logramos mayor cosa. Sin embargo, siempre he tenido y sigo teniendo la satisfacción de encontrar aquí y allá, sobre todo en el periodismo regional, semillitas sembradas por MPP.

Pero MPP no es el tema central en este artículo de Daniel Pardo que reproduzco. Sino la exclusión sistemática, en el periodismo colombiano, del punto de vista del contrario.

 

EXCLUSIVO: los guerrilleros son políticos

Por: Daniel Pardo

Podrán decir que se trata del mismo discurso de siempre, pero yo nunca lo había oído. Tengo 27 años y, por mucho, llevo diez parándole bolas a las noticias. Siempre había visto a los guerrilleros hablando desde la selva y con la intermediación de los medios de comunicación. Siempre que oía o veía noticias sobre un guerrillero se referían a él como “terrorista”, “genocida”, “narcoterrorista”, “matón”, “asesino”.

Hoy conocí, realmente, el discurso de los guerrilleros. Iván Márquez, el vocero de las Farc, tuvo micrófono por primera vez en una década y lo aprovechó como nunca: dijo que el paramilitarismo está asociado con el Estado, que el pueblo debe jugar un papel en el proceso de paz, que el conflicto termina si acaba la injusticia social, que el Estado colombiano tiene complicidad con multinacionales que han explotado a la gente en el campo. Omitió las matanzas, las minas antipersona, el narcotráfico, los desaparecidos y las innumerables víctimas de su ejército. Sin embargo, por primera vez en diez años pude ver a la guerrilla como ésta quiere que yo la vea. Como políticos.

Caí en cuenta de que durante los últimos diez años el discurso de las Farc ha estado censurado de los medios de comunicación. Se reportan las matanzas, pero las ideas con las que el grupo guerrillero pretende legitimar sus prácticas violentas se omiten del periodismo. Hoy, en la rueda de prensa que el gobierno colombiano dio con las Farc, parece que lo volvieron a hacer: cuando empezaron las preguntas a los guerrilleros, varios medios cortaron la trasmisión.

En las negociaciones de paz están hablando dos partes que se consideran a sí mismas legítimas. Son partes, digamos, iguales. Que consideran a la otra ilegal y están negociando. Los medios van a tener que representarlas así –y nosotros oír los discursos de ambos– si es que queremos darles las condiciones a los guerrilleros para que se dejen las armas. Ahora que supuestamente se van a reintegrar a la sociedad, lo último que podemos hacer es excluir su discurso.

Después del fracaso del proceso de paz en el Caguán, los colombianos nos llenamos de odio y se volvió parte de la normalidad decirles “los asesinos de las Farc”. Fue la misma época, principios de siglo, en que se produjeron los ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y el mundo se volcó, de la mano del presidente George Bush, en una guerra “contra el terror” cargada de un discurso fundamentalista y polarizador que dividió al mundo entre el “eje del mal” y la supuesta legalidad. Los efectos de esa guerra dogmática hoy son incuestionables en muchas partes del mundo, incluido nuestro país.

El presidente que Colombia eligió para contrarrestar el fiasco del Caguán, Álvaro Uribe, seguía de cerca ese discurso de Washington y lo aplicó en Colombia con las Farc, que con prácticas de lesa humanidad le dieron cada vez más argumentos a Uribe para reforzarlo. Con una exitosa política de seguridad y comunicaciones que le dio mucha popularidad, Uribe logró inyectar el lenguaje polarizador en los medios y la gente: los periodistas que entrevistaban a las Farc, como Romeo Langlois y Hollman Morris, se volvieron “cómplices” y los políticos de izquierda, como Carlos Gaviria, se convirtieron en “marxistas disfrazados”.

