Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

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El 17 de octubre, rueda de prensa en Oslo

El miércoles 17 de octubre hay rueda de prensa en Oslo. Tema: el inicio formal del diálogo gobierno colombiano-FARC por la paz.

Tal es la única información oficial que ha dado hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, país garante del proceso de paz junto con Cuba.

Me llama la atención que Caracol Radio reproduce sin glosas el cable de EFE, el cual dice claramente algo que es cierto:

Una vez iniciado el proceso en Oslo, está previsto que las negociaciones se trasladen luego a La Habana, donde continuarán por un período indefinido.

Lo acordado entre el gobierno y las FARC, efectivamente, es que la negociación es por periodo indefinido. Aunque para consumo interno el presidente Juan Manuel Santos afirme que será cuestión de meses, y no de años.

El documento suscrito por el gobierno colombiano y las FARC dice, respecto a los plazos:

Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas (…)

Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

Habla asimismo de que habrá un “Cronograma”

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

Aquí el despacho de EFE en Caracol Radio.

Add comment octubre 4th, 2012

La fecha no gustó

“Clavos Calientes” se llama la sección de chismes políticos del semanario Voz, del Partido Comunista.  En su edición de hoy, dice que la fecha de instalación de los diálogos de paz con las FARC -8 de octubre- no gustó a los representantes del gobierno, quienes la pospusieron por unos días alegando cuestiones logísticas y jurídicas:

…Pero en la Casa de Nariño estaban molestos con la fecha del 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico en homenaje a Ernesto Che Guevara. Cuando fue aprobada la propuesta de las FARC, los voceros oficiales no advirtieron la importancia histórica para la insurgencia y no presentaron ningún reparo. Posteriormente, cuando cayeron en cuenta, buscaron la manera de modificar la fecha y encontraron el argumento.


Según el twittero @calozanosierra, “El semanario VOZ ha confirmado que la fecha para la instalación de la Mesa de Diálogo en Oslo es el 17 de octubre”.

Add comment octubre 3rd, 2012

Seguimos esperando respeto al periodismo independiente

El Estado Mayor del Frente 15 del Bloque Sur de las FARC parece insistir en la calidad de “prisionero de guerra” del corresponsal de France 24 Roméo Langlois, según uno de los dos textos leídos ante las cámaras de Karl Penhaul por el guerrillero Ancízar.

VIDEO Karl Penhaul en el lugar de la noticia

Penhaul viajó al lugar y obtuvo en video una declaración adicional de Ancízar: “…hemos concluido que, efectivamente, es francés; que se llama Roméo Langlois; que es periodista. Y con esta información esperamos que prontamente superemos este impasse”.

Desde Bogotá podríamos parafrasear a Ancízar: concluimos que, efectivamente, a Roméo lo tienen las FARC; que lo tiene el Frente 15; y que, al momento de llegar Penhaul a la zona, no existía aún una posición del secretariado del estado mayor de las FARC sobre el caso del corresponsal de France 24. Es por esa razón que el Frente 15 no tiene nada qué agregar oficialmente, más que su parte de guerra y su comunicado de fecha lunes 30 de abril.

Así que seguimos esperando respeto al cubrimiento periodístico independiente, como lo expresamos varios periodistas en un comunicado el miércoles.

Teniendo en cuenta la creciente censura en Internet, trascribo aquí lo dicho por Ancízar frente a la cámara de Karl.

“Mi nombre es Ancízar. Conocido popularmente como “Monazo”. Soy comandante de escuadra del Frente 15. A continuación les voy a leer un comunicado.

Marchando hacia la libertad

Parte de guerra

1. El día 28 de abril, unidades del Bloque Sur combatieron con una patrulla del ejército y la policía durante siete horas, en la vereda La Libertad, inspección de La Unión Peneya, municipio de Montañita, Caquetá.

Desde el inicio del combate, el ejército y la policía fueron apoyados por cinco helicópteros, el avión  fantasma,         dos bombarderos Tucano y un avión de la policía nacional. Durante el combate, el ejército tomó como trinchera las casas de los civiles. Varias casas de los campesinos fueron averiadas por la aviación, que sin ningún pudor disparaba indiscriminadamente.

2. El día 29 de abril, unidades del Bloque Sur dieron de baja a dos agentes de la SIJIN, que se encontraban atropellando a la población civil en la carretera Paujil- Montañita.

Resultados: tres helicópteros averiados. 19 bajas entre ejército y policía. 12 profesionales heridos. Material de guerra recuperado: un fusil M4-M16. Tres fusiles Galil H-55. Un cañón para ametralladora. Dos granadas de mano MK-26. Catorce proveedores. 800 cartuchos calibre 5.56. Cuatro equipos de campaña. Tres riatas. Dos chalecos. Dos visores nocturnos. Una cámara digital y abundante material  de inteligencia. Novedades guerrilleras: tres guerrilleros asesinados, un guerrillero herido levemente.

Comunicado

El frente 15 informa a la opinión pública que el periodista francés Roméo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos. Es prisionero de guerra. Está levemente herido en un brazo. Se le ha prestado la atención médica necesaria y está fuera de peligro.

Estado Mayor Frente 15, bloque sur de las FARC-EP, montañas del Caquetá, abril 30 de 2012.”

–Karl Penhaul: Pero, Monazo, cuéntenos qué es lo nuevo que nos puede contar de Roméo Langlois, sobre su situación.

Monazo: No estoy autorizado para dar declaraciones, por organismos superiores. Pero basado en el comunicado, lo nuevo que les puedo contar es que, por información de amigos tuyos, periodistas –información que llega directa–, con esa información hemos concluido que, efectivamente es francés; que se llama Roméo Langlois; que es periodista. Y con esta información esperamos que prontamente superemos este impasse.

Add comment mayo 6th, 2012

Del Colectivo “Nos conocimos en Juárez”

Los colegas de Roméo Langlois en Ciudad Juárez emitieron un comunicado en el que subrayan que los periodistas “no somos el enemigo”. “La información es un bien público y sólo trabajamos ejerciéndola”, dice la declaración:

Libertad para Roméo

Los firmantes, periodistas y corresponsales que trabajamos o hemos cubierto información en Ciudad Juárez, integramos el Colectivo “Nos conocimos en Juárez” con el fin de pronunciarnos por la inmediata liberación del colega francés Roméo Langlois, quien fue detenido por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el sábado 28 de mayo en el sur de ese país y tomado como “prisionero de guerra” mientras cubría un operativo antinarco.

Roméo estuvo en Ciudad Juárez en octubre del 2010, durante seis días, para cubrir el nombramiento de Marisol Valles García, titular de Seguridad Pública del Municipio de Práxedis G. Guerrero, una localidad azotada por la delincuencia que se ubica al oriente de la mancha urbana.

En esa ocasión muchos de nosotros coincidimos con él y conocimos en Langlois al excelente ser humano que es, así como al periodista profesional y apasionado por su labor.

Otros no lo conocemos personalmente, pero igualmente hemos desarrollado trabajo periodístico en Ciudad Juárez con colegas que son sus amigos, por lo que apoyamos su liberación.

Demandamos y exigimos a las FARC la inmediata liberación del comunicador, es necesario recordarles que Roméo, y los periodistas en general, no somos el enemigo. La información es un bien público y sólo trabajamos ejerciéndola para lograr o preservar la democracia en nuestras sociedades.

El Colectivo se une a las voces que han hecho esta demanda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Unión Europea, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Unión Sudamericana de Corresponsales, Reporteros sin Fronteras, la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios) y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, entre otros.

Araly Castañón Leos/El Diario de Juárez/ Ciudad Juárez, Méx.

Rubén Alejandro Bringas García/ El Universal y EFE/ Ciudad Juárez, Méx.

