Este blog es una iniciativa de la agencia de noticias IPS y de su corresponsal en Bogotá, Constanza Vieira.

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El modelo De La Calle

A mediados de 1991, Humberto de la Calle Lombana fue enviado a la negociación con las guerrillas en Caracas, negociación que no pasó de dos reuniones. De la Calle era entonces ministro de Gobierno de César Gaviria (1990-1994).

De la Calle había saltado a la palestra porque en 1990 dio con la fórmula jurídica para abrirle paso a la Constituyente contabilizando la Séptima Papeleta, que era promovida por un comité de jóvenes.

Veintiún años después, De la Calle nuevamente es jefe negociador con las FARC. Ahora dice que, en torno a los acuerdos que surjan, el gobierno buscará mecanismos de refrendación, pero en ningún caso una Constituyente.

En su columna este domingo 21, Daniel Samper Pizano caracteriza así la política económica introducida por Gaviria y la cual, según De la Calle en rueda de prensa en Oslo y refiriéndose a la negociación con las FARC, es un modelo que “no estamos discutiendo”:

La receta neoliberal que inauguró César Gaviria en 1990 se basa en reducir, maniatar y marginar al Estado y entregar las riendas del desarrollo a la iniciativa privada. Estados Unidos y Europa padecen hoy lo que ocurre cuando los poderes económicos particulares imponen su ley. La crisis es hija suya, y la receta propuesta ha sido la de sacrificar aún más a los sectores populares.

La receta neoliberal que inauguró César Gaviria en 1990 se basa en reducir, maniatar y marginar al Estado y entregar las riendas del desarrollo a la iniciativa privada. Estados Unidos y Europa padecen hoy lo que ocurre cuando los poderes económicos particulares imponen su ley. La crisis es hija suya, y la receta propuesta ha sido la de sacrificar aún más a los sectores populares.

Puede que no en Oslo o en La Habana, pero…

Habrá que abrir un juicio al actual modelo económico colombiano cuando se pueda discutir en paz y dentro de las normas de la democracia. Tenemos que buscar y encontrar un esquema de desarrollo diferente al neoliberal que nos impusieron como panacea salvadora desde hace algo más de veinte años y que ha significado la prosperidad de los ricos y la ruina de los más pobres.

Ojo al dato que rescata Samper Pizano:

Una evaluación realizada en el 2004 en Montevideo con patrocinio, entre otros, de la muy liberal Fundación Friedrich Ebert condenó “el desastre neoliberal continental” que, en el caso colombiano, manifiesta un “retroceso social escandaloso, tal como lo expresa la última versión del informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas”. Un documento publicado allí señala que “los peores resultados económicos del último siglo se presentan en la gestión del actual Gobierno [URIBE I]” y dice que “la economía burbuja ha disparado las ganancias del sector financiero y asegurador de servicios, configurando un estereotipo de crecimiento económico que ha aislado del verdadero desarrollo al 65 por ciento de la población”.

La columna completa

 

Add comment octubre 21st, 2012

Paz, señores, es no matar más niños

Obra de Edgar Negret. Foto Constanza Vieira 2011
Menos aún torturándolos, ni presentándolos como falsos positivos.

La organización humanitaria alemana Diakonie Katastrophenhilfe me envió este doloroso comunicado de su organización socia en Colombia, Tierra de Paz.

La Corporación Justicia y Dignidad denunció en un comunicado público el asesinato de Norbey Martínez Bonilla, menor de 15 años, oriundo y residente de la vereda El Pedregal, municipio de Caloto en el Norte del Cauca, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH MC-97/2010.
En la comunicación la ONG manifiesta que:
1. Durante las hostilidades presentadas el día viernes 28 de septiembre en zona rural del municipio de Caloto fue denunciada la desaparición de un joven de 15 años oriundo y residente de la vereda El Pedregal identificado como Norbey Martínez Bonilla. El día sábado, familiares iniciaron la búsqueda ante la Fiscalía, Alcaldía y la Policía sin obtener resultados.
2. El día 30 de septiembre medios de comunicación y el ejército presentaron un guerrillero con el alias “Yair” dado de baja durante los combates en ésta zona. De acuerdo a información oficial el individuo llevaba más de diez años en la guerrilla y pertenecía a sus fuerzas especiales.
3. El día martes 2 de octubre en el Instituto de Medicina Legal de Cali es entregado el cadáver de Norbey a sus familiares. La ONG “Corporación Justicia y Dignidad”, denunció que:
“Insólitamente el cadáver no tiene la lengua, tiene heridas en los dedos y una herida en el cuello y en el glúteo derecho con elemento desconocido. Llama la atención que el cuerpo sin vida del menor fue entregado con coseduras en todas sus extremidades. Así mismo, el uniforme camuflado que presuntamente portaba, aparece sin perforaciones”.
Ante esto, la ONG hizo las solicitudes pertinentes al Estado Colombiano, la ONU, Comisión Interamericana de DDHH, medios de comunicación y otras ONG de DH para la divulgación de la información.

Add comment octubre 5th, 2012

Carta del ELN en la presentación de la Ruta Social Común por la Paz

Una importante confluencia de movimientos sociales y populares por la paz fue lanzada el jueves 4 en Bogotá: la Ruta Social Común por la Paz.

Su objetivo es hacerse oír. Construir una agenda de paz que aborde las causas de la guerra, para poner dicha agenda sobre la mesa de negociación entre el gobierno y la insurgencia.

Pero, primero que todo, piden cese al fuego bilateral, con el fin de proteger a la población civil y evitar que los diálogos gobierno-FARC, que en semana y media se instalan en Oslo, se revienten por la confrontación.

También piden que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) participe, ya sea en este escenario o en uno propio.

En la rueda de prensa en la que se presentó la Ruta Social Común, fue distribuido un saludo del comandante del ELN. Este es su texto.

Apreciadas y apreciados señores del proceso: RUTA SOCIAL COMÚN PARA LA PAZ:

saludamos respetuosos su pronunciamiento del pasado 3 de Septiembre, a propósito del proceso de paz anunciado al país, conscientes de que las luchas y aspiraciones del pueblo van creando las condiciones que hacen posible que en nuestro país la paz, entendida como una política de transformaciones, vaya ganando y conquistando espacios en toda la sociedad.

El ELN, organización insurgente de profundas raíces populares, está convencido que la participación de la sociedad, y con ella la acción permanente de las mayorías nacionales, es VITAL en la construcción de un nuevo país en paz. Es tan vital como la presencia de la sangre en el cuerpo humano y el significado del agua en la vida de la humanidad.

Ya lo decíamos, en el editorial del Insurrección numero 337: “La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿en qué parte de la mesa se van a sentar los otros representantes de la sociedad colombiana que deben tener voz y voto para que la mesa no quede coja y la paz trunca? Nos referimos a los trabajadores, campesinos, estudiantes, académicos, maestro, intelectuales y el resto de fuerzas vivas de la sociedad. Solo con su inclusión, la paz será posible”. El Presidente Santos acaba de afirmar que era indispensable corregir los errores cometidos en las experiencias anteriores de diálogos, ese fue uno de ellos.

Es indispensable reconocer que ni el gobierno ni la insurgencia pueden abrogarse el derecho de reemplazar la sociedad en la mesa y definir por ella. Por lo tanto expresamos la urgencia de que las organizaciones populares y sociales organicen sus agendas con sus representantes. Esta es una tarea en la que nadie puede remplazarlos y en la que sin ellos, el camino de la paz comienza equivocado.