Medios por la paz fue una ONG que se creó después del Caguán para pensar la manera como se iba cubrir el conflicto y no se repitieran los errores del pasado. Las investigaciones de la organización demostraron que el conflicto en Colombia estaba siendo muy mal cubierto: era amarillista, oficialista, parcial al tratar a la guerrilla y a los gobiernos. Hicieron todo tipo de talleres y foros para entrenar a los periodistas y crear modelos para cubrir el conflicto. Se hicieron manuales de estilo, cursos, debates. Hoy Medios para la paz no existe y, según lo que vimos hoy, sus revelaciones no sirvieron de nada.

¿Cuál es, acaso, la necesidad de tratar a los guerrilleros como iguales al gobierno y no rotularlos con adjetivos como “terrorista”, “genocida” o “asesino” durante el proceso de paz? Hay varias respuestas. Originalmente, las Farc se crearon como un ejército rebelde e ilegal de una gente que se sentía excluida del Estado y del debate público. El proceso de paz busca que se reintegren a la sociedad y salgan de la ilegalidad. Para eso, hay que incluir su discurso en el debate público y político, así sus palabras suenen anacrónicas, mamertas y hasta chistosas. Los guerrilleros creen, y en parte tienen razón, que el establecimiento colombiano también es “terrorista”, “genocida” y “asesino”. Y, para citar un ejemplo, está la Masacre de Segovia, que acabó con un partido político, la Unión Patriótica, que se había armado después de un proceso de paz en el 84.

Tal vez odiemos el discurso de los guerrilleros. Pero es un discurso. Y, si queremos jugar a la democracia, vamos a tener que oírlo. Como dijo De la Calle hoy, “si las Farc quieren un cambio en el sistema tendrán que presentarse a elecciones y cambiarlo”. “La gente debe decidir a quién le cree más: a las Farc o al gobierno. Por eso los medios deben transmitir ambos puntos de vista”, dijo hoy el periodista y profesor Javier Darío Restrepo. Les tengo una chiva: los guerrilleros son políticos.

octubre 23rd, 2012

El modelo De La Calle

A mediados de 1991, Humberto de la Calle Lombana fue enviado a la negociación con las guerrillas en Caracas, negociación que no pasó de dos reuniones. De la Calle era entonces ministro de Gobierno de César Gaviria (1990-1994).

De la Calle había saltado a la palestra porque en 1990 dio con la fórmula jurídica para abrirle paso a la Constituyente contabilizando la Séptima Papeleta, que era promovida por un comité de jóvenes.

Veintiún años después, De la Calle nuevamente es jefe negociador con las FARC. Ahora dice que, en torno a los acuerdos que surjan, el gobierno buscará mecanismos de refrendación, pero en ningún caso una Constituyente.

En su columna este domingo 21, Daniel Samper Pizano caracteriza así la política económica introducida por Gaviria y la cual, según De la Calle en rueda de prensa en Oslo y refiriéndose a la negociación con las FARC, es un modelo que “no estamos discutiendo”:

La receta neoliberal que inauguró César Gaviria en 1990 se basa en reducir, maniatar y marginar al Estado y entregar las riendas del desarrollo a la iniciativa privada. Estados Unidos y Europa padecen hoy lo que ocurre cuando los poderes económicos particulares imponen su ley. La crisis es hija suya, y la receta propuesta ha sido la de sacrificar aún más a los sectores populares.

La receta neoliberal que inauguró César Gaviria en 1990 se basa en reducir, maniatar y marginar al Estado y entregar las riendas del desarrollo a la iniciativa privada. Estados Unidos y Europa padecen hoy lo que ocurre cuando los poderes económicos particulares imponen su ley. La crisis es hija suya, y la receta propuesta ha sido la de sacrificar aún más a los sectores populares.

Puede que no en Oslo o en La Habana, pero…

Habrá que abrir un juicio al actual modelo económico colombiano cuando se pueda discutir en paz y dentro de las normas de la democracia. Tenemos que buscar y encontrar un esquema de desarrollo diferente al neoliberal que nos impusieron como panacea salvadora desde hace algo más de veinte años y que ha significado la prosperidad de los ricos y la ruina de los más pobres.