Julio César Aguilar/Agence France Presse AFP/ Monterrey, Méx.

Fabio Cuttica/Agenzia Contrasto (Italia)/ México

Jacobo García/ periódico El Mundo de España/ México.

Javier Manzano/ Polaris Images/ Estados Unidos

Ricardo López/ The Associated Press/ Distrito Federal, México

Jesús Alcázar / Agence France Presse/ Ciudad Juárez, México

Add comment mayo 4th, 2012

Respeto al cubrimiento periodístico independiente

Este sábado 5 de mayo suman ocho días sin saber nada de Roméo Langlois. Nuestro colega y amigo desapareció el 28 de abril en Unión Peneya, Caquetá, en medio de un combate entre las FARC y hombres del comando Jungla antinarcóticos, una fuerza elite combinada.

De ahí en adelante solo conocemos la versión de distintos militares. El ejército, inicialmente, le concedió autenticidad a un anuncio leído por una supuesta guerrillera, que declaraba a Langlois “prisionero de guerra”. Luego se desdijo.

Un puñado de periodistas que cubrimos la guerra colombiana desde el barro; desde el Congreso de la República; desde las audiencias en los juzgados, o desde alguna redacción económica, emitimos un comunicado de respaldo a Roméo Langlois.

Afirmamos qué es nuestro oficio y cómo funciona, y afirmamos quién es Roméo Langlois

Lo queremos de nuevo en casa -y trabajando- tan pronto las condiciones de seguridad lo permitan.

COMUNICADO DE RESPALDO A ROMÉO LANGLOIS

3 de mayo de 2012

Nosotros, periodistas que cubrimos en terreno el conflicto social y armado colombiano, exigimos el respeto a la vida, la libertad y la integridad física de nuestro colega Roméo Langlois, corresponsal de France 24 y colaborador del diario Le Figaro de Francia.

Nos permitimos enfatizar que, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, los periodistas, incluso aquellos que en el marco de una misión peligrosa acompañan a un ejército o a un grupo armado, o hacen uso de su apoyo logístico, no pierden su condición de civiles protegidos y como tales deben ser tratados en todo tiempo y lugar.

Roméo Langlois no es un “corresponsal de guerra” según el Derecho Internacional Humanitario, puesto que no trabaja para la ventaja militar o propagandística de ningún bando. El hecho de viajar con uno de los actores armados es parte de la labor periodística y no significa una pérdida de independencia.

Langlois ha cubierto con dedicación todos los aspectos del conflicto, los intereses económicos que lo sostienen, sus distintos actores armados, y sus víctimas. Junto con su colega, la periodista Pascale Mariani, ha recorrido e informado sobre Colombia con lealtad, sensibilidad e inteligencia. Y sobre todo, con independencia.

Esperamos su regreso a casa tan pronto las condiciones de seguridad lo permitan, como una muestra de respeto al cubrimiento periodístico independiente.

Firman:

Alejandra de Vengoechea, corresponsal diario ABC de España

Alexander Marín Correa, periodista judicial El Espectador, Colombia

Alfredo Molano Bravo, El Espectador

Álvaro Sierra, editor general de revista Semana, Colombia

Armando González, jefe de redacción de El Nuevo Siglo, Colombia

Arturo Guerrero, columnista de El Colombiano

Arturo Wallace, corresponsal de BBC World Service en Colombia

Blake Schmidt, corresponsal de Bloomberg News en Sao Paulo

Boris Heger, France 24, Francia

Carlos Lozano, director del semanario Voz, Colombia

Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia

Constanza Vieira, corresponsal en Colombia de Inter Press Service, Italia

Diana Delgado, corresponsal de Argus Media, Gran Bretaña

Edelmiro Franco, corresponsal jefe, Notimex/Colombia

Gerhard Dilger, corresponsal del diario alemán taz en Brasil

Giovanni González Arango, reportero de la emisora La FM, Colombia

Gonzalo Guillén, periodista independiente. Presidente en Colombia del Instituto Prensa y Sociedad, IPYS

Helda Martínez, periodista en Colombia de Inter Press Service

Jenny Carolina González, corresponsal en Colombia de América Economía, Chile

Jesús Abad Colorado, reportero gráfico independiente, Colombia

Jim Wyss, corresponsal en Colombia del Miami Herald, Estados Unidos

Jineth Bedoya Lima, subeditora Judicial El Tiempo, Colombia

John Otis, corresponsal en Colombia de la revista Time, Estados Unidos

Jorge Iván Posada Duque, editor de Paz y Derechos Humanos de El Colombiano

Juan Álvaro Castellanos, corresponsal en Colombia de La Voz de América, Estados Unidos

Juan Forero, corresponsal para Suramérica del Washington Post, Estados Unidos

María Jimena Dusán, columnista de Semana

Marta Ruiz, ex editora de seguridad y justicia, asesora editorial de Semana

Matthew Bristow, jefe de redacción de Bloomberg News en Colombia

Nadja Drost, corresponsal en Colombia de GlobalPost, Estados Unidos

Óscar Escamilla, corresponsal en Colombia de la Agencia Italiana de Noticias ANSA

Pascale Mariani, France 24

Patricia Uribe, periodista de Noticias Uno, Colombia

Sandra Weiss, Die Welt y Tagesspiegel (Alemania) y Der Standard (Austria), corresponsal en América Latina

Sibylla Brodzinsky, corresponsal The Economist y The Guardian, Gran Bretaña

Simone Bruno, corresponsal France 24 en Colombia

Stephen Ferry, fotógrafo independiente, Estados Unidos

Susan Abad, corresponsal de El Comercio, Perú

Toby Muse, corresponsal de Al Jazeera, Qatar

Wies Ubags, corresponsal de la agencia de prensa ANP, Holanda

Add comment mayo 4th, 2012

WIKILEAKS: El temor de Uribe a la popularidad de Córdoba

Cómo nos cambia la vida Soldado William Domínguez / Foto tomada de El Espectador

Según análisis del entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo al embajador estadounidense, Piedad Córdoba bien podía ganar la consulta interna del liberalismo y quedar como candidata presidencial. Cable de la embajada estadounidense en Bogotá, fechado el 6 de marzo de 2009. Wikileaks sin censura.

Clasificación: CONFIDENCIAL

Según el embajador William Brownfield, Uribe se enfureció porque Luis Carlos Restrepo aceptó la presencia de los periodistas Jorge Enrique Botero y Daniel Samper Pizano en la liberación de cuatro uniformados el 1 de febrero de 2009 (el soldado William Domínguez, asesinado en Bogotá septiembre de 2011, y los agentes de policía Juan Fernando Galicia, José Walter Lozano y Alexis Torres).

Restrepo incluyó a los periodistas para evitar la posible participación internacional: en la semana del 2 de marzo, Córdoba se reunió con el congresista James McGovern en Washington, para supuestamente hablar de su posible participación en otra liberación de parte de las FARC.

Para Restrepo, si las Farc decidían liberar a más prisioneros, pondrían a Uribe en aprietos. El Comisionado de Paz dijo que el presidente tenía “una reacción visceralmente negativa hacia estos eventos controlados por las FARC y hacia la facilitación de Córdoba, lo que hacía su respuesta a ello algo impredecible”. También rechazaban arduamente las operaciones de liberación Juan Manuel Santos y el comandante del ejército, Padilla.

El gobierno tenía en 2009 un mensajero autorizado con las FARC: Henry Acosta, quien en 1999, siendo alcalde de Chámeza (pueblo del departamento Casanare, al oriente), se asiló porque, dijo, no le quiso entregar el presupuesto de la alcaldía a la guerrilla.

