Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

Archive for diciembre, 2012

“Que nos oigan en La Habana”: organizaciones afrocolombianas

Para la fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su reciente “reporte intermedio” sobre Colombia, los ataques contra comunidades negras estarían motivados porque estas “viven en regiones con abundancia de recursos y que son consideradas estratégicamente importantes por los grupos armados dedicados al narcotráfico”.

Para la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el asesinato de varios líderes afro apuntan a “una estrategia de persecución y desarticulación” contra “el movimiento étnico-territorial afrocolombiano”.

La CPI se remite a Amnistía Internacional para contar que, a finales de 2007, las FARC lanzaron un ultimátum a todos los líderes de consejos comunitarios de Nariño: “les daban hasta abril de 2008  para desmantelar sus organizaciones o ser asesinados. Las FARC querían promover sus propias organizaciones comunitarias”.

 

Grupos paramilitares de la zona también presionaron a comunidades afrocolombianas para que  cultivaran coca. Tanto estos como las guerrillas “promovieron la migración de colonos” a Nariño para que allí cultivaran coca, dice la fiscalía de la CPI.

Se asesina, ante todo, a los líderes, tanto indígenas como afrocolombianos, para intimidar a las comunidades y provocar desplazamiento, con el fin de controlar su territorio; o bien porque los líderes se oponen a la presencia de uno o varios grupos armados o porque permiten la presencia de un grupo armado enemigo del que finalmente comete el crimen. También los matan porque son los líderes quienes suelen desafiar la autoridad de los armados.

 

“Las FARC y el ELN han sido identificados como los principales autores de asesinatos de comunidades indígenas y afrocolombianas”, dice la CPI. “Se ha identificado que las FARC y el ELN son los principales autores de asesinatos selectivos de líderes de comunidades y de activistas”.

 

Continúa:

“Las FARC asesinaron presuntamente a miembros de Consejos Comunitarios de comunidades afrocolombianas en varias partes del país, incluidos los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, a fin de socavar las estructuras de sus organizaciones”.

“En enero de 2011, dos líderes del Consejo Comunitario de Los Manglares fueron asesinados en López de Micay (Cauca), presuntamente por miembros de las FARC”.

“Se han atribuido a grupos paramilitares casos de asesinato de líderes y activistas, incluyendo a defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en octubre de  2008, Walberto Hoyos, un líder que pedía la protección de los derechos colectivos a la tierra para las comunidades afrodescendientes de la Cuenca del río Curbaradó, fue asesinado por paramilitares en Caño Manso”.

“En lo que se refiere concretamente a los territorios afrocolombianos, el Experto independiente de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías explicó que dichos territorios tienen gran importancia estratégica para grupos armados dedicados al narcotráfico, así como en el contexto de nuevos planes de desarrollo macroeconómico, denominados ‘mega-proyectos’. Según este experto, estos proyectos se han ejecutado mediante traslados forzosos y brutales, actos de violencia en masa y asesinatos selectivos”.

“Por ejemplo, en el caso de las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, 3.000 afrocolombianos fueron trasladados forzosamente de su territorio colectivo por paramilitares, narcotraficantes y personas que aspiraban a adquirir tierras de manera ilegal para establecer plantaciones y explotaciones ganaderas”.

“Entre las víctimas de traslados forzosos se encuentran comunidades afrocolombianas e indígenas de las regiones de Bolívar, Cauca, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y amplias zonas de  Antioquia, Tolima, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Córdoba y Chocó”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional señaló que la violencia relacionada con el conflicto afectaba de forma desproporcionada a niñas, mujeres y mujeres indígenas y afro-colombianas.

Que este somero listado de razones sirva de prolegómeno para la comunicación enviada ayer 17 de diciembre al Foro sobre Desarrollo Agrario Integral, que inició ese día en Bogotá y termina mañana miércoles, organizado por el PNUD y la Universidad Nacional. La realización del foro fue solicitada desde La Habana por la mesa de negociación gobierno-FARC.

En el panel inaugural, en la mañana del 17, María Inés Quiñones, del Proceso de Comunidades Negras, invitó a “desobedecer la metodología” del Foro Agrario, “en nombre de nuestros ancestros”. La razón: los temas que se tratan allí “son esenciales para nuestro futuro”, “son asuntos que hay que pensar”. Los afros se niegan a que los sigan trayendo y llevando a foros de afán.

Que nos oigan en La Habana: la metodología no puede violar los derechos

 

La comunidad negra saluda este evento. Somos parte de los millones de colombianos que tenemos un anhelo de paz. Hemos sabido en carne propia las atrocidades del conflicto armado, por eso la posibilidad de estos diálogos para el fin del conflicto nos llenan de esperanza. Nosotros hablamos desde los millones de desplazados internos, los emplazados, los asesinados, los muertos, nuestros desaparecidos, muertos que nos ha sido imposible sacar de los ríos, enterrar y cantar. Pero también hablamos desde las experiencias de comunidades que se resisten en sus territorios a los horrores y desde allí le han apostado y apuestan a la posibilidad de un país distinto.