Siempre hemos afirmado, igual que muchos otros colombianos, que la guerra que vive nuestro país, desde hace poco más de 50 años, tiene connotaciones político-sociales, que se originan en el conflicto social; en concordancia con esto, los sujetos diversos de la sociedad que padecen y son actores del conflicto social, tiene que ser partícipes activos juntos con la insurgencia y el Estado, en configurar los derroteros de la justicia social y de todos los componentes que se necesitan para transitar de un país en guerra a una Nación de equidad y de paz, es esencia de una sociedad del buen vivir y del buen gobierno.

El ELN considera que la oligarquía colombiana representada en el gobierno y fiel a su catadura de exclusión, de su sentido clasista, reducido a una cúpula minoritaria de la sociedad opulenta y satisfecha, va a obstaculizar en este proceso la participación política activa de las grandes mayorías.

Lograr la presencia de todos ustedes, sociedad y pueblo, es la clave de toda una batalla que apenas comienza y que está a la espera de poderla librar, hablando en términos de lucha política y social, que debemos hacerla juntos, aunque desde formas de lucha distintas. Y este despliegue de liderazgo desde la sociedad, también debe significar que tomen la palabra los que han sido más excluidos de la toma de decisiones en el país.

Todo el tejido social, el pujante proceso político organizativo que se va constituyendo en el país, tiene que desplegar esta bandera de la democracia y organizarse para ese ejercicio, desde los diálogos sociales, los diálogos regionales, desde la variedad de espacios públicos y la movilización, porque la llave de la paz la tiene el pueblo y la sociedad.

En esta oportunidad, la paz tiene que tener las garantías y el ambiente suficiente para que sea una certeza lograrla. Por ello compartimos que tiene que HABER UN CESE DEL FUEGO Y DE HOSTILIDADES de manera bilateral, de todas las hostilidades, no solo las referidas a las que nacen de la acción militar entre los contendientes, también las que le generan a la sociedad las malas políticas mineras, agrarias. de seguridad y otras que lesionan y afectan la vida de la población.

Nuestra concepción de paz es de una interlocución permanente con los sentimientos y aspiraciones de todo el país y de las mayorías nacionales. Sus palabras, sus invocaciones, sus padecimientos, su pensamiento va enriqueciendo las voluntades y las políticas del ELN.

NUESTRAS ASPIRACIONES Y DESTINO NO ES OTRO DIFEENTE QUE EL DESTINO Y LOS OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO POPULAR, PUES SOMOS PARTE integral de la sociedad y del pueblo; nacimos y respiramos dentro de su vientre. ¿Por qué ha de tener la insurgencia un interés y aspiraciones distintas, si somos hijos de la injusticia, de la misma que padecemos la mayoría de colombianos y la que nos motiva el alzamiento armado?

Participar en el proceso de paz no es solo un ejercicio de reuniones y convocatorias. Es y ha sido, también, un proceso de movilización, de posicionar ideas en la mente y corazón de la sociedad y el pueblo. Es movilizarse para que los que no quieren una paz auténtica, democrática, estable y duradera, sean derrotados en sus apuestas, mediante un vigoroso movimiento ascendente de paz. La paz tiene enemigos pero tiene muchos más amigos y más fuerza.

Con sinceros afectos de compatriotas:

Colombia para los trabajadores.

Ni un paso atrás Liberación o Muerte

Desde las montañas colombianas.

Por el Comando Central del ELN.

Nicolás Rodríguez Bautista.

Septiembre 17 de 2012

Add comment octubre 5th, 2012

El 17 de octubre, rueda de prensa en Oslo

El miércoles 17 de octubre hay rueda de prensa en Oslo. Tema: el inicio formal del diálogo gobierno colombiano-FARC por la paz.

Tal es la única información oficial que ha dado hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, país garante del proceso de paz junto con Cuba.

Me llama la atención que Caracol Radio reproduce sin glosas el cable de EFE, el cual dice claramente algo que es cierto:

Una vez iniciado el proceso en Oslo, está previsto que las negociaciones se trasladen luego a La Habana, donde continuarán por un período indefinido.

Lo acordado entre el gobierno y las FARC, efectivamente, es que la negociación es por periodo indefinido. Aunque para consumo interno el presidente Juan Manuel Santos afirme que será cuestión de meses, y no de años.

El documento suscrito por el gobierno colombiano y las FARC dice, respecto a los plazos:

Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas (…)

Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

Habla asimismo de que habrá un “Cronograma”

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

Aquí el despacho de EFE en Caracol Radio.

Add comment octubre 4th, 2012

La fecha no gustó

“Clavos Calientes” se llama la sección de chismes políticos del semanario Voz, del Partido Comunista.  En su edición de hoy, dice que la fecha de instalación de los diálogos de paz con las FARC -8 de octubre- no gustó a los representantes del gobierno, quienes la pospusieron por unos días alegando cuestiones logísticas y jurídicas:

…Pero en la Casa de Nariño estaban molestos con la fecha del 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico en homenaje a Ernesto Che Guevara. Cuando fue aprobada la propuesta de las FARC, los voceros oficiales no advirtieron la importancia histórica para la insurgencia y no presentaron ningún reparo. Posteriormente, cuando cayeron en cuenta, buscaron la manera de modificar la fecha y encontraron el argumento.


Según el twittero @calozanosierra, “El semanario VOZ ha confirmado que la fecha para la instalación de la Mesa de Diálogo en Oslo es el 17 de octubre”.

Add comment octubre 3rd, 2012

Declaración conjunta de las FARC y el ELN

Llegó a mi correo pasadas las 11 am de hoy una Declaración Política conjunta de las cúpulas de las FARC y el ELN.

“No puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz”, indican ambas guerrillas.

“No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al Pentágono que se alcanzará la paz”, advierten.

Agregan que la reconciliación de los colombianos no se logrará “con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el ‘Plan Patriota’ o el ‘Espada de Honor’”, “mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz”.

Las FARC y el ELN indican que su voluntad de paz “radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía”. “La verdadera llave” de la conquista de la paz es “la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales”.

Texto completo

– DECLARACIÓN POLÍTICA –

El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), inspirados en los más profundos sentimientos de hermandad, solidaridad y camaradería, con optimismo y elevada moral de combate, estrechados en un fuerte abrazo de esperanza en el cambio revolucionario, nos hemos reunido para analizar la situación política nacional e internacional, los problemas de la guerra y de la paz  en Colombia y avanzar en el proceso de unidad que desde el año 2009 venimos forjando paso a paso, con el propósito de hacer converger ideas y acciones que permitan enfrentar junto al pueblo a la oligarquía y al imperialismo como elementos que imponen la explotación y la miseria en nuestra patria.

Indoblegable determinación nuestra, es continuar la búsqueda de una paz que para Colombia y el continente signifiquen el establecimiento de la verdadera democracia, la soberanía popular, la justicia social y la libertad.

Realizamos esta reunión, en momentos en que se desarrolla la más profunda crisis del sistema capitalista mundial, caracterizada por una desaforada carrera de guerras de invasión, saqueo y sobreexplotación de los recursos de la naturaleza, precarización de las condiciones de trabajo, que condenan al hambre y la muerte a millones de seres humanos en un planeta conducido por la voracidad del imperialismo, hacia el caos y la destrucción.

En nuestra patria las calamidades generadas por este sistema de inhumana sobre-explotación y exclusión de las pobrerías, ha escalado la desigualdad y profundizado la confrontación de clases en dimensiones nunca antes vistas, las cuales derivan directamente de la aplicación sostenida y desbocada de políticas neoliberales que favorecen a los grandes grupos financieros y grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las mayorías nacionales.