Restrepo salió de su cargo en marzo de 2009 porque Uribe estaba convencido de que la paz no llegaría ni con las Farc ni con el ELN en lo que restaba de su gobierno. En enero, el guerrillero Pablo Catatumbo escribió al mensajero Acosta que Uribe no entendía los gestos de las FARC y reconociendo que con Uribe no habría paz. Poco después, Uribe le revocó a Acosta la autorización para contactar a las FARC.

Restrepo reconoció que con la liberación de un total de seis rehenes a través de Córdoba, las FARC se anotaron un tanto propagandístico a costa del gobierno colombiano, que resultó aún más costoso por los sobrevuelos de las FFMM durante la primera de las tres operaciones de liberación.

Uribe, dijo Restrepo, ya no quería más que Piedad Córdoba participara en liberaciones subsiguientes, pues como resultado de esta labor Córdoba estaba en capacidad de ganar las primarias presidenciales del partido liberal. Una encuesta Gallup mostró a Córdoba liderando, con el 30% del apoyo en su partido. “Restrepo nos dijo que, una vez esté fuera del cargo, planea ser mucho más agresivo en sus críticas contra Córdoba y otros defensores del  diálogo de paz, como amigos de las FARC”.

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“Restrepo lamentó que el ELN también continuara jugando. Dijo que el exmiembro del Comando Central del ELN (COCE), Pacho Galán, convencido de que la lucha armada no tiene futuro en América Latina, está decidido a presionar públicamente al grupo a renunciar a la violencia. Galán, cuyos esfuerzos son financiados por los suecos y la Alcaldía de Medellín, piensa que el modelo tradicional de diálogos de paz con las FARC y el ELN solo ha servido para prolongar la guerra. Restrepo dijo que el gobierno colombiano aspira a explotar los comentarios de Galán para presionar tanto al ELN como a las FARC”.

Link original del cable en Wikileaks:

http://wikileaks.org/cable/2009/03/09BOGOTA768.html

First published on Thu, 1 Sep 2011 23:24 UTC

Reference ID: 09BOGOTA768

SUBJECT: "NO CHANCE" OF FARC PEACE TALKS AS PEACE COMMISSIONER RESTREPO RESIGNS

Add comment septiembre 15th, 2011

Tanto les estorba Claudia Julieta

Claudia Julieta Duque – Foto Constanza Vieira/IPS

La periodista investigativa Claudia Julieta Duque recibió información acerca de que un sector de Inteligencia militar prepara ataques directos en su contra.

Esta es su carta abierta al presidente Juan Manuel Santos (tomada del sitio Facebook de Contravía TV). Santos debe intervenir de inmediato.

Bogotá, 14 de septiembre de 2011

Señor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Ciudad.

Ref. Llamado urgente de intervención para prevenir posibles atentados contra la periodista Claudia Julieta Duque

Respetado señor Presidente,

Reciba un atento saludo. Soy una periodista defensora de derechos humanos especializada en investigación de temas sensibles en el país y como tal he sido amenazada y perseguida por el Estado colombiano desde el año 2001, razón por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares desde noviembre de 2009 y recibo atención del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior desde enero de 2004.

Entre las labores más conocidas que he realizado figuran la investigación por el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero en agosto de 1999, del también periodista Clodomiro Castilla en 2010, mis denuncias respecto a la conformación de una empresa criminal al interior del DAS para el espionaje y persecución de defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas, sindicalistas y líderes de la oposición siguiendo las directrices de la Casa de Nariño, para entonces en cabeza del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Como es bien sabido, he sido una de las principales víctimas de ese organismo de inteligencia, que incluso llegó a elaborar un memorando para la ejecución de acciones de tortura psicológica en contra mía y de mi hija. Según reposa en los expedientes judiciales, dicha persecución en contra de miembros la sociedad civil tuvo también la participación de las demás agencias de inteligencia del Estado y de la llamada Junta de Inteligencia Conjunta (JIC).

Recientemente fui coautora de un artículo publicado en primera página de The Washington Post, titulado “Ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia”, que como es de público conocimiento causó diferentes reacciones y ataques en contra de sus autores, pese a lo cual su contenido hasta la fecha no ha sido desvirtuado. De igual manera he publicado dos artículos en el quincenario Un Pasquín respecto a periodistas y columnistas de opinión que figuran como corresponsales del líder de las AUC Carlos Castaño, y que según la USB que se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación habrían sobrepasado la línea profesional en sus relaciones con la comandancia del paramilitarismo.

Tales publicaciones han generado una fuerte reacción en contra mía, a tal punto que he sido calificada como “activista de extrema izquierda” por parte de un columnista de opinión, mientras otro ha dicho en redes sociales que mis artículos son escritos por el secretariado de las FARC, aseveraciones respecto a las cuales mis abogados estudian eventuales acciones legales.

En días pasados fui informada por una fuente de altísima credibilidad y posicionamiento en la sociedad, cuyo nombre me reservo por razones de estricta seguridad, que desde Inteligencia Militar o sectores de la misma se han impartido órdenes y se estarían fraguando eventuales operativos para realizar ataques directos en mi contra.

Por lo anterior, y haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, me permito solicitarle muy respetuosamente se sirva intervenir ante sus subalternos en las fuerzas militares para que se desactive cualquier plan dirigido a atentar contra mi integridad física, así como acciones de seguimiento, inteligencia, desprestigio o de judicialización infundados (montajes) que hayan podido ser puestos en marcha.

Por medio de la presente, responsabilizo al Estado colombiano por la materialización de cualquier ataque que se llegare a producir en contra mía o de cualquier miembro de mi familia, no sólo por las posibles omisiones en que se incurriera sino por la participación directa que pudiera existir de organismos de inteligencia del Estado en estos planes criminales. Confío en su eficaz intervención para que se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier atentado en contra mía o de mi familia tanto ahora como hacia futuro.

Recibiré notificaciones en la calle 16 No.6-66 Piso 25, sede de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que actúa como mi representante legal ante diferentes instancias nacionales e internacionales.

Atentamente,

CLAUDIA JULIETA DUQUE ORREGO
Periodista C.C.42.097.329 de Pereira

c.c. General Alejandro Navas, Comandante de las Fuerzas Militares Dr. Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa Dr. Germán Vargas Lleras, Ministro del Interior Dr. Angelino Garzón, Vicepresidente de la República Dra. Vivianne Morales, Fiscal General de la Nación Dr. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación Dr. Christian Salazar, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, Dr. Frank La Rue, Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Brigadas Internacionales de Paz – Colombia, Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos

Add comment septiembre 14th, 2011

CICR: “Las herramientas jurídicas existen”

Se acerca la hora cero de la Minga de la desmilitarización.

IPS entrevistó al abogado Romaric Ferraro, del CICR

Su cargo en Colombia: asesor jurídico para las operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El abogado francés Romaric Ferraro no opina sobre la advertencia indígena acerca de que viene una batalla gigantesca entre ejército y guerrilla, en la arisca confluencia montañosa entre los departamentos del Tolima, Cauca y Huila, en el centro del país.

Páramo de Las Hermosas, idílico escenario de una guerra brutal. Foto Gustavo Wilches-Chaux

“Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido”, dijo a IPS. El campo de acción de Ferraro es el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El CICR no se pronuncia jamás sobre su actividad operacional de terreno en este país en guerra hace más de medio siglo. Se sabe que mantiene un diálogo bilateral, confidencial, tanto con la cúpula de la fuerza pública como con las guerrillas de izquierda, surgidas en 1964.

En una metodología probada por más de 140 años, la entidad neutral se abstiene de calificar penalmente los actos que ambas partes cometen. La prioridad de sus 13 oficinas en toda Colombia es tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.