Ojo al dato que rescata Samper Pizano:

Una evaluación realizada en el 2004 en Montevideo con patrocinio, entre otros, de la muy liberal Fundación Friedrich Ebert condenó «el desastre neoliberal continental» que, en el caso colombiano, manifiesta un «retroceso social escandaloso, tal como lo expresa la última versión del informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas». Un documento publicado allí señala que «los peores resultados económicos del último siglo se presentan en la gestión del actual Gobierno [URIBE I]» y dice que «la economía burbuja ha disparado las ganancias del sector financiero y asegurador de servicios, configurando un estereotipo de crecimiento económico que ha aislado del verdadero desarrollo al 65 por ciento de la población».

La columna completa

 

octubre 21st, 2012

Paz, señores, es no matar más niños

Obra de Edgar Negret. Foto Constanza Vieira 2011
Menos aún torturándolos, ni presentándolos como falsos positivos.

La organización humanitaria alemana Diakonie Katastrophenhilfe me envió este doloroso comunicado de su organización socia en Colombia, Tierra de Paz.

La Corporación Justicia y Dignidad denunció en un comunicado público el asesinato de Norbey Martínez Bonilla, menor de 15 años, oriundo y residente de la vereda El Pedregal, municipio de Caloto en el Norte del Cauca, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH MC-97/2010.
En la comunicación la ONG manifiesta que:
1. Durante las hostilidades presentadas el día viernes 28 de septiembre en zona rural del municipio de Caloto fue denunciada la desaparición de un joven de 15 años oriundo y residente de la vereda El Pedregal identificado como Norbey Martínez Bonilla. El día sábado, familiares iniciaron la búsqueda ante la Fiscalía, Alcaldía y la Policía sin obtener resultados.
2. El día 30 de septiembre medios de comunicación y el ejército presentaron un guerrillero con el alias “Yair” dado de baja durante los combates en ésta zona. De acuerdo a información oficial el individuo llevaba más de diez años en la guerrilla y pertenecía a sus fuerzas especiales.
3. El día martes 2 de octubre en el Instituto de Medicina Legal de Cali es entregado el cadáver de Norbey a sus familiares. La ONG “Corporación Justicia y Dignidad”, denunció que:
“Insólitamente el cadáver no tiene la lengua, tiene heridas en los dedos y una herida en el cuello y en el glúteo derecho con elemento desconocido. Llama la atención que el cuerpo sin vida del menor fue entregado con coseduras en todas sus extremidades. Así mismo, el uniforme camuflado que presuntamente portaba, aparece sin perforaciones”.
Ante esto, la ONG hizo las solicitudes pertinentes al Estado Colombiano, la ONU, Comisión Interamericana de DDHH, medios de comunicación y otras ONG de DH para la divulgación de la información.

octubre 5th, 2012

Carta del ELN en la presentación de la Ruta Social Común por la Paz

Una importante confluencia de movimientos sociales y populares por la paz fue lanzada el jueves 4 en Bogotá: la Ruta Social Común por la Paz.

Su objetivo es hacerse oír. Construir una agenda de paz que aborde las causas de la guerra, para poner dicha agenda sobre la mesa de negociación entre el gobierno y la insurgencia.

Pero, primero que todo, piden cese al fuego bilateral, con el fin de proteger a la población civil y evitar que los diálogos gobierno-FARC, que en semana y media se instalan en Oslo, se revienten por la confrontación.

También piden que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) participe, ya sea en este escenario o en uno propio.

En la rueda de prensa en la que se presentó la Ruta Social Común, fue distribuido un saludo del comandante del ELN. Este es su texto.

Apreciadas y apreciados señores del proceso: RUTA SOCIAL COMÚN PARA LA PAZ:

saludamos respetuosos su pronunciamiento del pasado 3 de Septiembre, a propósito del proceso de paz anunciado al país, conscientes de que las luchas y aspiraciones del pueblo van creando las condiciones que hacen posible que en nuestro país la paz, entendida como una política de transformaciones, vaya ganando y conquistando espacios en toda la sociedad.