Dentro del panorama internacional de crisis sistémica del capital, que muestra sus rostros múltiples de debacle financiera, económica, ambiental, urbanística, energética, militar, política, institucional, moral y cultural, Colombia se configura como un país de economía reprimarizada y financiarizada.

A esa condición la han llevado los detentadores del poder, para permitir el saqueo que significa la extracción desaforada, el robo de sus recursos naturales y la especulación financiera. Millones de compatriotas han sido lanzados a la miseria y la guerra, impuesta por las élites para acallar la inconformidad de las mayorías frente a esta iniquidad.

El gobierno de Juan Manuel Santos fue instaurado para garantizar la continuidad de los planes de desposeción por despojo que sobre el pueblo colombiano impone el imperialismo. Una nueva espacialidad del Capital acompañada de ordenamientos jurídicos y disposiciones militaristas de seguridad y defensa inmersas en la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y terrorismo de Estado, se afianza en nuestro país para blindar los “derechos” del capital, el bienestar de los ricos a costa de los trabajadores y del pueblo más humilde. Dentro de esa perspectiva se define la nueva etapa de despojo de tierras que hoy se disfraza con el falso nombre de restitución. En la práctica, a los millones de desplazados y víctimas de las sucesivas etapas de despojo violento auspiciadas por el Estado, se suman ahora nuevas legiones de campesinos, indígenas, y gente sencilla en general, a los que se les arrebatará o se les niega ya la tierra mediante procedimientos de engañosa legalidad, engrosándose aún más las cifras de pobreza y de indigencia que colocan a Colombia en el rango del tercer país más desigual del mundo.

Es este el sentido cruel de la seguridad inversionista y de la prosperidad que difunde el presidente Juan Manuel Santos, mientras se sigue encarcelando, asesinando y reprimiendo a sus opositores.

Frente a esta realidad no puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías por cuenta del terrorismo Estado de la casta gobernante cuyas tendencias más guerreristas han conducido los destinos del país durante la última década.

No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al pentágono que se alcanzará la paz; no es con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el “Plan Patriota” o el “Espada de Honor” como se logrará la reconciliación de los colombianos. Mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz.

Nuestra voluntad de paz radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía. Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable. Por ello la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales para, sobre la base de la justicia, construir la paz, son la verdadera llave de su conquista.
Con pasos firmes de unidad en el pensamiento y en la acción, fraternalmente,

COMANDO CENTRAL, ELN.

SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL, FARC-EP.

Montañas de Colombia, septiembre de 2012

Add comment septiembre 27th, 2012

Comunidades proponen Comisión de la Verdad

Vanesa Coicué, una niña nasa de 11 años, pereció el 16 de septiembre de 2011 en su propio hogar, en el Norte del Cauca. El ejército y las FARC combatían, literalmente, en el jardín de su casa. Un proyectil relleno de metralla, para hacer el mayor daño posible, estalló a dos metros de la vivienda de madera. Foto Constanza Vieira/ IPS
A la misma hora en que Juan Manuel Santos y las FARC anunciaban desde Bogotá y La Habana el inicio de conversaciones de paz, varias de las comunidades que más han sufrido en Colombia enviaron hoy una carta conjunta al presidente colombiano y a los jefes de las dos guerrillas, las FARC y el ELN.
La misiva proviene del Centro y Norte del Cauca, Chocó, Antioquia, Meta, Putumayo, Caldas y Valle del Cauca.

Las comunidades proponen cinco puntos:

Cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión y participación física en espacios definidos para hacer propuestas, incluida una Comisión de la Verdad.
Además, la satisfacción básica de algunos derechos con base en la redistribución de los recursos que se destinan a la guerra. La idea es también que los recursos de cooperación internacional se destinen, entre otros, a la Comisión de la Verdad.
Finalmente, piden que los acuerdos de paz que se logren sean refrendados en un referendo o mediante una Constituyente.
Esta es la carta.Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de 2012
Doctor JUAN MANUEL SANTOS Presidente de Colombia
Señor TIMOLEÓN JIMÉNEZ Secretariado de las FARC – EP
Señor NICOLÁS BAUTISTA Comité Central ELN
Nos llena de esperanza el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN.
Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia que dan fe de estas graves condiciones que general el conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha significado en costos en vidas humanas, en costos sociales, ambientales y económicos está guerra que va a cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de la Verdad y otras iniciativas compartidas con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y otros que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.
Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de aproximación ya conocidos, y frente a lo que eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de expresión. La persistencia del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar, la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas son razones importantes para que se de un cese al fuego, se posibilite nuestra participación y podamos creer en el proceso. Es fundamental el cumplimiento de aspectos referente a estructuras criminales e igualmente la necesidad de tener acceso ya a medios de información públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y por medios físicos como medio de participación de la sociedad civil, esa expresión es importante, pero imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad política de escucharlas, de discutir y asumirlas en acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto armado.
Requerimos saber de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que nuestras propuestas de habitación, de producción, de Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una redefinición del gasto serán los que propician la viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia. Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.
Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones. La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.

• Asociación campesina agroecológica Huerto Renacer, municipio de Sucre Cauca
• Asociación campesina agroecológica Bien Andante, municipio de Sucre Cauca
• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado del municipio de Argelia Cauca
• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz” san Antonio, Inza Cauca
• Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco Toribio Cauca
• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiando – So Bia Drua – Pueblo Embera
• Zona humanitaria El Castillo, Comunidad de Vida y Paz – CIVIPAZ- Meta
• Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica – ADISPA – Putumayo
• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo
• Zonas de Biodiversidad Grupo Porvenir – Putumayo
• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”- Dabeiba
• Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
• Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya – Valle
• Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam – Valle
• Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA – Trujillo – Valle.
• JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle

Add comment septiembre 4th, 2012

Seguimos esperando respeto al periodismo independiente

El Estado Mayor del Frente 15 del Bloque Sur de las FARC parece insistir en la calidad de “prisionero de guerra” del corresponsal de France 24 Roméo Langlois, según uno de los dos textos leídos ante las cámaras de Karl Penhaul por el guerrillero Ancízar.

VIDEO Karl Penhaul en el lugar de la noticia

Penhaul viajó al lugar y obtuvo en video una declaración adicional de Ancízar: “…hemos concluido que, efectivamente, es francés; que se llama Roméo Langlois; que es periodista. Y con esta información esperamos que prontamente superemos este impasse”.

Desde Bogotá podríamos parafrasear a Ancízar: concluimos que, efectivamente, a Roméo lo tienen las FARC; que lo tiene el Frente 15; y que, al momento de llegar Penhaul a la zona, no existía aún una posición del secretariado del estado mayor de las FARC sobre el caso del corresponsal de France 24. Es por esa razón que el Frente 15 no tiene nada qué agregar oficialmente, más que su parte de guerra y su comunicado de fecha lunes 30 de abril.

Así que seguimos esperando respeto al cubrimiento periodístico independiente, como lo expresamos varios periodistas en un comunicado el miércoles.

Teniendo en cuenta la creciente censura en Internet, trascribo aquí lo dicho por Ancízar frente a la cámara de Karl.

“Mi nombre es Ancízar. Conocido popularmente como “Monazo”. Soy comandante de escuadra del Frente 15. A continuación les voy a leer un comunicado.

Marchando hacia la libertad

Parte de guerra

1. El día 28 de abril, unidades del Bloque Sur combatieron con una patrulla del ejército y la policía durante siete horas, en la vereda La Libertad, inspección de La Unión Peneya, municipio de Montañita, Caquetá.