“Por ende pensamos, indicó Ferraro, que al hacer denuncias perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad; de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas”.

Toribío. En el Cauca, “la violencia genera más daños físicos y espirituales que los desastres desencadenados por fenómenos naturales”, dice Gustavo Wilches-Chaux. Foto El País (Cali)


El ataque de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el poblado indígena de Toribío, al norte del Cauca, el 9 de julio, utilizó armas de efecto indiscriminado, con el argumento de que “muchas” casas civiles estarían alquiladas a efectivos de fuerzas estatales.

A su vez, el gobierno amenazó con demoler las casas civiles donde se parapeten o alojen los guerrilleros. La estación de Policía de Toribío es una fortaleza, construida en el casco urbano del pueblo.

Los indígenas quieren su territorio libre de guerra y anunciaron una “minga’ (trabajo colectivo para el bien común) para desmontar trincheras de la policía, bases militares y campamentos de la guerrilla en sus resguardos.

La hora cero de la minga se acerca. Los indígenas ya preparan la logística para llevarla a cabo y se están concentrando en Tierrero, 20 kilómetros antes de llegar a Toribío por la carretera que trepa desde Santander de Quilichao.

“Es evidente”, advirtió Ferraro, que si la población civil “intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes”.

El CECIDIC, “universidad indígena” que forma parte del Proyecto NASA,
fundado por el sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué, asesinado en 1984.
Foto Gustavo Wilches-Chaux en http://declaracioncontralaguerra.blogspot.com/

El abogado Ferraro expone la posibilidad de transpolar una norma vigente en la normativa de Ginebra para los conflictos internacionales y aplicarla en el conflicto interno colombiano: un acuerdo expreso entre las partes combatientes (fuerza pública y guerrilla) que saque del teatro de operaciones bélicas los territorios indígenas.

También sugiere recurrir a la Corte Constitucional, para que esta dirima sobre cómo debe aplicarse en Colombia el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que a la letra dice:

Artículo 30

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Esta es la versión completa de un diálogo de IPS con Ferraro, cuya síntesis fue publicada hoy 1 de septiembre en el servicio mundial de IPS Noticias. Las fotografías de Ferraro son de Margarita Carrillo/IPS.

Documento

“Las herramientas jurídicas existen”, dice el asesor jurídico para las operaciones del CICR en Colombia, Romaric Ferraro. Un acuerdo entre las partes en contienda podría definir no utilizar los territorios indígenas para fines ofensivos.

Constanza Vieira, IPS: Señor Ferraro, el gobierno colombiano reconoció en junio que en Colombia hay un conflicto armado interno. La pregunta es si  esto ha implicado, o si puede, en teoría,  implicar limitaciones o congelamiento en materia de derechos humanos de la población colombiana, por estar ahora Colombia oficialmente en tiempos de guerra.

Romaric Ferraro, CICR: Mi respuesta franca sería: en principio, limitaciones o restricciones, no. Debería surtir el efecto contrario, que sería justamente precisar qué marco jurídico es aplicable a la protección de las personas.

Y dijo bien: “en teoría” debería ser la primera consecuencia. Es decir, al declarar la existencia de un conflicto armado, un gobierno es muy consciente de que, abiertamente también, tiene que reconocer el derecho aplicable a esa situación, que es el DIH, que ha sido especialmente diseñado para situaciones de conflicto armado.

Si tomamos en cuenta que, además del DIH, no cesan de aplicarse los derechos humanos –sobre eso ya hay una jurisprudencia constante en la materia- pues deberíamos tener dos marcos, dos pilares fundamentales de protección de la persona, que deberían funcionar de tal forma que se aumente, en lugar de que se menoscabe, la protección de las personas.

IPS: Últimamente el gobierno colombiano, las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) están invocando en sus expresiones públicas el DIH. ¿El acatamiento del DIH se fortalece en Colombia?

Romaric Ferraro: Siempre habrá una distancia en Derecho, me parece, entre el discurso político manejado por los diversos implicados en un conflicto armado y su concreta realización en el terreno.

De nuevo: a mí me parece que es positivo el hecho de que se reconozca la situación fáctica, porque precisamente los actores implicados se ven en la obligación de justificar sus acciones con respecto al DIH. Entonces, cuando antes no se sentían, quizá, obligados a hacerlo, hoy -por lo menos al nivel del discurso- sí se sienten obligados.

IPS: El pronunciamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fechado 20 de julio en Toribío, dice: “Cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento de que el otro ya lo había hecho antes”. ¿El CICR qué comentaría al respecto?

Romaric Ferraro: Es difícil que tengamos una posición oficial sobre lo que puede opinar una organización de la sociedad civil sobre el grado, o no, de respeto por el  DIH por parte de cada uno de los actores armados involucrados en el conflicto.

Lo que veo es que hay, forzosamente, un reclamo de la población civil. Lo que nosotros observamos en el terreno es que la población civil, y eso es lo que intentamos año tras año subrayar también en nuestro informe público, es la primera víctima de las consecuencias de este conflicto. Sean esas consecuencias provocadas por actores gubernamentales o por actores no gubernamentales. Entonces, me parece normal que haya un reclamo.

IPS: ¿Cómo se puede interpretar, desde el punto de vista del DIH, el anuncio del gobierno acerca de que va a demoler las casas civiles donde se parapete la guerrilla, o donde se hospeden guerrilleros?

Romaric Ferraro: La cuestión de los bienes civiles, de nuevo, se tiene que interpretar a la luz del derecho aplicable, que en este caso sería el DIH como primera opción de análisis.

Lo que se debe recordar es que los bienes civiles como tal son protegidos, y el famoso principio de distinción aplica tanto para las personas como para los bienes.

Es decir: en cuanto a las personas, quien no participa directamente en las hostilidades, es protegido en los ataques. En cuanto a los bienes como tales: un bien que no es objetivo militar no puede ser atacado.

Ahora: esa protección no es absoluta. No es absoluta porque, según el uso que se haga de un bien, este puede perder esa defensa por ser bien civil.

Es decir, si por ejemplo la fuerza pública o un grupo armado organizado utilizan un bien civil, en este momento este bien puede perder –aunque hay que hacer un análisis caso por caso- esa protección de bien civil. Y durante su uso como bien de tipo militar, se va a transformar en objetivo militar.

IPS: ¿Cómo decidir en el momento? Un hospital no puede perder nunca su calidad de bien protegido, una escuela tampoco.

Romaric Ferraro: Parecería ser que no, en principio. Esos bienes son, inclusive, especialmente protegidos, porque el hospital tiene que recibir heridos y enfermos. Entonces, por ese mismo hecho recibe una protección especial. Es decir, la instalación sanitaria es, como tal, doblemente protegida. Por un lado es protegida por ser bien civil, y también lo es por ser una unidad sanitaria. Entonces, no debería perder nunca esa calidad.

Lo mismo la escuela. Los niños reciben bajo el DIH, los derechos humanos, el derecho colombiano, una protección especial.

Inclusive, la Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Sin embargo, en la realidad, si una escuela es utilizada como un fin militar, pierde en ese momento la protección.

Es decir, no hay ningún bien que tenga una calidad absoluta y que fuera imposible de revertir en derecho humanitario.

Porque imagínese, es así de fácil: si no, cualquier grupo armado, y de por sí lo hacen, estaría tentado a instalarse de forma continua en una escuela, diciéndose, ‘bueno, como aquí estoy siempre protegido, desde aquí puedo lanzar todos los ataques del mundo y nunca me van a repeler ese ataque’.

IPS: ¿Y lo mismo puede ocurrir en el caso de una iglesia?