El ELN, organización insurgente de profundas raíces populares, está convencido que la participación de la sociedad, y con ella la acción permanente de las mayorías nacionales, es VITAL en la construcción de un nuevo país en paz. Es tan vital como la presencia de la sangre en el cuerpo humano y el significado del agua en la vida de la humanidad.

Ya lo decíamos, en el editorial del Insurrección numero 337: “La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿en qué parte de la mesa se van a sentar los otros representantes de la sociedad colombiana que deben tener voz y voto para que la mesa no quede coja y la paz trunca? Nos referimos a los trabajadores, campesinos, estudiantes, académicos, maestro, intelectuales y el resto de fuerzas vivas de la sociedad. Solo con su inclusión, la paz será posible”. El Presidente Santos acaba de afirmar que era indispensable corregir los errores cometidos en las experiencias anteriores de diálogos, ese fue uno de ellos.

Es indispensable reconocer que ni el gobierno ni la insurgencia pueden abrogarse el derecho de reemplazar la sociedad en la mesa y definir por ella. Por lo tanto expresamos la urgencia de que las organizaciones populares y sociales organicen sus agendas con sus representantes. Esta es una tarea en la que nadie puede remplazarlos y en la que sin ellos, el camino de la paz comienza equivocado.

Siempre hemos afirmado, igual que muchos otros colombianos, que la guerra que vive nuestro país, desde hace poco más de 50 años, tiene connotaciones político-sociales, que se originan en el conflicto social; en concordancia con esto, los sujetos diversos de la sociedad que padecen y son actores del conflicto social, tiene que ser partícipes activos juntos con la insurgencia y el Estado, en configurar los derroteros de la justicia social y de todos los componentes que se necesitan para transitar de un país en guerra a una Nación de equidad y de paz, es esencia de una sociedad del buen vivir y del buen gobierno.

El ELN considera que la oligarquía colombiana representada en el gobierno y fiel a su catadura de exclusión, de su sentido clasista, reducido a una cúpula minoritaria de la sociedad opulenta y satisfecha, va a obstaculizar en este proceso la participación política activa de las grandes mayorías.

Lograr la presencia de todos ustedes, sociedad y pueblo, es la clave de toda una batalla que apenas comienza y que está a la espera de poderla librar, hablando en términos de lucha política y social, que debemos hacerla juntos, aunque desde formas de lucha distintas. Y este despliegue de liderazgo desde la sociedad, también debe significar que tomen la palabra los que han sido más excluidos de la toma de decisiones en el país.

Todo el tejido social, el pujante proceso político organizativo que se va constituyendo en el país, tiene que desplegar esta bandera de la democracia y organizarse para ese ejercicio, desde los diálogos sociales, los diálogos regionales, desde la variedad de espacios públicos y la movilización, porque la llave de la paz la tiene el pueblo y la sociedad.

En esta oportunidad, la paz tiene que tener las garantías y el ambiente suficiente para que sea una certeza lograrla. Por ello compartimos que tiene que HABER UN CESE DEL FUEGO Y DE HOSTILIDADES de manera bilateral, de todas las hostilidades, no solo las referidas a las que nacen de la acción militar entre los contendientes, también las que le generan a la sociedad las malas políticas mineras, agrarias. de seguridad y otras que lesionan y afectan la vida de la población.

Nuestra concepción de paz es de una interlocución permanente con los sentimientos y aspiraciones de todo el país y de las mayorías nacionales. Sus palabras, sus invocaciones, sus padecimientos, su pensamiento va enriqueciendo las voluntades y las políticas del ELN.