Desde el inicio del combate, el ejército y la policía fueron apoyados por cinco helicópteros, el avión  fantasma,         dos bombarderos Tucano y un avión de la policía nacional. Durante el combate, el ejército tomó como trinchera las casas de los civiles. Varias casas de los campesinos fueron averiadas por la aviación, que sin ningún pudor disparaba indiscriminadamente.

2. El día 29 de abril, unidades del Bloque Sur dieron de baja a dos agentes de la SIJIN, que se encontraban atropellando a la población civil en la carretera Paujil- Montañita.

Resultados: tres helicópteros averiados. 19 bajas entre ejército y policía. 12 profesionales heridos. Material de guerra recuperado: un fusil M4-M16. Tres fusiles Galil H-55. Un cañón para ametralladora. Dos granadas de mano MK-26. Catorce proveedores. 800 cartuchos calibre 5.56. Cuatro equipos de campaña. Tres riatas. Dos chalecos. Dos visores nocturnos. Una cámara digital y abundante material  de inteligencia. Novedades guerrilleras: tres guerrilleros asesinados, un guerrillero herido levemente.

Comunicado

El frente 15 informa a la opinión pública que el periodista francés Roméo Langlois, uniformado de militar y capturado en pleno combate, está en nuestras manos. Es prisionero de guerra. Está levemente herido en un brazo. Se le ha prestado la atención médica necesaria y está fuera de peligro.

Estado Mayor Frente 15, bloque sur de las FARC-EP, montañas del Caquetá, abril 30 de 2012.”

–Karl Penhaul: Pero, Monazo, cuéntenos qué es lo nuevo que nos puede contar de Roméo Langlois, sobre su situación.

Monazo: No estoy autorizado para dar declaraciones, por organismos superiores. Pero basado en el comunicado, lo nuevo que les puedo contar es que, por información de amigos tuyos, periodistas –información que llega directa–, con esa información hemos concluido que, efectivamente es francés; que se llama Roméo Langlois; que es periodista. Y con esta información esperamos que prontamente superemos este impasse.

Add comment mayo 6th, 2012

WIKILEAKS: El temor de Uribe a la popularidad de Córdoba

Cómo nos cambia la vida Soldado William Domínguez / Foto tomada de El Espectador

Según análisis del entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo al embajador estadounidense, Piedad Córdoba bien podía ganar la consulta interna del liberalismo y quedar como candidata presidencial. Cable de la embajada estadounidense en Bogotá, fechado el 6 de marzo de 2009. Wikileaks sin censura.

Clasificación: CONFIDENCIAL

Según el embajador William Brownfield, Uribe se enfureció porque Luis Carlos Restrepo aceptó la presencia de los periodistas Jorge Enrique Botero y Daniel Samper Pizano en la liberación de cuatro uniformados el 1 de febrero de 2009 (el soldado William Domínguez, asesinado en Bogotá septiembre de 2011, y los agentes de policía Juan Fernando Galicia, José Walter Lozano y Alexis Torres).

Restrepo incluyó a los periodistas para evitar la posible participación internacional: en la semana del 2 de marzo, Córdoba se reunió con el congresista James McGovern en Washington, para supuestamente hablar de su posible participación en otra liberación de parte de las FARC.

Para Restrepo, si las Farc decidían liberar a más prisioneros, pondrían a Uribe en aprietos. El Comisionado de Paz dijo que el presidente tenía “una reacción visceralmente negativa hacia estos eventos controlados por las FARC y hacia la facilitación de Córdoba, lo que hacía su respuesta a ello algo impredecible”. También rechazaban arduamente las operaciones de liberación Juan Manuel Santos y el comandante del ejército, Padilla.

El gobierno tenía en 2009 un mensajero autorizado con las FARC: Henry Acosta, quien en 1999, siendo alcalde de Chámeza (pueblo del departamento Casanare, al oriente), se asiló porque, dijo, no le quiso entregar el presupuesto de la alcaldía a la guerrilla.

Restrepo salió de su cargo en marzo de 2009 porque Uribe estaba convencido de que la paz no llegaría ni con las Farc ni con el ELN en lo que restaba de su gobierno. En enero, el guerrillero Pablo Catatumbo escribió al mensajero Acosta que Uribe no entendía los gestos de las FARC y reconociendo que con Uribe no habría paz. Poco después, Uribe le revocó a Acosta la autorización para contactar a las FARC.

Restrepo reconoció que con la liberación de un total de seis rehenes a través de Córdoba, las FARC se anotaron un tanto propagandístico a costa del gobierno colombiano, que resultó aún más costoso por los sobrevuelos de las FFMM durante la primera de las tres operaciones de liberación.

Uribe, dijo Restrepo, ya no quería más que Piedad Córdoba participara en liberaciones subsiguientes, pues como resultado de esta labor Córdoba estaba en capacidad de ganar las primarias presidenciales del partido liberal. Una encuesta Gallup mostró a Córdoba liderando, con el 30% del apoyo en su partido. “Restrepo nos dijo que, una vez esté fuera del cargo, planea ser mucho más agresivo en sus críticas contra Córdoba y otros defensores del  diálogo de paz, como amigos de las FARC”.

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“Restrepo lamentó que el ELN también continuara jugando. Dijo que el exmiembro del Comando Central del ELN (COCE), Pacho Galán, convencido de que la lucha armada no tiene futuro en América Latina, está decidido a presionar públicamente al grupo a renunciar a la violencia. Galán, cuyos esfuerzos son financiados por los suecos y la Alcaldía de Medellín, piensa que el modelo tradicional de diálogos de paz con las FARC y el ELN solo ha servido para prolongar la guerra. Restrepo dijo que el gobierno colombiano aspira a explotar los comentarios de Galán para presionar tanto al ELN como a las FARC”.

Link original del cable en Wikileaks:

http://wikileaks.org/cable/2009/03/09BOGOTA768.html

First published on Thu, 1 Sep 2011 23:24 UTC

Reference ID: 09BOGOTA768

SUBJECT: "NO CHANCE" OF FARC PEACE TALKS AS PEACE COMMISSIONER RESTREPO RESIGNS

Add comment septiembre 15th, 2011

CICR: “Las herramientas jurídicas existen”

Se acerca la hora cero de la Minga de la desmilitarización.

IPS entrevistó al abogado Romaric Ferraro, del CICR

Su cargo en Colombia: asesor jurídico para las operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El abogado francés Romaric Ferraro no opina sobre la advertencia indígena acerca de que viene una batalla gigantesca entre ejército y guerrilla, en la arisca confluencia montañosa entre los departamentos del Tolima, Cauca y Huila, en el centro del país.

Páramo de Las Hermosas, idílico escenario de una guerra brutal. Foto Gustavo Wilches-Chaux

“Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido”, dijo a IPS. El campo de acción de Ferraro es el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El CICR no se pronuncia jamás sobre su actividad operacional de terreno en este país en guerra hace más de medio siglo. Se sabe que mantiene un diálogo bilateral, confidencial, tanto con la cúpula de la fuerza pública como con las guerrillas de izquierda, surgidas en 1964.

En una metodología probada por más de 140 años, la entidad neutral se abstiene de calificar penalmente los actos que ambas partes cometen. La prioridad de sus 13 oficinas en toda Colombia es tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.

“Por ende pensamos, indicó Ferraro, que al hacer denuncias perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad; de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas”.

Toribío. En el Cauca, “la violencia genera más daños físicos y espirituales que los desastres desencadenados por fenómenos naturales”, dice Gustavo Wilches-Chaux. Foto El País (Cali)


El ataque de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el poblado indígena de Toribío, al norte del Cauca, el 9 de julio, utilizó armas de efecto indiscriminado, con el argumento de que “muchas” casas civiles estarían alquiladas a efectivos de fuerzas estatales.

