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LA APIC CONDENA EL ATENTADO CONTRA EL PERIODISTA DE SEMANA RICARDO CALDERÓN
La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) condena el atentado perpetrado con armas de fuego contra el periodista colombiano de la revista Semana Ricardo Calderón, quien salió ileso en la noche del primero de mayo, cuando se trasladaba en su vehículo desde la ciudad de Ibagué a Bogotá.
La APIC exhorta a las autoridades a investigar este suceso para evitar que el caso quede en la impunidad y así garantizar la búsqueda de la verdad y el libre derecho de expresión y de información en Colombia.
Asimismo, la APIC expresa su preocupación por la seguridad, no sólo de Ricardo Calderón, sino de todos los periodistas y reporteros que ejercen la profesión en el país, en especial en las zonas más vulnerables.
Bogotá, 2 de mayo de 2013
mayo 2nd, 2013
Lo primero que hicieron para desaparecerlos fue comenzar a decirles “actores armados ilegales”. Después, cuando los declararon extinguidos, dieron orden de decirles ”bandas criminales”, “Bacrim”. Un ministro de Defensa incluso instruyó a la prensa de no escribir Bacrim, con mayúscula inicial, puesto que no se trataba de un nombre propio.
Así desaparecieron los paramilitares de los medios y del imaginario de muchos.
Pero ahí están. Su huella puede leerse en los crímenes que cometen: los asesinatos del paramilitarismo se reproducen en el Caribe, en el Pacífico, en Antioquia, en el Magdalena Medio.
Los muertos son casi siempre pobladores de pequeños cascos urbanos, mineros artesanales y campesinos. Nada más en el Nordeste Antioqueño, totalmente militarizado como está, van unos 260 asesinados este año.
El ejército y la policía le dicen a la prensa que se trata de vendettas entre bandas criminales (bacrim, sí señores) de extorsionistas y narcotraficantes.
A veces, casi siempre, los asesinos se identifican con denominaciones locales o regionales: unas veces son los Urabeños, otra los Gaitanistas, otra más las Águilas Negras. Los de la masacre de 10 campesinos, esta vez en Santa Rosa de Osos, fueron Los Rastrojos.
Todos son narcotraficantes paramilitares en versión nueva, surgidos después de que las AUC “se desmovilizaron”, entre 2003 y 2006, en el marco de un “proceso de paz” con el gobierno Uribe.
noviembre 8th, 2012
“Es absolutamente claro que no se negocia la doctrina militar”, dijo este martes 23 por la Emisora del Ejército el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. “No va haber una aceptación de exigencia de disminución de fuerzas, de presupuesto, de cambiar la doctrina militar”, señaló a su vez el general retirado Jorge Enrique Mora, ex comandante de las Fuerzas Militares y también negociador plenipotenciario con las FARC.
La analista Laura Gil comentó: “La doctrina militar de un país en guerra no puede ser la misma doctrina militar de un post-conflicto”.
Lo que dice Gil suena tan lógico que, a lo mejor –pienso yo- lo que no se negocia es la impunidad.
La ampliación del fuero militar fue emprendida por el gobierno durante la fase secreta de las negociaciones con las FARC. Inicialmente, esta ampliación estaba incluida en la reforma a la justicia. Hubo un momento en que el propio gobierno la extrajo del naufragio: el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón radicó de manera independiente la reforma al fuero militar, para garantizar su aprobación.
La ampliación del fuero militar modifica los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución.
Cuando entre en vigencia,
-la justicia penal militar podrá investigar, procesar y dictar sentencia en casos de violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, con lo cual el Estado colombiano reconocerá que estas acciones, tan largamente ejercidas en forma directa, o a través de grupos paramilitares, hacen parte del servicio.
-los tribunales militares tendrán competencia sobre crímenes de guerra, aunque quedan por fuera el genocidio, los crímenes sistemáticos y generalizados (crímenes de lesa humanidad) y la desaparición forzada.
-será la justicia penal militar la que aborde ese pan de cada día que son las detenciones arbitrarias; también las torturas, incluidas la violación sexual y las mutilaciones; las ejecuciones extrajudiciales (sí, también en la modalidad de falsos positivos) y el uso de menores en la guerra.