Romaric Ferraro: Exacto, desafortunadamente. Por eso hay tanta responsabilidad también por quien usa el bien. Y esta es una cuestión sobre la que tratamos de convencer a todos los actores de esta violencia armada en Colombia: de las consecuencias de estar en ciertos lugares.

Es decir, no únicamente sobre el hecho de que se debe una protección a todas las personas, sino también acerca de que el simple hecho de que ellos estén en un lugar determinado, tiene consecuencias inmediatas.

La presencia prolongada en un centro urbano, la presencia prolongada en una escuela, en un puesto de salud, pone también en peligro a esos bienes.

IPS: ¿Les quita su estatus de protegidos?

Romaric Ferraro: De forma momentánea. Es decir, mientras sea usado como tal para fines ofensivos.

Obviamente, si un grupo armado ocupa una escuela, o la fuerza pública ocupa un puesto de salud durante un periodo prolongado y después se retiran, pues ese bien vuelve a recuperar su calidad de bien protegido.

IPS: Dijeron las FARC en un comunicado después del ataque a Toribío que “muchas” casas civiles habían sido alquiladas a unidades de la fuerza pública que estaban viviendo ahí. Sin haberlo confirmado IPS in situ, telefónicamente un dirigente indígena me habló de una casa, que parece que sí estaba sirviendo de alojamiento a todo un grupo del ejército. Qué puede comentar el CICR al respecto.

Romaric Ferraro: Bueno, entramos en una casuística en donde necesitamos los elementos concretos.

Ahí habría que distinguir, primero, dos cosas: en Colombia hablamos de “fuerza pública”, en general. Y allí hay una primera dificultad, que es separar la cuestión de Fuerzas Militares de la cuestión de Policía Nacional.

En la dinámica del conflicto, tal como lo hemos observado en los últimos meses, se han multiplicado los ataques a la Policía Nacional, porque en general ellos se encuentran aislados, sin presencia militar en muchos lugares muchas veces pequeños de Colombia, donde son la única materialización de la presencia del Estado.

Y no es evidente que siempre sean ellos objetivos militares, donde estén presentes. Porque la Policía Nacional no deja de tener una naturaleza civil. Entonces, esto es una primera aclaración que habría que hacer.

El tema se complica aún un poco más en Colombia, porque ciertas unidades de la Policía Nacional sí tienen una función militar en su organización, su entrenamiento, sus formas de operar. Pueden llegar a ser objetivos militares.

Entonces, la primera dificultad que tenemos es ésta: estar bien seguros de si hablamos de miembros de fuerza militar. Ellos normalmente siempre son considerados, bajo el Derecho Humanitario, objetivos militares. Siempre pueden ser atacados.

Para la Policía Nacional es un poco más complicado y hay que entrar en la casuística. Realmente, un análisis caso por caso.

IPS: ¿Cuáles son esas unidades de la Policía que cumplen funciones militares y que podrían ser objetivo en el conflicto armado?

Romaric Ferraro: Se ha visto que, por el tipo de operaciones que llevan a cabo a veces, por ejemplo los EMCAR (Escuadrón Móvil de Carabineros), que son los carabineros móviles.

Los EMCAR llevan entrenamiento de tipo militar. De hecho, hasta tienen manuales sobre la aplicación del DIH.

Esta delegación ha trabajado con la Policía Nacional temas de integración del derecho humanitario. Entonces, son conscientes de que, a veces, pueden tener un papel de tipo militar.

De hecho, inclusive la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias: que según el tipo de operaciones, la Policía Nacional, que normalmente tiene una naturaleza civil, puede encontrarse realmente en situaciones de contrainsurgencia. Ahí sí cobra un papel militar.

IPS: La policía en Toribío está armada hasta los dientes y usa uniformes de contraguerrilla. ¿Eso los hace militares?

Romaric Ferraro: La cuestión del uniforme no es suficiente. Es el tipo de armamento y también el tipo de misiones que desarrollen.

Es decir, si la misión es únicamente preservación del orden público, como se puede hacer aquí, en el centro de Bogotá, no sería el caso.

Si hay una misión contrainsurgente, claramente sí se vuelven un objetivo militar.

IPS: Los indígenas están advirtiendo que viene una batalla enorme a nivel de esa región. ¿Esa advertencia tiene asidero?

Romaric Ferraro: Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido. Para previsiones de dinámica del conflicto es mucho más con el jefe, el jefe adjunto, el coordinador de terreno. Son los que siguen la dinámica prospectiva.

IPS: La oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que el ataque de las FARC a Toribío el 9 de julio “revela que hay un patrón de ataques indiscriminados” por parte de las FARC en los que resulta afectada la población civil. ¿Esa es una nueva forma de operar de las FARC, según hayan podido observar en terreno el CICR, y que pueda terminar en una tragedia como el caso de Bojayá, con casi 90 civiles muertos y que fue designado por la ONU DH como un crimen de guerra cometido por los tres actores que tomaron parte (guerrilla, paramilitares y fuerza pública)?

Romaric Ferraro: Nosotros nunca hacemos pronunciamientos públicos en el sentido de calificar jurídicamente, o penalmente sobre todo, los actos cometidos por las diversas partes involucradas en el conflicto armado.

No lo hacemos porque pensamos que logramos mayores resultados a través de un diálogo bilateral, confidencial, con los involucrados directamente.

Y los más de 140 años que llevamos trabajando en escenarios de conflicto armado nos hacen pensar que sigue siendo una buena metodología.

IPS: ¿Calificar cierra puertas?

Romaric Ferraro: La cuestión del acceso a los más necesitados por los efectos del conflicto es realmente la prioridad para nosotros.

Tenemos muchos equipos de terreno; tenemos 13 oficinas en todo Colombia, cuyo principal papel es eso: tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.

Por ende pensamos que, al hacer caracterizaciones públicas, al hacer denuncias, perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad, de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas.

IPS: En esos diálogos privilegiados que ustedes llevan a cabo, ¿están advirtiendo que esta forma de operar puede terminar en un episodio como el de Bojayá?

Romaric Ferraro: Pues justamente sería ya entrar en el tipo de argumentos que utilizamos, entonces, no podría darle el detalle de cómo abordamos, como tales, los temas.

Lo que sí, es que siempre como metodología hemos utilizado el tema de las consecuencias de los actos.

Más allá de decir si tal o cual comportamiento es prohibido por el DIH, preferimos hacer ver, en primera instancia, cuáles son las consecuencias muy concretas, por ejemplo, de utilizar minas antipersonal, o de reclutar menores, o de hacer desaparecer personas, o de ocupar bienes públicos o privados de forma prolongada, o de atentar contra la misión médica: son los temas principales con los cuales trabajamos. Pero siempre en términos de consecuencia humanitaria.

IPS: Sobre la práctica que se ha aplicado en Afganistán y que se aplicó antes en Bosnia, de usar los subsidios estatales, o inclusive, la ayuda de emergencia humanitaria como parte de la estrategia militar y a favor de la imagen de lo militar. ¿Cómo ve esto el CICR?

Romaric Ferraro: Es un tema que en Colombia nos preocupa de forma creciente en los dos últimos años.

El tema lo hemos caracterizado mal a veces, llamándolas operaciones cívico-militares, porque había que darles un nombre, pero no tiene ninguna precisión llamarlas así. Es como usted lo describe: esa mezcla de prestación de servicios básicos aunado a, quizá, otro tipo de actuar del Estado, como colectar información de inteligencia, o incentivar a la población a que se pase a las filas de las Fuerzas Armadas.

Ha sido sumamente difícil documentar las consecuencias de ese tipo de operaciones. Inclusive, desde 2009 hemos tenido grupos de reflexión con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, sin poder concretar realmente una relación causa-efecto entre las operaciones y sus consecuencias.