A su vez, el gobierno amenazó con demoler las casas civiles donde se parapeten o alojen los guerrilleros. La estación de Policía de Toribío es una fortaleza, construida en el casco urbano del pueblo.

Los indígenas quieren su territorio libre de guerra y anunciaron una “minga’ (trabajo colectivo para el bien común) para desmontar trincheras de la policía, bases militares y campamentos de la guerrilla en sus resguardos.

La hora cero de la minga se acerca. Los indígenas ya preparan la logística para llevarla a cabo y se están concentrando en Tierrero, 20 kilómetros antes de llegar a Toribío por la carretera que trepa desde Santander de Quilichao.

“Es evidente”, advirtió Ferraro, que si la población civil “intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes”.

El CECIDIC, “universidad indígena” que forma parte del Proyecto NASA,
fundado por el sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué, asesinado en 1984.
Foto Gustavo Wilches-Chaux en http://declaracioncontralaguerra.blogspot.com/

El abogado Ferraro expone la posibilidad de transpolar una norma vigente en la normativa de Ginebra para los conflictos internacionales y aplicarla en el conflicto interno colombiano: un acuerdo expreso entre las partes combatientes (fuerza pública y guerrilla) que saque del teatro de operaciones bélicas los territorios indígenas.

También sugiere recurrir a la Corte Constitucional, para que esta dirima sobre cómo debe aplicarse en Colombia el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que a la letra dice:

Artículo 30

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Esta es la versión completa de un diálogo de IPS con Ferraro, cuya síntesis fue publicada hoy 1 de septiembre en el servicio mundial de IPS Noticias. Las fotografías de Ferraro son de Margarita Carrillo/IPS.

Documento

“Las herramientas jurídicas existen”, dice el asesor jurídico para las operaciones del CICR en Colombia, Romaric Ferraro. Un acuerdo entre las partes en contienda podría definir no utilizar los territorios indígenas para fines ofensivos.

Constanza Vieira, IPS: Señor Ferraro, el gobierno colombiano reconoció en junio que en Colombia hay un conflicto armado interno. La pregunta es si  esto ha implicado, o si puede, en teoría,  implicar limitaciones o congelamiento en materia de derechos humanos de la población colombiana, por estar ahora Colombia oficialmente en tiempos de guerra.

Romaric Ferraro, CICR: Mi respuesta franca sería: en principio, limitaciones o restricciones, no. Debería surtir el efecto contrario, que sería justamente precisar qué marco jurídico es aplicable a la protección de las personas.

Y dijo bien: “en teoría” debería ser la primera consecuencia. Es decir, al declarar la existencia de un conflicto armado, un gobierno es muy consciente de que, abiertamente también, tiene que reconocer el derecho aplicable a esa situación, que es el DIH, que ha sido especialmente diseñado para situaciones de conflicto armado.

Si tomamos en cuenta que, además del DIH, no cesan de aplicarse los derechos humanos –sobre eso ya hay una jurisprudencia constante en la materia- pues deberíamos tener dos marcos, dos pilares fundamentales de protección de la persona, que deberían funcionar de tal forma que se aumente, en lugar de que se menoscabe, la protección de las personas.

IPS: Últimamente el gobierno colombiano, las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) están invocando en sus expresiones públicas el DIH. ¿El acatamiento del DIH se fortalece en Colombia?

Romaric Ferraro: Siempre habrá una distancia en Derecho, me parece, entre el discurso político manejado por los diversos implicados en un conflicto armado y su concreta realización en el terreno.

De nuevo: a mí me parece que es positivo el hecho de que se reconozca la situación fáctica, porque precisamente los actores implicados se ven en la obligación de justificar sus acciones con respecto al DIH. Entonces, cuando antes no se sentían, quizá, obligados a hacerlo, hoy -por lo menos al nivel del discurso- sí se sienten obligados.

IPS: El pronunciamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, fechado 20 de julio en Toribío, dice: “Cada actor de la guerra viola el derecho humanitario de manera consciente, bajo el argumento de que el otro ya lo había hecho antes”. ¿El CICR qué comentaría al respecto?

Romaric Ferraro: Es difícil que tengamos una posición oficial sobre lo que puede opinar una organización de la sociedad civil sobre el grado, o no, de respeto por el  DIH por parte de cada uno de los actores armados involucrados en el conflicto.

Lo que veo es que hay, forzosamente, un reclamo de la población civil. Lo que nosotros observamos en el terreno es que la población civil, y eso es lo que intentamos año tras año subrayar también en nuestro informe público, es la primera víctima de las consecuencias de este conflicto. Sean esas consecuencias provocadas por actores gubernamentales o por actores no gubernamentales. Entonces, me parece normal que haya un reclamo.

IPS: ¿Cómo se puede interpretar, desde el punto de vista del DIH, el anuncio del gobierno acerca de que va a demoler las casas civiles donde se parapete la guerrilla, o donde se hospeden guerrilleros?

Romaric Ferraro: La cuestión de los bienes civiles, de nuevo, se tiene que interpretar a la luz del derecho aplicable, que en este caso sería el DIH como primera opción de análisis.

Lo que se debe recordar es que los bienes civiles como tal son protegidos, y el famoso principio de distinción aplica tanto para las personas como para los bienes.

Es decir: en cuanto a las personas, quien no participa directamente en las hostilidades, es protegido en los ataques. En cuanto a los bienes como tales: un bien que no es objetivo militar no puede ser atacado.

Ahora: esa protección no es absoluta. No es absoluta porque, según el uso que se haga de un bien, este puede perder esa defensa por ser bien civil.

Es decir, si por ejemplo la fuerza pública o un grupo armado organizado utilizan un bien civil, en este momento este bien puede perder –aunque hay que hacer un análisis caso por caso- esa protección de bien civil. Y durante su uso como bien de tipo militar, se va a transformar en objetivo militar.

IPS: ¿Cómo decidir en el momento? Un hospital no puede perder nunca su calidad de bien protegido, una escuela tampoco.

Romaric Ferraro: Parecería ser que no, en principio. Esos bienes son, inclusive, especialmente protegidos, porque el hospital tiene que recibir heridos y enfermos. Entonces, por ese mismo hecho recibe una protección especial. Es decir, la instalación sanitaria es, como tal, doblemente protegida. Por un lado es protegida por ser bien civil, y también lo es por ser una unidad sanitaria. Entonces, no debería perder nunca esa calidad.

Lo mismo la escuela. Los niños reciben bajo el DIH, los derechos humanos, el derecho colombiano, una protección especial.

Inclusive, la Corte Constitucional ha dicho en varias ocasiones que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Sin embargo, en la realidad, si una escuela es utilizada como un fin militar, pierde en ese momento la protección.

Es decir, no hay ningún bien que tenga una calidad absoluta y que fuera imposible de revertir en derecho humanitario.

Porque imagínese, es así de fácil: si no, cualquier grupo armado, y de por sí lo hacen, estaría tentado a instalarse de forma continua en una escuela, diciéndose, ‘bueno, como aquí estoy siempre protegido, desde aquí puedo lanzar todos los ataques del mundo y nunca me van a repeler ese ataque’.

IPS: ¿Y lo mismo puede ocurrir en el caso de una iglesia?

Romaric Ferraro: Exacto, desafortunadamente. Por eso hay tanta responsabilidad también por quien usa el bien. Y esta es una cuestión sobre la que tratamos de convencer a todos los actores de esta violencia armada en Colombia: de las consecuencias de estar en ciertos lugares.