-será la justicia penal militar la que defina si hay delito o no, aun en la fase de investigación preliminar.
La ampliación del fuero militar crea un sistema paralelo de justicia con el Tribunal de Garantías Penales, que funcionará como una instancia adicional para tratar cualquier acusación contra un miembro de la fuerza pública.
Ojo a los cargos de los tres que encabezan esta lista:
Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados
Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Kamala Chandrakirana, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica
Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas
Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias
Todas estas personas, titulares de mandatos del Consejo de Derechos Humanos (ONU), firmaron una carta abierta al gobierno y al Congreso de Colombia. Ofrecen su asesoría y piden que se frene la reforma constitucional que busca ampliar el fuero militar, por considerarla “un retroceso histórico” en la lucha contra la impunidad.
Los firmantes advierten así sobre los falsos positivos:
Consideramos que, si se aprueba esta reforma, existe un riesgo real de que se incumplan las obligaciones de Colombia contraídas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y supondría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por el Estado Colombiano por superar y prevenir la repetición de las notorias violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado, especialmente entre 2003 y 2008 por miembros de la Fuerza Pública. Precisamente como resultado de estos esfuerzos, Colombia ha logrado desde 2009 una reducción notable en la comisión de estos tipos de violaciones, hecho que pone en cuestión la necesidad de la reforma constitucional propuesta.
Aquí la carta completa
octubre 23rd, 2012
Si durante la nefanda noche uribista Daniel Pardo hubiera osado escribir que las FARC tienen un discurso político, quizá lo hubieran censurado hace nueve años, o cinco, y se hubiera ganado un capítulo en el Power Point del G-3 del DAS, donde se disponían y describían las operaciones ofensivas contra los disidentes: por ejemplo, llamar desde teléfono público a la periodista Claudia Julieta Duque y decirle que le iban a cortar los dedos a su niña y se los iban a esparcir por el apartamento.
De eso se salvó –se ha salvado por ahora- Daniel Pardo, quien hasta esta semana escribió columnas de opinión en Kien & Ke, portal virtual propiedad, que se sepa, de una señora que vende seguros y que le montó parte de la estrategia de medios a Uribe Vélez.
Aquí está la secuencia sobre la exclusión de Pardo de Kien & Ke, según recopilación del CEPER, Centro de Estudios en Periodismo de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Una lectura imperdible respecto al mismo asunto, y que me dio el título para esta entrada, es escrita por Carlos Cortés: “La salida de Daniel Pardo del portal Kien&Ke abre una ventana indiscreta a la intimidad de los medios”.
Por si acaso Kien & Ke elimina las columnas de Pardo de su archivo, me apresuro a reproducir (más abajo) un texto suyo en el que cuenta que descubrió que las FARC, efectivamente, tienen un discurso político. “Podrán decir que se trata del mismo discurso de siempre, pero yo nunca lo había oído. Tengo 27 años (…) Siempre había visto a los guerrilleros hablando desde la selva y con la intermediación de los medios de comunicación”, escribió Daniel Pardo.
Antes de reproducir la mencionada columna, quiero aludir a la mención que hace Pardo de Medios para la Paz (MPP), asociación profesional a la que pertenecí y a la que sus integrantes le pusimos fin hace unos seis meses. ¿Por qué se acabó MPP? Porque los financiadores llevaban ya un tiempo pretendiendo imponernos su agenda a cambio de su dinero. Una pésima costumbre que parece generalizarse en estos tiempos de crisis económica y “responsabilidad social empresarial”.
MPP no surgió después del fracaso del Caguán, como dice Daniel Pardo. Sino a finales de 1998, justo cuando comenzaba ese proceso de paz con las FARC y el fiscal general y el Procurador general de la época acusaron a los periodistas de ser un actor más de la guerra. Durante 13 años, MPP recorrió el país capacitando a miles de periodistas en el cubrimiento responsable del conflicto armado.
En parte estoy de acuerdo con el veredicto del joven Pardo: con demasiada frecuencia parece que en Medios para la Paz no logramos mayor cosa. Sin embargo, siempre he tenido y sigo teniendo la satisfacción de encontrar aquí y allá, sobre todo en el periodismo regional, semillitas sembradas por MPP.