Hoy lo seguimos viendo todavía como un riesgo potencial, mucho más que como una realidad que podamos medir.

Es muy arriesgado hacer comparaciones con Afganistán y, también internamente lo tuvimos que realizar.

Porque en Afganistán estamos hablando de fuerzas multinacionales que, en principio, estaban, primero, como ocupantes; y segundo, como invitadas del gobierno. Entonces ahí sí, realmente, tenemos a un combatiente un día, que al día siguiente presta ayuda humanitaria.

Eso puede generar una confusión muy grande, sobre todo para actores como nosotros, que podemos ser vistos como el último brazo, digamos humanitario, de esas ofensivas.

En Colombia lo que hay que medir, que es totalmente distinto, es que estamos frente a la iniciativa del Estado soberano, en su territorio, que tiene también que prestar servicios básicos en el conjunto del territorio.

Y si no presta esa ayuda, el Estado también puede ser calificado como violentador de ciertos derechos humanos. Entonces, va a ser acusado por estar presente y va a ser acusado por estar ausente. Nosotros somos muy conscientes de que el Estado y el gobierno están frente a una disyuntiva muy complicada.

IPS: Sabemos de organizaciones internacionales de ayuda en emergencias que están preocupadas por la participación de sus gobiernos en algunas regiones declaradas como zonas de consolidación territorial en Colombia, o zonas CCAI. Temen que, a través de proyectos civiles, sus gobiernos entren a involucrarse con la estrategia militar.

Romaric Ferraro: Creo que es un problema de coordinación entre ciertos Estados determinados que tienen intereses de cooperación en Colombia y ciertos organismos intergubernamentales, que son los que finalmente ejecutan esas políticas.

Hablemos de Naciones Unidas, por ejemplo. En principio, son presupuestos asignados por parte de los Estados. Nunca deja de haber esa participación de los Estados allí.

Nosotros no somos partícipes de ninguna de esas acciones directamente, por la posición muy peculiar que tenemos, de no representar los intereses de ningún Estado en particular, ni de participar de forma efectiva en ninguno de esos acuerdos.

IPS: El Consejo Regional Indígena del Cauca señala que la insurgencia incrementa actualmente el reclutamiento de menores de edad, e incrementa el reclutamiento de milicianos. Estos, aparentemente, son personas de civil que están entremezcladas con la población. ¿Qué tiene que comentar el CICR frente a esto?

Romaric Ferraro: De nuevo, este es típicamente el tipo de temas donde evitamos hacer una condena de tipo público sin tener los elementos.

Para nosotros es sumamente complicado documentar el fenómeno. Va a ser más fácil documentar dónde hay zonas contaminadas en el país por minas antipersonal y restos explosivos de guerra, porque realmente tenemos ahí el testimonio directo de los afectados.

En cuanto al reclutamiento de menores, es muy complicado tener cifras. Tanto por parte de los afectados -las mismas familias no van a hablar- como porque los grupos tampoco son proclives a darnos, como tal, cifras exactas.

Hoy no hay un organismo que pueda decir con precisión cuántos niños reclutados hay en Colombia.

Ahora: la regla en Derecho Humanitario es que los menores no deben ser reclutados. La regla es clara. El actuar de los grupos frente a esta regla es muy difícil de medir, definitivamente, para nosotros.

IPS: Los milicianos van de civil, con armas cortas, se mezclan dentro de la población. Según un alto funcionario de la ONU DH a IPS, durante el ataque a Toribío habrían disparado desde dentro de la plaza llena de gente. ¿Cómo manejar esto?

Romaric Ferraro: De nuevo, nosotros hemos hecho nuestra propia documentación de los hechos. Mandamos un equipo unos días después del acontecimiento a hacer nuestra propia documentación de lo que pasó en Toribío.

Metodológicamente hablando, no nos vamos a referir a algo que documentó Naciones Unidas, porque nosotros tenemos el acceso y ya hicimos nuestra propia documentación del caso.

La cuestión de los milicianos surge en muchos de los eventos que tenemos con la fuerza pública. Hacemos mucho trabajo de comunicación con la fuerza pública sobre el contenido del Derecho Humanitario, sus límites, etcétera.

Y una de las preguntas recurrentes es: ¿qué hago yo con un miliciano? ¿Debo seguir considerando que es una persona civil? ¿Es un miembro de las FARC, es un objetivo militar, sí o no? ¿Participa en las hostilidades, sí o no?, justamente para tratar de esclarecer esta cuestión.

Porque es un problema a nivel mundial, no pasa únicamente en Colombia. Hemos sacado –y aprovecho para hacer la promoción- la “Guía para interpretar la noción de la participación directa en las hostilidades, según el DIH” (escrito por Nils Melzer, asesor jurídico del CICR, 85 páginas).

Esa guía tiene la virtud de tratar de esclarecer una noción que en DIH no ha sido definida.

Si usted ve el Protocolo Adicional II, dice “Las personas civiles son protegidas, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. Y la gran encrucijada es: ¿qué es una participación directa en las hostilidades? Porque los tratados no lo dicen.

Lo que contestamos siempre a la fuerza pública es lo siguiente: miliciano, jurídicamente no existe. Lo que existe es: o alguien es miembro de un grupo armado o alguien no es miembro de un grupo armado. Si es miembro de un grupo armado, puede ser atacado siempre. Es la consecuencia del Derecho Humanitario.

Si no es miembro de ese grupo armado, hay que analizar caso por caso qué estaba haciendo en ese momento. Y ese es el concepto mismo de la “participación directa en las hostilidades”. Por ejemplo, pasaba información de inteligencia. ¿Qué tipo de información de inteligencia pasaba? ¿Esa información iba a servir para una operación inmediata? Es ese tipo de preguntas las que hay que hacerse. Que, en el caso por caso, son muy complicadas.

IPS: Muy complicadas, señor Ferraro. Especialmente cuando se tiene en cuenta que periódicamente surgen informes acerca de campañas de alfabetización dentro del ejército. Con todo respeto, en un determinado porcentaje en el ejército hay personas que no saben siquiera leer ni escribir, o que tienen bajos niveles de educación. ¿Y son ellos los que están designados en el campo para juzgar si una persona es o no es miembro de las FARC, y disponer sobre su vida?

Romaric Ferraro: Es sumamente complicado. La decisión como tal muchas veces no debería recaer sobre un soldado individualmente, sino ser parte de una orden de operación, que es normalmente el documento que va a sustentar jurídicamente y operacionalmente cualquier acción ofensiva.

Yo diría: en caso de operación planificada de la fuerza pública, pienso que la encrucijada, aunque sea complicada, se puede resolver.

Donde se vuelve muy insoluble es cuando la operación militar sea en respuesta a un ataque. Ahí sí es muy complicado saber de dónde vienen los tiros, quién está disparando en ese momento. De nuevo, si alguien está disparando a la fuerza pública hay pocas dudas de que está participando directamente en las hostilidades.

IPS: La Corte Constitucional definió que en Colombia rige la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. De su artículo 30 se aferran los indígenas para decir que se retiren todos: “desmilitarización en nuestros territorios”. ¿Eso es utópico? ¿Se puede realizar ese sueño en Colombia?

Romaric Ferraro: Es muy interesante la pregunta. Hay varias puntualizaciones que hacer. La primera, el CICR no trabaja específicamente sobre derechos indígenas. Los derechos de los indígenas no serían una materia específica del derecho humanitario.

Es decir, el derecho humanitario no provee nada sobre indígenas en particular. Sin embargo, como todas las demás normas son complementarias, no significa que no son importantes para una situación como la de Colombia.