Es decir, no únicamente sobre el hecho de que se debe una protección a todas las personas, sino también acerca de que el simple hecho de que ellos estén en un lugar determinado, tiene consecuencias inmediatas.

La presencia prolongada en un centro urbano, la presencia prolongada en una escuela, en un puesto de salud, pone también en peligro a esos bienes.

IPS: ¿Les quita su estatus de protegidos?

Romaric Ferraro: De forma momentánea. Es decir, mientras sea usado como tal para fines ofensivos.

Obviamente, si un grupo armado ocupa una escuela, o la fuerza pública ocupa un puesto de salud durante un periodo prolongado y después se retiran, pues ese bien vuelve a recuperar su calidad de bien protegido.

IPS: Dijeron las FARC en un comunicado después del ataque a Toribío que “muchas” casas civiles habían sido alquiladas a unidades de la fuerza pública que estaban viviendo ahí. Sin haberlo confirmado IPS in situ, telefónicamente un dirigente indígena me habló de una casa, que parece que sí estaba sirviendo de alojamiento a todo un grupo del ejército. Qué puede comentar el CICR al respecto.

Romaric Ferraro: Bueno, entramos en una casuística en donde necesitamos los elementos concretos.

Ahí habría que distinguir, primero, dos cosas: en Colombia hablamos de “fuerza pública”, en general. Y allí hay una primera dificultad, que es separar la cuestión de Fuerzas Militares de la cuestión de Policía Nacional.

En la dinámica del conflicto, tal como lo hemos observado en los últimos meses, se han multiplicado los ataques a la Policía Nacional, porque en general ellos se encuentran aislados, sin presencia militar en muchos lugares muchas veces pequeños de Colombia, donde son la única materialización de la presencia del Estado.

Y no es evidente que siempre sean ellos objetivos militares, donde estén presentes. Porque la Policía Nacional no deja de tener una naturaleza civil. Entonces, esto es una primera aclaración que habría que hacer.

El tema se complica aún un poco más en Colombia, porque ciertas unidades de la Policía Nacional sí tienen una función militar en su organización, su entrenamiento, sus formas de operar. Pueden llegar a ser objetivos militares.

Entonces, la primera dificultad que tenemos es ésta: estar bien seguros de si hablamos de miembros de fuerza militar. Ellos normalmente siempre son considerados, bajo el Derecho Humanitario, objetivos militares. Siempre pueden ser atacados.

Para la Policía Nacional es un poco más complicado y hay que entrar en la casuística. Realmente, un análisis caso por caso.

IPS: ¿Cuáles son esas unidades de la Policía que cumplen funciones militares y que podrían ser objetivo en el conflicto armado?

Romaric Ferraro: Se ha visto que, por el tipo de operaciones que llevan a cabo a veces, por ejemplo los EMCAR (Escuadrón Móvil de Carabineros), que son los carabineros móviles.

Los EMCAR llevan entrenamiento de tipo militar. De hecho, hasta tienen manuales sobre la aplicación del DIH.

Esta delegación ha trabajado con la Policía Nacional temas de integración del derecho humanitario. Entonces, son conscientes de que, a veces, pueden tener un papel de tipo militar.

De hecho, inclusive la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias: que según el tipo de operaciones, la Policía Nacional, que normalmente tiene una naturaleza civil, puede encontrarse realmente en situaciones de contrainsurgencia. Ahí sí cobra un papel militar.

IPS: La policía en Toribío está armada hasta los dientes y usa uniformes de contraguerrilla. ¿Eso los hace militares?

Romaric Ferraro: La cuestión del uniforme no es suficiente. Es el tipo de armamento y también el tipo de misiones que desarrollen.

Es decir, si la misión es únicamente preservación del orden público, como se puede hacer aquí, en el centro de Bogotá, no sería el caso.

Si hay una misión contrainsurgente, claramente sí se vuelven un objetivo militar.

IPS: Los indígenas están advirtiendo que viene una batalla enorme a nivel de esa región. ¿Esa advertencia tiene asidero?

Romaric Ferraro: Esa es una evaluación de las condiciones de terreno que a mí, la verdad, me falta. Yo reflexiono más sobre las consecuencias, una vez que los hechos han ocurrido. Para previsiones de dinámica del conflicto es mucho más con el jefe, el jefe adjunto, el coordinador de terreno. Son los que siguen la dinámica prospectiva.

IPS: La oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió que el ataque de las FARC a Toribío el 9 de julio “revela que hay un patrón de ataques indiscriminados” por parte de las FARC en los que resulta afectada la población civil. ¿Esa es una nueva forma de operar de las FARC, según hayan podido observar en terreno el CICR, y que pueda terminar en una tragedia como el caso de Bojayá, con casi 90 civiles muertos y que fue designado por la ONU DH como un crimen de guerra cometido por los tres actores que tomaron parte (guerrilla, paramilitares y fuerza pública)?

Romaric Ferraro: Nosotros nunca hacemos pronunciamientos públicos en el sentido de calificar jurídicamente, o penalmente sobre todo, los actos cometidos por las diversas partes involucradas en el conflicto armado.

No lo hacemos porque pensamos que logramos mayores resultados a través de un diálogo bilateral, confidencial, con los involucrados directamente.

Y los más de 140 años que llevamos trabajando en escenarios de conflicto armado nos hacen pensar que sigue siendo una buena metodología.

IPS: ¿Calificar cierra puertas?

Romaric Ferraro: La cuestión del acceso a los más necesitados por los efectos del conflicto es realmente la prioridad para nosotros.

Tenemos muchos equipos de terreno; tenemos 13 oficinas en todo Colombia, cuyo principal papel es eso: tener acceso a los más afectados por el conflicto armado.

Por ende pensamos que, al hacer caracterizaciones públicas, al hacer denuncias, perdemos potencialmente la confianza de las partes en muchas zonas del país. La condición irrenunciable para poder trabajar es tener acceso; y para tener acceso necesitamos garantías de seguridad, de aceptación, primero, de estos grupos en ciertas zonas.

IPS: En esos diálogos privilegiados que ustedes llevan a cabo, ¿están advirtiendo que esta forma de operar puede terminar en un episodio como el de Bojayá?

Romaric Ferraro: Pues justamente sería ya entrar en el tipo de argumentos que utilizamos, entonces, no podría darle el detalle de cómo abordamos, como tales, los temas.

Lo que sí, es que siempre como metodología hemos utilizado el tema de las consecuencias de los actos.

Más allá de decir si tal o cual comportamiento es prohibido por el DIH, preferimos hacer ver, en primera instancia, cuáles son las consecuencias muy concretas, por ejemplo, de utilizar minas antipersonal, o de reclutar menores, o de hacer desaparecer personas, o de ocupar bienes públicos o privados de forma prolongada, o de atentar contra la misión médica: son los temas principales con los cuales trabajamos. Pero siempre en términos de consecuencia humanitaria.

IPS: Sobre la práctica que se ha aplicado en Afganistán y que se aplicó antes en Bosnia, de usar los subsidios estatales, o inclusive, la ayuda de emergencia humanitaria como parte de la estrategia militar y a favor de la imagen de lo militar. ¿Cómo ve esto el CICR?

Romaric Ferraro: Es un tema que en Colombia nos preocupa de forma creciente en los dos últimos años.

El tema lo hemos caracterizado mal a veces, llamándolas operaciones cívico-militares, porque había que darles un nombre, pero no tiene ninguna precisión llamarlas así. Es como usted lo describe: esa mezcla de prestación de servicios básicos aunado a, quizá, otro tipo de actuar del Estado, como colectar información de inteligencia, o incentivar a la población a que se pase a las filas de las Fuerzas Armadas.