Pero MPP no es el tema central en este artículo de Daniel Pardo que reproduzco. Sino la exclusión sistemática, en el periodismo colombiano, del punto de vista del contrario.
EXCLUSIVO: los guerrilleros son políticos
Por: Daniel Pardo
Podrán decir que se trata del mismo discurso de siempre, pero yo nunca lo había oído. Tengo 27 años y, por mucho, llevo diez parándole bolas a las noticias. Siempre había visto a los guerrilleros hablando desde la selva y con la intermediación de los medios de comunicación. Siempre que oía o veía noticias sobre un guerrillero se referían a él como “terrorista”, “genocida”, “narcoterrorista”, “matón”, “asesino”.
Hoy conocí, realmente, el discurso de los guerrilleros. Iván Márquez, el vocero de las Farc, tuvo micrófono por primera vez en una década y lo aprovechó como nunca: dijo que el paramilitarismo está asociado con el Estado, que el pueblo debe jugar un papel en el proceso de paz, que el conflicto termina si acaba la injusticia social, que el Estado colombiano tiene complicidad con multinacionales que han explotado a la gente en el campo. Omitió las matanzas, las minas antipersona, el narcotráfico, los desaparecidos y las innumerables víctimas de su ejército. Sin embargo, por primera vez en diez años pude ver a la guerrilla como ésta quiere que yo la vea. Como políticos.
Caí en cuenta de que durante los últimos diez años el discurso de las Farc ha estado censurado de los medios de comunicación. Se reportan las matanzas, pero las ideas con las que el grupo guerrillero pretende legitimar sus prácticas violentas se omiten del periodismo. Hoy, en la rueda de prensa que el gobierno colombiano dio con las Farc, parece que lo volvieron a hacer: cuando empezaron las preguntas a los guerrilleros, varios medios cortaron la trasmisión.
En las negociaciones de paz están hablando dos partes que se consideran a sí mismas legítimas. Son partes, digamos, iguales. Que consideran a la otra ilegal y están negociando. Los medios van a tener que representarlas así –y nosotros oír los discursos de ambos– si es que queremos darles las condiciones a los guerrilleros para que se dejen las armas. Ahora que supuestamente se van a reintegrar a la sociedad, lo último que podemos hacer es excluir su discurso.
Después del fracaso del proceso de paz en el Caguán, los colombianos nos llenamos de odio y se volvió parte de la normalidad decirles “los asesinos de las Farc”. Fue la misma época, principios de siglo, en que se produjeron los ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y el mundo se volcó, de la mano del presidente George Bush, en una guerra “contra el terror” cargada de un discurso fundamentalista y polarizador que dividió al mundo entre el “eje del mal” y la supuesta legalidad. Los efectos de esa guerra dogmática hoy son incuestionables en muchas partes del mundo, incluido nuestro país.
El presidente que Colombia eligió para contrarrestar el fiasco del Caguán, Álvaro Uribe, seguía de cerca ese discurso de Washington y lo aplicó en Colombia con las Farc, que con prácticas de lesa humanidad le dieron cada vez más argumentos a Uribe para reforzarlo. Con una exitosa política de seguridad y comunicaciones que le dio mucha popularidad, Uribe logró inyectar el lenguaje polarizador en los medios y la gente: los periodistas que entrevistaban a las Farc, como Romeo Langlois y Hollman Morris, se volvieron “cómplices” y los políticos de izquierda, como Carlos Gaviria, se convirtieron en “marxistas disfrazados”.
Medios por la paz fue una ONG que se creó después del Caguán para pensar la manera como se iba cubrir el conflicto y no se repitieran los errores del pasado. Las investigaciones de la organización demostraron que el conflicto en Colombia estaba siendo muy mal cubierto: era amarillista, oficialista, parcial al tratar a la guerrilla y a los gobiernos. Hicieron todo tipo de talleres y foros para entrenar a los periodistas y crear modelos para cubrir el conflicto. Se hicieron manuales de estilo, cursos, debates. Hoy Medios para la paz no existe y, según lo que vimos hoy, sus revelaciones no sirvieron de nada.
