Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

Archive for septiembre, 2006

Coronel del Ejército prohíbe la exhibición de documental sobre la masacre de Mapiripán

Una Alerta de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, el 8 de septiembre, dio cuenta de que “pocas horas antes del estreno de un documental sobre la masacre de Mapiripán, un coronel del Ejército exigió la revisión de su contenido. Ante la negativa de los autores, el funcionario militar prohibió la exhibición de la cinta. Ésta hacía parte de la programación de la ‘Semana por la paz’, evento liderado por varias organizaciones sociales en Colombia”, que transcurre actualmente.


“El documental, llamado ‘¿Por qué lloró el general?’, examina el proceso judicial de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997. Ese año, un grupo de paramilitares – con la colaboración de miembros del Ejército – se tomó esa población del departamento del Meta y torturó y asesinó a 49 civiles. Los autores del filme defienden la inocencia del único alto mando implicado, el general Jaime Humberto Uscátegui, y cuestionan la impunidad en el proceso.

“El director del documental, José Jaime Uscátegui – hijo del general acusado -, y dos jóvenes realizadores, Hernán Ruiz y Gonzalo Rodríguez, contrataron los servicios del Teatro Patria para el lanzamiento, programado para el martes 5 de septiembre de 2006. Si bien este teatro es propiedad del Ejército, fue entregado en arriendo a un particular.

“El día anterior al evento, y después de hacer los pagos correspondientes, recibieron una llamada del administrador del teatro, Manuel Díaz Rivera. Éste les dijo que su asesor tenía que ver el documental antes de la función: ‘Yo no voy a exponerme por un evento. Lo mira el asesor del teatro y el dice si se puede o no se puede’, afirmó Díaz. El ‘asesor’ era realmente un coronel del Ejército, quien según Uscátegui es Julio César Becerra Avellaneda, Comandante del Batallón de Apoyo y de Servicios para la Educación Militar.

En grabaciones que la FLIP conoció, Becerra dice que ‘hasta que nosotros no conozcamos el material, no podemos autorizar la presentación’.

“Aunque se negaron inicialmente, Uscátegui y los realizadores finalmente aceptaron que el coronel Becerra viera la pieza antes de la función. Pero una vez en el teatro, el militar se limitó a decir que el espacio ya había sido destinado para otro evento. A la hora programada para el lanzamiento, la Policía Militar se tomó las afueras del teatro, mientras más de 200 personas protestaban pacíficamente por lo que consideraron un acto de censura. Hernán Ruiz, uno de los realizadores afirmó que no entendía ‘las razones para que los militares prohíban a última hora proyectar el documental, desconociendo el contrato existente y el derecho de todo ciudadano a expresarse libremente’.

La FLIP contactó telefónicamente al coronel Julio Cesar Becerra Avellaneda quien afirmó: “Es absurdo. No sé a qué se refiere, yo no manejo ningún teatro”. Por su parte, la FLIP no pudo hablar con el administrador del teatro, sin embargo, una asistente de él dijo que la proyección se había cancelado por razones “mucho más importantes” que se negó a mencionar.

(Oiga en http://www.flip.org.co/ las afirmaciones del coronel Becerra y del administrador del teatro y vea la foto de los militares a las afueras del teatro).

La FLIP exhortó al Ejército “para que a la mayor brevedad levante la restricción y permita la proyección de la cinta”.

Agregó la organización que “El alto mando militar desconoció la prohibición general de censura que consagra el artículo 20 de nuestro Constitución Política, su jurisprudencia y los tratados internacionales. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional: ‘La censura es el más aberrante de los controles previos a la libertad de la prensa y de los demás medios de comunicación porque representa el mayor grado de invasión del núcleo esencial de dicha libertad.’”

***

EL CASO MAPIRIPÁN: “RAZONES MUCHO MÁS IMPORTANTES”

Por Constanza Vieira, con información recabada en 2004 para IPS

Cuando ocurrió la masacre de la sudoriental localidad de Mapiripán, en julio de 1997, el hoy general retirado Jaime Alberto Uscátegui era comandante de la 7 brigada del ejército. En el juicio que se le adelanta, es acusado de falsedad intelectual y, por omisión, de homicidio agravado y secuestro agravado.