Tenemos derechos especiales que están reconocidos en la constitución y la ley. La existencia de estos derechos tiene que ver con hechos históricos inobjetables, la trata transatlántica de esclavos, la esclavización cuyas consecuencias, como lo reconoció la tercera conferencia mundial contra el racismo, seguimos padeciendo en el tiempo. En medio de la confrontación armada que vive el país, nuestros derechos colectivos al territorio, la identidad, la participación y el desarrollo en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales han sido vulnerados de manera sistemática y generalizada.

En el marco de las negociaciones para el cese del fuego, la mesa en La Habana abrió un espacio de participación para el movimiento social. Este se está llevando a cabo hoy en el centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, se invitaron 1.200 a la conversación, se nos dieron 80 cupos, pero solo llegaron 45.

La mayoría de los miembros de las distintas delegaciones afrocolombianas no han llegado. Entendemos que hay problemas logísticos que han sido difíciles de superar. Cuando fuimos informados de nuestras invitaciones hicimos una ronda de llamadas para coordinarnos. Al final de las mismas, demandamos la instalación de una Mesa específica para Afrocolombianos. No hemos recibido respuesta oficial de parte de los organizadores. Extraoficialmente nos han comunicado que no y que, igualmente, los indígenas lo demandaron y que tampoco les fue concedido y que se trataba de “integrarse”.

La metodología a implementar aquí parte del supuesto de que todos los sectores sociales tienen propuestas conjuntas y vocería unificadas. Esto es lo deseable, mas en todos los casos no es lo real, entre otras porque el tema de fondo que nos convoca ha afectado los tejidos organizativos.

Las metodologías deben estar adecuadas a la realidad y no pueden estar por encima de los derechos que nos han sido reconocidos a los pueblos que hemos luchado. La paz no es un favor, es un deber y un derecho para todas y todos, con todas y todos en igualdad de condiciones de las voces.

No es un favor el que demandamos. Por ello, en ejercicio de nuestros propios derechos, haremos una Mesa de Afrocolombianos en la que discutiremos todos los temas. Los pueblos étnicos somos Colombia también, y queremos construir la Paz para Colombia.

 

Lo mínimo es el respeto de los derechos de todxs. No es cierto que conversar en una Mesa entre todas y todos, entre los eternamente excluidos y los que nos han excluido por siempre, sea garantía de integración. Estamos dispuestos a juntar nuestras voces con las de todxs, pero no estamos dispuestos a que, en nombre de la integración, nuestra voz y nuestras demandas como pueblo se diluyan.

Si las conversaciones y la participación de todos los sectores sociales en espacios como este no parten de los derechos que nos están reconocidos y de asegurar los principios de regresión de los mismos, ya estamos por mal camino. Estamos degradando el alcance de la Constitución del 1991. Este es el mensaje definitivo que queremos trasmitir, y que quede claro:

Haremos nuestra mesa  e invitamos a todos los afrocolombianos y a los que también lo deseen a desobedecer la tiranía de la metodología.

En el espíritu de nuestros ancestros

Organizaciones Afrocolombianas

Add comment diciembre 18th, 2012

FARC desmiente a “Sandra”

El negociador plenipotenciario de las FARC en La Habana, Rodrigo Granda, desmintió la afirmación de “Sandra Ramírez”, viuda de Manuel Marulanda, al diario cubano Juventud Rebelde: desde febrero no hay “retenciones” (secuestros extorsivos) y “no hay prisioneros de guerra en poder de las FARC en este momento”, dijo Granda a Blu Radio en entrevista de casi 6 minutos hoy lunes.

“Fue un problema de trascripción de la entrevista”, dijo por su parte otra fuente guerrillera desde La Habana a la misma emisora. Estos son los comentarios de los periodistas de Blu Radio al respecto.

Sobre los cuatro nacionales chinos (ingenieros de petróleos al servicio de Emerald Energy) que fueron secuestrados en junio de 2011 en la vía San Vicente del Caguán-Los Pozos, y liberados el 21 de noviembre pasado, cuando fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, Granda dijo en la misma entrevista que no está al tanto: “En este momento no puedo decirte absolutamente nada. Yo estoy aquí en La Habana. No sé qué puede estar pasando en algunas regiones del país”, respondió al periodista que le preguntó si las FARC, entonces, no habrían secuestrado a los tres ingenieros chinos y a su traductor, de la misma nacionalidad.