¿Cuál es, acaso, la necesidad de tratar a los guerrilleros como iguales al gobierno y no rotularlos con adjetivos como “terrorista”, “genocida” o “asesino” durante el proceso de paz? Hay varias respuestas. Originalmente, las Farc se crearon como un ejército rebelde e ilegal de una gente que se sentía excluida del Estado y del debate público. El proceso de paz busca que se reintegren a la sociedad y salgan de la ilegalidad. Para eso, hay que incluir su discurso en el debate público y político, así sus palabras suenen anacrónicas, mamertas y hasta chistosas. Los guerrilleros creen, y en parte tienen razón, que el establecimiento colombiano también es “terrorista”, “genocida” y “asesino”. Y, para citar un ejemplo, está la Masacre de Segovia, que acabó con un partido político, la Unión Patriótica, que se había armado después de un proceso de paz en el 84.
Tal vez odiemos el discurso de los guerrilleros. Pero es un discurso. Y, si queremos jugar a la democracia, vamos a tener que oírlo. Como dijo De la Calle hoy, “si las Farc quieren un cambio en el sistema tendrán que presentarse a elecciones y cambiarlo”. “La gente debe decidir a quién le cree más: a las Farc o al gobierno. Por eso los medios deben transmitir ambos puntos de vista”, dijo hoy el periodista y profesor Javier Darío Restrepo. Les tengo una chiva: los guerrilleros son políticos.
octubre 23rd, 2012
Menos aún torturándolos, ni presentándolos como falsos positivos.
La organización humanitaria alemana Diakonie Katastrophenhilfe me envió este doloroso comunicado de su organización socia en Colombia, Tierra de Paz.
La Corporación Justicia y Dignidad denunció en un comunicado público el asesinato de Norbey Martínez Bonilla, menor de 15 años, oriundo y residente de la vereda El Pedregal, municipio de Caloto en el Norte del Cauca, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH MC-97/2010.
En la comunicación la ONG manifiesta que:
1. Durante las hostilidades presentadas el día viernes 28 de septiembre en zona rural del municipio de Caloto fue denunciada la desaparición de un joven de 15 años oriundo y residente de la vereda El Pedregal identificado como Norbey Martínez Bonilla. El día sábado, familiares iniciaron la búsqueda ante la Fiscalía, Alcaldía y la Policía sin obtener resultados.
2. El día 30 de septiembre medios de comunicación y el ejército presentaron un guerrillero con el alias “Yair” dado de baja durante los combates en ésta zona. De acuerdo a información oficial el individuo llevaba más de diez años en la guerrilla y pertenecía a sus fuerzas especiales.
3. El día martes 2 de octubre en el Instituto de Medicina Legal de Cali es entregado el cadáver de Norbey a sus familiares. La ONG “Corporación Justicia y Dignidad”, denunció que:
“Insólitamente el cadáver no tiene la lengua, tiene heridas en los dedos y una herida en el cuello y en el glúteo derecho con elemento desconocido. Llama la atención que el cuerpo sin vida del menor fue entregado con coseduras en todas sus extremidades. Así mismo, el uniforme camuflado que presuntamente portaba, aparece sin perforaciones”.
Ante esto, la ONG hizo las solicitudes pertinentes al Estado Colombiano, la ONU, Comisión Interamericana de DDHH, medios de comunicación y otras ONG de DH para la divulgación de la información.
octubre 5th, 2012
“Para decirlo con claridad, los ejercicios de ficción no son aceptables siempre y menos aun cuando se usan para hacer sindicaciones de grueso calibre en temas sensibles”, dice un inusual editorial de El Tiempo acerca de uno de sus columnistas, asesor de Álvaro Uribe .
El episodio de José Obdulio Gaviria y su columna en El Tiempo me recuerda que no se sabe aun quién plantó información falsa en los computadores supuestamente decomisados en el campamento de Raúl Reyes en Ecuador, bombardeado en marzo de 2008.
septiembre 26th, 2012
Llaman la atención estos párrafos en La Silla Vacía, hace dos semanas:
Cuando empezó el proceso de paz y Pacho [Francisco Santos] filtró el Acuerdo Marco al que había llegado el Gobierno con las Farc -algo que seguramente habrían hecho la mayoría de periodistas en su lugar- en el Gobierno hubo gran molestia. No porque no fuera verdad lo que estaba revelando Pacho sino porque su publicación prematura puso en riesgo todo el proceso.