La matanza ocurrió en una aldea por entonces de 1.000 habitantes en lo que era el epicentro cocalero del sudoriente, en la región de Orinoquia, con presencia histórica de las FARC, alzadas en armas desde 1964.

Doscientos paramilitares de las AUC -unos 50 enviados en avión por el entonces jefe de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño desde Urabá- se tomaron Mapiripán. Entre el 15 y el 20 de julio clausuraron los accesos por río y tierra y, lista en mano, arrancaron de sus casas a civiles desarmados. De los 49 muertos, sólo han sido identificados ocho.

El documental del hijo de Uscátegui se pregunta por qué no está siendo investigada la Brigada 17 del ejército, con sede en Urabá: ¿cómo pudo salir el avión sin su conocimiento?

Leonardo Cortés era por entonces juez de Mapiripán y la única autoridad estatal que permaneció en el pueblo, pues todos los funcionarios de la administración local se habían marchado con sus familias ocho días antes: qué casualidad.

Desde su ventana, el juez vio cómo varios vecinos eran conducidos por los paramilitares a las instalaciones del matadero municipal y escuchó los gritos y súplicas que emanaban de ese lugar, convertido en centro de torturas.

Las víctimas eran colgadas vivas de los garfios destinados a las reses, y allí les cortaban las extremidades con una motosierra.

La seguridad de esa región estaba a cargo de Uscátegui, quien alega inocencia y dice haber descubierto cómo sucedieron las cosas, pero pide un precio por guardar silencio: que la fiscalía allane un final del juicio que le sea favorable.

Una advertencia equivalente a la de los jefes paramilitares a cambio de su desmovilización y su silencio sobre la complicidad de lás élites económicas y sus voceros en la política: “Ni un día de cárcel, ni en Colombia ni en el exterior”, pues varios de ellos tienen pendientes procesos en Estados Unidos por narcotráfico. El pulso apenas se está resolviendo por estos días, cuando ya quizá los ultraderechistas y sus asesores han comprendido que, si no hacen aunque sea un simulacro de reclusión, se van para la justicia universal.

Las investigaciones demostraron que se facilitó el paso y se ayudó logísticamente a los paramilitares para que llegaran a Mapiripán.

Por coordinar la operación, recibió 40 años de condena el coronel Lino Sánchez, entonces comandante de la brigada móvil 2 del ejército, con asiento en San José del Guaviare, a cuatro horas por carretera de la aldea. El sargento Juan Carlos Gamarra recibió una pena de 22 años de prisión y otro suboficial, 32 años.

El día en que comenzó la matanza, el juez Cortés logró comunicarse por teléfono con el entonces mayor Hernán Orozco, comandante del batallón Joaquín París, quien además fue informado por la Inteligencia de su fuerza.

Orozco solicitó a su superior, Uscátegui, que protegiera a los habitantes con la brigada móvil 2, dotada de helicópteros artillados, centenares de soldados comandados por el coronel Lino Sánchez, y a cinco minutos de vuelo de Mapiripán.

El refuerzo nunca llegó, y más tarde Orozco fue “amenazado por el paramilitarismo y por los oficiales de la fuerza pública que son responsables de estos hechos”, afirmó el abogado de derechos humanos Eduardo Carreño.

Orozco está exiliado y protegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras el juez, blanco de advertencias para que alterara las denuncias, también optó por el exilio.

El posteriormente asesinado Carlos Castaño fue condenado a 40 años de prisión por estos hechos. Según él, sus hombres habían matado guerrilleros. Pero el abogado Carreño asegura que las víctimas eran opositores del alcalde y su equipo, que habían denunciado su corrupción.

“Las personas ejecutadas eran liberales o de la Unión Patriótica“, mientras la administración local pertenecía al Partido Conservador, precisó.

En Barrancón, 35 kilómetros al oeste de Mapiripán, está la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército.

Mientras se perpetraban las muertes, transcurrían allí las sesiones finales de un curso sobre planificación y toma de una decisión militar en la infantería liviana, dictado por boinas verdes del grupo 7 de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. El coronel Sánchez actuaba como alumno aplicado.