NUESTRAS ASPIRACIONES Y DESTINO NO ES OTRO DIFEENTE QUE EL DESTINO Y LOS OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO POPULAR, PUES SOMOS PARTE integral de la sociedad y del pueblo; nacimos y respiramos dentro de su vientre. ¿Por qué ha de tener la insurgencia un interés y aspiraciones distintas, si somos hijos de la injusticia, de la misma que padecemos la mayoría de colombianos y la que nos motiva el alzamiento armado?

Participar en el proceso de paz no es solo un ejercicio de reuniones y convocatorias. Es y ha sido, también, un proceso de movilización, de posicionar ideas en la mente y corazón de la sociedad y el pueblo. Es movilizarse para que los que no quieren una paz auténtica, democrática, estable y duradera, sean derrotados en sus apuestas, mediante un vigoroso movimiento ascendente de paz. La paz tiene enemigos pero tiene muchos más amigos y más fuerza.

Con sinceros afectos de compatriotas:

Colombia para los trabajadores.

Ni un paso atrás Liberación o Muerte

Desde las montañas colombianas.

Por el Comando Central del ELN.

Nicolás Rodríguez Bautista.

Septiembre 17 de 2012

octubre 5th, 2012

El 17 de octubre, rueda de prensa en Oslo

El miércoles 17 de octubre hay rueda de prensa en Oslo. Tema: el inicio formal del diálogo gobierno colombiano-FARC por la paz.

Tal es la única información oficial que ha dado hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, país garante del proceso de paz junto con Cuba.

Me llama la atención que Caracol Radio reproduce sin glosas el cable de EFE, el cual dice claramente algo que es cierto:

Una vez iniciado el proceso en Oslo, está previsto que las negociaciones se trasladen luego a La Habana, donde continuarán por un período indefinido.

Lo acordado entre el gobierno y las FARC, efectivamente, es que la negociación es por periodo indefinido. Aunque para consumo interno el presidente Juan Manuel Santos afirme que será cuestión de meses, y no de años.

El documento suscrito por el gobierno colombiano y las FARC dice, respecto a los plazos:

Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas (…)

Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

Habla asimismo de que habrá un «Cronograma»

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

Aquí el despacho de EFE en Caracol Radio.

octubre 4th, 2012

La fecha no gustó

«Clavos Calientes» se llama la sección de chismes políticos del semanario Voz, del Partido Comunista.  En su edición de hoy, dice que la fecha de instalación de los diálogos de paz con las FARC -8 de octubre- no gustó a los representantes del gobierno, quienes la pospusieron por unos días alegando cuestiones logísticas y jurídicas:

…Pero en la Casa de Nariño estaban molestos con la fecha del 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico en homenaje a Ernesto Che Guevara. Cuando fue aprobada la propuesta de las FARC, los voceros oficiales no advirtieron la importancia histórica para la insurgencia y no presentaron ningún reparo. Posteriormente, cuando cayeron en cuenta, buscaron la manera de modificar la fecha y encontraron el argumento.


Según el twittero @calozanosierra, «El semanario VOZ ha confirmado que la fecha para la instalación de la Mesa de Diálogo en Oslo es el 17 de octubre».

octubre 3rd, 2012

Declaración conjunta de las FARC y el ELN

Llegó a mi correo pasadas las 11 am de hoy una Declaración Política conjunta de las cúpulas de las FARC y el ELN.

«No puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz», indican ambas guerrillas.

«No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al Pentágono que se alcanzará la paz», advierten.

Agregan que la reconciliación de los colombianos no se logrará «con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el ‘Plan Patriota’ o el ‘Espada de Honor'», «mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz».

Las FARC y el ELN indican que su voluntad de paz «radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía». «La verdadera llave» de la conquista de la paz es «la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales».