Dentro de las Farc los jefes guerrilleros necesitaban un tiempo para socializar el Acuerdo con sus miembros y que algunos supieran del Acuerdo por los medios antes del plazo convenido con el Gobierno podría haber echado todo por la borda.
Por eso, esa ‘chiva’ [primicia] fue interpretada como una forma de boicotear el Acuerdo.
Desde Casa de Nariño se hizo saber de la molestia del Presidente a los Ardila Lulle [dueños de RCN Radio], lo que es posible que haya fortalecido la decisión de terminar su contrato.
De esta manera, el uribismo se quedó sin uno de los espacios de debate y de crítica al Gobierno más poderosos que tenían.
Artículo completo RECOMENDADO:
Con la salida de Pacho Santos, Uribe pierde su más fuerte aliado en los medios
Por Juanita León, 10 de septiembre, 2012 10:23 pm
septiembre 25th, 2012
Vanesa Coicué, una niña nasa de 11 años, pereció el 16 de septiembre de 2011 en su propio hogar, en el Norte del Cauca. El ejército y las FARC combatían, literalmente, en el jardín de su casa. Un proyectil relleno de metralla, para hacer el mayor daño posible, estalló a dos metros de la vivienda de madera. Foto Constanza Vieira/ IPS
A la misma hora en que Juan Manuel Santos y las FARC anunciaban desde Bogotá y La Habana el inicio de conversaciones de paz, varias de las comunidades que más han sufrido en Colombia enviaron hoy una carta conjunta al presidente colombiano y a los jefes de las dos guerrillas, las FARC y el ELN.
La misiva proviene del Centro y Norte del Cauca, Chocó, Antioquia, Meta, Putumayo, Caldas y Valle del Cauca.
Las comunidades proponen cinco puntos:
Cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión y participación física en espacios definidos para hacer propuestas, incluida una Comisión de la Verdad.
Además, la satisfacción básica de algunos derechos con base en la redistribución de los recursos que se destinan a la guerra. La idea es también que los recursos de cooperación internacional se destinen, entre otros, a la Comisión de la Verdad.
Finalmente, piden que los acuerdos de paz que se logren sean refrendados en un referendo o mediante una Constituyente.
Esta es la carta.Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de 2012
Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia
Señor TIMOLEÓN JIMÉNEZ Secretariado de las FARC – EP
Señor NICOLÁS BAUTISTA Comité Central ELN
Nos llena de esperanza el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN.
Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia que dan fe de estas graves condiciones que general el conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha significado en costos en vidas humanas, en costos sociales, ambientales y económicos está guerra que va a cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de la Verdad y otras iniciativas compartidas con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y otros que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.
Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de aproximación ya conocidos, y frente a lo que eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de expresión. La persistencia del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar, la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas son razones importantes para que se de un cese al fuego, se posibilite nuestra participación y podamos creer en el proceso. Es fundamental el cumplimiento de aspectos referente a estructuras criminales e igualmente la necesidad de tener acceso ya a medios de información públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y por medios físicos como medio de participación de la sociedad civil, esa expresión es importante, pero imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad política de escucharlas, de discutir y asumirlas en acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto armado.
Requerimos saber de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que nuestras propuestas de habitación, de producción, de Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una redefinición del gasto serán los que propician la viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia. Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.
Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones. La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.
• Asociación campesina agroecológica Huerto Renacer, municipio de Sucre Cauca
• Asociación campesina agroecológica Bien Andante, municipio de Sucre Cauca
• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Argelia Cauca
• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz” san Antonio, Inza Cauca
• Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco Toribio Cauca
• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiando – So Bia Drua – Pueblo Embera
• Zona humanitaria El Castillo, Comunidad de Vida y Paz – CIVIPAZ- Meta
• Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica – ADISPA – Putumayo
• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo
• Zonas de Biodiversidad Grupo Porvenir – Putumayo
• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”- Dabeiba
• Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
• Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya – Valle
• Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam – Valle
• Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA – Trujillo – Valle.
• JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle
septiembre 4th, 2012
Soldado William Domínguez / Foto tomada de El Espectador
Según análisis del entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo al embajador estadounidense, Piedad Córdoba bien podía ganar la consulta interna del liberalismo y quedar como candidata presidencial. Cable de la embajada estadounidense en Bogotá, fechado el 6 de marzo de 2009. Wikileaks sin censura.
Clasificación: CONFIDENCIAL
Según el embajador William Brownfield, Uribe se enfureció porque Luis Carlos Restrepo aceptó la presencia de los periodistas Jorge Enrique Botero y Daniel Samper Pizano en la liberación de cuatro uniformados el 1 de febrero de 2009 (el soldado William Domínguez, asesinado en Bogotá septiembre de 2011, y los agentes de policía Juan Fernando Galicia, José Walter Lozano y Alexis Torres).
Restrepo incluyó a los periodistas para evitar la posible participación internacional: en la semana del 2 de marzo, Córdoba se reunió con el congresista James McGovern en Washington, para supuestamente hablar de su posible participación en otra liberación de parte de las FARC.
Para Restrepo, si las Farc decidían liberar a más prisioneros, pondrían a Uribe en aprietos. El Comisionado de Paz dijo que el presidente tenía “una reacción visceralmente negativa hacia estos eventos controlados por las FARC y hacia la facilitación de Córdoba, lo que hacía su respuesta a ello algo impredecible”. También rechazaban arduamente las operaciones de liberación Juan Manuel Santos y el comandante del ejército, Padilla.
El gobierno tenía en 2009 un mensajero autorizado con las FARC: Henry Acosta, quien en 1999, siendo alcalde de Chámeza (pueblo del departamento Casanare, al oriente), se asiló porque, dijo, no le quiso entregar el presupuesto de la alcaldía a la guerrilla.
Restrepo salió de su cargo en marzo de 2009 porque Uribe estaba convencido de que la paz no llegaría ni con las Farc ni con el ELN en lo que restaba de su gobierno. En enero, el guerrillero Pablo Catatumbo escribió al mensajero Acosta que Uribe no entendía los gestos de las FARC y reconociendo que con Uribe no habría paz. Poco después, Uribe le revocó a Acosta la autorización para contactar a las FARC.
Restrepo reconoció que con la liberación de un total de seis rehenes a través de Córdoba, las FARC se anotaron un tanto propagandístico a costa del gobierno colombiano, que resultó aún más costoso por los sobrevuelos de las FFMM durante la primera de las tres operaciones de liberación.
Uribe, dijo Restrepo, ya no quería más que Piedad Córdoba participara en liberaciones subsiguientes, pues como resultado de esta labor Córdoba estaba en capacidad de ganar las primarias presidenciales del partido liberal. Una encuesta Gallup mostró a Córdoba liderando, con el 30% del apoyo en su partido. “Restrepo nos dijo que, una vez esté fuera del cargo, planea ser mucho más agresivo en sus críticas contra Córdoba y otros defensores del diálogo de paz, como amigos de las FARC”.
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“Restrepo lamentó que el ELN también continuara jugando. Dijo que el exmiembro del Comando Central del ELN (COCE), Pacho Galán, convencido de que la lucha armada no tiene futuro en América Latina, está decidido a presionar públicamente al grupo a renunciar a la violencia. Galán, cuyos esfuerzos son financiados por los suecos y la Alcaldía de Medellín, piensa que el modelo tradicional de diálogos de paz con las FARC y el ELN solo ha servido para prolongar la guerra. Restrepo dijo que el gobierno colombiano aspira a explotar los comentarios de Galán para presionar tanto al ELN como a las FARC”.
Link original del cable en Wikileaks:
http://wikileaks.org/cable/2009/03/09BOGOTA768.html
First published on Thu, 1 Sep 2011 23:24 UTC
Reference ID: 09BOGOTA768
SUBJECT: "NO CHANCE" OF FARC PEACE TALKS AS PEACE COMMISSIONER RESTREPO RESIGNS
septiembre 15th, 2011
Claudia Julieta Duque – Foto Constanza Vieira/IPS
La periodista investigativa Claudia Julieta Duque recibió información acerca de que un sector de Inteligencia militar prepara ataques directos en su contra.