Pero tres semanas antes de la masacre, Sánchez había propuesto al comandante de la Base Antinarcóticos que facilitara el acceso de los paramilitares al Guaviare, pues “luchaban contra un enemigo común y tenían la posibilidad de dar una lección a la guerrilla” de las FARC, señala la sentencia condenatoria del coronel.

Antinarcóticos se negó a cooperar con Sánchez, pero sólo denunció la propuesta seis meses después, por presión de los investigadores.

Los despavoridos sobrevivientes “salieron de Mapiripán por río, por carretera y por avión”, relató Carreño, reconstruyendo los hechos para una nota de esta periodista en IPS.

Nadie regresó. Según Carreño, la aldea es habitada hoy por “gente que no es de la región”. Sería interesante mirar los resultados de la votación en Mapiripán, como una pista para entender quién los llevó y a quién le están agradecidos por ocupar hoy bienes de víctimas.

LO QUE SABE USCATEGUI

En una conversación cuyo contenido fue filtrado el 29 de marzo de 2004 a la revista bogotana Cambio, Uscátegui manifestaba a un interlocutor no identificado que era inocente, que no pensaba quedar solo como responsable de la matanza y que, si hablaba, sería el peor escándalo del país, y podría llevar al cese de la ayuda militar estadounidense a través del Plan Colombia antinarcóticos.

La justicia ha mantenido en secreto información “porque no conviene que salga a la luz pública”, agregaba Uscátegui.

Gamarra, uno de los condenados en 2003, era jefe de inteligencia del batallón Joaquín París. Uscátegui fue mucho más explícito que la sentencia al describir el contenido de 300 archivos digitales cifrados y guardados en un computador del sargento preso.

“Los panfletos que entregaron las autodefensas en la masacre de Mapiripán los hicieron en ese computador, en el batallón París. Igual hicieron con los panfletos que entregaron ocho meses después en Puerto Alvira” en la misma región, donde se cometió una matanza similar, afirmó Uscátegui.

En el computador “también estaban las planillas de pago mensuales, las nóminas de todo el frente Guaviare de las AUC, que eran 93 hombres y mujeres con los alias, sus cargos y lo que devengaban”, añadió el general retirado.

Uscátegui mencionó en su conversación telefónica un elemento clave: “el vínculo con los paramilitares no sólo era en el Guaviare, sino que venía desde el Urabá antioqueño”, bajo jurisdicción del general Rito Alejo del Río cuando gobernaba Antioquia el ahora -y quizá por toda esta generación- presidente Uribe. ¡Guau! ¿Puede ser esta una explicación del extraño comentario de la secretaria del Teatro Patria: que la proyección se había cancelado por razones “mucho más importantes”?

Uscátegui reveló que, tras la matanza, la brigada móvil 2 y el batallón París no persiguieron a los asesinos. Y la brigada hizo “una operación gigantesca, aplastó a las FARC y colocó un colchón de aire o de seguridad para que se salieran los ‘paras’” (paramilitares) de la zona.

“El Ejército no sólo tiene vínculos, no sólo no los combatió, sino que combatió a las FARC para que no golpearan a los paras por habérseles metido en su territorio”, aclaró el militar.

Total: ahora sí, hay que ver la película “¿Por qué lloró el general?”. Debe contener muchos más detallitos, por no decir que “razones mucho más importantes”.

Add comment septiembre 8th, 2006

Desde enero, 49 sindicalistas asesinados y 138 amenazados hasta el 5 de septiembre

Además, aumenta el número de sindicalistas desplazados y de familias sindicalistas amenazadas.

 

La cifra fue dada a conocer por Domingo Tovar Arrieta, director del departamento de derechos humanos y solidaridad de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a funcionarios gubernamentales y estatales en la que denuncia seguimientos y amenazas contra su familia.

Tovar deja consignado que en los últimos meses ha informado a las autoridades sobre llamadas amenazantes a él y a sus hijos, sus padres y su compañera), así como “llamadas comprometedoras” a su teléfono inhalámbrico “por personas desconocidas”. Además, manifiesta la “certeza” de que sus teléfonos están interceptados.

Señala también la presencia ocasional de “falsos policías” cerca de su vivienda.