Texto completo

— DECLARACIÓN POLÍTICA —

El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), inspirados en los más profundos sentimientos de hermandad, solidaridad y camaradería, con optimismo y elevada moral de combate, estrechados en un fuerte abrazo de esperanza en el cambio revolucionario, nos hemos reunido para analizar la situación política nacional e internacional, los problemas de la guerra y de la paz  en Colombia y avanzar en el proceso de unidad que desde el año 2009 venimos forjando paso a paso, con el propósito de hacer converger ideas y acciones que permitan enfrentar junto al pueblo a la oligarquía y al imperialismo como elementos que imponen la explotación y la miseria en nuestra patria.

Indoblegable determinación nuestra, es continuar la búsqueda de una paz que para Colombia y el continente signifiquen el establecimiento de la verdadera democracia, la soberanía popular, la justicia social y la libertad.

Realizamos esta reunión, en momentos en que se desarrolla la más profunda crisis del sistema capitalista mundial, caracterizada por una desaforada carrera de guerras de invasión, saqueo y sobreexplotación de los recursos de la naturaleza, precarización de las condiciones de trabajo, que condenan al hambre y la muerte a millones de seres humanos en un planeta conducido por la voracidad del imperialismo, hacia el caos y la destrucción.

En nuestra patria las calamidades generadas por este sistema de inhumana sobre-explotación y exclusión de las pobrerías, ha escalado la desigualdad y profundizado la confrontación de clases en dimensiones nunca antes vistas, las cuales derivan directamente de la aplicación sostenida y desbocada de políticas neoliberales que favorecen a los grandes grupos financieros y grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las mayorías nacionales.

Dentro del panorama internacional de crisis sistémica del capital, que muestra sus rostros múltiples de debacle financiera, económica, ambiental, urbanística, energética, militar, política, institucional, moral y cultural, Colombia se configura como un país de economía reprimarizada y financiarizada.

A esa condición la han llevado los detentadores del poder, para permitir el saqueo que significa la extracción desaforada, el robo de sus recursos naturales y la especulación financiera. Millones de compatriotas han sido lanzados a la miseria y la guerra, impuesta por las élites para acallar la inconformidad de las mayorías frente a esta iniquidad.

El gobierno de Juan Manuel Santos fue instaurado para garantizar la continuidad de los planes de desposeción por despojo que sobre el pueblo colombiano impone el imperialismo. Una nueva espacialidad del Capital acompañada de ordenamientos jurídicos y disposiciones militaristas de seguridad y defensa inmersas en la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y terrorismo de Estado, se afianza en nuestro país para blindar los “derechos” del capital, el bienestar de los ricos a costa de los trabajadores y del pueblo más humilde. Dentro de esa perspectiva se define la nueva etapa de despojo de tierras que hoy se disfraza con el falso nombre de restitución. En la práctica, a los millones de desplazados y víctimas de las sucesivas etapas de despojo violento auspiciadas por el Estado, se suman ahora nuevas legiones de campesinos, indígenas, y gente sencilla en general, a los que se les arrebatará o se les niega ya la tierra mediante procedimientos de engañosa legalidad, engrosándose aún más las cifras de pobreza y de indigencia que colocan a Colombia en el rango del tercer país más desigual del mundo.

Es este el sentido cruel de la seguridad inversionista y de la prosperidad que difunde el presidente Juan Manuel Santos, mientras se sigue encarcelando, asesinando y reprimiendo a sus opositores.

Frente a esta realidad no puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías por cuenta del terrorismo Estado de la casta gobernante cuyas tendencias más guerreristas han conducido los destinos del país durante la última década.

No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al pentágono que se alcanzará la paz; no es con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el “Plan Patriota” o el “Espada de Honor” como se logrará la reconciliación de los colombianos. Mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz.

Nuestra voluntad de paz radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía. Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable. Por ello la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales para, sobre la base de la justicia, construir la paz, son la verdadera llave de su conquista.
Con pasos firmes de unidad en el pensamiento y en la acción, fraternalmente,

COMANDO CENTRAL, ELN.

SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL, FARC-EP.

Montañas de Colombia, septiembre de 2012

septiembre 27th, 2012

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.