Diría: lo de las zonas  donde no podrían ingresar nadie más que la población indígena, es una cuestión que no regula el Derecho Humanitario. Pero el derecho humanitario sí tiene una serie de limitaciones que son equivalentes en cuanto a sus efectos.

No digo que el contenido es el mismo: nada en el DIH dispone: hay zonas indígenas y por ende nadie puede entrar en esas zonas, salvo los indígenas.

Pero, ¿qué va a decir el DIH? Va a decir: la población civil tiene que ser protegida, la población civil no puede sufrir los efectos del conflicto armado, las personas civiles son protegidas, los bienes civiles son protegidos. Existen zonas en el derecho humanitario, zonas que pueden ser declaradas como zonas especialmente protegidas.

Hay una serie de conceptos que existen, en particular, para conflictos armados internacionales, que están previstos en los convenios de Ginebra y que podrían, mediante acuerdo, trasponerse en el contexto de un conflicto interno.

IPS: ¿Los bienes culturales están protegidos?

Romaric Ferraro: Iglesias, museos, son bienes especialmente protegidos.

IPS: ¿Y los territorios indígenas, como bienes culturales?

Precisamente, estoy yendo un poco más allá, pensando en las zonas especialmente protegidas del DIH. Esas zonas que existen específicamente para conflictos internacionales. No existen ni en el Protocolo II, ni en el artículo 3 común (para conflictos armados no internacionales).

Hay zonas de tipo sanitarias, donde básicamente las partes -pero se  necesita un acuerdo entre las partes- acuerdan que no van a utilizar tal zona para fines ofensivos.

Pero donde se han declarado, también, han surtido efectos perversos. Acordémonos por ejemplo del fracaso  de esas zonas en Bosnia-Herzegovina, en Serbia, en Croacia, en el contexto de Yugoslavia.

Srebrenica es un ejemplo donde, justamente, se había aglutinado población civil, que estaba bajo protección de un contingente de cascos azules y fue aún más fácil masacrarlos porque todos estaban concentrados allí. Eso pasó en la primera fase de la guerra de Yugoslavia.

Digamos: las herramientas jurídicas existen. Su implementación ha sido un fracaso en el caso de Yugoslavia.

IPS: ¿Pero es legítimo que las comunidades indígenas digan: no queremos dejar entrar ejército ni a ningún actor irregular?

Es un reclamo normal, decir “no queremos sufrir los efectos del conflicto”.

IPS: ¿No hay en derecho internacional algo que diga que ellos, los indígenas, tienen razón? ¿Primaría en este caso, como dice el artículo 30, una razón de interés público para ocupar sus territorios?

Romaric Ferraro: Sí. Y además porque hay la obligación, también, de asegurar la seguridad pública en el conjunto del territorio.

Ahí yo creo que únicamente la Corte Constitucional es la que puede resolver ese tipo de intereses generales encontrados.

Sobre la cuestión de ocupación de bienes, privados o públicos, varias veces la Corte Constitucional ha tenido que resolver tutelas donde una persona decía: yo, por la presencia del puesto de Policía, estoy particularmente afectado. Y, la Corte siempre ha puesto en balance dos principios: intereses especialmente protegidos, por ejemplo los de los niños; y, por el otro lado, el deber de solidaridad social, que también está inscrito en la Constitución.

Entonces, lo que dice la Corte es: los riesgos asociados al conflicto armado, todos en Colombia los tenemos que sufrir. Eso se llama principio de solidaridad social. Y por el otro lado, la Corte ha dicho: hay derechos especialmente protegidos y que priman sobre los demás, los derechos de los niños.

Y en un caso, mediante tutela, ordenó la reubicación de un puesto de policía. Ahí la Corte dijo: prevalece el derecho del niño. Pero a la par, dijo: cuidado. La fuerza pública puede hacer presencia en todo el territorio nacional. Es su deber hacerlo, asegurar la seguridad pública es una de las obligaciones básicas del Estado, y lo tiene que hacer. Y a la par, hay un principio de solidaridad social, es decir, todos en Colombia estamos asociados a los peligros procedentes del conflicto armado.

IPS: Pero señor Ferraro: uno llega al territorio kankuamo y contra el muro del colegio hay recostada una base militar.

Romaric Ferraro: Sí. Ahí es donde tenemos nosotros un diálogo con la fuerza pública, constante. Porque ese tipo de comportamiento de la fuerza pública es la violación al derecho humanitario que más documentamos al año en Colombia, por ser también es la más visible.

Hay un dilema, del cual estamos muy conscientes nosotros, para la fuerza pública. Lo mismo para proveer servicios básicos. Si no los voy a proveer, voy a violar derechos básicos. Es decir, si no hago presencia, no puedo asegurar seguridad pública. Si dejo de proveer esos servicios, voy a violar ciertos derechos básicos. Si estoy demasiado presente como Estado, puedo poner en peligro a la población civil.

Entonces, es una cuestión de evaluar, de nuevo, caso por caso, si estamos frente, o no, a una violación del principio de no poner en peligro a la población civil. Inclusive hemos tenido a veces que explicar a nuestros delegados en el terreno, dónde está el límite. Porque no es fácil, ni para ellos, entender.

No se trata de decirle a cualquier miembro de la fuerza pública, retírese de donde está. Eso no sería realista.

Ahora: si una unidad militar hace presencia de forma constante, en una zona densamente poblada y hay ataques repetidos, pues ahí sí hay, yo creo, mucho contenido para poder decirle a esa unidad – es tiempo de pensar en las consecuencias de su presencia.

IPS: A veces uno se decide a buscar una entrevista por una sola pregunta. Y se la voy a hacer de última, como también suele suceder: es la que más le preocupa a uno. Al decidir los indígenas del Norte del Cauca que van a hacer una minga con participación de todos los ocho pueblos del Cauca para desmontar las bases militares, para desmontar las trincheras que hace en los pueblos la policía, y los campamentos guerrilleros, ¿la gente corre peligro en esa operación? ¿El CICR qué va a hacer?

Romaric Ferraro: Es una cuestión muy complicada la que plantea. Lo que vamos a hacer no lo sé, porque es una cuestión operacional de terreno a la cual yo no le puedo contestar.

Es evidente que la población civil como tal, si intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes. Por simple razonamiento lógico.

IPS: Dejemos aquí. Señor Ferraro, muchas gracias por esta entrevista.

Reproducción LIBRE siempre y cuando se respete el contexto y se cite la fuente: Constanza Vieira, IPS Noticias (IPS News)

Add comment septiembre 1st, 2011

La detención del director de Anncol

Banner tomado de www.pacocol.orgNo comparto el lenguaje ni el estilo periodístico de Anncol, agencia de noticias sobre Colombia que emite desde Suecia.

En mi análisis, tiene una limitada visión política que la ha llevado a cometer errores en momentos delicados, cuando estaban en juego la vida y la libertad de personas, la paz de Colombia o incluso la paz entre Estados.

Estoy convencida de que Anncol no es “de las Farc”. Sus comentarios editoriales no son comunicados de la cúpula de las Farc, como muchas veces y equivocadamente algunos colegas colombianos han afirmado, sino opiniones de individuos que simpatizan con esa guerrilla. Es probable que por esa abierta simpatía sea Anncol, la mayoría de las veces, la que primero se entera de las noticias que producen las Farc.

Ahora que, por primera vez, se conoce el nombre del director de Anncol, hay que estar atentos a los argumentos jurídicos en contra de Joaquín Pérez. Es un riesgo que estemos ante un procesamiento por el delito de opinión, así para algunos, o para muchos colombianos, quien opine distinto merezca el cadalso.

Joaquín Pérez es un sobreviviente. Fue concejal (legislador local) de la Unión Patriótica en Corinto, suroccidental departamento Cauca. Su esposa fue asesinada. Suecia le dio refugio y, más tarde, nacionalidad.