Esta es su carta abierta al presidente Juan Manuel Santos (tomada del sitio Facebook de Contravía TV). Santos debe intervenir de inmediato.
Bogotá, 14 de septiembre de 2011
Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Ciudad.
Ref. Llamado urgente de intervención para prevenir posibles atentados contra la periodista Claudia Julieta Duque
Respetado señor Presidente,
Reciba un atento saludo. Soy una periodista defensora de derechos humanos especializada en investigación de temas sensibles en el país y como tal he sido amenazada y perseguida por el Estado colombiano desde el año 2001, razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares desde noviembre de 2009 y recibo atención del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior desde enero de 2004.
Entre las labores más conocidas que he realizado figuran la investigación por el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero en agosto de 1999, del también periodista Clodomiro Castilla en 2010, mis denuncias respecto a la conformación de una empresa criminal al interior del DAS para el espionaje y persecución de defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas, sindicalistas y líderes de la oposición siguiendo las directrices de la Casa de Nariño, para entonces en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Como es bien sabido, he sido una de las principales víctimas de ese organismo de inteligencia, que incluso llegó a elaborar un memorando para la ejecución de acciones de tortura psicológica en contra mía y de mi hija. Según reposa en los expedientes judiciales, dicha persecución en contra de miembros la sociedad civil tuvo también la participación de las demás agencias de inteligencia del Estado y de la llamada Junta de Inteligencia Conjunta (JIC).
Recientemente fui coautora de un artículo publicado en primera página de The Washington Post, titulado “Ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia”, que como es de público conocimiento causó diferentes reacciones y ataques en contra de sus autores, pese a lo cual su contenido hasta la fecha no ha sido desvirtuado. De igual manera he publicado dos artículos en el quincenario Un Pasquín respecto a periodistas y columnistas de opinión que figuran como corresponsales del líder de las AUC Carlos Castaño, y que según la USB que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación habrían sobrepasado la línea profesional en sus relaciones con la comandancia del paramilitarismo.
Tales publicaciones han generado una fuerte reacción en contra mía, a tal punto que he sido calificada como “activista de extrema izquierda” por parte de un columnista de opinión, mientras otro ha dicho en redes sociales que mis artículos son escritos por el secretariado de las FARC, aseveraciones respecto a las cuales mis abogados estudian eventuales acciones legales.
En días pasados fui informada por una fuente de altísima credibilidad y posicionamiento en la sociedad, cuyo nombre me reservo por razones de estricta seguridad, que desde Inteligencia Militar o sectores de la misma se han impartido órdenes y se estarían fraguando eventuales operativos para realizar ataques directos en mi contra.
Por lo anterior, y haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, me permito solicitarle muy respetuosamente se sirva intervenir ante sus subalternos en las fuerzas militares para que se desactive cualquier plan dirigido a atentar contra mi integridad física, así como acciones de seguimiento, inteligencia, desprestigio o de judicialización infundados (montajes) que hayan podido ser puestos en marcha.
Por medio de la presente, responsabilizo al Estado colombiano por la materialización de cualquier ataque que se llegare a producir en contra mía o de cualquier miembro de mi familia, no sólo por las posibles omisiones en que se incurriera sino por la participación directa que pudiera existir de organismos de inteligencia del Estado en estos planes criminales. Confío en su eficaz intervención para que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier atentado en contra mía o de mi familia tanto ahora como hacia futuro.
Recibiré notificaciones en la calle 16 No.6-66 Piso 25, sede de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que actúa como mi representante legal ante diferentes instancias nacionales e internacionales.
Atentamente,
CLAUDIA JULIETA DUQUE ORREGO
Periodista C.C.42.097.329 de Pereira
c.c. General Alejandro Navas, Comandante de las Fuerzas Militares Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República Dra. Vivianne Morales, Fiscal General de la Nación Dr. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación Dr. Christian Salazar, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Dr. Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Brigadas Internacionales de Paz – Colombia, Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
septiembre 14th, 2011
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