Ha sido sumamente difícil documentar las consecuencias de ese tipo de operaciones. Inclusive, desde 2009 hemos tenido grupos de reflexión con varias agencias del Sistema de Naciones Unidas, sin poder concretar realmente una relación causa-efecto entre las operaciones y sus consecuencias.

Hoy lo seguimos viendo todavía como un riesgo potencial, mucho más que como una realidad que podamos medir.

Es muy arriesgado hacer comparaciones con Afganistán y, también internamente lo tuvimos que realizar.

Porque en Afganistán estamos hablando de fuerzas multinacionales que, en principio, estaban, primero, como ocupantes; y segundo, como invitadas del gobierno. Entonces ahí sí, realmente, tenemos a un combatiente un día, que al día siguiente presta ayuda humanitaria.

Eso puede generar una confusión muy grande, sobre todo para actores como nosotros, que podemos ser vistos como el último brazo, digamos humanitario, de esas ofensivas.

En Colombia lo que hay que medir, que es totalmente distinto, es que estamos frente a la iniciativa del Estado soberano, en su territorio, que tiene también que prestar servicios básicos en el conjunto del territorio.

Y si no presta esa ayuda, el Estado también puede ser calificado como violentador de ciertos derechos humanos. Entonces, va a ser acusado por estar presente y va a ser acusado por estar ausente. Nosotros somos muy conscientes de que el Estado y el gobierno están frente a una disyuntiva muy complicada.

IPS: Sabemos de organizaciones internacionales de ayuda en emergencias que están preocupadas por la participación de sus gobiernos en algunas regiones declaradas como zonas de consolidación territorial en Colombia, o zonas CCAI. Temen que, a través de proyectos civiles, sus gobiernos entren a involucrarse con la estrategia militar.

Romaric Ferraro: Creo que es un problema de coordinación entre ciertos Estados determinados que tienen intereses de cooperación en Colombia y ciertos organismos intergubernamentales, que son los que finalmente ejecutan esas políticas.

Hablemos de Naciones Unidas, por ejemplo. En principio, son presupuestos asignados por parte de los Estados. Nunca deja de haber esa participación de los Estados allí.

Nosotros no somos partícipes de ninguna de esas acciones directamente, por la posición muy peculiar que tenemos, de no representar los intereses de ningún Estado en particular, ni de participar de forma efectiva en ninguno de esos acuerdos.

IPS: El Consejo Regional Indígena del Cauca señala que la insurgencia incrementa actualmente el reclutamiento de menores de edad, e incrementa el reclutamiento de milicianos. Estos, aparentemente, son personas de civil que están entremezcladas con la población. ¿Qué tiene que comentar el CICR frente a esto?

Romaric Ferraro: De nuevo, este es típicamente el tipo de temas donde evitamos hacer una condena de tipo público sin tener los elementos.

Para nosotros es sumamente complicado documentar el fenómeno. Va a ser más fácil documentar dónde hay zonas contaminadas en el país por minas antipersonal y restos explosivos de guerra, porque realmente tenemos ahí el testimonio directo de los afectados.

En cuanto al reclutamiento de menores, es muy complicado tener cifras. Tanto por parte de los afectados -las mismas familias no van a hablar- como porque los grupos tampoco son proclives a darnos, como tal, cifras exactas.

Hoy no hay un organismo que pueda decir con precisión cuántos niños reclutados hay en Colombia.

Ahora: la regla en Derecho Humanitario es que los menores no deben ser reclutados. La regla es clara. El actuar de los grupos frente a esta regla es muy difícil de medir, definitivamente, para nosotros.

IPS: Los milicianos van de civil, con armas cortas, se mezclan dentro de la población. Según un alto funcionario de la ONU DH a IPS, durante el ataque a Toribío habrían disparado desde dentro de la plaza llena de gente. ¿Cómo manejar esto?

Romaric Ferraro: De nuevo, nosotros hemos hecho nuestra propia documentación de los hechos. Mandamos un equipo unos días después del acontecimiento a hacer nuestra propia documentación de lo que pasó en Toribío.

Metodológicamente hablando, no nos vamos a referir a algo que documentó Naciones Unidas, porque nosotros tenemos el acceso y ya hicimos nuestra propia documentación del caso.

La cuestión de los milicianos surge en muchos de los eventos que tenemos con la fuerza pública. Hacemos mucho trabajo de comunicación con la fuerza pública sobre el contenido del Derecho Humanitario, sus límites, etcétera.

Y una de las preguntas recurrentes es: ¿qué hago yo con un miliciano? ¿Debo seguir considerando que es una persona civil? ¿Es un miembro de las FARC, es un objetivo militar, sí o no? ¿Participa en las hostilidades, sí o no?, justamente para tratar de esclarecer esta cuestión.

Porque es un problema a nivel mundial, no pasa únicamente en Colombia. Hemos sacado –y aprovecho para hacer la promoción- la “Guía para interpretar la noción de la participación directa en las hostilidades, según el DIH” (escrito por Nils Melzer, asesor jurídico del CICR, 85 páginas).

Esa guía tiene la virtud de tratar de esclarecer una noción que en DIH no ha sido definida.

Si usted ve el Protocolo Adicional II, dice “Las personas civiles son protegidas, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”. Y la gran encrucijada es: ¿qué es una participación directa en las hostilidades? Porque los tratados no lo dicen.

Lo que contestamos siempre a la fuerza pública es lo siguiente: miliciano, jurídicamente no existe. Lo que existe es: o alguien es miembro de un grupo armado o alguien no es miembro de un grupo armado. Si es miembro de un grupo armado, puede ser atacado siempre. Es la consecuencia del Derecho Humanitario.

Si no es miembro de ese grupo armado, hay que analizar caso por caso qué estaba haciendo en ese momento. Y ese es el concepto mismo de la “participación directa en las hostilidades”. Por ejemplo, pasaba información de inteligencia. ¿Qué tipo de información de inteligencia pasaba? ¿Esa información iba a servir para una operación inmediata? Es ese tipo de preguntas las que hay que hacerse. Que, en el caso por caso, son muy complicadas.

IPS: Muy complicadas, señor Ferraro. Especialmente cuando se tiene en cuenta que periódicamente surgen informes acerca de campañas de alfabetización dentro del ejército. Con todo respeto, en un determinado porcentaje en el ejército hay personas que no saben siquiera leer ni escribir, o que tienen bajos niveles de educación. ¿Y son ellos los que están designados en el campo para juzgar si una persona es o no es miembro de las FARC, y disponer sobre su vida?

Romaric Ferraro: Es sumamente complicado. La decisión como tal muchas veces no debería recaer sobre un soldado individualmente, sino ser parte de una orden de operación, que es normalmente el documento que va a sustentar jurídicamente y operacionalmente cualquier acción ofensiva.

Yo diría: en caso de operación planificada de la fuerza pública, pienso que la encrucijada, aunque sea complicada, se puede resolver.

Donde se vuelve muy insoluble es cuando la operación militar sea en respuesta a un ataque. Ahí sí es muy complicado saber de dónde vienen los tiros, quién está disparando en ese momento. De nuevo, si alguien está disparando a la fuerza pública hay pocas dudas de que está participando directamente en las hostilidades.

IPS: La Corte Constitucional definió que en Colombia rige la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. De su artículo 30 se aferran los indígenas para decir que se retiren todos: “desmilitarización en nuestros territorios”. ¿Eso es utópico? ¿Se puede realizar ese sueño en Colombia?