Es extremamente delicado deportar a su país de origen a un refugiado. El apego de los gobiernos de Suecia y Venezuela a las normas internacionales y nacionales sobre refugio está siendo puesto a prueba.

Add comment abril 25th, 2011

¿Operación Silla?

Piedad Córdoba Foto: Patria GrandeLa dirigente liberal Piedad Córdoba y el grupo Colombianas y Colombianos por la Paz completaron por sus gestiones, esta semana que pasó, 19 rehenes y prisioneros de guerra liberados por la guerrilla de las FARC. Y, desde este lunes, emprenden en Buenos Aires un encuentro internacional que analizará las opciones de paz en el país con más desplazados y refugiados en el mundo.

En ese encuentro exponen, entre otros internacionales, el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel y el ex director mundial de UNESCO Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Participan activamente altos funcionarios del gobierno argentino y parlamentarios de México y Uruguay. También el Premio Nóbel Alternativo Juan Garcés, juez que abrió las puertas a la justicia transnacional y, con ello, a que Pinochet pudiera ser juzgado por Baltasar Garzón; e intelectuales peso-pesado como Atilio Borón, entre muchos otros.

Los prolegómenos de tamaña reunión, que propone explorar ya mismo, y de forma coherente, vías de aproximación política tanto para diálogos estratégicos de paz como para el legítimo objetivo de humanizar la guerra colombiana, fueron acompañados desde Colombia de un extraño estertor.

En la operación humanitaria que culminó el miércoles 16 pasó algo raro. La liberación de dos uniformados, incluido un mayor de la Policía que fue capturado fuera de combate, debió haber sido el domingo 13.

Extrañamente –una no sabe de estas cosas, pero el año pasado me enteré de que las coordenadas se miden distinto según el país de origen de los GPS- hubo una mala interpretación de las coordenadas que proporcionaron las FARC a la Misión Humanitaria liderada por el CICR y Piedad Córdoba, y que se transportaba en helicópteros prestados por el gobierno de Brasil…

…O las FARC dieron coordenadas erradas. O hubo obstáculos de terreno, de clima, de realidad militar, que impidieron que la guerrilla cumpliera la cita el domingo puntualmente. O todas las anteriores y aún más: mala fe, burla al país, como interpretó el gobierno a través de la persona a cargo de temas de paz, Eduardo Pizarro…

…O se trató de que la operación fue usada por la guerrilla para sacar a su jefe, “Alfonso Cano”, por un huequito de un supuesto cerco militar. Los medios divulgaron obedientemente esta versión, remitiéndose a fuentes de inteligencia militar que nunca fueron identificadas ni contrastadas. Los comentaristas –los inocentes y los que no lo son tanto- tuvieron abierto el camino para atribuir la supuesta huida de Cano al cese de hostilidades de varias horas, que fue pactado para llevar a cabo la liberación, cese igualito al que se ha fijado en todas las liberaciones anteriores.

Yo no descarto que a Cano le vayan a dar cacería algún día, a diferencia de su antecesor, Manuel Marulanda. No es, sin embargo, el tema de este escrito.

Lo que quiero abordar es esta operación -¿qué nombre le ponemos? ¿Operación Silla?-, de distracción, mediante la cual, en los hechos, se está ambientando el encuentro de Buenos Aires.

Fase 1

El primer rumor se deslizó cuando no bien terminaba la operación de liberación del miércoles.

Los helicópteros enviados por el gobierno de Dilma Roussef apenas apagaban sus rotores cuando surgió el absurdo de que Cano vive en Brasil. Tal era, pues, la explicación de por qué  el ejército colombiano no ha podido mostrarlo aún como trofeo, vivo o muerto. Este rumor no prosperó. Ni siquiera cuando se hizo eco de él el fallido heredero de la “Casa de Nari”, como solían llamar los narcos a la sede presidencial en la administración de Álvaro Uribe.

Fase 2

Entonces, siguió la fase siguiente, más atrevida.

Hacia el mediodía del viernes 18 apareció un mensaje de twitter del presentador de TV  y periodista deportivo Ricardo Orrego, anunciando la muerte de Alfonso Cano.

El portal de periodismo independiente La Silla Vacía, dirigido por la periodista Juanita León, no se desprendió de la noticia. Poco después de las 6 p.m. lanzó la “exclusiva” que confirmaba la muerte de Cano.

Quizá por la precipitación, el texto hacía aseveraciones absurdas como que Cano había hecho votos de obediencia y pobreza; dudosas, como que al entrar a las FARC en los inicios de los 80s había sido “mediador” entre las concepciones de los dos máximos jefes, Marulanda y Jacobo Arenas (que en realidad trabajaban al unísono desde la fundación de las FARC en 1964); contraevidentes, como que Cano había sido el artífice de la expansión de las FARC en el gobierno de Belisario Betancur (cuando en los años 80 no hubo expansión de las FARC sino por el contrario un fuerte estancamiento, según analistas militares a quienes escucho con atención).

A pesar de estos elementos, que mostraban desconocimiento del tema, Juanita y su magnífico portal me hicieron dudar: por su experticia personal en este oficio; y por la valentía y el buen periodismo que ha demostrado La Silla Vacía.

Y eso que, más temprano, para mí el asunto había quedado cancelado cuando la colega especializada en asuntos militares, Yineth Bedoya, de El Tiempo, advirtió por Twitter al atardecer que la noticia no era cierta. La Policía desmintió poco después, también por Twitter.

Aun así, por unas horas en la noche del viernes, cuando Bogotá estaba de rumba, los periodistas discutíamos febrilmente si la versión era cierta.

Mientras, otra vez, el odio se desbocó en Twitter. Y esa resultó ser la clave.

Incluso personajes públicos y respetables que actúan dentro de la ley y, por lo tanto, deben tener clara la diferencia diametral entre venganza y Justicia, con epítetos provocadores contribuyeron a azuzar el festín de sangre anticipado – una micosis que dejó implantada la Era Uribe.

La presidencia no desmintió públicamente a La Silla, pero sí por teléfono. “Nuestras fuentes se mantienen, pero Presidencia desmiente”, twitteó La Silla hacia las 11 pm.

Y todo esto, a pesar de que desde la tarde el periodista Ricardo Orrego estaba advirtiendo por Twitter: “Amigos twitteros YO NO ESCRIBI LO DE CANO… Mi cuenta la cancelo en este instante. Ese tipo de rumores no son mi estilo”. “Hoy chequeé mi cuenta y vi seguidores sin nombres… Sólo claves… Mi cuenta la está manipulando alguien más”. “A partir de este momento no escribo ningún tipo de información. Yo en la tarde he informado sobre el caso América de Cali”, “que corresponde a mi área de trabajo… Sobre Cano yo no me he referido… Quiero excusarme, pero alguien me metió en este lío”. “Repito. No escribí nada referente a Alfonso Cano y mi twitter ya no será más este”. “Es muy delicado salir a confirmar una noticia de esta magnitud…”

Es decir, pareciera que para poder medir la sed de sangre de los colombianos, mediante un delincuente informático alguien desató la noticia falsa sobre la muerte de Cano. Resultó un éxito.

La mañana del sábado nadie podía contradecir al comandante general de las Fuerzas Militares, general Edgar Cely, cuando habló por Caracol Radio. El militar se refirió al entusiasmo de las redes sociales apenas circuló la información sobre la muerte del jefe de las FARC. Lo que demuestra, dijo el general, que Cano “es el delincuente que más quieren ver muerto los colombianos”.

Así que este es el ruido de fondo que acompaña las vísperas del Encuentro de Buenos Aires por la paz en Colombia.

Add comment febrero 19th, 2011

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.