En Bogotá, “en los últimos meses he sido seguido por vehículos, que casi siempre son reportados a la policía o DAS y casi nunca dan respuesta alguna: Taxi placas SHM 42 (tres personas, dos mujeres y un hombre), camioneta cherokee blanca polarizada CHZ 583, taxi VDJ 066 chevrolet (tres personas), moto AXF 66 color azul (dos personas)”.

Según Tovar, al menos una de esas personas que lo vigilan secretamente habría viajado con él a regiones dentro de Colombia.

“Cuando viajé a Corozal (Sucre) por calamidad doméstica fui hostigado permanentemente por una moto Yamaha sin placas, dos personas y una camioneta blanca sin placas, siempre estuvo rondando la casa de mis padres; he de anotar claramente que ni el DAS ni la policía en Sucre, nunca prestaron ninguna colaboración, aún llamando al comando”, agrega, y declara su preocupación puesto que el programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia (Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, CRER) no tiene presupuesto para pagar los tiquetes aéreos de sus escoltas, por lo que le ha tocado viajar sin ellos.

Tovar anota que representa a la CUT ante el CRER, así como en mesas de diálogo con Vicepresidencia de la República, donde denuncia al paramilitarismo y a miembros de organismos de seguridad. “Luego de estas reuniones la situación de seguridad se torna más difícil”, agrega.

El líder sindical solicita “la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y demás organismos internacionales defensores de Derechos Humanos y al movimiento sindical mundial para que con base en los convenios y tratados internacionales exija al gobierno de Colombia garantías y respeto a la vida de mi familia y la mía propia, ya que desde el 1 de enero hasta la fecha son 49 sindicalistas asesinados, 138 amenazados y es progresivo el número de desplazados y de familias sindicalistas amenazadas” subraya.

“Estoy exigiendo al Estado-gobierno su responsabilidad en garantizar la honra y la vida de sus conciudadanos en todo momento y lugar y mucho más a quienes dentro de la democracia como principio ejercemos oposición al gobierno y sus políticas”, agrega quien además es miembro del izquierdista Polo Democrático Alternativo.

La carta de Tovar, fechada el 5 de septiembre, está dirigida a Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH en Washington, Francisco Santos, vicepresidente de Colombia, Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior, Rafael Bustamante, director general del programa de derechos humanos de ese mismo ministerio, Andrés Peñate, director del DAS, y Luis Carlos Toledo, delegado de la Procuraduría ante el CRER.

Add comment septiembre 6th, 2006

Voceros Farc se habrían entrevistado con el presidente Óscar Arias en Costa Rica

La Barca de Calderón, en el diario bogotano El Nuevo Siglo, sostiene el 4 de septiembre que en la semana del 21-27 de agosto “varios voceros de las Farc” se habrían entrevistado con el Nóbel de Paz y presidente de Costa Rica Óscar Arias.


En ese país estarían también el ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán y su brazo derecho, Luis Fernando Rosas, quienes igualmente se habrían entrevistado con Arias.

Textualmente:

“El Barquero pudo establecer: 1) Que la agenda de paz con la Farc se viene haciendo de manera estrictamente secreta. 2) Que los pasos dados por el “Hombre de la llave” [por el logo de campaña de Leyva] tienen el visto bueno del presidente de los colombianos. 3) Que a Costa Rica llegaron la semana antepasada varios voceros de las Farc y se entrevistaron con el Presidente Arias. 4) Que ni Leyva ni Rosas quieren hablar del asunto”.

Según eso, contactos sí habría, pero no directos con el gobierno. Tal como lo dijo el comandante de las Farc Iván Márquez.

Add comment septiembre 4th, 2006

Iván Márquez: despeje de dudas

“Nadie entiende en las FARC de dónde saca el gobierno que los contactos para el canje avanzan por buen camino, si hasta el día de hoy no se ha producido el primer encuentro directo con las FARC”, opina el 28 de agosto el miembro del secretariado del estado mayor de las Farc, Iván Márquez, en el sitio web de esa guerrilla.

“Lo más práctico es despejar de tropas el territorio propuesto para el diálogo, o ‘pre- diálogo’, si ese es el término que complace al gobierno. Lo importante es que se de el cara a cara gobierno-FARC para convenir el intercambio humanitario”, puntualiza.