Romaric Ferraro: Es muy interesante la pregunta. Hay varias puntualizaciones que hacer. La primera, el CICR no trabaja específicamente sobre derechos indígenas. Los derechos de los indígenas no serían una materia específica del derecho humanitario.

Es decir, el derecho humanitario no provee nada sobre indígenas en particular. Sin embargo, como todas las demás normas son complementarias, no significa que no son importantes para una situación como la de Colombia.

Diría: lo de las zonas  donde no podrían ingresar nadie más que la población indígena, es una cuestión que no regula el Derecho Humanitario. Pero el derecho humanitario sí tiene una serie de limitaciones que son equivalentes en cuanto a sus efectos.

No digo que el contenido es el mismo: nada en el DIH dispone: hay zonas indígenas y por ende nadie puede entrar en esas zonas, salvo los indígenas.

Pero, ¿qué va a decir el DIH? Va a decir: la población civil tiene que ser protegida, la población civil no puede sufrir los efectos del conflicto armado, las personas civiles son protegidas, los bienes civiles son protegidos. Existen zonas en el derecho humanitario, zonas que pueden ser declaradas como zonas especialmente protegidas.

Hay una serie de conceptos que existen, en particular, para conflictos armados internacionales, que están previstos en los convenios de Ginebra y que podrían, mediante acuerdo, trasponerse en el contexto de un conflicto interno.

IPS: ¿Los bienes culturales están protegidos?

Romaric Ferraro: Iglesias, museos, son bienes especialmente protegidos.

IPS: ¿Y los territorios indígenas, como bienes culturales?

Precisamente, estoy yendo un poco más allá, pensando en las zonas especialmente protegidas del DIH. Esas zonas que existen específicamente para conflictos internacionales. No existen ni en el Protocolo II, ni en el artículo 3 común (para conflictos armados no internacionales).

Hay zonas de tipo sanitarias, donde básicamente las partes -pero se  necesita un acuerdo entre las partes- acuerdan que no van a utilizar tal zona para fines ofensivos.

Pero donde se han declarado, también, han surtido efectos perversos. Acordémonos por ejemplo del fracaso  de esas zonas en Bosnia-Herzegovina, en Serbia, en Croacia, en el contexto de Yugoslavia.

Srebrenica es un ejemplo donde, justamente, se había aglutinado población civil, que estaba bajo protección de un contingente de cascos azules y fue aún más fácil masacrarlos porque todos estaban concentrados allí. Eso pasó en la primera fase de la guerra de Yugoslavia.

Digamos: las herramientas jurídicas existen. Su implementación ha sido un fracaso en el caso de Yugoslavia.

IPS: ¿Pero es legítimo que las comunidades indígenas digan: no queremos dejar entrar ejército ni a ningún actor irregular?

Es un reclamo normal, decir “no queremos sufrir los efectos del conflicto”.

IPS: ¿No hay en derecho internacional algo que diga que ellos, los indígenas, tienen razón? ¿Primaría en este caso, como dice el artículo 30, una razón de interés público para ocupar sus territorios?

Romaric Ferraro: Sí. Y además porque hay la obligación, también, de asegurar la seguridad pública en el conjunto del territorio.

Ahí yo creo que únicamente la Corte Constitucional es la que puede resolver ese tipo de intereses generales encontrados.

Sobre la cuestión de ocupación de bienes, privados o públicos, varias veces la Corte Constitucional ha tenido que resolver tutelas donde una persona decía: yo, por la presencia del puesto de Policía, estoy particularmente afectado. Y, la Corte siempre ha puesto en balance dos principios: intereses especialmente protegidos, por ejemplo los de los niños; y, por el otro lado, el deber de solidaridad social, que también está inscrito en la Constitución.

Entonces, lo que dice la Corte es: los riesgos asociados al conflicto armado, todos en Colombia los tenemos que sufrir. Eso se llama principio de solidaridad social. Y por el otro lado, la Corte ha dicho: hay derechos especialmente protegidos y que priman sobre los demás, los derechos de los niños.

Y en un caso, mediante tutela, ordenó la reubicación de un puesto de policía. Ahí la Corte dijo: prevalece el derecho del niño. Pero a la par, dijo: cuidado. La fuerza pública puede hacer presencia en todo el territorio nacional. Es su deber hacerlo, asegurar la seguridad pública es una de las obligaciones básicas del Estado, y lo tiene que hacer. Y a la par, hay un principio de solidaridad social, es decir, todos en Colombia estamos asociados a los peligros procedentes del conflicto armado.

IPS: Pero señor Ferraro: uno llega al territorio kankuamo y contra el muro del colegio hay recostada una base militar.

Romaric Ferraro: Sí. Ahí es donde tenemos nosotros un diálogo con la fuerza pública, constante. Porque ese tipo de comportamiento de la fuerza pública es la violación al derecho humanitario que más documentamos al año en Colombia, por ser también es la más visible.

Hay un dilema, del cual estamos muy conscientes nosotros, para la fuerza pública. Lo mismo para proveer servicios básicos. Si no los voy a proveer, voy a violar derechos básicos. Es decir, si no hago presencia, no puedo asegurar seguridad pública. Si dejo de proveer esos servicios, voy a violar ciertos derechos básicos. Si estoy demasiado presente como Estado, puedo poner en peligro a la población civil.

Entonces, es una cuestión de evaluar, de nuevo, caso por caso, si estamos frente, o no, a una violación del principio de no poner en peligro a la población civil. Inclusive hemos tenido a veces que explicar a nuestros delegados en el terreno, dónde está el límite. Porque no es fácil, ni para ellos, entender.

No se trata de decirle a cualquier miembro de la fuerza pública, retírese de donde está. Eso no sería realista.

Ahora: si una unidad militar hace presencia de forma constante, en una zona densamente poblada y hay ataques repetidos, pues ahí sí hay, yo creo, mucho contenido para poder decirle a esa unidad – es tiempo de pensar en las consecuencias de su presencia.

IPS: A veces uno se decide a buscar una entrevista por una sola pregunta. Y se la voy a hacer de última, como también suele suceder: es la que más le preocupa a uno. Al decidir los indígenas del Norte del Cauca que van a hacer una minga con participación de todos los ocho pueblos del Cauca para desmontar las bases militares, para desmontar las trincheras que hace en los pueblos la policía, y los campamentos guerrilleros, ¿la gente corre peligro en esa operación? ¿El CICR qué va a hacer?

Romaric Ferraro: Es una cuestión muy complicada la que plantea. Lo que vamos a hacer no lo sé, porque es una cuestión operacional de terreno a la cual yo no le puedo contestar.

Es evidente que la población civil como tal, si intenta alguna acción forzada contra la fuerza pública, o contra unidades de grupos armados, se va a exponer de forma innecesaria a riesgos grandes. Por simple razonamiento lógico.

IPS: Dejemos aquí. Señor Ferraro, muchas gracias por esta entrevista.

Reproducción LIBRE siempre y cuando se respete el contexto y se cite la fuente: Constanza Vieira, IPS Noticias (IPS News)

Add comment septiembre 1st, 2011

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Nada de lo colombiano ha sido ajeno en el trabajo de Constanza Vieira para la agencia de noticias IPS. Desde las cuatro décadas de guerra civil y la acción de sus múltiples bandos armados (guerrillas, ejército, paramilitares, narcos), pasando por el acuerdo humanitario que libere a rehenes y prisioneros, el drama de los desplazados y las comunidades indígenas, el ambiente, el proceso político legal, la relación con países vecinos, la cultura. Todo eso, y más, está presente en el blog personal de esta periodista que también trabajó para Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Water Report del Financial Times, National Public Radio y la revista colombiana
Semana, entre otros medios.