Respecto a ese caso, María Cristina Rivera, portavoz del CICR en Colombia, expresó a IPS:

Nosotros somos una organización humanitaria. No nos compete establecer ese tipo de responsabilidades. Refiriéndonos a los hechos, podemos decir que la entrega de los ciudadanos chinos se dio en zona rural de San Vicente del Caguán, por parte de hombres de civil que no se identificaron, y que además no portaban armas. Por lo tanto, no podemos afirmar en ningún sentido quién tenía a los ciudadanos chinos, ni nos compete. Lo importante es que estas personas fueron liberadas.

En el rompecabezas sobre este caso sirve la descripción de la situación militar en esa zona en el momento en que fueron secuestrados los chinos, que IPS hizo con la ayuda de Ariel Ávila, del grupo de analistas Nuevo Arco Iris.

Add comment diciembre 3rd, 2012

“Sandra”: la propuesta de canje continúa

Estas declaraciones de “Sandra Ramírez”, viuda de Manuel Marulanda, al diario cubano Juventud Rebelde, traen a la actualidad el asunto del secuestro extorsivo (en el artículo lo llaman “retenciones económicas”) y la captura de militares y policías para mantenerlos en condiciones equivalentes a prisioneros de guerra. Sandra considera que sigue vigente la propuesta del canje de estos uniformados por guerrilleros de las FARC presos, que ella calcula en unos 700. Reproduzco los párrafos pertinentes a continuación. Link con el texto completo, aquí

—¿Por qué en un momento determinado inician la retención de civiles?

—Una organización político-militar como la nuestra requiere gastos. Nosotros tenemos una ley, la 002, donde se estipula que a quien tenga un patrimonio superior a un millón de dólares le exigíamos el pago de un impuesto para la paz, así como ellos pagan un impuesto para la guerra. A aquella persona que se negaba a darlo, la reteníamos.

«Sin embargo, a partir de un proceso interno, tomamos en febrero la resolución de no más retenciones económicas. Hemos tenido errores en torno a esto. Entonces decidimos buscar nuevas formas de hallar los recursos que necesitamos para la organización. Nos financiamos con la ayuda de muchos compañeros, pero también en nuestras áreas cultivamos para autoabastecernos, y vender».

—Y los secuestros de políticos, ¿qué fin perseguían?

—La clase política es la que hace las leyes, y no beneficiando a los pobres: las hace favoreciendo a los ricos. Pensamos que había que hacerles sentir el peso de la tragedia que vive el pueblo colombiano. Ellos viven en otra Colombia. Y el hecho de tenerlos también era para que ellos nos devuelvan a nuestros compañeros presos en las cárceles, y reconozcan que somos un factor político en el país: un factor al que no se le escucha, al que se le cierran todas las puertas. Ya todos han sido entregados.

—¿Sigue vigente por parte de las FARC-EP la propuesta de un canje?

—Mantenemos ese proyecto porque es lo que nos permitiría buscar, precisamente, cómo logramos que los compañeros que se están pudriendo en las cárceles del país, regresen.

«En combate capturamos policías, soldados. Es distinto: son prisioneros de guerra porque son capturados en combate. A ellos se les respeta su vida, se les respeta su integridad física, sus creencias. Se les respeta sus derechos humanos. Con ellos también buscamos el canje. Sí, nosotros tenemos prisioneros de guerra y los vamos a entregar, pero que el Estado nos devuelva a los nuestros que están allí, en las prisiones».

—¿Cuántos son?

—Calculamos que hay aproximadamente 700 compañeros nuestros, pero tenemos datos de que también existen ocho mil presos políticos y de conciencia. A muchos no se les ha realizado proceso y no hay definición de qué tiempo tienen que pagar. Y pasa y pasa el tiempo. No todos son guerrilleros, hay muchos compañeros de apoyo acusados de serlo. Son compañeros que viven en los campos, que pasa uno y le dan un vaso de agua; nos ofrecen una comida o un racimo de plátanos. Por ese hecho ya son judicializados. Les dicen guerrilleros o que son apoyo logístico de las FARC, pero son civiles. Hay muchísimos compañeros civiles que están en las cárceles del país.

—¿Y extraditados?

—Tenemos tres compañeros: Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas. Ellos tres fueron extraditados durante el Gobierno de Uribe. Nosotros no estamos de acuerdo con la extradición. Consideramos que constituye una entrega total de la soberanía de Colombia. ¡Cómo es que un país como Colombia no pueda juzgar a sus conciudadanos! Si es que Simón Trinidad tiene delitos, en Colombia hay leyes, hay un poder judicial que puede juzgar a quienes han cometido delitos. Es un apátrida el que entrega a sus conciudadanos para que sea otro país el que los juzgue.

Add comment diciembre 3rd, 2012


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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.