Márquez vuelve a dejar claro que:

  1. Las Farc exigen el despeje de los municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, al suroccidente de Colombia.
  2. No dejarán la seguridad de sus comandantes negociadores en manos de nadie más que de sus propias tropas.
  3. Y que sin Simón Trinidad y la guerrillera Sonia, extraditados por Uribe a Estados Unidos, no hay canje.

Por cierto, gran escándalo en la corte estadounidense que juzgará a Trinidad, porque éste le escribió una carta a su novia guerrillera, una atractiva mujer que el periodista sueco Dick Emanuelsson encontró, en 2005, al frente de una de las emisoras de esa insurgencia campesina. La justicia estadounidense tomó el escrito, nada menos, como ¡prueba! de que Trinidad pertenece a las Farc, informó el 3 de septiembre el telenoticiero Noticias Uno. Como si alguien sobre el planeta Tierra lo estuviera poniendo en duda.
El jurado que decidirá la suerte de Trinidad y de Ingrid Betancourt, entre muchos otros privados de la libertad, será escogido un día emblemático: el 11 de septiembre.
Tal como van las cosas : Libertad de Ingrid Betancourt podría demorar años

Add comment septiembre 3rd, 2006

Más dólares para MAPP-OEA

El 29 de agosto de 2006, Estados Unidos anunció que financiará con un millón 975 mil dólares (adicionales a los15,5 millones donados ya) la Misión de Acompañamiento de la OEA (MAPP-OEA) a la supuesta desmovilización paramilitar. El embajador estadounidense William Wood reconoció que en 12 regiones, donde permanece el 74% de los “ex” paras, continúan las “actividades ilegales”.

Este apoyo “le permitirá a la Misión fortalecer su capacidad de analizar y monitorear las condiciones de seguridad en regiones antes dominadas por grupos paramilitares así como en las áreas donde los ex combatientes se han reubicado. Esto es especialmente importante debido a indicios confiables sobre la continuación de actividades ilegales en esas regiones”, dijo Wood.

Según el jefe de MAPP-OEA, Sergio Caramagna, el 2 de agosto, su oficina, con un total de 85 funcionarios, no verifica lo que ocurre en 16 departamentos del país, “un territorio que es casi la mitad de Colombia. Esencialmente en los departamentos que están de la mitad del territorio hacia el sur, la Misión no tiene oficinas”, dijo en el foro Altas y bajas del proceso de desmovilización de las AUC, organizado por Indepaz y la revista Semana.

Add comment septiembre 3rd, 2006

TLC: ¿Negociación irresponsable?

“Los consumidores colombianos comerán la misma carne que la que comen los estadounidenses”, resumió el ministro colombiano de Comercio al explicar por qué el país andino cedió ante los reticentes negociadores estadounidenses del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y aceptó la importación de carne de reses mayores de 30 meses, más susceptibles de estar afectadas por el mal de las “vacas locas”. La declaración fue avalada por el ministro de Protección Social, además del ministro de Agricultura. La enésima concesión colombiana puso, por ahora, punto final al texto del tratado, que la última semana de agosto comenzó el trámite ante el Congreso estadounidense.

Pero Estados Unidos está calificado por la Organización Internacional de Sanidad Animal como país de “riesgo indeterminado” en materia del mal de las “vacas locas”, por haber presentado focos de esa enfermedad. Y el 21 de julio de 2006, Los Angeles Times publicó que las severas pruebas para detectar las “vacas locas” se han reducido en el 90 por ciento, debido a su alto costo: un millón de dólares a la semana.

Por cierto, el arroz de grano largo estadounidense fue declarado de prohibida importación por Japón, debido a que contiene una proteina transgénica que ni siquiera ha sido aprobada para consumo interno en Estados Unidos. Por la misma razón, la Unión Europea mantiene demorada la importación de ese cereal.

Y la macadamia, cuya sola mención emociona al ministro colombiano de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien la propone como la gran alternativa para los arroceros que quebrarán por el TLC, registra inventarios sobrantes y caída de precios en Hawaii, primer productor de Estados Unidos.

Todo según Aurelio Suárez Montoya en esta nota de Argenpress.

Add comment septiembre 3rd, 2006


Suscríbase a este blog

Seguime en Twitter

Noticias de Colombia

IPS Noticias de América Latina

Categorias

Archivo

Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.